Jurisprudencia

El Tribunal Supremo rechaza la retroactividad de una nueva ponencia de valores aprobada en ejecución de sentencia firme.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 711/2026, de 8 de junio de 2026, con nº recurso 2835/2024 el alcance que puede tener la ejecución de una resolución judicial que anuló una ponencia de valores catastrales correspondiente al bien inmueble de características especiales (BICE) del Puerto de Bilbao.

La cuestión principal consiste en determinar si la Administración puede aprobar una nueva ponencia de valores y otorgarle efectos retroactivos desde la misma fecha en que comenzó a surtir efectos la ponencia anulada, invocando el art. 39.3 de la Ley 39/2015.

El responsable subsidiario puede impugnar tanto el presupuesto de hecho de la derivación como la liquidación que determina el importe de la deuda exigida. En el ámbito del IVA, la regularización debe ser íntegra y respetar el principio de neutralidad, por lo que la Administración no puede negar automáticamente la deducción de todas las cuotas soportadas por la sola falta de aportación de las facturas o libros registro cuando dispone de otros elementos probatorios para cuantificar razonablemente el impuesto.

La sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de abril de 2026, recaída en el recurso n.º 30/2022, se centra en determinar si concurren los requisitos para declarar al recurrente responsable subsidiario de las deudas tributarias de la sociedad, al amparo del art. 43.1.a) LGT. La Administración fundamenta dicha responsabilidad en que el recurrente, quien desde la constitución de la sociedad ostentó la condición de administrador y socio único, no realizó los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, consintió su incumplimiento o adoptó acuerdos que posibilitaron la comisión de infracciones tributarias.

La utilización de una regla de tres basada en el valor nominal de las acciones para distribuir el coste de adquisición resulta contraria a la LIRPF cuando no refleja el precio real de adquisición, especialmente tras una operación de contra-split. La Administración debe acreditar el valor real de adquisición y no puede sustituirlo por un método basado en magnitudes contables.

En su sentencia n.º 297/2026, de 15 de abril de 2026, con n.º de recurso 419/2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía analiza si la Administración tributaria podía calcular la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de acciones mediante un criterio proporcional basado en el valor nominal de los títulos o si, por el contrario, debía atender al precio real de adquisición y transmisión.

La controversia surge porque la Administración, partiendo del coste total de adquisición de todas las acciones, distribuyó dicho coste entre las acciones transmitidas mediante una regla de tres basada en el valor nominal del conjunto de acciones adquiridas y del correspondiente a las posteriormente vendidas. De este modo, concluyó que la operación había generado una ganancia patrimonial. Frente a ello, la contribuyente sostiene que dicho método es incorrecto, ya que el valor nominal de las acciones había sido alterado por una operación de contra-split o agrupación de acciones, circunstancia que impedía utilizar dicho parámetro para reflejar el coste real de adquisición.

Las retribuciones satisfechas a la entidad administradora y los gastos por servicios de apoyo a la gestión son fiscalmente deducibles cuando existe previsión estatutaria y se acredita su realidad, contabilización y correlación con los ingresos, sin que la teoría del vínculo impida su deducción.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 19 de marzo de 2026, recaída en el recurso n.º 75/2021, examina la deducibilidad de las retribuciones satisfechas por la recurrente a la entidad que desempeñaba el cargo de administradora y de los gastos correspondientes a los servicios de apoyo a la gestión.

La Administración consideró que las retribuciones satisfechas a la administradora no eran fiscalmente deducibles, salvo la parte prevista en los estatutos, por no reunir el requisito de certeza y por aplicación de la teoría del vínculo, al entender que los servicios de alta dirección retribuidos formaban parte de las funciones inherentes al cargo de administrador y que, por tanto, los gastos correspondientes no eran legalmente deducibles.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la naturaleza jurídica de las participaciones preferentes emitidas dentro de un grupo de sociedades y las consecuencias fiscales derivadas de su amortización y recompra.

La sentencia nº 761/2026, de 18 de junio de 2026, del Tribunal Supremo, con nº recurso 143/2024, resuelve el recurso de casación interpuesto por una entidad (A) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la cual había rechazado la solicitud de rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2015.

El conflicto tiene su origen en la recompra de unas participaciones preferentes emitidas en 2005 por otra entidad (B), sociedad íntegramente participada por la primera entidad (A) e integrada en su grupo de consolidación fiscal. La controversia no gira sobre la operación de recompra en sí, sino sobre la naturaleza jurídica de las participaciones preferentes y las consecuencias contables y fiscales derivadas de dicha calificación.

El TGUE declara que el Derecho de la Unión impide anticipar el devengo de los impuestos especiales sobre el alcohol mediante ficciones jurídicas en el régimen suspensivo y prohíbe denegar la exención por defectos formales en la documentación cuando se cumplen los requisitos materiales y no existen indicios de fraude, abuso o evasión fiscal.

El asunto T-361/25, de 1 de julio de 2026, resuelto por el TGUE, tiene su origen en un litigio relativo a la liquidación de impuestos especiales sobre el alcohol entregado por una empresa a sus clientes. La empresa estaba autorizada a almacenar alcohol en régimen suspensivo y utilizaba un mecanismo previsto por el Derecho alemán que permitía transportar el alcohol directamente desde los proveedores hasta los clientes, sin entrada física previa en su depósito fiscal.

La Administración tributaria consideró que dicho mecanismo exigía una recepción y una salida ficticias del depósito fiscal y reclamó el pago de impuestos especiales por diversas irregularidades relacionadas con la circulación de los productos y con la documentación exigida. El órgano jurisdiccional remitente planteó dos cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad de esa normativa nacional con las Directivas 2008/118 y 92/83.

TGUE

• El TGUE rechaza la exención de IVA para la gestión de créditos tras su cesión

TC

• La filiación reconocida judicialmente después de la muerte del causante no modifica el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y el TC rechaza aplicar una bonificación aprobada con posterioridad

TS

• El TS confirma que la remisión del tanto de culpa al Ministerio Fiscal interrumpe la prescripción tributaria incluso cuando deriva de un procedimiento administrativo caducado
• Se exigen al retenedor las retenciones no practicadas sin necesidad de regularización previa de los perceptores
• Los fondos de inversión no residentes han de tener el mismo tratamiento fiscal que las instituciones de inversión colectiva residentes, y no uno menos favorable

AN

• Improcedencia de incoar procedimientos tributarios sucesivos con el mismo objeto para dilatar el plazo de resolución de los mismos
• La Administración no puede beneficiarse de la falta de acreditación de la notificación, que impide apreciar la tempestividad del recurso de alzada
  
• IP: No cabe gravar por obligación real la titularidad indirecta de inmuebles situados en España

TSJ

• Deducibilidad en el IRPF del alquiler de vivienda por desplazamientos laborales: delimitación entre gasto profesional y gasto personal en el ámbito de la actividad económica
• Ganancia patrimonial no justificada derivada del cobro de cheques y pagarés al portador o bien a nombre del contribuyente procedentes de servicios ficticios a sociedades

El art. 5 LIP exige la titularidad directa de bienes o derechos situados en España para la sujeción por obligación real. El art. 22 del CDI entre España y Noruega no ampara la tributación de la titularidad indirecta de inmuebles a través de una sociedad extranjera ni permite extender el hecho imponible mediante una interpretación integradora.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de mayo de 2026, recaída en el recurso n.º 2606/2021, analiza si un no residente que ostenta indirectamente participaciones en una sociedad española propietaria de inmuebles a través de una entidad extranjera puede quedar sujeto al IP por obligación real.

El recurrente, residente en Noruega, solicitó la rectificación de las autoliquidaciones presentadas al entender que no es sujeto pasivo del impuesto, dado que no ostenta la titularidad directa sobre ningún bien o derecho situado en territorio español.

El contexto en que se desenvuelve la solicitud de rectificación es que el recurrente es titular del 100% de las participaciones de una entidad residente fiscal en Dinamarca, dentro de cuyos activos se encuentra una participación del 100% en el capital de una entidad residente en España, cuyos activos (más del 50%) están formados por inmuebles situados en territorio español.

La recurrente alegó la caducidad del procedimiento de verificación de datos por haber transcurrido el plazo máximo legal desde su inicio; la improcedencia de utilizar dicho procedimiento; la improcedencia del procedimiento de comprobación limitada por haberse revisado la contabilidad; y la falta de motivación del acuerdo de liquidación. La Sala concluye que la Administración Tributaria no puede incoar procedimientos sucesivos con el mismo objeto para dilatar el plazo de resolución de los mismos.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 27 de junio de 2026, recaída en el recurso n.º 545/2021, se pronuncia aplicando la doctrina del Tribunal Supremo sobre el alcance del procedimiento de verificación de datos y la improcedencia de incoar procedimientos sucesivos con el mismo objeto para dilatar el plazo de resolución de estos.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la exigencia de retenciones no practicadas al retenedor sin necesidad de regularizar previamente la situación tributaria de los perceptores.

La sentencia nº 737/2026, de 11 de junio de 2026, del Tribunal Supremo con nº recurso 8290/2023 resuelve un recurso de casación en el que se analiza el alcance de la obligación de practicar retenciones a cuenta del IRPF y, en particular, si la Administración tributaria puede exigir al retenedor las cantidades que dejó de retener sin haber regularizado previamente la situación tributaria de cada uno de los perceptores de las rentas. Asimismo, determina si, en estos casos, pueden exigirse intereses de demora y sanciones al retenedor por el incumplimiento de su obligación legal.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria concluyó que la empresa había practicado retenciones inferiores a las legalmente exigibles respecto de determinados trabajadores. Como consecuencia, dictó una liquidación provisional y, además, impuso doce sanciones, una por cada mensualidad, por la infracción consistente en dejar de ingresar en plazo la deuda tributaria derivada de las retenciones omitidas.