Jurisprudencia

Del Tribunal Constitucional, merece especial atención su Sentencia de 22 de diciembre de 2008, que considera que se ha vulnerado el derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa al rechazar el órgano judicial, sin motivarlo adecuadamente, la petición del recibimiento a prueba efectuada por un contribuyente cuando la cuestión debatida en el proceso contencioso-administrativo se limitaba a una cuestión esencialmente probatoria, determinar si dicho contribuyente residió o no de manera habitual en una vivienda (sentencia publicada en Normace

Dos sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2008, respecto a la retribución de los administradores y consejeros señalan que el pago de una asignación fija a los consejeros, prevista en los estatutos sin indicar cuantía, no es deducible y continua diciendo que la retribución a los administradores debe estar fijada en los estatutos, y no cabe que sean fijadas por acuerdo de la Junta General. Los estatutos deben fijar con certeza el sistema retributivo. Si el sistema es variable no basta establecer un límite máximo, sino el porcentaje que corresponda.

El Auto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 27 de noviembre de 2008, respecto a la compatibilidad entre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con el Impuesto sobre el Valor Añadido, resuelve que el art.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 17 de noviembre de 2008, referida a la suspensión del plazo para la interposición del recurso de amparo constitucional declara la validez de la interposición del escrito del recurso contencioso-administrativo en un Juzgado de Guardia el último día del plazo establecido para ello.

Así lo expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 10 de julio de 2008, sobre aplicación del mínimo por descendientes en el IRPF en una situación en la que es patente que existe un régimen de visitas muy amplio en favor del contribuyente, pasando su hijo periodos extensos en su compañía, con la inherente obligación de alimentarle durante los mismos, asumiendo éste, además, buena parte de la carga alimenticia del menor en épocas en las que no le tiene consigo, como deber directamente vinculado al ejercicio de la patria potestad.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 29 de septiembre de 2008, resuelve sobre el cómputo del plazo de caducidad del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA cuando existe una regularización, no habiendo presentado los obligados sus declaraciones por considerar, aunque erróneamente, que no eran sujetos pasivos.

Es de gran interés la sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de septiembre de 2008, en la que se advierte que la responsabilidad del administrador no puede entenderse en los supuestos de cese en la actividad de la entidad de forma objetiva, ya que dicha responsabilidad no puede derivar sólo de la existencia de unas deudas tributarias, sino que la misma tiene su fundamento en la conducta al menos negligente del administrador, que omite la diligencia precisa para poner a la sociedad en condición de cumplir las obligaciones tributarias pendientes y, en su caso, llevar a efect

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de mayo de 2008, entiende que no se puede apreciar la existencia ni tan siquiera de simple negligencia en los recurrentes, ya que para cumplir con sus obligaciones tributarias contrataron un asesor fiscal, en el que lógicamente confiaban, y que les presentaba a la firma las distintas declaraciones tributarias que debían efectuar.

Sentencia de 30 de junio de 2008.

Así se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2008. Al igual que ya había hecho con el supuesto de retenciones sobre rendimientos del trabajo, de nuevo el Tribunal Supremo, en este caso con ocasión de las retenciones sobre rendimientos de actividades profesionales, reafirma la imposibilidad de exigir el cumplimiento económico de la obligación de retener cuando la obligación de pago de la obligación principal se ha cumplido por parte de quien debió ser objeto de retención.