José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

Difícilmente se puede ejercer la asesoría fiscal o representar a un cliente en un juicio por un delito fiscal, sin un profundo conocimiento de los procedimientos tributarios, conocimientos que son imprescindible para evitar las infracciones tributarias y defender a los clientes que sean acusados de haber cometido algún delito fiscal.

Es por ello, que cobra especial importancia, el conocimiento a fondo del funcionamiento del sistema tributario español, las normas que emanan de este, las obligaciones tributarias tanto materiales como formales y los derechos del obligado tributario.

Cuando una pareja comienza una vida en común y compra una vivienda, muchos ignoran que además de la hipoteca, que formará parte del hogar incluso en muchos casos más tiempo que los hijos, una batería de impuestos gravarán la operación inmobiliaria y otros acompañarán a los nuevos propietarios durante toda su vida.

El nuevo domicilio constituirá la vivienda habitual, pero no solo para recibir las visitas de familiares y amigos, sino también a efectos fiscales, lo cual afectará no solo a la tributación de la nueva familia, sino que además será la dirección que tendrá la Agencia Tributaria para realizar sus notificaciones.

Existen tres Administraciones públicas que tienen reconocidas competencias en el ámbito tributario:

• El Estado.
• Las comunidades autónomas.
• Las entidades locales.

En lo relativo a las entidades locales o ayuntamientos, su sistema tributario está conformado por:

• Impuestos.
• Tasas y precios públicos.
• Contribuciones especiales.

La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se desarrolla en el artículo 106 de la Ley 7/1985 y se ejerce a través de ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección.

Vivimos en un mundo globalizado, nunca antes había existido semejante movilidad de trabajadores entre diferentes países. El año pasado casi 100.000 españoles abandonaron España para trabajar, o buscar trabajo en el extranjero, siendo esta la cifra más alta desde el inicio de la crisis. Pero, no todos los que abandonan España lo hacen para trabajar en empresas extranjeras; algunos se marchan para trabajar en empresas españolas con presencia en otros países, por lo que es conveniente conocer todo lo necesario para expatriar trabajadores, tanto a Europa como a otros países.

Por otra parte, según el INE, en el caso de los extranjeros, el saldo migratorio fue de 38.317 personas en 2015, positivo por primera vez desde 2010 y un 169% mayor que el año anterior. Emigraron 253.069 personas e inmigraron 291.387. Por lo que también se deben conocer los requisitos para impatriar trabajadores a España, pues muchos de estos trabajadores vienen con un contrato de trabajo de una empresa española.

La movilidad internacional de los trabajadores no es una tarea fácil, requiriendo una estrategia y un diseño, ya que confluyen aspectos laborales, fiscales, migratorios y de seguridad social internacional así como la legislación de los países de destino.

La nota de la Agencia Tributaria 1/2012 emitida por el Departamento de Gestión Tributaria empieza haciendo referencia a la complejidad y amplitud del tratamiento fiscal de las retribuciones de los socios de las entidades mercantiles.

La problemática en torno a la remuneración de socios y administradores de sociedades mercantiles deriva de las actitudes que las distintas Administraciones (tributaria, laboral e incluso mercantil) han manifestado en torno al tratamiento de las retribuciones de los administradores y socios, en cuanto a su correcto encuadramiento en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, la deducibilidad de las retribuciones de los administradores, la legalidad de los acuerdos mercantiles o sobre su inscripción en el Registro Mercantil, así como en relación con las distintas posibilidades de retribución de los socios por otras funciones realizadas para la empresa distintas de las derivadas de su condición de socios o administradores.

Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que, como su propio nombre indica, no persiguen la obtención de un beneficio económico, sino que su misión es la realización de actividades en beneficio de sus asociados, de terceras personas o de la comunidad en general. Su finalidad puede ser social, altruista, humanitaria, artística o comunitaria, siendo sus fuentes de ingresos las cuotas de sus asociados, ayudas, donaciones y subvenciones.

Vivimos rodeados de entidades sin ánimo de lucro, aunque en muchos casos no seamos conscientes, por no tener necesidad de hacer uso de ellas. En los medios de comunicación oímos recurrentemente cómo diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) se ocupan de aliviar los problemas de otras personas, pero además de las ONG, hay una gran variedad de asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con las que podemos colaborar.

Reestructuración. Cuántos miles de personas han oído esta palabra cuando han perdido su trabajo. El sector bancario últimamente es uno de los más afectados, pero no es el único sector que se ve, o ha visto, fuertemente afectado por una reestructuración.

Costosas reestructuraciones empresariales afectan periódicamente a determinados sectores productivos de nuestro país; ahora se habla de la banca, pero el sector de la construcción ha sido uno de los que más ha sufrido en sus carnes la crisis, obligando a muchas empresas a reestructurarse reduciendo sus plantillas, fusionarse para aumentar su competitividad, o a asociarse en proyectos en el extranjero buscando encontrar en el exterior una rentabilidad imposible hoy por hoy en España.

Conocer y saber interpretar la Ley 58/2003, General Tributaria, norma fundamental de nuestra fiscalidad, es tarea obligatoria de los profesionales del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa. Abogados, economistas, gestores administrativos, graduados sociales, titulados mercantiles y empresariales deben estar, pues, familiarizados con la normativa fiscal para el desempeño de sus funciones con eficacia, eficiencia y la diligencia debida.

Con el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, se culmina el desarrollo reglamentario de la LGT, de manera que a la regulación de la gestión e inspección se une al resto de regulaciones reglamentarias (Infracciones, Sanciones, Revisión, Recaudación, etc).

La importancia de una correcta planificación fiscal del patrimonio puede suponer un importante ahorro fiscal, pero, aparte del ahorro fiscal, es importante establecer cortafuegos que eviten que todo el patrimonio se vea afectado por un negocio fallido.

La correcta gestión del patrimonio gira sobre tres pilares básicos, que los asesores fiscales y financieros, banqueros, gestores patrimoniales, abogados y economistas, responsables de “family-offices”, administradores e inversores particulares deben conocer:

1. Dónde invertir el patrimonio y los beneficios derivados de este; esta es una pregunta recurrente, que todo aquel que tiene un patrimonio se repite cada cierto tiempo. En este sentido, la figura del asesor financiero nos puede ayudar a decidir sobre las diferentes opciones de inversiones en productos financieros.
2. Cómo minimizar la tributación del patrimonio; en este sentido es fundamental conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares. Para los interesados en conocer todo lo relativo a una óptima planificación fiscal de los patrimonios, el Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios es la mejor manera para formarse de una manera práctica.

Las operaciones vinculadas son aquellas que se realizan entre personas físicas o jurídicas entre las cuales existe un determinado grado de vinculación entre ellas, ya sea porque pertenecen a un mismo grupo empresarial, comparten administradores, tienen accionistas comunes, o porque existe una relación familiar de primer o segundo grado entre las personas que realizan la operación.

En el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se especifica que "las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia".