Jurisprudencia

El Tribunal Supremo declara inembargable el saldo procedente de anteriores mensualidades de sueldos, salarios o pensiones consideradas inembargable, aunque no haya sido consumido y se vaya acumulando en la cuenta bancaria

El Tribunal Supremo declara inembargable el saldo procedente de anteriores mensualidades de sueldos, salarios o pensiones consideradas inembargable, aunque no haya sido consumido y se vaya acumulando en la cuenta bancaria. Imagen de un billete de 10 euros rodeado de clips

El Tribunal Supremo establece que el saldo acumulado en una cuenta bancaria procedente de pensiones, sueldos o salarios inembargables mantiene su protección frente al embargo, aunque corresponda a mensualidades anteriores y no haya sido consumido, siempre que no existan ingresos procedentes de otras fuentes.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 936/2026, de 20 de julio de 2026, con nº recurso 2180/2024, analiza si, en una cuenta bancaria en la que se ingresan habitualmente sueldos, salarios o pensiones, el saldo existente en el momento de practicarse un embargo puede ser embargado íntegramente, una vez descontado el último ingreso correspondiente a dichas percepciones, cuando el resto del saldo procede de mensualidades anteriores. El Organismo de Gestión Tributaria sostiene que el dinero acumulado de meses anteriores constituye ahorro y, por tanto, es plenamente embargable. A su juicio, el art. 171.3 de la LGT establece una regla temporal específica al disponer que, a estos efectos, se considera sueldo, salario o pensión el importe ingresado en la cuenta en el mes en que se practica el embargo o, en su defecto, en el mes anterior. Por ello, entiende que las cantidades que permanecen en la cuenta una vez transcurrido ese periodo pierden la protección propia de las percepciones inembargables y pasan a constituir dinero susceptible de embargo.

Una “comunicación de pago de devolución” de la AEAT puede ser objeto de reclamación económico-administrativa por el contribuyente, si la Administración aplica una deducción sobre la cuantía por hacer efectivo un embargo

Una “comunicación de pago de devolución” de la AEAT puede ser objeto de reclamación económico-administrativa por el contribuyente, si la Administración aplica una deducción sobre la cuantía por hacer efectivo un embargo. Imagen de montoncitos de monedas frente a un edificio con reloj

Tribunal Supremo: la comunicación de pago de una devolución tributaria en la que la AEAT aplica una deducción por la ejecución de un embargo judicial constituye un acto susceptible de reclamación económico-administrativa, aunque no pueda cuestionarse la legalidad de la orden judicial, debiendo la Administración justificar su ejecución y explicar su incidencia sobre el crédito reconocido al contribuyente.

En la sentencia nº 985/2026, de 23 de julio de 2026, con nº recurso 5853/2024, el Tribunal Supremo analiza si la denominada «comunicación de pago de devolución» emitida por la AEAT puede ser objeto de reclamación económico-administrativa cuando, en realidad, la Administración aplica una deducción o retención sobre una cantidad que había sido reconocida a favor del contribuyente.

La AEAT sí había reconocido que la empresa tenía derecho a recibir una determinada cantidad en concepto de devolución. Es decir, existía un crédito a favor de la empresa frente a la AEAT. Pero cuando llega el momento de hacer efectivo ese crédito, aparece una orden judicial de embargo sobre cantidades que debieran percibirse a favor de la empresa. Por ello, la AEAT, en lugar de entregarle el dinero, retiene o aplica la cantidad a favor del órgano que había ordenado el embargo.

La Audiencia Nacional considera que la falta de acreditación del incremento del precio no basta para aplicar la agravante de ocultación

La Audiencia Nacional considera que la falta de acreditación del incremento del precio no basta para aplicar la agravante de ocultación

La falta de acreditación del incremento del precio puede justificar que la Administración rechace la deducción pretendida, pero no permite, por sí sola, apreciar la existencia de ocultación. La Sala distingue así entre no haber conseguido probar un hecho necesario para la deducción y haber ocultado datos relevantes a la Administración tributaria. Por ello, considera que los mismos hechos que justifican la regularización no pueden utilizarse nuevamente para aplicar la circunstancia agravante de ocultación, al no haberse acreditado que la entidad hubiera omitido información relevante frente a la Administración.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 623/2026, de 22 de mayo de 2026, con n.º de recurso 492/2021, resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución del TEAC relativa al Impuesto sobre Sociedades, en el que se plantean, entre otras cuestiones, la deducibilidad de determinados gastos, la realidad de las operaciones facturadas, la carga de la prueba y la procedencia de las sanciones tributarias.

IP exención de participaciones en entidades: improcedencia de exigir al contribuyente el ejercicio personal de las funciones de dirección cuando estas son desempeñadas por su cónyuge

IP exención de participaciones en entidades: improcedencia de exigir al contribuyente el ejercicio personal de las funciones de dirección cuando estas son desempeñadas por su cónyuge

Se considera ajustado a Derecho que el procedimiento de comprobación limitada del IP se extienda a los inmuebles y cuentas bancarias de la contribuyente cuando su alcance comprende la determinación de la composición y cuantificación de su patrimonio. Asimismo, se reconoce el derecho a la exención en el IP por las participaciones en una entidad cuando se supera el porcentaje mínimo exigido y las funciones de dirección y la remuneración correspondiente son ejercidas por el cónyuge.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia n.º 1758/2026, de 20 de julio de 2026, con n.º de recurso 564/2022, analiza la procedencia de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio por la participación en entidades, así como el alcance de un procedimiento de comprobación limitada iniciado para determinar la composición y cuantificación del patrimonio de la contribuyente y verificar la procedencia de dicha exención.

La falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una entrada y registro exige examinar la posible vulneración de la inviolabilidad del domicilio y tramitar la nulidad de pleno derecho

La falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una entrada y registro exige examinar la posible vulneración de la inviolabilidad del domicilio y tramitar la nulidad de pleno derecho

La anulación de la autorización judicial de entrada y registro por falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida obliga a examinar la posible lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, por lo que la solicitud de nulidad de pleno derecho no debió ser inadmitida y debe tramitarse el expediente para resolver sobre el fondo.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 319/2026, de 4 de junio de 2026, con n.º de recurso 55/2025, analiza si la anulación de la autorización judicial de entrada y registro puede afectar a las actuaciones inspectoras realizadas al amparo de esta y si, por ello, procedía admitir la solicitud de nulidad de pleno derecho planteada al amparo del art. 217.1.a) LGT.

Insuficiencia de una motivación global para excluir la reducción por adquisición de explotaciones agrarias en el ISD respecto de distintos sucesores y fincas adquiridas

Insuficiencia de una motivación global para excluir la reducción por adquisición de explotaciones agrarias en el ISD respecto de distintos sucesores y fincas adquiridas

La sentencia considera insuficiente la motivación de la liquidación para excluir determinadas fincas de la reducción, al establecer una explicación global sin concretar las fincas adquiridas por cada sucesor ni las razones que justifican la exclusión en cada caso. Asimismo, otorga relevancia al acta de inspección de la AEAT firmada en conformidad frente al mero dato formal del alta del causante en el IAE.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sentencia n.º 1611/2026, de 3 de julio de 2026, con n.º de recurso 900/2022, analiza la procedencia de la reducción autonómica del 99% en el ISD por adquisición de explotaciones agrarias, atendiendo tanto al ejercicio efectivo de la actividad agrícola por el causante como a la suficiencia de la motivación de la liquidación para excluir determinadas fincas de la reducción respecto de los distintos sucesores.

Improcedencia de la devolución de ingresos indebidos por falta de acreditación de la efectiva repercusión e ingreso de las cuotas en el Tesoro, pese a la condena penal por estafa

Improcedencia de la devolución de ingresos indebidos por falta de acreditación de la efectiva repercusión e ingreso de las cuotas en el Tesoro, pese a la condena penal por estafa. Imagen de un hombre sentado en un escritorio con billetes y con unas esposas puestas en sus muñecas

El Tribunal Supremo rechaza la devolución de las cuotas como ingresos indebidos al no acreditarse su efectiva repercusión e ingreso en el Tesoro, sin que la condena penal por estafa permita considerar anuladas las operaciones a efectos tributarios.

Esta sentencia del Tribunal Supremo, nº 894/2026, de 14 de julio de 2026, con nº recurso 349/2024, tiene su origen en la solicitud formulada por varios clientes de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. para obtener la devolución del IVA correspondiente a los ejercicios 1998 a 2005, que consideraban indebidamente ingresado como consecuencia de las operaciones realizadas por la entidad. En el procedimiento concursal de Afinsa, los posibles derechos de crédito frente a la AEAT por devoluciones de IVA fueron inicialmente incluidos en el activo del concurso. Sin embargo, posteriormente fueron excluidos al considerar el Juzgado de lo Mercantil que los contratos celebrados con los clientes constituían compraventas de sellos válidas y eficaces y, por tanto, sujetas al IVA.

Nulidad de la resolución por defectuosa delimitación del objeto del procedimiento especial de revisión

Nulidad de la resolución por defectuosa delimitación del objeto del procedimiento especial de revisión

La resolución administrativa incurre en una defectuosa delimitación del objeto del procedimiento de revisión al no dar respuesta expresa y congruente a la totalidad de las actuaciones cuya revisión fue interesada.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 503/2026, de 24 de julio de 2026, con n.º de recurso 94/2025, analiza si la Administración identificó correctamente el objeto de la solicitud de revisión y si la resolución administrativa impugnada dio respuesta a la pretensión efectivamente ejercitada, en particular, a los diversos acuerdos de derivación de responsabilidad subsidiaria y a las actuaciones recaudatorias derivadas de los mismos, así como las consecuencias de haber reconducido el procedimiento especial de revisión al examen de una concreta derivación de responsabilidad, sin respuesta administrativa expresa y congruente respecto de la totalidad de las actuaciones cuya revisión fue interesada.

La cesión gratuita a un empleado para uso particular de un vehículo afectado en un 50% a la actividad empresarial no está sujeta al IVA, aunque la empresa hubiera deducido en ese mismo porcentaje el IVA soportado por el renting

La cesión gratuita a un empleado para uso particular de un vehículo afectado en un 50% a la actividad empresarial no está sujeta al IVA, aunque la empresa hubiera deducido en ese mismo porcentaje el IVA soportado por el renting. Imagen de un ejecutivo que va a coger un coche

El Tribunal Supremo avala las restricciones a la deducción del IVA por gastos de espectáculos y atenciones a clientes, asalariados y terceros al amparo de la cláusula standstill, y declara no sujeta la cesión gratuita para uso particular de vehículos de empresa cuando no existe contraprestación del empleado y la deducción del IVA soportado se limita al 50% de afectación empresarial.

Exclusión de la deducción del IVA en gastos de representación y espectáculos

En la sentencia del Tribunal Supremo, nº 889/2026, de 13 de julio de 2026, con nº recurso 5250/2022, se analiza, en primer lugar, la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de las limitaciones establecidas en el art. 96.Uno.4.º y 5.º de la LIVA, que excluyen la deducción del IVA soportado por espectáculos y servicios de carácter recreativo y por bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas. Randstad España sostiene que esta exclusión absoluta e incondicionada vulnera el principio de neutralidad del IVA, al impedir la deducción incluso cuando el gasto está directamente vinculado con la actividad empresarial. Asimismo, cuestiona que dichas restricciones puedan quedar amparadas por la cláusula standstill del art. 176, párrafo segundo, de la Directiva del IVA.

Las cuotas del RETA satisfechas por la sociedad en beneficio de su administrador constituyen retribución en especie y gasto deducible del trabajo

Las cuotas del RETA satisfechas por la sociedad en beneficio de su administrador constituyen retribución en especie y gasto deducible del trabajo

La alegación de que los pagos respondían a un préstamo entre la sociedad y el administrador no fue acreditada suficientemente, especialmente al no probarse posteriormente su devolución.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 470/2026, de 28 de julio, Recurso núm. 152/2024 se pronuncia sobre el tratamiento fiscal de las cuotas del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) satisfechas por una sociedad respecto de su socio y administrador correspondientes al IRPF del ejercicio 2019. La Administración entendió que dichas cuotas tienen la consideración de retribución en especie para el administrador que deben integrarse como rendimiento íntegro del trabajo, aunque, al mismo tiempo, las propias cotizaciones tengan la consideración de gasto deducible para determinar el rendimiento neto del trabajo. La AETA consideró que el contribuyente no había acreditado que hubiese sido él quien hubiera satisfecho directamente las cuotas. Por el contrario, de la documentación aportada se desprendía que era la sociedad en cuestión la que soportaba mediante domiciliación bancaria los recibos correspondientes al pago de los autónomos.

Páginas