José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

En un contexto de incremento de las denuncias públicas de particulares a la Agencia Tributaria -en los últimos 4 años han superado las 3.300-, las empresas deben asegurarse de cumplir con la normativa fiscal para evitar las temidas inspecciones, algunas de las cuales pueden acabar incluso con la liquidación de la sociedad.

La  comprobación y análisis de la situación tributaria de una empresa mediante una Auditoría Fiscal, que permita determinar el nivel de riesgo fiscal que la empresa asume en su actividad, se torna en una acción ya no solo necesaria, sino imprescindible para evitar el riesgo de contingencias fiscales y maximizar el ahorro fiscal de las empresas.

Una vez presentado el modelo 390 y las últimas liquidaciones periódicas del 2015, el modelo 347 es la penúltima obligación que las empresas deben cumplir con la Agencia Tributaria del ejercicio 2015, perfilándose ya en el horizonte el último modelo tributario del año, el Impuesto sobre Sociedades.

El Impuesto sobre Sociedades constituye junto con el IRPF y el IVA uno de los tres pilares del sistema tributario español, por lo que los profesionales del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa deben conocer cómo cumplimentarlo correctamente, para optimizar la carga tributaria de las empresas para las que trabajan.

La finalidad del Impuesto sobre Sociedades es gravar la obtención de renta por parte de las sociedades y demás entidades jurídicas que residan en territorio español, así como la de cualquier entidad jurídica calificada como contribuyente por la ley que lo regula.

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carácter directo, de aplicación en todo el territorio español, cuyo objeto es  gravar las rentas obtenidas por las personas físicas y entidades no residentes en territorio español.

El impuesto se rige por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que se interpretará en concordancia con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, según proceda.

En ocasiones  a la elección del gestor fiscal, laboral y contable no se le da la importancia que realmente tiene, pero esta puede ser una decisión crítica que condicione el éxito o fracaso de un negocio. Imaginémonos a un experto conductor, ¿podría conducir con los ojos cerrados?, probablemente no llegaría muy lejos. Pues lo mismo sucede cuando un gestor fiscal, laboral y contable no realiza bien su trabajo para transmitir al empresario la situación real de la empresa y evitar contingencias fiscales y laborales.

La elección de un gestor, fiscal, laboral y contable no es, pues, una cuestión baladí, el empresario en muchas ocasiones conoce bien su negocio, pero no tiene conocimientos ni de administración, ni de impuestos, ni de laboral, por lo que es muy importante, no solo cumplir con las formalidades legalmente establecidas en estas materias, sino dar un paso más allá y abrir los ojos al empresario sobre la importancia de estas materias, alertándole sobre los peligros que se detecten, como fruto de la información que maneja el gestor.

El inicio de una actividad económica es, en muchos casos, una de las aventuras más apasionantes que puede emprender una persona en su ámbito profesional. Pero el cambio de trabajar por cuenta ajena, a hacerlo por cuenta propia, origina un conjunto de obligaciones fiscales que el autónomo debe conocer, incluso ya antes de empezar la actividad.

Las actividades económicas y profesionales pueden realizarse por:

• Un empresario individual o autónomo.
• Una sociedad mercantil (anónima o limitada).
• Entidades sin personalidad jurídica (sociedades civiles y comunidades de bienes).

"La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley (ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento, porque rige la necesaria presunción de que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida.

Las leyes tributarias y la obligación de los sujetos pasivos de contribuir con sus impuestos al sostenimiento del gasto público son una fuente permanente de disputa entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria, ya que aunque no se tenga la voluntad de defraudar, el desconocimiento de las obligaciones fiscales y de las leyes tributarias suponen, en la práctica, un sin fin de sanciones para los contribuyentes por errores en la cumplimentación de los modelos tributarios y por incumplir la normativa vigente.

El sistema tributario español es generoso en figuras tributarias, tal es así, que en muchos casos pagamos impuestos  sin tan siquiera ser conscientes de ello, como por ejemplo en el caso de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, los hidrocarburos, el tabaco y la electricidad, pero, sin embargo, otros están siempre presentes en nuestro calendario.

En el caso de los particulares, el IRPF está en la mente de todos, mientras que el IBI que se paga a los ayuntamientos sacude los bolsillos de los propietarios de bienes inmuebles.

La figura del Compliance Officer, es un trabajo cada vez más demandado dentro de las organizaciones, siendo la causa de esta creciente demanda, la necesidad de las empresas de analizar los principales aspectos que inciden su responsabilidad corporativa, sobre todo desde que en 2011, se aplican en nuestro ordenamiento jurídico , responsabilidades penales a las personas jurídicas.

El cumplimiento normativo o "compliance", tiene la función de detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento de las obligaciones regulatorias internas y externas, mitigando los riesgos de sanciones y las pérdidas que se deriven de tales incumplimientos. Se hace patente, por lo tanto, definir procedimientos adecuados, como el establecimiento de políticas de actuación en diferentes materias, ya que el compliance necesita de un conocimiento multidisciplinar de la normativa que pueda afectar a las diferentes áreas de la empresa.

La Agencia Tributaria aplica el principio de "ignorantia juris non excusat" o "ignorantia legis neminem excusat", lo que quiere decir que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, en este caso de las leyes y procedimientos tributarios, de manera que los errores en la cumplimentación de los modelos impositivos puede salirnos cara, sobre todo si le causamos un perjuicio a Hacienda.

En el caso de que detectemos el error antes que la Agencia Tributaria, deberemos realizar una declaración complementaria, en cuyo caso, al no existir requerimiento previo de Hacienda, no se nos sancionará por el error, pero sí nos pueden sancionar por las cantidades no declaradas.

El cierre anual de la contabilidad, la consiguiente elaboración de los libros y cuentas anuales, así como la realización de los últimos ajustes fiscales, que determinarán la factura fiscal a pagar en el Impuesto sobre Sociedades, son todos asuntos de gran importancia para las empresas, sus directivos y administradores.

Con el cierre de la contabilidad, los estados financieros plasman la foto de la gestión de una empresa, tanto para los usuarios internos como para los externos, por lo que el desconocimiento de las novedades legislativas, así como errores en los ajustes de cierre, pueden suponer una distorsión de la información presentada, que puede devenir en contingencias fiscales y responsabilidades para los administradores.

Responsabilidades de los administradores en la elaboración de las cuentas anuales

En ocasiones, las cuentas anuales se firman por los administradores sin ser conscientes de la responsabilidad que esto supone, aunque también los contables, jefes de administración y directores financieros, deben de ser conscientes de la responsabilidad que están trasladando al órgano de administración de la sociedad  que confían en que las cuentas reflejan la imagen fiel y están libres de errores.