Jurisprudencia

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una sentencia de 17 de junio de 2015, al contrario de lo afirmado por el TEAR y TEAC, ha estimado que si bien la sociedad no cerró ventas ni arrendamientos de inmuebles hasta bien entrado el 2003, cuando recibió las edificaciones de otra sociedad del grupo en virtud de la permuta celebrada en noviembre de 2000 y una serie de inmuebles por ampliación de capital de febrero de 2003 (días antes del fallecimiento del causante), en ese periodo estaba acometiendo todas las actividades necesarias para ejercer la de arrendamiento sobre los bienes inmuebles que iba a recibir que constituyen los eslabones de la cadena de actuaciones en que se configura el ejercicio de una actividad económica, como lo evidencia la venta de pisos y locales pocos meses después de acaecido el fallecimiento del causante.

• El principio de no concurrencia en la aplicación de las sanciones impide declarar responsable solidario a quien colaboró en la emisión de facturas falsas y ha sido condenado por ello
• Antes de acudir a la notificación edictal hay que notificar al domicilio conocido del extranjero y utilizar los mecanismos de colaboración internacional administrativa
• La Audiencia Nacional estudia el valor legal de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE y antepone el principio de seguridad jurídica a los mismos en lo que a la atribución de beneficios al EP se refiere
• Requisitos para admitir la deducción del fondo de comercio generado en una fusión por absorción de una participada al cien por cien
• Se consideran realizados en España los servicios prestados a través de páginas webs por una entidad no residente
• Provisión por responsabilidades por proceso penal de condena por accidente laboral
• No cabe ampliar el plazo de actuaciones inspectoras si al acordarlo ya está cuantificada la deuda
• El principio de seguridad jurídica y de actos propios impide liquidar a la Inspección unas retenciones declaradas exentas en un procedimiento de gestión
• Concesión retroactiva de exención en el IBI a una Universidad
• Deducción por inversiones de ejercicios anteriores en el IS
• Deducción por inversiones medioambientales en el IS

La sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de 2015 pone de manifiesto una mala práctica administrativa que tiene que ver con las deudas tributarias cuya ejecución está suspendida y que, a lo largo del procedimiento administrativo o el posterior proceso contencioso son parcialmente aceptadas por el obligado tributario, deudas que algunos órganos administrativos declinan ejecutar en esa parte, en tanto no se resuelve definitivamente sobre la licitud de la totalidad de la deuda.

Tal y como pusimos en antecedentes en la noticia publicada en esta página web bajo el título El TJUE afirma que la normativa italiana sobre la prescripción puede afectar a los intereses financieros de la Unión al impedir en materia de fraude grave del IVA su imposición efectiva,  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adelantó, vía comunicado n.º 95/15, la publicación de su sentencia de 8 de septiembre de 2015, sobre las consecuencias que la regulación -en este caso italiana- de la prescripción de los delitos derivan para la correcta recaudación del IVA, pronunciamiento que no puede pasarse por alto tanto por lo inédito del juego jurídico que contiene como por la trascendencia última que se adivina en lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude y con la seriedad y ultraprotección que a la recaudación del IVA se quiere dar a nivel comunitario.

• La presentación del justificante de pago de la tasa judicial tras finalizar el plazo para presentar recurso de apelación no hace perder el derecho al recurso
• La norma administrativa permite interpretar que la exigibilidad del ITP por la constitución de concesiones administrativas se retrase hasta la formalización del contrato
• El sujeto pasivo en la hipoteca unilateral a favor de la AEAT es el Estado, no el deudor hipotecario
• La reducción en el ISD por adquisición de la empresa familiar sólo se practica sobre el valor de los bienes afectos y no sobre el total de la empresa
• La presentación tardía de la documentación justificativa del derecho a la devolución del no establecido no le priva del derecho a la devolución
• El principio de la íntegra regularización también opera en el ámbito del fraude carrusel
• Deducibilidad en el IS de la participación en beneficios pagada a un cuentapartícipe
• Dies ad quem del plazo de las actuaciones inspectoras
• Ampliación del plazo e interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras
• Competencia para dictar la declaración de fraude de ley
• Efecto preclusivo de las comprobaciones inspectoras anteriores

Conforme al Derecho francés, los dividendos percibidos por una sociedad matriz por las participaciones que posee en otras sociedades pueden deducirse de su beneficio neto total, quedando  de  esta  forma  exentos  de  impuesto,  excepto  una  parte  proporcional  del  5 %, correspondiente a los gastos y cargas derivados de las participaciones. Sin embargo, cuando los dividendos provienen de sociedades que forman parte de un grupo en consolidación fiscal, la parte proporcional de gastos y cargas puede deducirse del beneficio, de modo que, al final, los dividendos no están sujetos a imposición alguna. Dado que únicamente pueden pertenecer a esos grupos fiscales las sociedades establecidas en Francia, la normativa examinada excluye a las sociedades matrices que poseen filiales en otros Estados miembros del disfrute de la exención fiscal total de los dividendos percibidos: cuando los dividendos provienen de filiales establecidas en otros Estados miembros no se contempla la posibilidad de deducir la parte proporcional de modo que los dividendos quedan gravados en un 5 %.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 3 de julio de 2015, de acuerdo con el criterio expresado por el Tribunal Supremo, [Vid., STS, de 30 de mayo de 2014, recurso nº 2362/2013]. Afirma que es preciso la aprobación del instrumento de ordenación que contenga la ordenación detallada de una parcela para que pueda ser considerado un inmueble de carácter urbano y por tanto pueda ser girado el IBI.

La sentencia del Tribunal Constitucional, de 25 de junio de 2015, trata de discernir –no sin polémica interna, materializada en el voto particular que la acompaña, expresado en términos muy duros hacia el parecer mayoritario- si la realización de una actividad ficticia, lo que a la postre supone la falta de ejercicio de actividad, permite considerar que las facturas que se emitan en su “tráfico jurídico” acarrean la comisión del tipo infractor relativo al incumplimiento de las obligaciones de facturación establecido en el art. 201 Ley 58/2003 (LGT); es decir, si quien finge realizar una actividad puede ser sancionado por emitir las facturas relativas a la misma, que documentan una actividad que no existe y que por lo tanto nunca debería haber emitido, o si ello supone una extralimitación de los términos del tipo sancionador, proscrita por el principio de tipicidad y a la larga se vulnera el principio constitucional de legalidad en materia sancionadora. En principio, se antoja una contradicción entre la calificación administrativa de la actividad inexistente y por otro lado la imposición de una sanción derivada de su realización.

El contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2015 puede calificarse de “muy interesante” en lo que a los obligados tributarios se refiere. En efecto, se trata de una sentencia breve pero muy clara y contundente cuya filosofía reside en la idea de que cuando hablamos de una deuda tributaria, hablamos de una única deuda, más allá de las obligaciones establecidas para cada uno de los deudores solidarios que pudieran resultar responsables por la misma.

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 1 de abril de 2015, siguiendo el criterio sostenido por la Audiencia Nacional en la sentencia recurrida, confirma la no conformidad a Derecho de la revocación  de la declaración de utilidad pública a una asociación, ya que no es una razón válida el hecho de realizar trabajos con carácter oneroso.

En primer lugar, el Tribunal Supremo entiende que la Audiencia Nacional en su sentencia de 20 de junio de 2012, ha razonado de forma correcta y suficiente  las razones que le han llevado a la conclusión anterior y que el Tribunal comparte.  La Sala de instancia considera que la Administración no ha acreditado ni cambio de circunstancias, ni que los servicios prestados con carácter oneroso no se dirijan a beneficiar a una colectividad genérica de personas y considera al informe de la Agencia Tributaria genérico y sin datos concretos; asimismo también valora expresamente la falta de relevancia como justificación de la revocación de la participación en una UTE.