Jurisprudencia

La Audiencia Nacional confirma la aplicación del margen neto correspondiente al cuartil por encima de la media de la muestra de comparables ya que la entidad asumió la gestión global estratégica del negocio en España

En la sentencia de 26 de febrero de 2018 de la Audiencia Nacional se aborda la validez de la valoración efectuada por la Administración de la comisión que recibe una filial española de un grupo software informático en concepto de marketing y apoyo en la distribución de productos.

La Administración seleccionó empresas comparables para determinar el margen neto sobre las ventas y consideró que correspondía la aplicación del cuartil por encima de la media teniendo en cuenta que la entidad asumió la gestión global estratégica del negocio en España.

El Tribunal da la razón a la Administración pues la actividad de la filial española es más amplia y extensa en funciones y riesgos que la de que de forma estándar llevan a cabo las empresas del sector.

La valoración cuestionada es la efectuada por la Administración de los ingresos derivados de los "servicios de marketing y distribución de productos Microsoft" que establecidos mediante un contrato de comisión suscrito con la entidad residente en Irlanda MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED (MIOL), denominado en inglés "Amended and restated market development Agreement", con traducción al castellano "Acuerdo de desarrollo de mercado enmendado y replanteado", en vigor desde el 1 de julio de 2003, que regulaba las condiciones en que MICROSOFT IBÉRICA (MS) proporcionaba a MIOL servicios de marketing y apoyo para los Productos Microsoft en el territorio de España, Andorra y Gibraltar

• No es anticomunitario ajustar las operaciones vinculadas con entidades no establecidas a precio de mercado, cuando esa obligación no se exige a nivel interno
• El pago de una deuda tributaria prescrita realizado para beneficiarse de la excusa absolutoria no es un ingreso reclamable con posterioridad
• El arrendamiento de bienes inmuebles es actividad económica, aunque la entidad no disponga de local y empleado, si la matriz cumple esos requisitos
• Un Ayuntamiento no puede establecer una bonificación social en el IBI si no está prevista en la Ley de Haciendas Locales
• Para exigir la tasa por la colocación de mercadillos en vías públicas no basta con que se trate de un terreno de dominio publico
• Los controles de la CNMV avalan el valor de tasación de un inmueble vendido por un Fondo cuya gestión está intervenida por esta Comisión

Se trata de un “peaje” que no deben pagar los administrados para poder impetrar la tutela judicial efectiva

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2018 “rompe moldes” en lo que a tutela judicial efectiva se refiere, situándose en una posición muy abierta en lo que a la satisfacción procesal de los administrados se refiere.

La normativa aplicable en materia de tributación local regula un recurso de reposición obligatorio –art. 14.2 RDLeg. 2/2004 (TRLHL)-, requisito sin el cual el contribuyente/justiciable no tiene acceso a la Administración de justicia como vía institucional de resolución de conflictos.

Y esa realidad jurídica no es puesta en entredicho por la sentencia que, como expresamente señala, no inaplica ni anula lo previsto en el art. 25.1 Ley 29/1998 (LJCA) cuando sólo permite el acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa a los actos que ponen fin a la vía administrativa.

• El principio de neutralidad del IVA disculpa hasta no optar por un régimen especial en su debido momento
• A la vista interpretación del Supremo sobre si las sociedades de profesionales responden a una simulación con fines tributarios
• El Supremo decidirá si cuando se regulariza una operación vinculada, la Administración debe practicar un ajuste bilateral
• ¿Para mantener la suspensión concedida en vía administrativa vale con el traslado al representante del Estado en la pieza separada de suspensión en vía C-A o hay que comunicar expresamente el recurso/solicitud de suspensión a la Administración tributaria?
• No son deducibles los intereses de un préstamo participativo que cubre el patrimonio neto negativo generado por una compra de acciones
• La reinversión de beneficios extraordinarios se produce con la puesta a disposición del bien reinvertido
• Sociedades patrimoniales y beneficios procedentes de actividades económicas
• Es deducible la adquisición de participaciones en una entidad extranjera justificada por la exigencia de que para operar en ese país se constituya una sociedad en el mismo
• No procede la devolución del ITP y AJD si no se lleva a cabo el acuerdo societario acordado
• No procede la sanción por incumplimiento de la documentación de operaciones vinculadas si la Administración pudo comprobar y considerar correctos los valores declarados

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 19 de abril de 2018, nos “regala” una vez más un novedoso pronunciamiento, por el tema de fondo, y de marcado sentido pro contribuyente, como a veces acostumbra, que tiene como telón de fondo defectos de notificación y que se hace notorio gracias a capturas de pantalla realizadas por parte del contribuyente.

Los hechos se resumen en que un contribuyente –por demás, obligado a comunicarse con la Agencia Tributaria a través de medios electrónicos-, guiado por la información contradictoria que le llegó de las dos notificaciones que recibió sobre la misma liquidación y por la información que la Agencia Tributaria subió a su sede electrónica, presentó recurso de reposición que fue considerado extemporáneo.

• Establecer umbrales distintos para castigar con penas privativas de libertad el fraude por IVA y por renta respeta los principios comunitarios
• La exclusión de la caducidad en los procedimientos de gestión tributaria que establecía la NF General Tributaria de Bizkaia ha sido declarada nula por el Supremo
• El Supremo fijará jurisprudencia sobre el método para valorar las operaciones de las sociedades de profesionales con sus socios
• El Supremo aclarará cuándo la actividad debe ser la principal fuente de renta del heredero para la exención del ISD
• Si el cliente del asesor fiscal conoce la ilicitud de su gestión, no procede declarar responsabilidad contractual ni indemnización de la aseguradora
• El órgano administrativo que dictó el acto recurrido puede modificarlo antes de remitirlo al tribunal pero no puede sustituir liquidaciones anuales por trimestrales
• Es nulo de pleno derecho exigir la cuenta bancaria de todos los cotitulares de un inmueble para la división del IBI
• Si se aportan los bienes donados a una mercantil se pierde el derecho a la reducción en el ISD
• Efectos de la sentencia del TS sobre los terrenos que deben calificarse como rústicos
• La solicitud de modificación de la licencia de obra impide tener por prescrita la acción liquidatoria del ICIO de la Administración

El acceso al “recurso” quedaría huérfano de no poder acceder al origen de la reclamación que se eleva contra él y su derecho constitucional a la prueba resultaría absolutamente lesionado

La sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de abril de 2018, recoge la idea -al igual que ya hiciera con anterioridad en la de 13 de marzo de 2018 - de que el art. 174.5 Ley 58/2003 (LGT) regula un procedimiento autónomo, distinto del que dio lugar a los acuerdos relativos al deudor principal, y que, por ello, otorga al responsable plenas facultades de impugnación respecto del presupuesto de hecho habilitante y las liquidaciones giradas en su momento al deudor principal, facultades que no quedan, por otro lado, excepcionadas o pueden limitarse por la circunstancia de ser -el declarado responsable- administrador de la sociedad cuando aquellas liquidaciones o acuerdos fueron adoptados o cuando tuvieron lugar las infracciones que dieron lugar a las sanciones tributarias correspondientes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha despejado las dudas que el Tribunal Supremo se planteó al respecto de si constituían o no una ayuda de Estado y si lesionaban o no la libertad de establecimiento

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado el 26 de abril de 2018, tres sentencias al respecto de esta cuestión, en respuesta a las peticiones de decisión prejudicial que le fueron planteadas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de las normas autonómicas catalana, asturiana y aragonesa que habían desarrollado como tributo propio un impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales tienen legitimidad comunitaria.

• Una inspección fiscal sobre IVA, preclusiva por Derecho interno, no puede impedir el derecho a deducción con base en incumplimientos formales subsanables
• Planteado ante el Supremo el análisis del carácter interruptivo de la prescripción de las declaraciones resumen
• El Supremo dirimirá si hacer inventario del activo de la sociedad es una exigencia ineludible para calcular TPO cuando las transmisiones de valores no están exentas según el art. 108 LMV
• Ante la dispersión jurisprudencial, pendiente de fijarse criterio en el Supremo sobre la imputación temporal de las ganancias patrimoniales no justificadas
• El Supremo resolverá si antes de la Ley 2/2010 procedía aplicar nuestro régimen interno de tributación a las IIC residentes en otros Estados de la UE
• La AN se replantea su criterio sobre la liquidación de pérdidas en el Impuesto sobre la Electricidad cuando el contribuyente carece del CAE
• La Administración debió comprobar los valores declarados y no acudir a la verificación de datos si quería otorgar valoraciones distintas
• La Agencia Pública de Puertos de Andalucía debe abonar el IBI como sustituta del contribuyente
• El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción retorna a su criterio tradicional de que se puede derivar responsabilidad tributaria a los administradores concursales sin necesidad de esperar a la conclusión del procedimiento concursal

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que  los pagos por capacidad forman parte de la base imponible del IVPEE, cuya regulación no resulta contraria ni al Derecho comunitario ni a nuestro ordenamiento interno.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 15 de diciembre de 2017 considera que los pagos por capacidad forman parte de la base imponible del IVPEE, cuya regulación no resulta contraria ni al Derecho comunitario ni a nuestro ordenamiento interno. La exclusión de la base imponible del IVPEE de los pagos por capacidad no puede ser aceptada, y ello por cuanto contradice abiertamente los designios del legislador, así, aun cuando la puesta a disposición del operador del sistema de toda o parte de la potencia de las instalaciones de producción (incentivo de disponibilidad) o de determinada potencia instalada mediante la puesta en marcha de la instalación de generación (incentivo de inversión), no es en puridad «actividad de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica» (hecho imponible), los pagos por capacidad son uno de los conceptos retributivos de la actividad de producción que deben integrar la base imponible del Impuesto por disponerlo así la Ley 24/2013 (Sector Eléctrico).

Por otro lado, La propuesta actora de deducir de los ingresos, el coste financiero asumido por impago de otros sujetos y posponer su inclusión en la base imponible del IVPEE a resultas de la recapturación del importe una vez producido el cobro de las cantidades adeudadas por los operadores morosos, carece de refrendo normativo, habida cuenta que conforme el art. 7 de la NF 6/2014, la base imponible del IPVEE se integra con el importe total de las retribuciones derivadas de la producción e incorporación de energía previstas en la Ley 24/2013 (Sector Eléctrico), previendo este texto legal el mecanismo de recuperación de las aportaciones obligatorias por los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema eléctrico.