Jurisprudencia

Acreditada la residencia fiscal en España de un expatriado con certificado fiscal británico dado que el núcleo de sus intereses económicos está en nuestro país

Acreditada la residencia fiscal en España de un expatriado con certificado fiscal británico dado que el núcleo de sus intereses económicos está en nuestro país

La existencia de un certificado de residencia fiscal británico no resulta suficiente para atribuir la residencia convencional a Reino Unido. Al existir viviendas permanentes en ambos Estados, el Tribunal aplica el criterio del centro de intereses vitales del artículo 4.2 del Convenio y concluye que este se encontraba en España por la mayor concentración de patrimonio, rentas y relaciones económicas.

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 449/2026, de 22 de julio, rec. núm. n.º 105/2024, que estudia la regularización del IRPF 2017 y 2018 al actor, un empresario que había declarado su residencia fiscal en España hasta 2014. A partir de ese momento dejó de presentar declaraciones de IRPF o IRNR en España, al considerar que había trasladado su residencia fiscal al Reino Unido. En 2015 presentó el modelo 030 comunicando dicho cambio. Aunque la Inspección no pudo acreditar que hubiera permanecido en territorio español más de 183 días, entendió que concurría el segundo criterio del artículo 9.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), esto es, en España radicaba el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

La responsabilidad patrimonial no puede sustituir al procedimiento de devolución de ingresos indebidos

La responsabilidad patrimonial no puede sustituir al procedimiento de devolución de ingresos indebidos

La responsabilidad patrimonial de la Administración no puede utilizarse como vía alternativa para obtener una devolución de ingresos indebidos cuando el ordenamiento establece un procedimiento específico para determinar su procedencia y la resolución administrativa firme condicionó expresamente la devolución a la previa comprobación de determinados requisitos.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 430/2026, de 4 de junio de 2026, con n.º de recurso 2384/2021, analiza si los perjuicios alegados por la falta de materialización de una eventual devolución tributaria pueden reclamarse mediante una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración.

La Audiencia Nacional delimita el tratamiento fiscal del fondo de comercio, las ayudas de Estado, las operaciones de cobertura y las retribuciones de administradores

La Audiencia Nacional delimita el tratamiento fiscal del fondo de comercio, las ayudas de Estado, las operaciones de cobertura y las retribuciones de administradores

La pérdida de objeto de un procedimiento de recuperación de ayudas de Estado no determina la invalidez de una liquidación tributaria cuando ambos acuerdos tienen carácter complementario. La comprobación de un ejercicio no impide que la Administración examine en ejercicios posteriores los elementos que integran el fondo de comercio, y las retribuciones de los administradores son fiscalmente deducibles cuando el gasto está acreditado, contabilizado y correlacionado con los ingresos, sin que el incumplimiento de determinadas formalidades mercantiles determine por sí solo su no deducibilidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2026, con n.º de recurso 730/2020, resuelve un recurso en materia del Impuesto sobre Sociedades dirigido contra una regularización tributaria en la que se plantean distintas cuestiones relacionadas con la recuperación de ayudas de Estado, la amortización del fondo de comercio, la determinación de su valor y composición, determinadas operaciones de cobertura y la deducibilidad de las retribuciones satisfechas a los administradores.

Selección de jurisprudencia. Septiembre 2026 (1.ª quincena)

Selección de jurisprudencia. Septiembre 2026 (1.ª quincena). Imagen de maza de juez sobre mesa de madera de sala de juntas

TJUE

TGUE

TS

AN

TSJ

Regularización simultánea de operaciones vinculadas mediante liquidaciones provisionales sin necesidad de esperar a la firmeza de la valoración a valor de mercado

Regularización simultánea de operaciones vinculadas mediante liquidaciones provisionales sin necesidad de esperar a la firmeza de la valoración a valor de mercado

La Audiencia Nacional declara que la Administración tributaria puede regularizar de forma simultánea a las partes vinculadas mediante liquidaciones provisionales, sin necesidad de esperar a que adquiera firmeza la valoración practicada en el procedimiento seguido frente a la otra parte vinculada. La valoración efectuada respecto de una de las partes produce efectos en la regularización de la otra, sin perjuicio del resultado definitivo de aquella.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 285/2026, de 18 de junio de 2026, con n.º de recurso 2127/2021, resuelve la impugnación de una regularización en el IRPF y de la sanción derivada de la misma, en la que se cuestionan la valoración de una operación vinculada, la imputación de los rendimientos derivados de dicha operación, la deducibilidad de determinados gastos, el tratamiento fiscal de una reducción de capital, las dilaciones producidas durante el procedimiento inspector y la procedencia de la sanción tributaria.

No se admite la exención por reinversión en vivienda habitual cuando se tiene la nuda propiedad

No se admite la exención por reinversión en vivienda habitual cuando se tiene la nuda propiedad

Para declarar exenta la ganancia originada por la transmisión de la vivienda habitual el contribuyente debe haber ostentado durante el período exigido de al menos los tres años anteriores el pleno dominio de la vivienda

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia núm. 6825/2026, de 24 de julio, rec. núm. 1012/2026, donde el actor había transmitido unos inmuebles de los que era nudo propietario y había adquirido otra vivienda también como nudo propietario, mientras sus padres conservaban el usufructo vitalicio. Por ello, y dado que vivienda en la vivienda transmitida, pretendía aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual. El Tribunal desestima las pretensiones principales del contribuyente, y añado yo, por la rigidez del concepto de vivienda que se viene arrastrando desde la extinta deducción por inversión en vivienda habitual.

La transmisión de la nuda propiedad no genera una ganancia patrimonial cuando existe un usufructo con facultad de disposición y el usufructuario es quien vende y cobra íntegramente el precio

La transmisión de la nuda propiedad no genera una ganancia patrimonial cuando existe un usufructo con facultad de disposición y el usufructuario es quien vende y cobra íntegramente el precio

El TSJ de Madrid resuelve que la transmisión no generó una ganancia patrimonial para el nudo propietario porque el ejercicio de la facultad de disposición por el usufructuario supuso, a efectos prácticos, consolidar la plena propiedad del bien, sin obligación de compensarle

Esto es lo que resuelve la STSJ de Madrid 378/2026, de 17 de junio de 2026, recurso 990/2023, que tiene su origen en no haber declarado la ganancia obtenida por la transmisión del 50% de la nuda propiedad de los inmuebles en Madrid. La contribuyente y su hermana eran titulares, cada una, del 50 % de la nuda propiedad de unos inmuebles. Su padre tenía un usufructo vitalicio con facultad de disposición. Los inmuebles se adjudicaron por fallecimiento de la madre y esposa en 2015. En 2020 el padre ejercitó su facultad de disposición y vendió los inmuebles y las hijas simplemente consintieron y ratificaron la venta. La Oficina Gestora consideró que la hija había transmitido su 50 % de nuda propiedad y le imputó una ganancia patrimonial en el IRPF.

La ausencia de local y empleado no impide considerar una actividad económica de arrendamiento a efectos de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el IS

La ausencia de local y empleado no impide considerar una actividad económica de arrendamiento a efectos de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el IS

La existencia de una actividad económica de arrendamiento de inmuebles no puede negarse atendiendo exclusivamente a su reducida dimensión o a la ausencia de los requisitos de local y empleado del art. 27.2 de la LIRPF, cuando el conjunto de las circunstancias acredita una efectiva ordenación de medios para intervenir en el mercado.

La Audiencia Nacional, en su sentencia n.º 618/2026, de 29 de junio de 2026, con n.º de recurso 1766/2021, analiza la consideración del arrendamiento de inmuebles como actividad económica a efectos del Impuesto sobre Sociedades y su incidencia en la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. La Sala concluye que la existencia de una actividad económica no puede descartarse exclusivamente por la reducida dimensión de la actividad ni por el incumplimiento de los requisitos formales previstos en el art. 27.2 de la LIRPF.

Se exige la visita personal del perito en la comprobación de valores y se rechaza que los datos catastrales y Google Maps puedan sustituir, por sí solos, la inspección del inmueble

Se exige la visita personal del perito en la comprobación de valores y se rechaza que los datos catastrales y Google Maps puedan sustituir, por sí solos, la inspección del inmueble. Imagen de un hombre mirando una casa para su venta

El Tribunal Supremo anula una comprobación de valores del ITPAJD al considerar insuficientemente motivada la ausencia de visita personal del perito, reafirmando que la inspección directa del exterior e interior del inmueble constituye la regla general y que solo puede prescindirse excepcionalmente de ella mediante una justificación individualizada, racional y suficiente basada en datos objetivos y contrastados, sin que la información catastral, los planos, las ortofotografías o las imágenes de Google Maps permitan sustituir por sí solos la valoración pericial singularizada.

La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2026, con nº sentencia 923/2026 y con nº recurso 6851/2024 analiza la validez de una comprobación de valores realizada por la Administración mediante dictamen de peritos, en el marco del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). El contribuyente adquirió una vivienda y una plaza de garaje, pero la Administración tributaria elevó el valor de los inmuebles, practicando una liquidación, intereses incluidos. El contribuyente impugnó la valoración al considerar que no estaba suficientemente motivada, fundamentalmente porque la perito de la Administración no había realizado una visita personal al inmueble.

El Tribunal Supremo diferencia entre inspección y regularización catastral y fija en 18 meses el plazo máximo de duración de la inspección catastral, sin que su incumplimiento determine la caducidad del procedimiento

El Tribunal Supremo diferencia entre inspección y regularización catastral y fija en 18 meses el plazo máximo de duración de la inspección catastral, sin que su incumplimiento determine la caducidad del procedimiento. Imagen de un plano de un edificio modificandolo el arquitecto

El Tribunal Supremo establece que el procedimiento de inspección catastral destinado a regularizar la descripción de un inmueble debe someterse al plazo máximo de 18 meses previsto en el art. 150.1 de la LGT, aplicable supletoriamente conforme al art. 19 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y no al plazo de seis meses propio del procedimiento específico de regularización catastral, cuyo vencimiento sí determina la caducidad, de modo que la superación del plazo inspector no provoca la caducidad del procedimiento.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 961/2026, de 21 de julio de 2026, con nº recurso 2385/2024, el régimen temporal aplicable a los procedimientos de inspección catastral destinados a modificar o regularizar la descripción de un inmueble. El litigio parte de las actuaciones realizadas por la Gerencia Territorial del Catastro de Almería respecto de un inmueble, que culminaron con una modificación de su descripción catastral y la fijación de un nuevo valor catastral. La entidad propietaria recurrió la actuación alegando, entre otras cuestiones, que el procedimiento había excedido el plazo máximo legalmente establecido y, por tanto, debía declararse caducado.

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