Jurisprudencia

Equiparación fiscal entre las pensiones compensatorias y las compensaciones económicas por ruptura de parejas de hecho.

Aunque el legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas de hecho al matrimonio como, por ejemplo, para la percepción de una pensión de viudedad, dicha equiparación no ha sucedido con la pensión compensatoria reconocida en el art. 97 del Código Civil. El Tribunal Supremo en sentencia 17/2018, de 15 de enero de 2018, rec. n.º 2305/2016 estableció que son admisibles genéricamente los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1.255 CC, adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia. Sin embargo, no existe una previsión legal que contemple para el caso de extinción de la pareja una compensación de ningún tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro cónyuge).

En esta segunda quincena de junio de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• Están exentos en el IVA los servicios (actividad fiscal y concesión del derecho de uso de un programa informático) prestados por un tercero a sociedades de gestión de fondos comunes de inversión, si son específicos y esenciales para la actividad
• A efectos del IBI se considera urbana la parcela clasificada catastralmente como tal con independencia del retraso que se haya producido en la aprobación del proyecto de urbanización
• No se aplica la reducción en el IS por cesión de intangibles a los ingresos derivados del cumplimiento de hitos contractuales, aunque la Administración USA los haya conceptuado como canon o royaltie
• Efecto preclusivo de una comprobación limitada referida al volumen de ingresos o cifra de negocios respecto a una comprobación inspectora que aplicó la estimación indirecta por anomalías contables
• El hecho de que el vendedor conserve el control de la sociedad no implica que la venta de las participaciones fuera simulada a efectos del IS
• No están exentos en el IS los dividendos por participaciones preferentes pues deben calificarse como intereses y no dividendos
• La disp. trans 29 TR Ley IS permite la deducción del deterioro dotado por la diferencia de fondos propios al inicio del ejercicio de adquisición de la participación y al cierre del primer ejercicio iniciado en 2008
• El pago por el uso de la aplicación en el móvil para el pago de la tasa por estacionamiento no tiene naturaleza tributaria, de forma que la resolución impugnada no es una modificación de la ordenanza
• La responsabilidad por el incumplimiento de la orden de embargo y el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias
• La responsabilidad de los sucesores de una sociedad concursada y disuelta

El TC declara constitucionales el impuesto catalán a las estancias en embarcaciones de crucero turístico en puertos de Cataluña (IEET) y el recargo de Barcelona, pues no existe equivalencia o duplicidad respecto de la tasa estatal portuaria del buque (T-1) que se exige por la utilización especial de las instalaciones portuarias por parte del buque, al tratarse de categorías tributarias diferentes, aunque el impuesto catalán tenga naturaleza recaudatoria. Tampoco supone una restricción injustificada a la libre circulación de personas y servicios dentro del territorio nacional ni vulnera el principio de igualdad del art. 31.1 CE en relación con el art. 14 CE, pues la embarcación de crucero turístico se considera establecimiento turístico susceptible de prestar los servicios de alojamiento. Finalmente, estima el Tribunal que el legislador autonómico no ha invadido la competencia estatal al establecer la posibilidad de que el Ayuntamiento de Barcelona pueda establecer un recargo sobre las tarifas de este impuesto, puesto que no estamos ante un nuevo tributo local.

El Tribunal Constitucional, en una Nota de prensa, anunció su sentencia, publicada en el BOE de 7 de julio de 2021, recurso de inconstitucionalidad 4192/2020, que declara constitucionales el impuesto catalán a las estancias en embarcaciones de crucero turístico en puertos de Cataluña (IEET) y el recargo de Barcelona, pues entiende que no se produce la vulneración del art. 6.2 LOFCA, ya que no existe equivalencia o duplicidad respecto de la tasa estatal portuaria del buque (T-1) que se exige por la utilización especial de las instalaciones portuarias por parte del buque, al tratarse de categorías tributarias diferentes.

No aprecia el Tribunal la finalidad extrafiscal en el IEET de mejora de la competitividad de Cataluña como destino turístico (y de garantía de su sostenibilidad) en el hecho imponible (que grava sin más el consumo de servicios de alojamiento en establecimientos turísticos) ni en sus elementos cuantificadores, ya que la cuantía del IEET aumenta en función no solo del tiempo de estancia sino de la categoría del establecimiento turístico utilizado por los contribuyentes. Es la capacidad económica gravada en el hecho imponible (y no la finalidad extrafiscal) la que funciona como criterio de imposición, la razón por la que este Impuesto posee una finalidad primordialmente recaudatoria. Sin embargo, considera el Tribunal que la diferente naturaleza tributaria entre impuesto y tasa radica en el contenido de su hecho imponible procede desestimar la impugnación del nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 por vulneración del art. 6.2 LOFCA (por la coincidencia material de hechos imponibles, sujetos pasivos y devengo afirmada por los recurrentes).

En esta primera quincena de junio de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• Está obligado al pago del impuesto especial el transportista de productos sujetos a impuestos especiales a otro Estado miembro si tiene la posesión material en el momento del devengo, aunque no tenga derecho o interés alguno
• La denegación automática de la deducción del IVA correspondiente a operaciones imponibles anteriores a la apertura del procedimiento concursal se opone a la Directiva del IVA
• El TJUE considera que un inmueble que no dispone de ningún recurso humano que lo haga capaz de obrar de manera autónoma no puede ser calificado de establecimiento permanente a efectos de IVA
• La residencia fiscal del contribuyente y la permanencia en territorio español del cónyuge y de los hijos menores por razones de estudios
• El recargo por extemporaneidad y el retraso de la Administración en contestar una consulta tributaria
• Debe anularse la liquidación del IIVTNU (plusvalía) referida a una finca rústica girada con el único argumento de que figura en el Catastro como urbana y pese a haber certificado el Ayuntamiento que se trata de una parcela rústica
• No tributan en el ISD las cantidades procedentes de contrato de seguro de vida no percibidas por la beneficiaria por haberse transferido en ejecución de la prenda constituida sobre un crédito por el causante
• Se confirma la sanción pues no cabe admitir bajo el principio de «regularización integra» una extrañísima formula creada ad hoc para vincular -20.000 euros de gastos inexistentes deducidos- con la regularización voluntaria complementaria (DTE)
• Es nula la modificación de la ordenanza del IAE que fijó el índice de situación aplicable basándose en una expectativa frustrada de que la zona se transformase en el centro comercial del municipio
• Responsabilidad contractual del asesor fiscal por proponer y presentar una autoliquidación tributaria que no se ajustaba a la legislación

En esta primera quincena de mayo de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Entre las sentencias destacamos las siguientes, además de la ya comentada respecto a la imputación en el IS derivada de la recuperación de valor del elemento transmitido en sede de la entidad adquirente que es la titular en el momento de la recuperación.

El art 19.6 TRLIS -y el 11.6 Ley 27/2014 vigente- no es una norma antiabuso sino define el cuándo de la imputación y, de forma derivada o indirecta, el quién, coincidente con el titular de los bienes al tiempo de la reversión o recuperación, en el sentido de que la reversión, como contrarius actus de la depreciación del valor de los elementos patrimoniales, se imputará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de mayo de 2021, afirma que no cabe forzar artificiosamente el sentido y finalidad de una norma de imputación temporal para convertirla en una disposición antiabuso genérica, cambiando su interpretación para imputar un rendimiento o ganancia -el derivado de la reversión- a la entidad radicada en España, solo para mantener o retener la posibilidad de gravamen y  por ello la Sala concluye que el art 19.6 TRLIS no es una norma antiabuso que no requiere una interpretación distinta de la de su propio texto, en el sentido de que la reversión, como contrarius actus de la depreciación del valor de los elementos patrimoniales, se imputará en el período impositivo en el que se haya producido dicha reversión, sea en la entidad que practicó la corrección o en otra vinculada con ella.

El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si la sentencia impugnada en casación es o no conforme al ordenamiento jurídico en su interpretación al caso debatido, del art. 19.6 TR Ley IS, dilucidando en el supuesto de transmisión de un elemento patrimonial que haya sido objeto de una corrección valorativa por deterioro -y en consecuencia se haya dotado una provisión y deducido a efectos fiscales- y, posteriormente, ese elemento patrimonial recupere su valor, dónde gravar la corrección o recuperación de la pérdida mediante ajuste en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, si en sede de la transmitente que dotó la provisión y se practicó la deducción por la pérdida o, en sede de la mercantil vinculada, adquirente y nuevo titular del elemento patrimonial transmitido. 

• Responsabilidad solidaria del destinatario de una entrega sujeta al IVA, por el importe del impuesto y los intereses de demora, si dedujo el IVA sabiendo que el deudor no lo abonaría
• Para modificar, corregir, o incluir los informes de auditoría declarados en fecha posterior al devengo de la tasa del ICAC se debe de presentar una liquidación complementaria pues los periodos de liquidación son estancos e independientes
• Lo determinante de la validez de la renuncia a la exención del IVA no es la constancia en la escritura del término renuncia sino el dato real del cumplimiento del fin perseguido en la norma
• Procede el recurso extraordinario de revisión ante la Resolución del TEAR de la reclamación formulada por la otra heredera que evidencia el error de la Administración al fijar la fecha del devengo del ISD
• La Administración no puede establecer que el valor del inmueble es el de la dación en pago anterior porque el inmueble necesitaba una reforma para su habitabilidad
• El tutor legal está legitimado para interponer el recurso de reposición por su interés legítimo y porque así lo reconoce el art. 304 del Código Civil como guardador de hecho
• La Administración puede comprobar los valores que constan en el cuaderno particional elaborado por el contador partidor y aprobado por la sentencia dictada en el juicio verbal de división de herencia
• La escritura de aceptación de la herencia es insuficiente para justificar el decremento del valor de la finca a efectos del IIVTNU (plusvalía) si solo figura el precio total de la finca anterior a la reparcelación
• El informe del Ayuntamiento debe justificar el incremento de valor del terreno en el IIVTNU (plusvalía) y no es válida su remisión a informes anteriores y al superar la liquidación al incremento producido debe anularse
• Prueba de los gastos y suministros a efectos de calcular el Importe neto de la cifra de negocio de la entidad dedicada al arrendamiento de inmuebles para la industria determinante del coeficiente de ponderación y las obligaciones censales en el IAE

• El principio de neutralidad del IVA obliga al pago de intereses cuando la devolución resultante de una regularización de la base imponible no se efectúe en un plazo razonable
• El contribuyente tiene derecho a compensar una mayor base imponible negativa en el IS, siempre dentro de los límites legales cuantitativos de aplicación
• Aplicación del régimen especial del IS de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros a una entidad que no disponga de medios personales y materiales para realizar una actividad económica
• Si no existe un precio cierto no estamos ante una compraventa y la operación debe considerarse una donación o adquisición a título lucrativo, a efectos del IS
• Aplicación del principio de regularización íntegra para establecer la necesidad de que se extienda hasta un ejercicio posterior a los comprobados para disipar las dudas sobre la procedencia de una provisión para riesgos como gasto deducible en el IS
• Valoración de operaciones vinculadas en el IS respecto de los servicios de mediación en la comercialización de torres para aerogeneradores que la matriz danesa contrata su fabricación en España
• Los motivos de regularización del IS de la Inspección no estaban relacionadas con la cuestión que se sustanció en el ámbito penal, por lo que no estaba justificada la interrupción de las actuaciones
• El interés jurídico superior del menor ante la posibilidad de verse privado de la única vivienda que posee, obliga a la Administración a aplazar la deuda tributaria al menos hasta la mayoría de edad del recurrente
• La liquidación del IIVTNU (plusvalía) respecto a una finca rústica, que carece de toda actuación urbanística, es un acto arbitrario y contrario a los principios de buena Administración y justa tributación
• El TSJ de Cataluña estima que la doctrina de los actos propios impida la eventual rectificación de la autoliquidación del IS para corregir una plusvalía por la venta de un inmueble por entender que era inferior a la declarada