Jurisprudencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 5 de junio de 2014, nos dice que la consideración de una finca como suelo urbano, es competencia del Catastro Inmobiliario, sin que ni el Ayuntamiento, ni tampoco el Juzgado en la impugnación jurisdiccional de las liquidaciones por IBI, puedan entrar a pronunciarse sobre la misma.

No es posible impugnar la liquidación efectuada por el Ayuntamiento en base a argumentos de gestión catastral, que deberá ser recurrida ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia de 25 de junio de 2014, analiza la conformidad a derecho o no de la actuación del órgano de gestión tributaria al incluir en la masa hereditaria de la causante (abuela de la recurrente), la vivienda construida por esta y su esposo en la finca o terreno que le legó su abuela en el testamento otorgado el día 5 de mayo de 1992.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, en su sentencia de 17 de junio de 2014, resuelve el problema que se plantea relativo a la compatibilidad entre la facultad de comprobación de la Administración Tributaria y por otro lado a la evitación de situaciones susceptibles de merecer la consideración de abuso de derecho, por la reiteración en la falta de subsanación en los defectos que se puedan apreciar bien por en sede económico administrativa o bien en sede propiamente judicial.

La actualidad del día de hoy para los intereses de España en sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene protagonizada por la sentencia de 9 de octubre de 2014, que versa sobre la eventual consideración como ayuda de Estado de la exención sobre una finca propiedad del Estado cuyo uso está cedido a una empresa del sector de la construcción naval de la que él mismo es el único accionista.

A lo largo de la sentencia se repasan, como es habitual en los pronunciamientos sobre ayudas de Estado, los requisitos que la jurisprudencia comunitaria entiende que deben concurrir para calificar una ayuda como de Estado y que, por tanto, vulnera lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que estimó el recurso de una empresa inmobiliaria que fue objeto de dos procedimientos de comprobación limitada en relación a una deducción por reinversión de beneficios, y a la que posteriormente se le realizó otra inspección con el mismo objeto.

La Sala de lo Contencioso del alto tribunal confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, de 5 de noviembre de 2012, que estimó el recurso presentado por Isabena Obras y Construcciones S.L. y anuló la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de enero de 2010 referida a la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2003 a 2005.

Este es el juicio de valor que podríamos extraer del auto del Tribunal Supremo, de 3 de septiembre de 2014, que acaba de ser adelantado por el propio CGPJ a la opinión pública. Se trata de un nuevo pronunciamiento en la materia que unir a otros tantos anteriores que, poco a poco han ido declarando la falta de conformidad a ley del régimen tributario establecido para este instrumento de incentivación laboral.

La Audiencia Nacional ha publicado una interesantísima sentencia, de fecha 4 de junio de 2014, que tiene que ver con una institución, la del derecho real de usufructo, que a pesar de su frecuente uso, no por ello tiene correctamente delimitadas sus consecuencias en el orden tributario.

Ciertamente, se trata de una figura de muy frecuente empleo en el círculo familiar, en el que bien mediante la figura de la donación, bien con ocasión del fallecimiento de una persona, se pretende proteger al titular del bien transmitido o bien a su cónyuge o familiares más allegados, respectivamente, manteniéndoles en el disfrute del bien que sale fuera del patrimonio de su propietario -o lo hace por aplicación de la ley- a la par que se realiza la transmisión.

• La actividad tendente a clarificar su procedencia y la voluntad de devolución al repercutido impiden la exigencia de sanción al sujeto pasivo por una repercusión improcedente
• No proceden las actuaciones posteriores a la diligencia en la que se dan por terminadas las actuaciones
• Dos horas a la semana no son suficientes para desarrollar las funciones directivas a los efectos de la reducción en la base imponible del ISD
• La obtención de una ganancia patrimonial excepcional superior al importe de los ingresos de la actividad no impide considerar que dichos ingresos sean la principal fuente de renta del causante. 
• Destrucción de la presunción del valor del ajuar en el ISD 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha 17 de septiembre de 2014, ha publicado una nueva sentencia sobre las consecuencias jurídicas que en el entorno del IVA supone el hecho de formar parte de un grupo de entidades a efectos del impuesto.

Los hechos tienen que ver con la tributación de las operaciones realizadas entre una entidad no establecida y su sucursal que sí lo está.

• Permuta de activos por acciones propias: se aplica la norma especial de la amortización de las acciones y no la de la permuta
• Un respiro a la aplicación del régimen sancionador en las regularizaciones voluntarias tácitas
• Terminar un procedimiento de inspección sin ninguna formalidad es un acto de voluntad que impide iniciar un segundo procedimiento
• Plazo para dictar una nueva liquidación derivada de una resolución económica-administrativa tras una retroacción de actuaciones
• El Impuesto sobre el impacto visual producido por los elementos de suministro de energía eléctrica y elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas de La Rioja no incurre en motivo de inconstitucionalidad alguno
• Si el recurrente ha obtenido reconocimiento de asistencia jurídica gratuita, no es necesario que acredite la exención de la tasa judicial