Jurisprudencia

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de 22 de septiembre de 2006, el acto del Inspector-Jefe mediante el cual se acuerda dejar sin eficacia la propuesta de liquidación contenida en el acta, aunque es un acto de trámite, es impugnable porque decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto en este caso. Y ello porque da lugar a unas actuaciones totalmente distintas, pasando de un acta de cero euros a otra de casi dos millones de euros.

Del Tribunal Constitucional destacamos su sentencia de 11 de diciembre de 2006, en materia de delitos contra la Hacienda Pública.

Destacamos también una sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de noviembre de 2006, sobre rendimientos del capital mobiliario en el IRPF.

Así lo entiende la sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de diciembre de 2006.

No se puede exigir al contribuyente que pida la devolución de ingresos indebidos por las retenciones de los tres primeros trimestres declaradas en el cuarto trimestre. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de septiembre de 2006, trata el tema de la regularización por la inspección de las retenciones declaradas en el cuarto trimestre pero correspondientes a los trimestres anteriores.

Así lo entiende la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de octubre de 2006. En el recurso de reposición sólo es posible la suspensión si se aporta alguna de las garantías siguientes: aval bancario, depósito en dinero o valores y, en ciertos casos, fianza personal y solidaria de dos personas. No es posible la suspensión con garantías distintas o la dispensa total o parcial de las mismas. Ello es así antes y después de entrar en vigor la LGT de 2003 y el Reglamento de Revisión de 2005.

Según este tribunal, no cabe limitar la deducción de las cuotas correspondientes a unas facturas en las que no consta el NIF o el nombre del destinatario, ya que no existe duda sobre tales datos, siendo subsanable la deficiencia.

Del Tribunal Supremo destacamos su sentencia de 7 de noviembre de 2006, en un caso de renuncia al ejercicio de derechos de suscripción preferente.

Así lo entiende la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 17 de mayo de 2006. La Administración considera que constituye un período de interrupción justificada o suspensión del plazo de tramitación del procedimiento de inspección incoado contra el recurrente, el tiempo en que se tardó en desarrollar las actuaciones llevadas paralelamente contra las sociedades en transparencia fiscal en las que participaba el recurrente. No es posible mantener la postura anterior, porque este supuesto no está previsto en el art.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 14 de julio de 2006 trata el caso. En un procedimiento de inspección en relación al ejercicio IRPF 1997 se descubre la falta de declaración de un incremento patrimonial que, no obstante, debía imputarse al ejercicio 1999. Antes de que se notifique la ampliación del procedimiento de inspección al IRPF 1999, el contribuyente presenta una autoliquidación consignando dicho incremento e ingresando la cantidad correspondiente.