Jurisprudencia

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 encierra un interesante juego jurídico en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas que, a la postre, supone el reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del pago de las operaciones de expropiación.

En efecto, la sentencia, como ya apuntó en día la sentencia de instancia -STSJ de Canarias, de 10 de julio de 2013-, reconoce de partida que la exención de las operaciones de expropiación no está reconocida en el RDLeg. 1/1993 (TR ITP y AJD), como tampoco lo estuvo en la norma anterior -RDLeg. 3050/1980-.

• La constitución e inmediata disolución de la sociedad de gananciales encubre una donación
• La exención en el IBI de los inmuebles de las fundaciones solo se pierde si ellas ejercen una actividad económica no exenta del IS, no si un tercero arrendatario lo hace 
• La comunicación -por el interesado, al órgano encargado de la ejecución- de la firmeza de la sentencia que ordena la retroacción, no marca el comienzo del plazo de las actuaciones inspectoras 
• La naturaleza jurídica del tributo que debe gravar la prestación de los servicios públicos obligatorios tras la reforma operada por la Ley de Economía divide al Tribunal Supremo
•  El obiter dicta de una sentencia penal no puede servir de fundamento para una declaración de responsabilidad tributaria 
• Los factores futuros, lejos de no constituir motivo económico válido para una reestructuración societaria, son su prueba más fiable
• A efectos del  artículo 108 LMV una finca con especies vegetales es un inmueble
• La cancelación del derecho de superficie constituye hecho imponible del IIVTNU
• No se aplica al procedimiento de tasación pericial contradictoria el instituto de la caducidad

• Los billetes emitidos y no utilizados por el pasajero no dejan de tributar por IVA
• La desimposición de los beneficios del establecimiento permanente en el Estado en que reside la sociedad a que pertenece impide la imputación de sus pérdidas
• Gravar en frontera vehículos que finalmente son reexportados sin entrar en el territorio de un Estado miembro con el impuesto de matriculación es una exacción de efecto equivalente 
• El acuerdo de devolución de un IVA de una Administración incompetente para ello no puede interrumpir la prescripción del derecho de la Administración competente a reclamárselo
• El cambio de domicilio fiscal a territorio foral o común entre la repercusión y la solicitud de la devolución del IVA no altera la Administración competente para devolver
• El Supremo se suma al recelo de los tribunales respecto de la hipoteca condicional
• No son válidas las inversiones de la absorbente anteriores a la fusión, en el diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios por la absorbida en el IS
• Parte especial de la base imponible del IS de las sociedades patrimoniales
• Los ingresos del arrendamiento integran la cifra de negocios a efectos de aplicar el régimen de reducida dimensión
• Los ingresos financieros obtenidos por una entidad de tenencia de participaciones integran la cifra de negocios a efectos de aplicar el régimen de reducida dimensión
• No hay culpabilidad en la deducción del IVA por adquisición de un inmueble puesto que se desconocía que la vendedora no ingresaba el IVA retenido en las rentas por el arrendamiento

A juicio de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2015, que reitera lo ya señalado en otra anterior de 11 de noviembre -luego podemos hablar de jurisprudencia en la materia-, en el supuesto en que una comprobación de valores inmotivada vaya seguida de un procedimiento de verificación de datos que también lo es, concurre identidad de razón para aplicar la jurisprudencia sobre la reiteración en la comprobación.

Pues bien, esa jurisprudencia puede resumirse en que si la Administración tributaria yerra al llevar a cabo una primera comprobación, que resulta inmotivada, anulada ésta, puede de nuevo proceder a realizar una segunda comprobación. Si bien esa potestad no es ilimitada, no siendo lícita una tercera comprobación en caso de ser anulada la segunda por igual motivo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2015 sale al paso de otra de la Audiencia Nacional en la que se falló señalando que los rendimientos de actividades económicas se imputan en el IRPF conforme a las reglas establecidas para ello en las normas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades. Según el Tribunal Supremo eso es así con carácter general, pero no cuando concurre una regla especial de imputación –como era el caso de autos, en que la renta en cuestión estaba pendiente de resolución judicial-, en cuyo caso se debe aplicar antes ésta que la establecida para el IS.

El 17 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una sentencia en resolución a una cuestión prejudicial cuyo fallo está orientado en ese sentido.

Se pregunta al Tribunal sobre la situación de una sociedad de asesoría fiscal, constituida conforme a la legislación de un Estado miembro -Países Bajos-, que elabora en el Estado miembro en el que tiene su establecimiento y donde no está regulada la actividad de asesoría fiscal una declaración fiscal para un destinatario en otro Estado miembro -Alemania- y presenta esa declaración a la autoridad fiscal de este último, en el que rigen disposiciones nacionales reguladoras de esa actividad.

Las medidas que integran ese sistema no constituyen una ventaja selectiva

A partir de mayo de 2006, la Comisión Europea recibió varias denuncias contra el «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF»), que procedían principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembros. En esas denuncias se afirmaba que el SEAF permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %, provocando así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.

Dos sentencias estiman la pretensión de dichas empresas y suspende cautelarmente el gravamen girado por la Junta de Finances de Cataluña en 2013

El Tribunal Supremo ha suspendido la liquidación a “El Corte Inglés” e “Hipercor” de 3 millones de euros del impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales (IGEC) correspondientes a tres centros comerciales de Cataluña. El alto tribunal, en dos sentencias, estima la pretensión de dichas empresas y suspende cautelarmente el gravamen girado por la Junta de Finances de Cataluña en 2013, previa prestación de oportuna garantía por los importes correspondientes por parte de los recurrentes. El motivo de que el Supremo acceda a la suspensión cautelar reclamada, en contra de lo que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es la denominada “apariencia de buen derecho” de la reclamación de dichas empresas, basada en comunicaciones del año 2014 a España por parte de la Comisión Europea y la Dirección General de Fiscalidad de la UE calificando dicho impuesto de grandes superficies como incompatible con el ordenamiento europeo.

• La explotación efectiva de los bienes inmuebles en que está invertido el capital de los fondos de inversión no disfruta de exención en el IVA
• La información económica y financiera asociada a la concesión de un préstamo tiene la suficiente trascendencia tributaria como para poder ser requerida
• Debe aplicarse un criterio proporcional para determinar el incremento neto de beneficios no distribuidos a efectos del cálculo de la deducción por doble imposición de plusvalías 
• La liquidación por la que se rechaza la aplicación del régimen de sociedades patrimoniales ha de contener el cálculo y la valoración del activo y de los bienes no afectos
• No hay responsabilidad solidaria ni ánimo de ocultación cuando la adquisición de los bienes se produce antes del devengo de la deuda tributaria 
• La aportación de pruebas concluido el trámite de audiencia afecta al procedimiento de gestión o inspección, pero no al del recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa
• No procede la devolución de las cuotas soportadas del IVMDH si no se acreditan
• La comunicación del nuevo domicilio a través del Registro Público de Juntas de Compensación conlleva la anulación del apremio por falta de notificación en el domicilio señalado
• El Impuesto andaluz sobre emisión de gases a la atmósfera no limita el régimen de asignación de derechos de emisión
• La adquisición de un inmueble por usucapión no conlleva un reconocimiento de dominio y por tanto no está sujeta a ITP y AJD

Este es el titular con que se puede resumir la sentencia del Tribunal Supremo, de 2 de noviembre de 2015.

Los hechos enjuiciados en esta ocasión hay que situarlos inicialmente en la vía económico-administrativa, donde la sociedad recurrente solicitó la suspensión de la ejecución de varias liquidaciones por el Impuesto de Sociedades en tanto no se resolviera la reclamación económico-administrativa que interpuso contra ellas, debido a la enorme desproporción existente entre la deuda tributaria reclamada y el patrimonio realizable de la compañía en ese momento, solicitud que le fue negada, contra lo que interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo.