Jurisprudencia

En esta segunda quincena de febrero de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas, destacamos las siguientes:

• El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la posible alegación de la caducidad del procedimiento de comprobación de valores respecto a las primeras liquidaciones con ocasión de la impugnación de la segunda liquidación dictada en un procedimiento de tasación pericial contradictoria
• La solicitud reiterada de aplazamiento o fraccionamiento de pago en período voluntario que resultó denegada anteriormente impide el inicio del período ejecutivo antes de que venzan los plazos previstos en el art 62.2 LGT
• Las actuaciones recaudatorias posteriores contra el obligado fallido carecen de virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción para exigir el pago al responsable subsidiario

La imputación de costes en las promociones inmobiliarias ha de atender a las normas específicas del sector, por lo que la alteración en la contabilización del ingreso, necesariamente va a repercutir en la contabilización del gasto para su obtención, lo que obliga a la Administración a realizar una íntegra regularización en relación a los gastos de la promoción inmobiliaria, ya que la regularización debe serlo en aquello que perjudica, pero también que beneficia al sujeto pasivo.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 26 de enero de 2022, se pronuncia sobre un caso en el que la recurrente se dedica a la promoción inmobiliaria y efectúa la venta de una promoción, contabilizando los ingresos obtenidos en el ejercicio en que se firmaron las escrituras de compraventa (2007), en la que concluye que habiéndose firmado los contratos privados de compraventa y de reserva en el ejercicio 2006, por más que la tradito desde el punto de vista del Derecho Civil no se haya producido, a efectos fiscales la obra estaba en condiciones de ser entregada y deben computarse los ingresos en la contabilidad de 2006, y no en 2007 como hizo la actora.

Por su parte, la Administración considera que se cumplen los requisitos establecidos en la norma de valoración de la de la Orden de 28-12-1994, que exige que los ingresos procedentes de la venta de inmuebles se imputen al ejercicio en que estos estén en condiciones de entrega material, esto es, en el Impuesto sobre Sociedades de 2006.

• Una sanción del 50 % o 100 % de las cantidades facturadas por operadores de otros Estados miembros en caso de incumplir una obligación documental vulnera la libertad de prestación de servicios al no existir una sanción equivalente para operaciones interna
• Sujeción al IVA de las prestaciones consistentes en reparar o sustituir componentes de aerogeneradores en garantía y realizar informes de disconformidad
• La Directiva sobre el IVA no se opone a que las autoridades tributarias nacionales suspendan un procedimiento de reclamación administrativa dirigida contra una liquidación que deniega el derecho a la deducción del IVA soportado
• Las Directivas 2003/49, 2011/96 y 2008/7 no se oponen al gravamen sobre el importe bruto de los intereses presuntos relativos a un préstamo sin intereses concedido por una sociedad matriz no residente a una filial residente
• La Audiencia Nacional considera que ninguna de las razones aducidas por la Administración tributaria para considerar que la verdadera naturaleza jurídica de la operación sea la de una aportación de capital, y no un préstamo participativo, avala suficiente
• La paga extraordinaria que anualmente se reconoció a los mutualistas pasivos por parte de la Mutualidad General de la Abogacía constituye una liberalidad no susceptible de deducción al no existir obligatoriedad para su pago antes de 2011
• El RD 198/2015 que ordena que el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica se exija desde el 1 de enero de 2013 incurre en una extralimitación reglamentaria
• Después de la adición en la Ley de Presupuestos para 2021 del Epígrafe 151.6 “Comercialización de energía eléctrica”, debe anularse la resolución que incluía dicha actividad en el Epígrafe 659.9
• La situación de insolvencia de la mercantil permite considerar que el crédito de los herederos frente a ella es incobrable y no puede ser incluido en la masa hereditaria
• La aplicación del método de estimación indirecta a los odontólogos por declarar ingresos superiores a los contabilizados

El TS reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del IIVTNU, y por otro lado afirma que, es posible que los actos de aplicación de una norma que es declarada inconstitucionalidad puedan configurar un supuesto de infracción manifiesta de la Ley y entrar en juego la revocación de dicho acto.

En una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de febrero de 2022, que se ha hecho pública por vía extraoficial y que aún no ha sido publicada por el CENDOJ, se reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del IIVTNU, haciendo así derivar efectos ex tunc de la sentencia del Tribunal Constitucional publicada después de haber adquirido firmeza las liquidaciones tributarias litigiosas, si bien para acoger la pretensión de devolución de ingresos indebidos es necesario que exista infracción manifiesta de la Ley, con lo que esta sentencia resulta acorde con la jurisprudencia consolidada de este Tribunal recaída en supuestos en los que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos en el ámbito del IIVTNU, derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, debe efectuarse por los cauces establecidos en la LGT -procedimientos especiales de revisión-.

En esta primera quincena de febrero de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas, además de la referida a la exigencia del ITP y AJD por la concesión de un uso privativo de dominio público radioeléctrico en la que la Sala afirma que contraviene el Derecho de la UE al aplicarse de forma concurrente a la Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, destacamos las siguientes:

• En un supuesto de «responsabilidad en cadena», encuadrada en el art.42.2.a) LGT, la inexistencia de esa declaración puede ser impugnada por el responsable solidario en el procedimiento seguido contra él
• En las infracciones por incumplir obligaciones de facturación o documentación, la determinación de la cuantía a efectos de interponer el recurso de alzada ante el TEAC, se atenderá al período de liquidación

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 16 de diciembre de 2021, analiza un caso en el que la reclamante sostiene que la unidad de gestión de grandes empresas (URGE), en uso de sus facultades, con motivo de la solicitud de rectificación, entró a valorar la naturaleza y la deducibilidad fiscal de cada uno de los pagos satisfechos por en el momento de su desinversión en otra entidad, solicitando para ello la misma información que a la postre ha sido aportada en el procedimiento inspector y ha servido para fundamentar la propuesta.

Por su parte, el TEARC considera que el alcance del procedimiento de rectificación de las autoliquidaciones fue más limitado y no analizó la deducibilidad de los gastos/pagos y añade que las facultades de las URGE son más limitadas que las de los órganos de Inspección a pesar de estar encuadradas en la Dependencias Regionales de Inspección, por lo que su actuación no podría limitar en ningún caso la comprobación e investigación en un procedimiento inspector.

• Vulnera la Directiva del IVA el régimen de recursos dirigidos a obtener la devolución del IVA por una infracción del sistema común del IVA si este es menos favorable que en caso de una infracción del Derecho interno
• El derecho a deducir el IVA soportado nace con la realización de la operación en el caso de que el impuesto solo sea exigible frente al proveedor de bienes o prestador de servicios en el momento del cobro del precio y esta aun no haya sido pagada
• El TJUE estima que la aplicación del tipo reducido del IVA para las entregas de leña puede limitarse por el Estado miembro en función de la nomenclatura combinada siempre que respete el principio de neutralidad fiscal
• El Ayuntamiento posee interés legítimo para personarse en la reclamación para evitar que se declare el error en la valoración catastral del BICE y mermar así su recaudación por IBI
• ¿Es el automovilístico un sector en crisis? La AN estima que no lo está lo suficiente como para aplicar la Regla 14.3 de la Instrucción del IAE respecto a la potencia instalada
• Disuelta y liquidada una sociedad en 2015, procede la rectificación de su autoliquidación para incluir el mayor gasto o valor de adquisición puesto de manifiesto en un ajuste regularizador en sede de IVA
• En el ámbito de operaciones vinculadas, no es contradictorio admitir la existencia de gastos deducibles y afirmar a la vez que la sociedad no añadía valor alguno a las prestaciones que realizaba su socio
• Si la adquisición se realizó por herencia, el expediente de dominio no suple a dicho título de adquisición, aunque la autoliquidación del ISD fuera por cuota cero y no cabe reputarse una transmisión patrimonial a los efectos del ITP
• El dies a quo de la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el ITP por un expediente de dominio no es el día en que se inició el expediente sino la fecha en que terminó con el dictado del Auto y la firmeza del mismo
• La protección registral alcanza exclusivamente al derecho de propiedad y no excluye la afección del inmueble adquirido al pago de las deudas tributarias por el Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes

El Tribunal Supremo resuelve a favor de Vodafone que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) constituye un "canon" a los efectos del art. 13 de la Directiva autorización pues, al gravar la constitución de una concesión sobre el dominio público radioeléctrico, su hecho imponible se encuentra vinculado a los derechos de uso de radiofrecuencias y por tanto la exigencia del ITP y AJD por la concesión de un uso privativo de dominio público radioeléctrico contraviene el Derecho de la UE al aplicarse de forma concurrente a la Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 21 de enero de 2022, no publicada aún pero cuyo fallo se ha adelantado en un comunicado del Poder Judicial ha resuelto que el impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) constituye un "canon" a los efectos del art. 13 de la Directiva autorización pues, al gravar la constitución de una concesión sobre el dominio público radioeléctrico, su hecho imponible se encuentra vinculado a los derechos de uso de radiofrecuencias.

Mediante esta sentencia el Tribunal Supremo resuelve las cuestiones planteadas por Vodafone mediante el ATS de 8 de mayo de 2020, recurso n.º 6114/2019, que plantea el recurso de casación contra la STSJ de Madrid, de 24 de junio de 2019, recurso n.º 429/2018, si bien no lo hace de forma unánime, puesto que la sentencia cuenta con dos votos particulares, de los magistrados José Antonio Montero, que defiende que el ITPO queda fuera del ámbito de aplicación del art 13 de la Directiva autorización, por lo que, en su opinión, no contraviene el Derecho de la Unión; y del magistrado Isaac Merino que, aunque admite que al ITP entra dentro del concepto de "canon" de la Directiva, considera, no obstante, que cumple sus requisitos y que no es desproporcionado a su finalidad.

Durante la segunda quincena de enero de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Entre lasdistintas sentencias destacamos especialmente la referida a la reducción en el ISD por la donación de una empresa familiar, a través de la entrega de títulos representativos de su capital, que viene constituida, en parte de su valor, por activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad tercera.

Se presume que la prima se satisfizo con cargo a los bienes privativos del tomador único.

La Audiencia Nacional se pronuncia sobre la tributación de las cantidades percibidas por contratos de seguros de vida cuando el tomador y el beneficiario son los cónyuges respectivos, coincidiendo, en este caso, con la viuda en su demanda de integrar la totalidad del seguro de vida en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones, y no sólo el cincuenta por ciento, -de modo que el otro cincuenta por ciento habría de ser calificado de rendimiento del capital mobiliario-. Ello en base a que no cabe sacar consecuencias definitivas a partir del contenido de la escritura de liquidación de la sociedad de gananciales y partición hereditaria en la que se incluía la póliza del referido seguro.