Jurisprudencia

• Deducción por doble imposición en el IRPF: el tipo de deducción dependerá del gravamen soportado por la entidad pagadora no residente, lo que deberá acreditar el contribuyente 
• El devengo de los intereses de demora no deja de producirse si no se abona el montante total de la devolución que era procedente en Derecho -principal más intereses de demora-
• Las indemnizaciones no llevan IVA pero el IVA sí se incluye en las indemnizaciones
• Impugnación de valores catastrales que superan el valor de mercado (voto particular)
• Si consta domicilio fiscal en España no hay que notificar al representante de la entidad no residente
• Los intereses del préstamo con garantía hipotecaria impagados integran la base imponible del periodo y sirven para acreditar la existencia del préstamo participativo

La sentencia de 2 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, contiene una interesante argumentación entorno a la cuestión de la devolución del céntimo sanitario, cuestión que, a la vista está, va a hacer correr aún muchos ríos de tinta.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 31 de julio de 2014, ha declarado que las liquidaciones presentadas por los impuestos que gravan la transmisión de un inmueble –en el caso de autos, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales e Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana-, no acreditan la realidad de la misma, por cuanto tan sólo constituyen una manifestación de voluntad de quienes presentan la declaración, que necesita ser acompañada de otros indicios de prueba.

De nuevo el alcance de la prescripción y su delimitación vuelven a ser analizados en sede del Tribunal Supremo, en concreto en su sentencia de 4 de julio de 2014, esta vez en el entorno de la figura del fraude de ley, pronunciamiento en el que el Tribunal se reafirma en su doctrina anterior, puesta de manifiesto en recurrentes sentencias de finales del año pasado.

 La sentencia recurrida en los autos, sentencia de la Audiencia Nacional,  de 24 de enero de 2013, recurso nº 440/2009 señaló en su momento -y el propio Tribunal Supremo se suma casi con la misma literalidad a sus palabras- que en el ámbito de la comprobación de una liquidación relativa un ejercicio no prescrito no se pueden declarar realizados en fraude de ley una serie de negocios jurídicos realizados en un ejercicio prescrito, cuyas magnitudes han adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción, ejercicio que por otro lado no fue objeto de comprobación alguna por la Administración.

Con la sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de mayo de 2014, se pone punto y final al procedimiento judicial abierto por uno de los colegios profesionales de nuestro país relacionados con el mundo tributario, que consiguió remover al Alto Tribunal en el sentido de que este planteara la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el grueso de la regulación que de las operaciones vinculadas introdujo el RD 1793/2008 en el RD 1777/2004 (Rgto IS) -STC de 11 de julio de 2013-, la cual se desestimó en su totalidad.

• El principio de confianza legítima en la norma que contiene una ayuda de Estado no exime de la devolución del crédito tributario indebidamente disfrutado
• El empleado de la entidad contratada para el asesoramiento fiscal no es responsable extracontractual por el asesoramiento defectuoso
• La Administración puede y debe comprobar, en cualquier fase administrativa, si concurre duplicidad en el pago de la deuda tributaria y proceder a la íntegra regularización del sujeto pasivo
• La mala relación de vecindad no es una circunstancia que necesariamente exija el cambio de domicilio

La facultad que concede la Sexta Directiva -art. 17.5.c)- (Sistema Común del IVA: Base imponible uniforme) a los Estados miembros para intervenir en la determinación particular, para cada sujeto pasivo, de su regla de prorrata no es un facultad sin límites, como pone de manifiesto la recién publicada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 10 de julio de 2014, sino que se encuentra limitada por los principios informadores del sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido -básicamente por el principio de neutralidad-.

Acaba de ser publicada la sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de mayo de 2014, pronunciamiento de indudable interés por cuanto es exponente de un exigente criterio en lo que tiene que ver con el momento temporal en que debe entenderse iniciada una actividad a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

• No hay vuelta atrás en lo que tiene que ver con la desimposición de las operaciones societarias
• El suelo susceptible de ser urbanizado pero que necesita de instrumento urbanístico de desarrollo no es suelo urbano a efectos catastrales
• El Tribunal Supremo aclara cuándo procede la aplicación del recargo ejecutivo y descarta su naturaleza sancionadora
• La AN insiste en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger el principio de confianza legítima en el actuar de la Administración
• Cabe la aplicación retroactiva de la norma que permite la prestación de la conformidad con la sanción por parte del responsable tributario

• La venta de tarjetas de descuento que permiten ventajas comerciales en los establecimientos adheridos no es una operación financiera exenta del IVA
• No cabe utilizar la figura de la subvención para minorar la cuota líquida del IBI
• El fallecimiento del administrador impide que aclare las anomalías contables y abre la puerta a la procedencia de la estimación indirecta
• No especificar la causa de la demora en la realización de una diligencia, sólo hace imputable el retraso a la Administración