Artículos de Tributación

Analizamos en el presente comentario la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 2019, en la que establece doctrina sobre la relevancia jurídica de la dilación en la notificación de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos que ordenan la retroacción de actuaciones y deben ejecutase en un plazo determinado.

El presente trabajo tiene por objeto analizar las consecuencias que origina en el ámbito tributario la regularización laboral de aquellas personas que, pese a cotizar en el régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social, son calificadas por la Inspección de Trabajo y por los órganos jurisdiccionales del orden social como trabajadores por cuenta ajena. En los últimos tiempos esta circunstancia ha cobrado especial relevancia en relación con determinadas plataformas digitales y entidades prestadoras de servicios a través de aplicaciones informáticas. Con tal fin se estudian las implicaciones que dicho fenómeno presenta en los impuestos que afectan tanto a las empresas como a las personas físicas que desempeñaron un falso trabajo autónomo.

Palabras clave: «falso» trabajador autónomo; imposición sobre la renta; IVA.

La tasación pericial contradictoria, en todo caso, tiene su origen en una comprobación de valores de la Administración tributaria, en la que necesariamente debe existir una valoración de un perito propuesto por la Administración como por el obligado tributario, y que podrá precisar la intervención de un perito tercero, cuya valoración entonces será dirimente y servirá, por tanto, de base a la liquidación que proceda con los límites del valor declarado y el valor comprobado inicialmente por la Administración tributaria.
La tasación pericial contradictoria, cabría afirmar, está encaminada siempre a dilucidar qué valoración (la que resulte de la tasación del perito de la Administración, la del obligado tributario o la del perito tercero) servirá de base a la liquidación tributaria que cierra el procedimiento e impide una nueva comprobación de valor por la Administración tributaria sobre los mismos bienes o derechos.

Palabras clave: tasación pericial contradictoria; valoración; perito; procedimiento.

El Tribunal Supremo con ocasión de sus Sentencias de 28 de abril de 2014 y, posteriormente, de 27 de febrero de 2018, viene a considerar que la Administración no puede iniciar la vía de apremio, ni aun notificar la resolución ya adoptada, hasta no se haya producido una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión, pues admitir lo contrario sería como frustrar o cercenar toda posibilidad de adoptarla por el órgano competente para ello. Este criterio choca con la interpretación tradicional del artículo 46.2 in fine del Reglamento general de revisión en vía administrativa, relativo a la suspensión solicitada en periodo ejecutivo. Si bien, tal criterio jurisprudencial ya ha sido adoptado por el Tribunal Económico-Administrativo Central en varias Resoluciones: una de 22 de octubre de 2019 (RG 2240/2017) y dos de 27 de febrero de 2020 (RG 3181/2017 y 5669/2017), teniendo, por ende, la consideración de doctrina.

El objeto de este comentario es analizar la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2019, en la que el Alto Tribunal cambia su doctrina y, a la luz de la Sentencia de la Sala de lo Social de 22 de abril de 2014, en casación para unificación de doctrina, considera que existe una indemnización mínima fijada por la normativa de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores para los casos de despido de altos directivos, consistente en siete días de salario por año trabajado con el máximo de seis mensualidades (art. 11 del RD 1382/1985, de 1 de agosto). Esta indemnización, en la medida en que se trata de una exigencia establecida con carácter obligatorio por la normativa laboral, resulta exenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas a tenor de lo dispuesto en el artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...

Ante la ausencia de normas publicadas en el año precedente, relativas al impuesto sobre sociedades, este año el artículo habitual de novedades del referido impuesto se ha centrado en analizar las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional más relevantes emitidas en 2019, especialmente las concernientes a operaciones financieras, de reestructuración y vinculadas, por cuanto, en buena parte, afectarán a la interpretación de los preceptos de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Palabras clave: impuesto sobre sociedades; novedades 2019; operaciones financieras; operaciones de reestructuración; operaciones vinculadas.

Este trabajo examina la nota publicada por el Secretariado de la OCDE sobre «Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 crisis» (3 de abril de 2020), que pone de manifiesto cómo algunas reglas que conforman el marco de fiscalidad internacional (doméstico y convencional) resultan afectadas como consecuencia de circunstancias excepcionales conectadas con la crisis de salud pública, humanitaria y económica del COVID-19. La nota de análisis y guía interpretativa elaborada por el Secretariado de la OCDE únicamente aborda las potenciales implicaciones de esta crisis en relación con los artículos 4 (residencia fiscal de personas físicas y entidades), 5 (establecimientos permanentes) y 15 (trabajadores fronterizos) de los convenios de doble imposición que siguen el Modelo de Convenio de la OCDE. Se trata de unas primeras recomendaciones de coordinación fiscal de baja intensidad.

Palabras clave: COVID-19; fiscalidad internacional; residencia fiscal; establecimientos permanentes.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica (art. 29 de la Ley 15/2012, que introduce el artículo 112 bis en el texto refundido de la Ley de Aguas) no quebranta el principio quien contamina paga; el principio de recuperación de los costes de los servicios del agua previsto en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, el principio de no discriminación previsto en el artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE ni la prohibición de ayudas de Estado impuesta por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En determinadas ocasiones la detección de irregularidades en proveedores, o incluso en sujetos que se sitúan posteriormente en la cadena de prestaciones, implica que al sujeto que adquirió se le impida deducir el IVA soportado, o hacer valer un gasto. En muchos casos en los que la operación llevada a cabo por el sujeto ha sido completamente adecuada a la realidad declarada, y al derecho, no se permite la deducción de las cuotas de IVA, o el cómputo de gastos, porque se llega a la conclusión de que el prestador incumplió. De la mano de este razonamiento se llega al de que no se pudo realizar la entrega o el servicio, y en consecuencia incumplimientos de terceras personas afectan a la posición jurídica de sujetos que han cumplido la norma debidamente. Este artículo analiza las cautelas que hay que tener en cuenta para evitar que la mera demostración de incumplimientos de terceros pueda afectar a un sujeto cumplidor.

Palabras clave: deducción de IVA; deducción de gastos; prueba; seguridad jurídica.

Es indudable la influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Esa influencia destaca sobre todo en las instituciones que analizamos en el artículo: la prescripción y la caducidad, tanto en el derecho privado como en el público, sin olvidar las referencias que existen al mismo en nuestra Constitución.
Dentro de la prescripción y su fundamento, la seguridad jurídica (art. 9.3), analizamos cuestiones muy diversas, como la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que reduce el plazo de prescripción de las acciones personales, sin plazo especial, a cinco años con especial referencia a su regimen transitorio, la pólemica entre el Tribunal Supremo y el Constitucional relativa al momento interruptivo de la prescripción en el ámbito penal, así como la caducidad y su distinción respecto de aquella en el ámbito civil.
Asimismo, hay mención a la caducidad en el derecho tributario y en la doctrina constitucional.
También se analiza en este artículo la prescripción en distintos sectores del ordenamiento jurídico, como el derecho mercantil, el derecho del trabajo y el administrativo, con cuyo estudio finaliza el trabajo.

Palabras clave: tiempo; prescripción; caducidad; público; privado; seguridad jurídica.