Jurisprudencia

Como funcionario público que es, y por el acervo jurídico que se le supone –forma parte de una de las más altas instancias entre los aplicadores del Derecho-, la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, de 13 de noviembre de 2014, entiende que la Administración queda vinculada por la consignación, errónea o no, del plazo para la presentación de liquidaciones ante el órgano administrativo correspondiente en las escrituras públicas, cual si se tratara de un acto administrativo con una indicación equivocada del plazo para recurrir.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2015, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, es el exponente que da lugar a tan contundente titular.

Los hechos: se trata en esta ocasión de calificar, desde el punto de vista jurídico-tributario, la situación creada a un contribuyente que ve cómo ante una determinada operación de compraventa se le incrementan los valores declarados (en ITP y AJD y en IRPF) y cuando esa operación se repite, un año más tarde, actuando él en esta ocasión en el otro lado de la operación, la Administración, obrando interesadamente a su favor, no utiliza para calcular la correspondiente ganancia patrimonial su valor comprobado sino el inicialmente declarado por el contribuyente.

• El Constitucional ampara a quien salió al paso del nuevo criterio del TS para la admisión de la casación y se le negó el derecho al recurso
• Si hay obligación civil, se puede reclamar al comprador el IVA de una operación más allá del plazo del año para la repercusión
• El Tribunal Supremo pone orden en el TSJ de Madrid en lo que a la tributación de los pactos anticréticos se refiere
• Anular una sanción con el único fin de que se dicte otra adecuada a la nueva liquidación que también se ordena no vulnera el principio de ne bis in idem
• La desaparición de una sociedad a costa del atosigamiento que supone una liquidación y sanción tributarias  finalmente anuladas, supone responsabilidad de la Administración
• La competencia de la DG de Seguros sobre las entidades aseguradoras no alcanza al ámbito fiscal
• La lista de paraísos fiscales contenida en el RD 1080/1991 está vigente y debe ser aplicada por las autoridades españolas
• Hay motivo económico válido en una escisión parcial aunque después se venda la sociedad a la que se aportan los activos y pasivos
• Sujeción al ICIO de las distintas obras independientes realizadas para la reestructuración de un edificio
• Las fotocopias pueden tener valor como prueba en el procedimiento económico-administrativo
• Las deudas aceptadas por un heredero en un arbitraje de equidad no se extienden al resto

 La sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2015, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, contiene un capítulo más en lo que tiene que ver con la renuncia al IVA en determinadas operaciones inmobiliarias.

Los hechos en esta ocasión tienen que ver con que en la escritura de compraventa de un inmueble, las partes declaran la operación sujeta al IVA –y constatan la repercusión y el pago del impuesto en la propia escritura- y la acompañan de una liquidación por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Posteriormente, la Administración, entendiendo que la operación está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, gira una liquidación, a la que se responde con una rectificación de la escritura original en la que la parte vendedora renunciaba a la exención del IVA, renuncia que no fue aceptada por la Administración tributaria argumentando que no era válida por haberse realizado con posterioridad a la realización del hecho imponible.

En el Reino Unido, el régimen de consolidación fiscal de grupo permite a las sociedades de un grupo compensar entre ellas los beneficios y las pérdidas. Sin embargo, el régimen vigente hasta 2006 no permitía tener en cuenta las pérdidas de las sociedades no residentes.

En 2006, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia «Marks & Spencer», la normativa británica fue modificada con el fin de permitir la consolidación fiscal de los grupos transfronterizos en determinadas circunstancias. Estas disposiciones, que a día de hoy se recogen en la Ley de 2010 del impuesto sobre sociedades [Corporation Tax Act 2010 (CTA 2010)], exigen que la sociedad no residente haya agotado las posibilidades de que se tomen en consideración las pérdidas en el ejercicio fiscal en el que se hayan originado y en los ejercicios fiscales anteriores y que estas pérdidas no puedan tenerse en cuenta en ejercicios fiscales futuros. La CTA 2010 prevé que para determinar si las pérdidas podrán tenerse en cuenta en ejercicios fiscales futuros debe tomarse como referencia la situación inmediatamente posterior al cierre del ejercicio fiscal en el que se hayan sufrido dichas pérdidas.

• La compensación económica por trabajar para la casa o para el otro cónyuge percibida con ocasión del divorcio es un rendimiento del trabajo reducible
• El carácter personal del IRPF impide que una pensión compensatoria abonada a través de una sociedad del contribuyente le dé derecho a la reducción
• La aportación de pruebas en el recurso de reposición no está limitada a las aportadas en el procedimiento de gestión
• Las adopciones internacionales surten efectos con la inscripción en nuestros registros y desde entonces dan derecho a los beneficios fiscales
• La reducción por arrendamiento de viviendas se aplica aunque el contribuyente no haya declarado el rendimiento
• El que un bien inmueble no genere ingresos hasta el fallecimiento del causante no significa que haya sido desafectado de la actividad
• Las ofertas unilaterales de venta no pueden utilizarse por el perito de la Administración como muestras en su dictamen para justificar el incremento de la base imponible
• Se aprecia inmediatez en la reinversión de la nueva vivienda aunque se supere en nueve días el término del año
• No procede la exención en el IP de las participaciones sociales si por problemas de liquidez la administradora no percibió las retribuciones estipuladas
• Potenciar la economía municipal dada la caótica situación de las arcas municipales no justifica el incremento de los coeficientes de situación en el IAE

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de octubre de 2014, analiza las consecuencias fiscales, tanto en orden a la liquidación de la correspondiente ganancia de patrimonio como en orden a la imposición de la correspondiente sanción, derivadas de un supuesto de hecho en el que el contribuyente, aceptando el consejo de su asesor de banca –al menos según él defiende-, fingió la realización de un préstamo al objeto de obtener una garantía a su favor, al haber avalado diferentes operaciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2015, representa un nuevo capítulo en lo que a la legitimación de los partidos políticos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se refiere.

Realmente, los razonamientos jurídicos en los que se ampara el Tribunal a la hora de juzgar no son novedosos, aunque sí lo son, e incluso curiosos, los planteamientos de parte, que intenta abrir la puerta de la legitimación que cree le asiste como partido político para la impugnación directa de las normas, tal vez impulsado por los votos particulares de una sentencia anterior –STS, de 5 de marzo de 2014-, en que ese mismo partido recurría contra otras normas, que criticaban la falta de reconocimiento de su legitimación.

• Primero la AN y ahora el TS eliminan la posibilidad de inexistencia de culpabilidad en el supuesto de falsificación de facturas
• Puede generarse responsabilidad patrimonial de la Administración de no resolver en plazo la solicitud de alteración catastral de un inmueble, si con ello se priva al sujeto pasivo de la aplicación de una norma más beneficiosa
• El TS distingue respecto de la liquidación y de la sanción las consecuencias que una sentencia penal absolutoria con declaración de hechos probados tiene sobre la Administración tributaria
• Ignorar que se es sujeto pasivo del IVA no amplía de uno a cuatro el plazo para repercutir el impuesto
• La indemnización o resarcimiento derivada de la anulación de la transmisión de la marca puede acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
• La compra de activos para realizar una actividad a otra sociedad no implica adquirir la titularidad de la actividad y procede la exención en el IAE
• La materialización de la deducción por reinversión se produce cuando se pongan a disposición los elementos patrimoniales, aunque estos estén en fase de construcción
• Una entidad sin ánimo de lucro debe incluirse en el Censo Cameral
• Seis concretas transmisiones de inmuebles no prueban la existencia de actividad inmobiliaria que motive el alta en el IAE
• Si una finca no es urbana en su totalidad, no podrá valorarse como tal y deberá ser considerada como de naturaleza rústica
• A una entidad urbanística considerada como órgano urbanístico municipal no le resulta aplicable la exención en el lIVTNU establecida respecto a las Administraciones públicas
• Los ingresos financieros pueden ser aptos para aplicar la bonificación de Ceuta y Melilla 
• Delimitación del concepto de renta no declarada o incremento no justificado de patrimonio

Este error es el que ha cometido el legislador foral quipuzcoano al establecer en el art. 26.2 de la ya derogada Norma Foral 8/1998 (IRPF) que “La aplicación de esta modalidad de estimación objetiva nunca podrá dejar sin someter a gravamen los rendimientos reales de la actividad económica.

En el supuesto de producirse diferencia entre el rendimiento real de la actividad y el derivado de la correcta aplicación de ésta modalidad de determinación del rendimiento neto, se procederá al ingreso o devolución de la cuota resultante, sin que resulten exigibles el recargo por ingreso fuera de plazo, los intereses de demora o las sanciones.”.