Jurisprudencia

La escritura que documenta la cesión o transmisión de una oficina de expendeduría de tabaco y timbre del Estado está sujeta a AJD al ser inscribible en el Registro de Bienes Muebles

La escritura que documenta la cesión o transmisión de una oficina de expendeduría de tabaco y timbre del Estado está sujeta a AJD al ser inscribible en el Registro de Bienes Muebles. Imagen de un hombre trabajando mientras cuelga el telefono de hace unos cuantos años

Concretamente en la Sección 5ª ("Sección de otros bienes muebles registrables"), y su inscribilidad debe entenderse como acceso a los Registros, en el sentido de que basta con que el documento sea susceptible de inscripción, siendo indiferente el que la inscripción efectiva no llegue a producirse, o que la inscripción sea obligatoria o voluntaria

Esto es lo que resuelve la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 201/2026, de 20 de marzo de 2026, rec. núm. 298/2024, también la núm. 762/2025, de 14 de noviembre de 2025, rec. núm. 62/2024, o la más importante, la núm. 276/2024, de 30 de abril de 2024, rec. núm. 694/2022. Esta última aplica a las expendedurías de tabaco la doctrina del Tribunal Supremo que establece que la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 Texto Refundido de la Ley ITP y AJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles.

En las sentencias de 26 de noviembre de 2020, números 1607/2020 y 1608/2020), dictadas en recursos números 3631/2019 y 3873/2019, el TS modificó su criterio anterior y sentó doctrina en el sentido de que en el caso de las primeras copias de escrituras notariales en las que se documente la cesión o transmisión de una oficina de farmacia, nos encontramos ante actos sujetos a la cuota gradual de actos jurídicos documentales, documentos notariales, al ser inscribibles en el Registro de Bienes Muebles, creado en la disposición adicional única del Real decreto 1828/1999, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de Contratación. La segunda sentencia señala en su fundamento de derecho segundo lo siguiente:

Una comprobación limitada respecto a una sociedad absorbida extinguida interrumpe el plazo de prescripción para obtener devoluciones derivadas de la normativa por la absorbente

Una comprobación limitada respecto a una sociedad absorbida extinguida interrumpe el plazo de prescripción para obtener devoluciones derivadas de la normativa por la absorbente. Imagen de un reloj de arena blanco en medio de una serie de palos de madera

El Tribunal Supremo declara que las actuaciones de comprobación tributaria dirigidas a una sociedad absorbente en su condición de sucesora universal de una sociedad absorbida extinguen la prescripción del derecho a obtener devoluciones tributarias de la sociedad absorbente cuando dichas actuaciones se refieren al mismo impuesto y ejercicio objeto de la devolución solicitada.

La sentencia nº 667/2026, de 29 de mayo de 2026, del Tribunal Supremo, con nº recurso 2056/2024 analiza la incidencia que tienen las actuaciones de comprobación tributaria desarrolladas respecto de una sociedad absorbida sobre el plazo de prescripción del derecho de la sociedad absorbente a obtener una devolución tributaria.

El interés casacional del asunto radica en determinar si la tramitación de un procedimiento de comprobación limitada comunicado a la sociedad absorbente, pero referido a obligaciones tributarias de una sociedad absorbida ya extinguida como consecuencia de una fusión por absorción, tiene eficacia interruptiva del plazo de prescripción del derecho a solicitar o exigir una devolución derivada de la normativa tributaria.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina respecto a la exención por reinversión en vivienda habitual respecto a los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial

El Tribunal Supremo reitera su doctrina respecto a la exención por reinversión en vivienda habitual respecto a los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Imagen de unas figuras de personas de madera y una casa junto a un mazo de juez

En estas situaciones, el excónyuge tiene derecho a aplicar la exención del art. 38 de la Ley del IRPF, aunque no resida físicamente en ella en el momento de la transmisión ni durante los dos años inmediatamente anteriores.

La sentencia nº 646/2026, de 27 de mayo de 2026, con nº recurso 6833/2024, del Tribunal Supremo, resuelve un recurso de casación en materia de IRPF y exención por reinversión en vivienda habitual, abordando una cuestión de gran relevancia práctica en los supuestos de separación o divorcio.

El litigio surge porque la Administración Tributaria consideró improcedente la aplicación de la exención por reinversión al entender que, en el momento de la transmisión del inmueble, este ya no constituía la vivienda habitual del contribuyente, quien había abandonado la residencia familiar varios años antes como consecuencia de su divorcio.

En un grupo a efectos del IVA, la exención solo procede si el miembro que realiza efectivamente la prestación cumple todos los requisitos exigidos, aun cuando otro miembro si los cumpla

En un grupo a efectos del IVA, la exención solo procede si el miembro que realiza efectivamente la prestación cumple todos los requisitos exigidos, aun cuando otro miembro si los cumpla. Imagen de unos empresarios en los que se ve su reflejo en el suelo

La consideración de sujeto pasivo único de un grupo a efectos del IVA no impide comprobar si el miembro que realiza efectivamente la prestación cumple los requisitos exigidos para aplicar las exenciones. Estas deben interpretarse de forma estricta por su carácter excepcional y exigen que el prestador esté debidamente reconocido como entidad de carácter social o sanitario cuando se trata de servicios de asistencia. No procede extender la exención a prestaciones realizadas por un miembro del grupo que no cumple dichas condiciones, aunque otro miembro sí las reúna, ya que ello sería contrario al sistema de reconocimiento, a la finalidad de interés general de las exenciones y al principio de neutralidad fiscal.

El TGUE en su sentencia de 10 de junio de 2026 recaída en el asunto T-444/25, analiza si, en un grupo a efectos del IVA, basta con que un miembro cumpla los requisitos personales exigidos para la exención o si también debe cumplirlos el miembro que realiza las prestaciones.

TS: si el acuerdo sancionador coincide íntegramente con la propuesta inicialmente notificada, no hace falta nueva propuesta de sanción ni nuevo trámite de audiencia

TS: si el acuerdo sancionador coincide íntegramente con la propuesta inicialmente notificada, no hace falta nueva propuesta de sanción ni nuevo trámite de audiencia. Imagen de un altavoz del que sale un bocadillo blanco vacío

El Tribunal Supremo aclara cuándo es necesario un nuevo trámite de audiencia en los procedimientos sancionadores tributarios abreviados.

La sentencia nº 619/2026, de 18 de mayo de 2026, del Tribunal Supremo, con nº recurso 3213/2024 trata de determinar si, en los procedimientos sancionadores tributarios iniciados antes de que concluya el procedimiento inspector del que derivan, es obligatorio emitir una nueva propuesta de sanción y conceder un nuevo trámite de audiencia una vez dictada la liquidación definitiva.

Deducibilidad de los gastos financieros en el IS y límites a la recalificación de los préstamos participativos

Deducibilidad de los gastos financieros en el IS y límites a la recalificación de los préstamos participativos. Imagen de una chica con cara de preocupación mirando unos papeles

La Audiencia Nacional anula una regularización del IS al considerar que la Inspección se excedió al utilizar la facultad de calificación del artículo 13 LGT para cuestionar los motivos económicos de una operación de reestructuración, ámbito reservado a la simulación o al conflicto en la aplicación de la norma.

La AN en su sentencia de 30 de abril de 2026, recaída en el recurso n.º 3/2021, analiza los límites del art. 13 de la LGT en relación con un préstamo participativo que fue recalificado como aportación de fondos propios.

La entidad demandante fue constituida por un fondo de capital riesgo para la adquisición de empresas en el sector de recobro de deudas y negocios asociados. Se llevó a cabo una operación por la que la sociedad adquirió el 100% de otra sociedad dedicada al recobro de deudas, dicha a adquisición se financió en un 36% mediante ampliación de capital, un 34% mediante un préstamo sindicado con bancos, y un 30% mediante un préstamo participativo otorgado por el fondo de capital riesgo.

Para acceder al subsidio por desempleo y efectuar el cómputo de las rentas brutas del solicitante no procede descontar la pensión de alimentos de los hijos que deba satisfacer

Para acceder al subsidio por desempleo y efectuar el cómputo de las rentas brutas del solicitante no procede descontar la pensión de alimentos de los hijos que deba satisfacer. Imagen de una madre teletrabajando en la cocina de su casa y su familia de fondo

Por el contrario, para acceder al IMV se va a considerar como renta exenta para la persona obligada al abono, la pensión de alimentos en favor de los hijos que deba ser satisfecha y siempre que se haya producido el pago de la misma

Esto es lo que concluye la sentencia núm. 409/2026, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 24 de abril de 2026, rec. núm. 975/2025, que no trata la fiscalidad de ambas de prestaciones, pero que sirve para que entendamos la diferencia de trato que el legislador ha establecido en el cómputo de rentas para el acceso al subsidio de desempleo y para el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Recordemos que las prestaciones y subsidios por desempleo en España, gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se dividen en dos niveles principales según el tiempo cotizado y las circunstancias personales: (i) Nivel Contributivo (El "Paro") y (ii) Nivel Asistencial (Subsidios por desempleo). Ambas están sujetas y no exentas en el IRPF. En cambio, el IMV en sí mismo es una renta exenta y la casi totalidad de los beneficiarios no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración para mantener el derecho a su cobro.

Base imponible del AJD en las escrituras de declaración de obra nueva formalizadas muchos años después de la construcción

Base imponible del AJD en las escrituras de declaración de obra nueva formalizadas muchos años después de la construcción. Imagen de un casco de obrero sobre un plano y junto a un metro y reglas de medida

El Tribunal Supremo confirma que la base imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de declaración de obra nueva debe determinarse por el coste real de ejecución material de la construcción, sin que proceda aplicar coeficientes de actualización monetaria aunque hayan transcurrido décadas entre la finalización de la obra y su formalización en escritura pública.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 617/2026, de 18 de mayo de 2026, con nº recurso 8043/2023, aborda una cuestión de especial interés en materia de Actos Jurídicos Documentados (AJD): determinar si, cuando una escritura de declaración de obra nueva se formaliza muchos años después de haberse ejecutado la construcción, la base imponible del impuesto debe calcularse tomando como referencia el coste histórico de la obra o si, por el contrario, dicho coste puede actualizarse mediante coeficientes monetarios para reflejar su valor en el momento del devengo.

La situación de crisis o ralentización empresarial no equivale a un cese de actividad a efectos de derivar responsabilidad subsidiaria

La situación de crisis o ralentización empresarial no equivale a un cese de actividad a efectos de derivar responsabilidad subsidiaria. Imagen de unas flechas de colores en todas las direcciones

No queda acreditada la concurrencia de ninguno de los requisitos determinantes de la responsabilidad subsidiaria. En primer lugar, constan operaciones y actuaciones en ejercicios posteriores, lo que evidencia que la sociedad no había interrumpido completamente su actividad, sino que atravesaba una situación de crisis o ralentización. En segundo lugar, si el cese efectivo se produjera en un momento posterior, tampoco resultaría posible imputar responsabilidad al recurrente, pues consta acreditada su renuncia al cargo de administrador. Por último, la Administración tampoco identifica una conducta individualizada del recurrente que pueda calificarse de negligente o infractora del deber de diligencia.

El litigio resuelto por la Audiencia Nacional en su sentencia de 29 de abril de 2026, recaída en el recurso n.º 2341/2021, gira en torno al acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria por el que se exigió al recurrente el pago de determinadas deudas tributarias de una sociedad en aplicación del art. 43.1.b) LGT, fundamentado en tres elementos: la existencia de un cese efectivo de actividad de la sociedad; la condición del actor como administrador en el momento del cese; y la falta de adopción de medidas necesarias para asegurar el pago de las obligaciones tributarias pendientes, conclusión confirmada por el TEAC.

La parte actora sostiene que no concurren los presupuestos exigidos por el art. 43.1.b) LGT para derivar al recurrente la responsabilidad subsidiaria. Argumenta que la sociedad no había cesado en su actividad, como lo evidencian actuaciones administrativas posteriores, singularmente la concesión de un aplazamiento, que presuponen continuidad de la actividad y capacidad de generación de recursos. Añade que, en cualquier caso, no ostentaba la condición de administrador en el momento en que pudiera situarse un eventual cese real y definitivo, dado que renunció a su cargo. Niega asimismo la existencia de conducta negligente imputable y cuestiona la inclusión del recargo por presentación extemporánea dentro del alcance de la derivación.

Aplicación de la reducción del 30 por ciento sobre unas “stock options” derivadas de planes multianuales de opciones sobre acciones

Aplicación de la reducción del 30 por ciento sobre unas “stock options” derivadas de planes multianuales de opciones sobre acciones. Imagen del escritorio de un hombre mientras está con la calculadora

Si nos ceñimos a la exigencia de no concesión anual de las opciones, no puede considerarse justificada la negativa de la Administración a la aplicación de la reducción, puesto que durante el período 2008-2018 el contribuyente no recibió ninguna opción en 4 de estos ejercicios y además no aplicó la reducción para rendimientos obtenidos en los cinco periodos impositivos anteriores al de ejercicio

Esto es lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia núm. 237/2026, de 27 de abril de 2026, rec. núm. 808/2023, donde se recurre la denegación de la rectificación de la autoliquidación presentada por el recurrente del IRPF (2018), que había solicitado la aplicación de la reducción sobre los rendimientos del trabajo en especie derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones por el trabajador concedidas antes del 1 de enero de 2015. La AEAT considera que no queda acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 18.2 y Disposición Transitoria 25ª.4 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

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