Jurisprudencia

La sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de marzo de 2014 aborda la tributación de un supuesto de hecho en el que procede la aplicación de la doctrina de los negocios anómalos, cuestión muy debatida y polémica entre la doctrina y también en sede de los tribunales, pues bajo ese concepto se integran diversas modalidades, cuyos contornos son en ocasiones difíciles de precisar, pero con un tratamiento muy diferente según cuál sea el tipo de negocio con el que nos encontremos.

El tema de fondo de la sentencia de 2 de enero de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el del momento de aportación de la documentación acreditativa de los hechos que se dilucidan en un procedimiento de comprobación tributaria.

A partir de la aprobación del RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria) se ha tratado de poner coto a una estrategia interesada por parte de algunos contribuyentes que consiste en sustraer a la Inspección la entrega de la documentación que acredite los hechos debatidos y aportarlos más tarde ante los tribunales con el fin de que no puedan ser rebatidos por la Inspección.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de abril de 2014, centra el debate en una cuestión muy precisa: determinar el alcance de la facultad que reconoce al Inspector- Jefe el apdo. 4 del art. 60 del RD 939/1986 (RGIT).

Pues bien, el Inspector-Jefe está plenamente facultado para acordar el complemento de las actuaciones inspectoras, sin que la división orgánica interna entre inspector actuario e inspector liquidador suponga obstáculo o traba alguna. Además, dicho acuerdo ha de estar motivado con precisa indicación del ámbito material al que se extenderá el complemento de las actuaciones, sin más condicionamiento material que el objeto de la inspección inicialmente acotado: tributos y ejercicios inspeccionados.

Antes de entrar en materia, puntualizar que hablamos de incumplimiento del Reino de España, a pesar de que el telón de fondo sobre el que descansa el mismo no viene protagonizado por normas estatales sino territoriales, en concreto las normas dictadas por las Diputaciones Forales vascas que establecieron en las tres haciendas forales beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para empresas radicadas en territorio foral que realizaran inversiones en activos materiales nuevos –crédito fiscal del 45% del importe de la inversión- y para empresas de reciente creación, en lo que se ha venido conociendo coloquialmente como “vacaciones fiscales vascas”.

Y es que el interlocutor necesario ante las instituciones europeas -Comisión y Tribunal de Justicia en este caso- es el Estado miembro y no sus subdivisiones políticas, de tal modo que aunque en este caso proceda analizar las consecuencias derivadas de la aplicación de normas emanadas del legislativo vasco -y sin poner en duda la incuestionable legitimidad del mismo-, es el Estado español quien debe defender su legalidad y asumir las consecuencias derivadas de la eventual carencia de la misma ante las instituciones europeas.

El Tribunal Supremo ha publicado con fecha 4 de abril de 2014, y en recurso de casación en interés de la ley, sentencia sobre un polémico tema, que ha dado lugar a muchas idas y vueltas en sede de los tribunales contencioso-administrativos, cual es el alcance de la exención de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Contiene esta sentencia una análisis muy completo -y por otro lado necesario dada la incertidumbre en la que se mueve la jurisprudencia-, de hasta dónde llega la exención de este tipo de bienes.

• La confianza en una decisión gubernativa del Decanato de los Juzgados competentes, más allá de la norma procedimental, no puede perjudicar al administrado
• La obligación del funcionario de residir en la localidad en la que ha conseguido la plaza no presupone su residencia habitual en ella
• El Tribunal Supremo vuelve a hacer uso de la legislación sobre consumidores y usuarios en protección de los compradores a los que se repercute el IIVTNU
• La responsabilidad del liquidador por la inatención de sus obligaciones como tal no requiere la previa declaración de fallido de los responsables solidarios
• Que la prorrata especial sea más favorable para el sujeto pasivo obliga a la Administración a aplicarla más allá de que no se haya optado en tiempo y forma por ella
• El principio de igualdad en el reparto de la herencia sólo opera cuando la partición y adjudicación de la herencia se realiza por los sucesores, no el causante

Este es el titular que resume dos sentencias de notable interés que acaba de publicar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ambas de fecha 9 de enero de 2014, dictadas, una en el entorno del Impuesto sobre Sociedades, y otra en el del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero respecto de una misma entidad, dedicada a la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.

• La concurrencia de las funciones de dirección se determina no por la denominación del cargo sino por el contenido sustancial de las funciones desempeñadas 
• El tiempo perdido en solventar las dudas sobre el reparto de competencias entre la Hacienda foral y la estatal debe ser compensado con intereses de demora
• La vinculación de la Administración tributaria a sus actos propios impide que pueda considerar realizados en fraude de ley actos previamente aceptados y no regularizados 
• El TS sienta jurisprudencia respeto a la tributación de los dividendos en aplicación del Convenio con los Países Bajos
• Valor probatorio de los listados informáticos aportados por una entidad en sustitución de los libros contables que no tenía diligenciados
• A pesar de su gravosa rentabilidad, la AN se suma a lo señalado por el TS sobre la deducibilidad de los intereses derivados de los préstamos participativos
• El término “fallecido” no equivale al de “destinatario desconocido” a los efectos de acudir a la notificación edictal

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha publicado el pasado 20 de enero de 2014 una muy interesante sentencia que analiza las consecuencias tributarias de una curiosa situación de hecho que protagonizaron tres hermanos que compartían la titularidad de una determinada cuenta bancaria. Se trata, por tanto, de una situación más que habitual en la vida cotidiana cual es la titularidad compartida de las cuantas bancarias.

Pues bien, los hechos se resumen en el hecho de que uno de los hermanos rescató un seguro, cuyo pago tenía domiciliado en la cuenta bancaria compartida con su hermanos, negándose la compañía aseguradora a abonarle el importe del rescate en tanto no le presentara la correspondiente liquidación por el Impuesto de Donaciones, basándose en la circunstancia de que el tomador no era él sino su hermano, el que aparecía en primer lugar en el listado de titularidades de la cuenta.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de marzo de 2014, dictada en recurso de casación de doctrina, ha vuelto a tener que recordar la doctrina derivada de la conocida como “sentencia Gabalfrisa” de entre las del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia de 21 de marzo de 2000, que declaró que “una normativa que condiciona el ejercicio del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado por un sujeto pasivo con anterioridad al inicio de la realización habitual de las operaciones gravadas al cumplimiento de determinados requisitos, tales como la presentación de una solicitud expresa al efecto antes de que el impuesto sea exigible y el respeto del plazo de un año entre dicha presentación y el inicio efectivo de las operaciones gravadas, y que sanciona el incumplimiento de dichos requisitos con la pérdida del derecho a la deducción o con el retraso del ejercicio del derecho hasta el inicio efectivo de la realización habitual de las operaciones gravadas, que eran precisamente los postulados del art. 111 de la Ley 37/992 (Ley IVA), en la redacción que le dio la Ley 13/1996,  era contraria a la Sexta Directiva”.