Jurisprudencia

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2009 entiende que la constitución de una comunidad de propietarios para la promoción de un conjunto residencial por el sistema de creación sucesiva, en la que se integrarán las personas fundadoras (una sociedad gestora y otra cuyo objeto social es la promoción inmobiliaria), y aquellas otras que sucesivamente se vayan incorporando a ella, no es propiamente una comunidad de autopromotores, sino de promotores constituida con la intención de realizar una actividad empresarial, por lo que debe quedar sujeta al gravamen d

Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2009, que declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE y del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por tratar de diferente forma hasta el 31 de diciembre de 2006 las ganancias patrimoniales obtenidas en España según que los sujetos pasivos fuesen residentes o no residentes (sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ035348, y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, noviembre 2009)<

En este sentido cabe destacar la sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de 2009, sobre ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras, en la que se afirma que hay un tiempo para la «apreciación» de las circunstancias que pueden abocar a la «ampliación»; y existe un «tiempo de carencia» para poder adoptar el acuerdo de ampliación.

Así se afirma en la sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de mayo de 2009. El uso del método comparativo (establecido en las Directrices de la OCDE) no exige que se analicen "operaciones concretas efectuadas por empresas independientes" para determinar las diferencias con la realizada por la entidad inspeccionada. Si ello fuera así, la aplicación del art.

También la sentencia, de 25 de marzo de 2009, del Tribunal Supremo, señala que nunca se podría afirmar, si el porcentaje de deducción es del 100 por cien, que existe omisión de cuota de IVA en los supuestos de inversión del sujeto pasivo, al tratarse el IVA en estos casos de IVA devengado y soportado al mismo tiempo, no originando cuota alguna a ingresar ni tampoco un perjuicio para la Hacienda Pública -aunque exista retraso en la declaración del IVA devengado-, al neutralizarse ambos mutuamente.

De nuevo, la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 2009, incide, al igual que ya se hiciera en la sentencia de 9 de julio de 2008, en la extralimitación reglamentaria que supone el art. 10.3 RD 214/1999 (Rgto IRPF) por lo que tiene que ver con la regulación de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo derivados de la concesión de opciones sobre acciones (stock options), pero por otro tipo de razonamientos.

Así lo entiende la Audiencia Nacional, en la sentencia de 13 de abril de 2009, en la que se concluye que para la valoración de la retribución en especie en los casos de uso mixto de un bien, para fines empresariales y privados, es necesario atender a las circunstancias personales y profesionales del trabajador, por lo que el criterio adoptado por la Inspección para determinar la renta en especie consistente en la facultad de disposición del empleado, no puede ser acogido si no resulta modulado por las características del puesto de trabajo desempeñado por el mismo, deb

Así lo expresa la sentencia de 6 de mayo de 2009, sobre la necesidad de aportar, junto al escrito de interposición del recurso, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 23 de abril de 2009, asunto n.º C-544/07, declara que el art.

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2009 establece que sólo se perderá el derecho a repercutir el IVA una vez transcurrido el plazo de un año, pero no el derecho a soportarlo una vez transcurrido dicho plazo, por lo que aunque el sujeto pasivo no repercuta el Impuesto en plazo, subsiste la obligación de ingresar la cuota, ya que ésta es una obligación autónoma que nace de la realización del hecho imponible, y no de la obligación de repercutir.