Jurisprudencia

En una pieza separada del ‘caso Morodo’ el juez ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en el que explica que existen indicios de que desde 2007 a 2015 el investigado junto con el secretario de la empresa pública de petróleo venezolana fallecido mediante distintas sociedades instrumentales defraudaron a la Hacienda Española otorgando contratos simulados de préstamos en los que se interponía un complejo entramado societario y financiero en San Vicente, Las Granadinas, Suiza y Panamá.

En un comunicado del Poder Judicial se pone de manifiesto que el titular del Juzgado Central de Instrucción Uno de la Audiencia Nacional propone juzgar a la viuda del directivo de la  empresa pública de petróleo venezolana  y a su socio, por aflorar en España y ocultar a la Hacienda Pública fondos procedentes de dicha empresa, incluyendo la petición del Ministerio Fiscal de decomiso autónomo contra los hijos del fallecido y que se resolverá cuando se dicte sentencia firme sobre los hechos. En concreto, el juez les imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito de falsedad documental y un delito de blanqueo de capitales.

No se considera resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria, la negativa de permitir el acceso a archivos y equipos informáticos ubicados en un armario detrás del mostrador de recepción de la sede social, sin la debida autorización judicial.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia 7 de junio de 2024 considera no cabe sancionar a una empresa por no permitir el acceso a archivos y equipos informáticos ubicados en un armario detrás del mostrador de recepción de su sede social sin autorización judicial.

En el caso de autos, el recurrente argumenta que la negativa a permitir la entrada de los inspectores de la Administración Tributaria en su local estaba justificada, ya que las zonas donde se encontraban los archivos y equipos informáticos solicitados estaban protegidas constitucionalmente como domicilio. Además, los ordenadores y archivos en cuestión contenían datos personales y médicos de sus pacientes, por lo que cualquier acceso a esta información sin autorización judicial vulneraría derechos constitucionales como la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos de carácter personal. El recurrente sostiene que su negativa estaba amparada por el artículo 18 de la Constitución Española (CE), que protege la inviolabilidad del domicilio, y que la Administración necesitaba una autorización judicial para acceder a esas áreas.

En actualización

• El TJUE reitera que los fondos mediante los que se concede una ventaja tarifaria, en virtud de la legislación nacional, constituyen «fondos estatales» en el sentido del art. 107.1 TFUE que prohíbe las Ayudas de Estado
• El TJUE confirma la calificación de ayuda de Estado prohibida por el TFUE de la ventaja concedida a modo de compensación por el Ayuntamiento de Bruselas a una empresa a la que permitía ocupar el dominio público local sin pagar rentas ni impuestos
• El TFUE permite conceder ventajas fiscales y sociales a los empleados de las empresas constructoras de ese Estado miembro si son apropiadas para reducir la diferencia salarial a escala de la Unión y evitar el trabajo encubierto y el fraude fiscal
• El Tribunal Supremo reietera que es posible establecer una tasa local por entradas y salidas de vehículos a través de las aceras, con independencia de que la acera este instalada sobre un terreno de propiedad privada
• El Tribunal Supremo resolverá si se aplica la exención d el art. 7.p) Ley IRPF a los tripulantes de buques de guerra de la Armada Española que naveguen en aguas internacionales, en el marco de operaciones de la OTAN
• El Tribunal Supremo debe completar y matizar su doctrina sobre la exención del art. 7 p) de la Ley del IRPF respecto a los empleados del Banco de España desplazados al Banco Central Europeo en el marco del Mecanismo Único de Supervisión
• El TS determinará el momento del devengo del ISD cuando la institución de heredero se haya hecho por testamento ológrafo, precisando la relevancia de su protocolización
• ATS: ¿la pérdida de la condición de prioritaria de una explotación agraria con posterioridad a la transmisión mortis causa, por causa ajena a dicha transmisión implica la pérdida de la reducción del 90 por ciento de la base imponible del ISD?
• La reserva de tasación pericial contradictoria implica la suspensión de la liquidación de ITP girada por la Administración estableciendo como base imponible el valor de referencia fijado por el Catastro
• El acceso ocasional del recurrente a la sede electrónica no convalida las notificaciones posteriores a la baja en el sistema de notificaciones electrónicas. Esta baja también afecta a la representación de una gestora previamente autorizada
• Es válida la notificación electrónica al cónyuge en tributación conjunta si es abogado y obligado a recibir notificaciones electrónicas, aunque no haya intervenido en el procedimiento que originó la liquidación notificada

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que confirmó la decisión de la Comisión en la que se calificaban de ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior determinadas normas del Reino Unido sobre la tributación de los beneficios de las sociedades extranjeras controladas, ya que la Comisión y el TGUE incurrieron en error de Derecho al considerar que las normas aplicables a las SEC constituían el marco de referencia adecuado para examinar si se había concedido una ventaja selectiva.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de septiembre de 2024, recaída en el asunto T-555/22 (LSEGH (Luxembourg) y London Stock Exchange Group Holdings (Italy)/Comisión y otros) anula la decisión de la Comisión en la que se calificaban de ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior determinadas normas del Reino Unido sobre la tributación de los beneficios de sociedades extranjeras controladas (SEC), así como la sentencia del Tribunal General que confirmó dicha decisión.

El Tribunal de Justicia resuelve que la Comisión y el Tribunal General incurrieron en error de Derecho al considerar que las normas aplicables a las SEC constituían el marco de referencia adecuado para examinar si se había concedido una ventaja selectiva.

El concebido se tendría por nacido en la fecha de devengarse el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas por adquisición de vivienda para familias numerosas.

Esta es la conclusión a la que llega el TSJ de Madrid, en su sentencia número 468/2024, de 28 de junio de 2024, rec. n.º 371/2022, que resuelve el caso promovido por un matrimonio que al comprar su vivienda había autoliquidado el tipo general del 6 por ciento en Transmisiones Patrimoniales Onerosas y había solicitado la rectificación para aplicarse el tipo bonificado del 4 por ciento previsto en el 29 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el DLeg.1/2010 de la Comunidad de Madrid. En el momento de la compra, la familia estaba integrada por los dos padres y hijos, pero la madre se encontraba en estado de gestación. El hijo nació pocos meses después de la compra de la vivienda.

• La Directiva IVA no impide denegar el derecho a deducir el IVA soportado si se solicitó una vez caducado el plazo, a pesar de que se ampliado otros plazos debido a la pandemia de COVID-19
• Vulnera la Directiva IVA impedir reducir a posteriori la base imponible del impuesto a una empresa farmacéutica por el importe de la contribución que legalmente debe abonar al organismo del seguro de enfermedad estatal
• Aplicación del período de regularización del IVA ampliado para los bienes inmuebles de inversión, a las obras que conlleven una renovación sustancial de un inmueble y la vida útil del edificio coincida con la de uno nuevo
• El TJUE anula la sentencia del TGUE y declara que existe carácter selectivo de la ventaja otorgada al grupo Apple por las decisiones fiscales anticipadas (tax rulings) adoptadas por Irlanda tal y como señaló la Comisión
• Comparabilidad de los fondos de pensiones que, sin constituir OICVM, son considerados por el Estado miembro de que se trata como fondos comunes de inversión a efectos de aplicar la exención del art. 135.1.g) de la Directiva del IVA
• No se opone a la Directiva IVA excluir a los juegos de azar en línea distintos de la lotería de la exención del IVA aplicable a la compra de billetes de lotería y la participación en otros juegos de azar o de dinero en establecimientos físicos
• El beneficiario de una prestación no puede solicitar a la Administración tributaria la devolución del IVA pagado al proveedor que ha facturado erróneamente el IVA nacional de ese Estado miembro en lugar del IVA legalmente devengado en otro Estado miembro
• En supuestos de responsabilidad tributaria «en cadena», la derivación de la responsabilidad subsidiaria constituye un «presupuesto de hecho habilitante» de la subsiguiente derivación de responsabilidad solidaria
• La omisión de notificación al representante designado anula los intentos de notificación directa dirigidos contra el obligado tributario

La existencia de una relación familiar o económica entre el deudor principal y el supuesto responsable, así como la renuncia previa a la herencia por parte de la deudora tributaria, no son suficientes para derivar la responsabilidad solidaria. Es necesario acreditar actos específicos que demuestren una participación activa en la ocultación de bienes.

El TSJ de Castila y León de 15 de mayo de 2024 (Sede en Valladolid) considera que la aceptación de una herencia, incluso tras la renuncia de una deudora tributaria, no implica automáticamente que el heredero participe en una evasión fiscal, aun cuando existan relaciones familiares entre el aceptante y la renunciante.

No se acredita la intención de ocultar bienes por parte del obligado principal en la venta de un inmueble realizada entre padre e hija cuando la operación se lleva a cabo a valor de mercado y se demuestra el pago íntegro del precio.

El TSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de junio de 2024 considera que no hubo intención de ocultar bienes por parte del obligado principal en la venta de un inmueble realizada entre padre e hija, ya que, en el momento de la transmisión patrimonial, la deuda no era previsible. Además, la venta se efectuó a valor de mercado y se acreditó el pago total del precio.

En el presente caso, la Agencia Tributaria declaró la responsabilidad solidaria de la recurrente por colaborar en la ocultación/transmisión de bienes y derechos del deudor en perjuicio de la acción recaudadora de la Hacienda Pública debido a la relación familiar entre el administrador de la deudora principal y la recurrente y su participación conjunta en otras sociedades.

La Administración derivó la responsabilidad solidaria a un banco por la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria a nombre de menores, utilizada por el deudor para ingresar y pagar gastos de su actividad económica, pese a que tenía conocimiento de la situación tributaria del obligado debido a que fue notificada de diversas órdenes de embargo.

El TSJ de la Región de Murcia consideró que no cabe derivar la responsabilidad solidaria a una entidad bancaria por la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria a nombre de menores, utilizada por el deudor para ingresar y pagar gastos de su actividad económica, pese a que tenía conocimiento de la situación tributaria del obligado debido a que fue notificada de diversas órdenes de embargo.

En el presente caso, la Administración derivó la responsabilidad solidaria a una entidad bancaria por permitir la apertura y el uso de una cuenta bancaria a nombre de los hijos menores del obligado, que fue utilizada por el deudor para ingresar y pagar gastos propios de su actividad económica y personal y, por ende, evitar embargos de la Administración.

Con la publicación en el DOUE de 12 de agosto de 2024 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General adquiere competencia para conocer de cuestiones prejudiciales en materia del sistema común del IVA, los impuestos especiales, el código aduanero y la clasificación arancelaria de las mercancías, entre otras, desde el 1 de octubre de 2024, con el objetivo de aliviar la carga de trabajo del Tribunal de Justicia.

En un comunicado de prensa publicado en la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se informa de que con la publicación en el DOUE de 12 de agosto de 2024 del Reglamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2024, el Tribunal General adquiere competencia para conocer de cuestiones prejudiciales en materia del sistema común del IVA, los impuestos especiales, el código aduanero y la clasificación arancelaria de las mercancías, entre otras, en el marco de la continuación de la reforma de la arquitectura jurisdiccional de la Unión Europea y afectará a las cuestiones prejudiciales planteadas a partir del 1 de octubre de 2024.