Jurisprudencia

• La confianza en una decisión gubernativa del Decanato de los Juzgados competentes, más allá de la norma procedimental, no puede perjudicar al administrado
• La obligación del funcionario de residir en la localidad en la que ha conseguido la plaza no presupone su residencia habitual en ella
• El Tribunal Supremo vuelve a hacer uso de la legislación sobre consumidores y usuarios en protección de los compradores a los que se repercute el IIVTNU
• La responsabilidad del liquidador por la inatención de sus obligaciones como tal no requiere la previa declaración de fallido de los responsables solidarios
• Que la prorrata especial sea más favorable para el sujeto pasivo obliga a la Administración a aplicarla más allá de que no se haya optado en tiempo y forma por ella
• El principio de igualdad en el reparto de la herencia sólo opera cuando la partición y adjudicación de la herencia se realiza por los sucesores, no el causante

Este es el titular que resume dos sentencias de notable interés que acaba de publicar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ambas de fecha 9 de enero de 2014, dictadas, una en el entorno del Impuesto sobre Sociedades, y otra en el del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero respecto de una misma entidad, dedicada a la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.

• La concurrencia de las funciones de dirección se determina no por la denominación del cargo sino por el contenido sustancial de las funciones desempeñadas 
• El tiempo perdido en solventar las dudas sobre el reparto de competencias entre la Hacienda foral y la estatal debe ser compensado con intereses de demora
• La vinculación de la Administración tributaria a sus actos propios impide que pueda considerar realizados en fraude de ley actos previamente aceptados y no regularizados 
• El TS sienta jurisprudencia respeto a la tributación de los dividendos en aplicación del Convenio con los Países Bajos
• Valor probatorio de los listados informáticos aportados por una entidad en sustitución de los libros contables que no tenía diligenciados
• A pesar de su gravosa rentabilidad, la AN se suma a lo señalado por el TS sobre la deducibilidad de los intereses derivados de los préstamos participativos
• El término “fallecido” no equivale al de “destinatario desconocido” a los efectos de acudir a la notificación edictal

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha publicado el pasado 20 de enero de 2014 una muy interesante sentencia que analiza las consecuencias tributarias de una curiosa situación de hecho que protagonizaron tres hermanos que compartían la titularidad de una determinada cuenta bancaria. Se trata, por tanto, de una situación más que habitual en la vida cotidiana cual es la titularidad compartida de las cuantas bancarias.

Pues bien, los hechos se resumen en el hecho de que uno de los hermanos rescató un seguro, cuyo pago tenía domiciliado en la cuenta bancaria compartida con su hermanos, negándose la compañía aseguradora a abonarle el importe del rescate en tanto no le presentara la correspondiente liquidación por el Impuesto de Donaciones, basándose en la circunstancia de que el tomador no era él sino su hermano, el que aparecía en primer lugar en el listado de titularidades de la cuenta.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de marzo de 2014, dictada en recurso de casación de doctrina, ha vuelto a tener que recordar la doctrina derivada de la conocida como “sentencia Gabalfrisa” de entre las del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia de 21 de marzo de 2000, que declaró que “una normativa que condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por un sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la realización habitual de las operaciones gravadas al cumplimiento de determinados requisitos, tales como la presentación de una solicitud expresa al efecto antes de que el impuesto sea exigible y el respeto del plazo de un año entre dicha presentación y el inicio efectivo de las operaciones gravadas, y que sanciona el incumplimiento de dichos requisitos con la pérdida del derecho a la deducción o con el retraso del ejercicio del derecho hasta el inicio efectivo de la realización habitual de las operaciones gravadas, que eran precisamente los postulados del art. 111 de la Ley 37/992 (Ley IVA), en la redacción que le dio la Ley 13/1996,  era contraria a la Sexta Directiva”.

• La escritura pública y la resolución administrativa que reconoce la obligación del proveedor de expedir la factura suple su inexistencia 
• El TSJ Cataluña perfila el procedimiento para la recuperación del “céntimo sanitario” declarado contrario al Derecho Comunitario
• No le corresponde al secretario judicial la calificación tributaria derivada del devengo de las tasas judiciales
• Las pensiones compensatorias no encajan en el concepto de ‘patrimonio’ gravado en el IP
• Si la Administración autonómica no objetó la afección de un inmueble a la actividad a efectos del IP, no puede hacerlo para impedir la aplicación de la reducción en el ISD

Por fin, en el día de ayer fue publicado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2014, que anecdóticamente fue filtrada a la ciudadanía incluso antes de su pronunciamiento -el pasado 26 de febrero-  por el propio Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de tan célere lanzamiento de la noticia -tal vez motivado por los intereses políticos en juego y por la importancia del régimen al que pertenece la norma impugnada, el de la conocida como ‘amnistía fiscal’, que materializa uno de los principales, si no el más prioritario objetivo que actualmente tiene marcado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cual es la persecución del fraude- hemos tenido que esperar semanas para poder acceder al texto de la sentencia en cuestión.

• El Supremo defiende la legalidad del Impuesto asturiano sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
• Rehabilitación de edificaciones: El RDL 2/2008 no puntualiza sino que regula ex novo en la Ley del IVA la exclusión del valor del suelo del cálculo del límite del 25 por ciento
• Las operaciones accesorias pero no intrínsecas a las operaciones financieras no están exentas de IVA
• Está justificado no tratar como a un Estado miembro de la UE a un paraíso fiscal, aunque se encuentre dentro del Espacio Económico Europeo
• Exención por doble imposición internacional en la transmisión de acciones de entidades no residentes
• Provisión para responsabilidades: momento de reversión de la provisión
• La indemnización recibida al no ser posible la ejecución de una sentencia es una renta exenta al indemnizar una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva

En los últimos meses en sede del Tribunal Supremo se ha reabierto el debate sobre la trascendencia de los datos declarados en el IRPF respecto de otras declaraciones, por otros impuestos, en los que estos tienen consecuencias en orden a reconocer diferentes beneficios fiscales.

Hablamos en concreto de la sentencia de 16 de diciembre de 2013, que señalaba que cuando era uno de los herederos el que cumplía las funciones de dirección, lo que deberá acreditarse para poder tener derecho a la reducción en ISD es que en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de dirección en la empresa familiar superaran el porcentaje del 50 por ciento sobre el resto de las retribuciones, no teniendo relevancia los datos declarados en su declaración por el IRPF del ejercicio anterior.

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.