Jurisprudencia

En una sentencia de 31 de marzo de 2016, la Audiencia Nacional confirma las actuaciones inspectoras y sancionadoras llevadas a cabo por la Inspección que apreció la existencia de fraude de ley, pues mediante un complejo entramado de operaciones (ampliación de capital, fusión, aportación de participaciones suscripción de bonos austriacos para justificar la transparencia, etc.) se evita la tributación de las plusvalías obtenidas en la venta de inmuebles.

Para la Administración todo el proceso se traduce en la revalorización de los terreno sin apenas coste fiscal; revalorización que a su vez determinar un ahorro fiscal cuantioso en el momento de la enajenación de las promociones construidas sobre los terrenos. 

Mediante la aplicación diseñada y combinada de préstamos-inversión en bonos; ampliación de capital con aportaciones no dinerarias y fusión sin acogimiento al régimen especial se consigue que afloren las plusvalías de los inmuebles sin apenas coste fiscal.

• La falta de rentabilidad de una operación no le hace perder su carácter oneroso a efectos del IVA, salvo que sea de gran magnitud
• No hay requerimiento previo que justifique la aplicación del régimen de recargos por ingreso extemporáneo cuando, con base en la elección de un nuevo criterio de imputación temporal de ingresos y gastos, se regularizan ingresos de un ejercicio en otro que aún no ha sido requerido
• Hasta que no se produce la inscripción registral de una sociedad no puede ser sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades
• Los gastos de "finiquito" relativo a servicio doméstico del causante son deducibles en el ISD
• Suspensión automática, sin garantía, de la ejecución de un acuerdo de responsabilidad subsidiaria exigida al administrador, cuando la sanción ya estaba suspendida
• Debe anularse la liquidación del ICIO girada al sustituto sin posibilidad de revisarla en vía administrativa aunque no se produjera indefensión
• La calificación del bien inmueble a efectos del Catastro Inmobiliario no es la que determina los criterios de valoración y su valor real sino que es su situación y verdadera finalidad

Así lo manifiesta el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 2 de Jaén, en su sentencia de 10 de marzo de 2016 en la que una vez más se afirma que la ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método de cálculo" y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica.

Apunta el Tribunal que (afortunadamente) cada vez más órganos de nuestra jurisdicción están dictando sentencias favorables al obligado tributario cuando transmite un inmueble con pérdidas, entendiendo que en ese caso no debería exigirse la plusvalía municipal [Vid. SSTSJ de Madrid de 24 de abril de 2015, recurso n.º 283/2014, TSJ de Cataluña, de 21 de marzo de 2012, recurso n.º 432/2010 y de 22 de marzo de 2012, recurso n.º 511/2011, y sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, de 13 de julio de 2015, recurso n.º 123/2015 y Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 31 de julio de 201, recurso n.º 17/2015].

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado en los últimos días una sentencia –de 11 de mayo de 2016- de enorme interés para los analistas del Derecho Tributario, por cuanto analiza las consecuencias –eso sí, civiles- derivadas de una equivocada designación del impuesto concurrente en una determinada operación, que hizo llegar al vendedor al convencimiento de que el comprador con el que finalmente pactó, era su mejor opción.

La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2016 tiene la particularidad de reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por una infracción del Derecho Comunitario, aún en contra de otras sentencias sobre responsabilidad por aplicación de la misma norma –redacción original del art. 79.Cinco Ley 37/1992 (Ley IVA)-, bajo la clave de que en el caso de autos, pero no en otros, la actitud de la demandante desde la primera actuación y a lo largo de todo el proceso ha sido la de poner de manifiesto la existencia de esa vulneración del Derecho Comunitario, y no tan sólo tras la declaración de su ilegalidad por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2011.

• A pesar de gestionarse por operadores privados, el recargo alemán a la producción de electricidad mediante energías renovables tiene naturaleza de ayuda de Estado
• La sustitución de un grupo de sociedades por otro no afecta al mantenimiento de la reinversión
• Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por reinversión de beneficios extraordinarios
• Aplicación de la reserva para inversiones en Canarias por la inversión en un hotel, inmueble usado
• Gastos de publicidad en envases y deducción por promoción de grandes acontecimientos deportivos y culturales
• Descuentos sobre ventas en el IS en las ventas a través de fleteros
• Requisito de la proporcionalidad en las escisiones a efectos de la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, operaciones de activos y canje de valores
• El Ayuntamiento no puede rectificar la declaración inicial del IIVTNU si no es a través de la revisión de oficio de los actos propios 
• Está legitimado para impugnar la liquidación del IIVTNU la persona que se obliga al pago del impuesto contractualmente 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 2 de febrero de 2016 entiende que no es procedente reconocer a las fincas correspondientes al Hospital Universitario como a su centro de especialidades la exención aplicable a los inmuebles afectos a los servicios educativos ya que todos ellos son centros sanitarios, "directamente afectos", por tanto, al servicio sanitario, aunque puedan destinarse también a otros usos no estrictamente sanitarios, como es el uso educativo, y los conciertos con Universidades, y otras entidades educativas que puedan llevarse a cabo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 28 de enero de 2016, ha confirmado la liquidación del Ayuntamiento en la que se considera no aplicable la exención en el ICIO de las obras realizadas por una mercantil, aunque el dueño de la obra sea una empresa pública. Las obras consistieron en la «consolidación, impermeabilización, ajardina miento y construcción de helipuerto y recintos deportivos y de esparcimiento» con el fin de posibilitar la apertura y el uso para todos los ciudadanos de la superficie del tercer depósito de agua, teniendo en consideración que se trata de una zona de la ciudad carente de suelo dotacional público suficiente para satisfacer la demanda de los residentes de la zona con instalaciones deportivas, zonas de paseo y de recreo como tiendas y restaurantes.

Este análisis pone de manifiesto que, la finalidad de las obras realizadas no es hidráulica en sentido propio. En consecuencia, los trabajos realizados no están exclusiva o "directamente" destinados a obras hidráulicas, aunque se hayan realizado con ocasión de ellas reparaciones y refuerzos de la estructura de cubierta del tercer depósito, impermeabilizando el interior de los depósitos con pintura y se hayan sustituido o instalado compuertas, y por tanto al sentencia apelada estimó improcedente la aplicación de la exención.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en su sentencia de 18 de febrero de 2016, conforme a lo mantenido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, [Vid. SSTS 28 de octubre de 2010, recurso n.º 218/2006, y de 2 de febrero de 2012, recurso n.º 2318/2010] sostiene que los requisitos de empleado y local son meros indicios, pues la actividad económica se puede acreditar aunque no disponga de ellos. La jurisprudencia no considera requisito para entender acreditada la realización de la actividad económica la existencia de un local o de un empleado, considerando tales datos como meros indicios. Lo importante es examinar la actividad realmente desarrollada.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 28 de enero de 2016, confirma el criterio seguido por la cadena de franquicias a la hora de determinar el valor de mercado en las ventas de activos mobiliarios de restaurantes a sus franquiciados. En las ventas de mobiliario a los franquiciados, la entidad lo transmite primero a una intermediaria vinculada, que es la que vende o cede al franquiciado.

El debate jurídico se centra en la corrección de la valoración efectuada por la Administración. Pues como sostiene el TEAC "no se discute que existe vinculación entre las entidades que intervienen en las operaciones, ni que concurren los requisitos exigidos para que la Administración valore las operaciones por su valor normal de mercado", sino que el debate se centra en el método de valoración.

Cuando McDonalds Sucursal en España (MSE) vende al franquiciado asume riesgo como gestora del contrato de franquicia y en ocasiones obtiene por la venta de los equipos un importe inferior a su valor de compra, por lo que la Sala estima correcto el criterio de valoración de la entidad.