José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

Después de la sequia, en lo relativo a normativa tributaria, que ha acompañado al Gobierno en funciones durante casi todo el ejercicio 2016, es de suponer que el 2017 vendrá con algo más de actividad legislativa en materia de tributos.

Recordemos, que si bien la Comisión Europea ha cancelado la multa a España por incumplir el objetivo de déficit, nuestro país tiene dos años para dejar los desequilibrios en sus cuentas por debajo del 3%.

Para cumplir con los objetivos de déficit, parece que ya está definida una hoja de ruta, que afectará al Impuesto sobre Sociedades y elevará algunos impuestos especiales como el tabaco. Con estos ajustes, el Gobierno pretende recaudar los 5.500 millones de euros que la Comisión Europea ha pedido a España de cara a 2017.

El IAE o Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto obligatorio, directo yreal, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades que se encuentren entre las señaladas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria:

Casi todos los días tenemos noticias sobre tributación, más bien sobre tributación indebida, o evasión de impuestos, ya que no es noticia el que paga impuestos, sino el que, según la Agencia Tributaria, elude su pago o ingresa menos de lo que debiera.

Uno de los casos más recientes ha sido el de Borja Thyssen, por una deficiente planificación fiscal internacional, de manera que la Fiscalía de Madrid solicita dos años de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, al no presentar su declaración de la renta del 2007, a pesar de haber residido más de 183 días en España y dejar de ingresar cerca de 600.000 euros.

En un mundo cada vez más globalizado, en el que cada vez estamos más interconectados, las relaciones comerciales con el exterior, tanto de particulares como de empresas, son cada vez más habituales. Sin embargo, la fiscalidad de las transacciones internacionales y la realización de una adecuada planificación fiscal internacional tienen un plus de complejidad, siendo cada vez más demandados los profesionales que conocen la tributación que afecta a dichas operaciones.

Difícilmente se puede ejercer la asesoría fiscal o representar a un cliente en un juicio por un delito fiscal, sin un profundo conocimiento de los procedimientos tributarios, conocimientos que son imprescindible para evitar las infracciones tributarias y defender a los clientes que sean acusados de haber cometido algún delito fiscal.

Es por ello, que cobra especial importancia, el conocimiento a fondo del funcionamiento del sistema tributario español, las normas que emanan de este, las obligaciones tributarias tanto materiales como formales y los derechos del obligado tributario.

Cuando una pareja comienza una vida en común y compra una vivienda, muchos ignoran que además de la hipoteca, que formará parte del hogar incluso en muchos casos más tiempo que los hijos, una batería de impuestos gravarán la operación inmobiliaria y otros acompañarán a los nuevos propietarios durante toda su vida.

El nuevo domicilio constituirá la vivienda habitual, pero no solo para recibir las visitas de familiares y amigos, sino también a efectos fiscales, lo cual afectará no solo a la tributación de la nueva familia, sino que además será la dirección que tendrá la Agencia Tributaria para realizar sus notificaciones.

Existen tres Administraciones públicas que tienen reconocidas competencias en el ámbito tributario:

• El Estado.
• Las comunidades autónomas.
• Las entidades locales.

En lo relativo a las entidades locales o ayuntamientos, su sistema tributario está conformado por:

• Impuestos.
• Tasas y precios públicos.
• Contribuciones especiales.

La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se desarrolla en el artículo 106 de la Ley 7/1985 y se ejerce a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.

Vivimos en un mundo globalizado, nunca antes había existido semejante movilidad de trabajadores entre diferentes países. El año pasado casi 100.000 españoles abandonaron España para trabajar, o buscar trabajo en el extranjero, siendo esta la cifra más alta desde el inicio de la crisis. Pero, no todos los que abandonan España lo hacen para trabajar en empresas extranjeras; algunos se marchan para trabajar en empresas españolas con presencia en otros países, por lo que es conveniente conocer todo lo necesario para expatriar trabajadores, tanto a Europa como a otros países.

Por otra parte, según el INE, en el caso de los extranjeros, el saldo migratorio fue de 38.317 personas en 2015, positivo por primera vez desde 2010 y un 169% mayor que el año anterior. Emigraron 253.069 personas e inmigraron 291.387. Por lo que también se deben conocer los requisitos para impatriar trabajadores a España, pues muchos de estos trabajadores vienen con un contrato de trabajo de una empresa española.

La movilidad internacional de los trabajadores no es una tarea fácil, requiriendo una estrategia y un diseño, ya que confluyen aspectos laborales, fiscales, migratorios y de seguridad social internacional así como la legislación de los países de destino.

La nota de la Agencia Tributaria 1/2012 emitida por el Departamento de Gestión Tributaria empieza haciendo referencia a la complejidad y amplitud del tratamiento fiscal de las retribuciones de los socios de las entidades mercantiles.

La problemática en torno a la remuneración de socios y administradores de sociedades mercantiles deriva de las actitudes que las distintas Administraciones (tributaria, laboral e incluso mercantil) han manifestado en torno al tratamiento de las retribuciones de los administradores y socios, en cuanto a su correcto encuadramiento en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, la deducibilidad de las retribuciones de los administradores, la legalidad de los acuerdos mercantiles o sobre su inscripción en el Registro Mercantil, así como en relación con las distintas posibilidades de retribución de los socios por otras funciones realizadas para la empresa distintas de las derivadas de su condición de socios o administradores.

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que, como su propio nombre indica, no persiguen la obtención de un beneficio económico, sino que su misión es la realización de actividades en beneficio de sus asociados, de terceras personas o de la comunidad en general. Su finalidad puede ser social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria, siendo sus fuentes de ingresos las cuotas de sus asociados, ayudas, donaciones y subvenciones.

Vivimos rodeados de entidades sin ánimo de lucro, aunque en muchos casos no seamos conscientes, por no tener necesidad de hacer uso de ellas. En los medios de comunicación oímos recurrentemente cómo diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) se ocupan de aliviar los problemas de otras personas, pero además de las ONG, hay una gran variedad de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con las que podemos colaborar.