Jurisprudencia

• La escritura pública y la resolución administrativa que reconoce la obligación del proveedor de expedir la factura suple su inexistencia 
• El TSJ Cataluña perfila el procedimiento para la recuperación del “céntimo sanitario” declarado contrario al Derecho Comunitario
• No le corresponde al secretario judicial la calificación tributaria derivada del devengo de las tasas judiciales
• Las pensiones compensatorias no encajan en el concepto de ‘patrimonio’ gravado en el IP
• Si la Administración autonómica no objetó la afección de un inmueble a la actividad a efectos del IP, no puede hacerlo para impedir la aplicación de la reducción en el ISD

Por fin, en el día de ayer fue publicado el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2014, que anecdóticamente fue filtrada a la ciudadanía incluso antes de su pronunciamiento -el pasado 26 de febrero-  por el propio Consejo General del Poder Judicial.

A pesar de tan célere lanzamiento de la noticia -tal vez motivado por los intereses políticos en juego y por la importancia del régimen al que pertenece la norma impugnada, el de la conocida como ‘amnistía fiscal’, que materializa uno de los principales, si no el más prioritario objetivo que actualmente tiene marcado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cual es la persecución del fraude- hemos tenido que esperar semanas para poder acceder al texto de la sentencia en cuestión.

• El Supremo defiende la legalidad del Impuesto asturiano sobre el desarrollo de determinadas actividades que inciden en el medio ambiente
• Rehabilitación de edificaciones: El RDL 2/2008 no puntualiza sino que regula ex novo en la Ley del IVA la exclusión del valor del suelo del cálculo del límite del 25 por ciento
• Las operaciones accesorias pero no intrínsecas a las operaciones financieras no están exentas de IVA
• Está justificado no tratar como a un Estado miembro de la UE a un paraíso fiscal, aunque se encuentre dentro del Espacio Económico Europeo
• Exención por doble imposición internacional en la transmisión de acciones de entidades no residentes
• Provisión para responsabilidades: momento de reversión de la provisión
• La indemnización recibida al no ser posible la ejecución de una sentencia es una renta exenta al indemnizar una lesión al derecho a la tutela judicial efectiva

En los últimos meses en sede del Tribunal Supremo se ha reabierto el debate sobre la trascendencia de los datos declarados en el IRPF respecto de otras declaraciones, por otros impuestos, en los que estos tienen consecuencias en orden a reconocer diferentes beneficios fiscales.

Hablamos en concreto de la sentencia de 16 de diciembre de 2013, que señalaba que cuando era uno de los herederos el que cumplía las funciones de dirección, lo que deberá acreditarse para poder tener derecho a la reducción en ISD es que en el momento del fallecimiento del causante y hasta ese instante las retribuciones percibidas por el heredero por las efectivas funciones de dirección en la empresa familiar superaran el porcentaje del 50 por ciento sobre el resto de las retribuciones, no teniendo relevancia los datos declarados en su declaración por el IRPF del ejercicio anterior.

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (Vid., auto TS, de 9 de febrero de 2012, recurso nº  7199/2004) a raíz de un recurso planteado por una de nuestras más importantes entidades bancarias, ha hecho pública su sentencia de 20 de marzo de 2014, en la que viene a dar luz verde al régimen de las transmisiones patrimoniales por equiparación (las transmisiones de inmuebles solapadas a través de transmisiones de participaciones en entidades cuyo activo está principalmente compuesto por bienes inmuebles) establecido en el art. 108 Ley 24/1988 (Mercado de Valores), conforme al cual se habilita a someter ese tipo de operaciones al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, privándoles de la exención reconocida a las transmisiones de valores en general.

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de 2014, ha señalado que el recurso de revisión de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su artículo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los órdenes jurisdiccionales.

La Audiencia Nacional (AN), que hasta ahora había mantenido una posición contraria a la posibilidad de que la Administración pudiera modificar, con ocasión de la comprobación del ejercicio en que se compensan, las bases imponibles negativas (BIN) de ejercicios prescritos -ver, entre otras, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, recurso nº 89/2011, de 24 de octubre de 2013, recurso nº 358/2010, y otra de misma fecha, recurso nº 410/2010, acoge la reciente jurisprudencia del TS (6 de noviembre, 14 de noviembre y 9 de diciembre de 2013 que se citan en la sentencia de la AN) que admite la posibilidad de corregir las BIN de periodos prescritos y otorga a la Administración, en toda su extensión, sin límite por razón de la prescripción, la facultad de comprobación de las mismas.

• Si se conocen los datos necesarios para regularizar una situación tributaria se debe formalizar acta aunque las actuaciones continúen respecto de otros ejercicios o impuestos
• La pertenencia a un grupo de sociedades no supone una limitación a la exención en el IAE por inicio de actividad
• Las deudas asumidas por un pariente en ejercicio de sus obligaciones como tutor del causante son deducibles de su herencia
• La reducción por arrendamiento de vivienda también se aplica a los rendimientos negativos
• Solicitud de división de la obligación tributaria: excepción a la regla de la solidaridad que vincula a todos los sucesores mortis causa
• Designar a la pareja de hecho como beneficiaria de una póliza de seguros sirve como prueba de la convivencia

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de diciembre de 2013, aborda una situación curiosa, cual es la de la consolidación de la deducción por inversión en la construcción de la vivienda habitual dándose la circunstancia de que el contribuyente -y adquirente- ha ocupado la vivienda antes de la finalización de la construcción, al no hacerse cargo la promotora del remate final de la misma.