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El TS sienta jurisprudencia: La residencia fiscal se mide por el criterio objetivo de permanencia y no por la voluntad del contribuyente

Se confirma así la “doctrina” creada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias a costa de la residencia fiscal de los becados en el extranjero

El Tribunal Supremo, de la que es exponente la de 28 de noviembre de 2017, ha dictado un conjunto de sentencias que analizan bajo el formato del nuevo recurso de casación con el objetivo de formación de jurisprudencia la cuestión de si las ausencias esporádicas, que según el art. 9 Ley 35/2006 (Ley IRPF) no computan a la hora de determinar la residencia fiscal en España del contribuyente, dependen o no de la voluntad de permanencia de la persona en cuestión o su valoración se mide por criterios objetivos exclusivamente.

Es decir, que si el motivo de la residencia fuera de territorio español no pone de manifiesto una voluntad real de residir fuera –como es el caso en cuestión, de unos estudiantes becados por el ICEX para estudiar en el extranjero- pueda ello tenerse en cuenta a la hora de valorar que esos contribuyentes residen o no fuera de España, y tributan por el IRPF o IRNR.

5 conceptos clave que te interesa conocer de las operaciones intracomunitarias

Operaciones intracomunitarias

El correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, derivadas de la realización de operaciones intracomunitarias, requiere de un profundo conocimiento de la normativa fiscal asociada a este tipo de operaciones, ya que en caso contrario se pueden cometer errores que pueden acabar saliendo muy caros, al derivar en sanciones de la Agencia Tributaria.

En relación con las operaciones intracomunitarias hay cinco conceptos clave que debes conocer.

Ley de Presupuestos de Andalucía: buenas noticias para las herencias

El 1 de enero de 2018 entra en vigor la Ley del Presupuesto de Andalucía para el año 2018

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha publicado en el BOJA de 15 de diciembre, la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.

En dicha Ley, además de actualizar, como cada año, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad, aplicando para el año 2018 el coeficiente 1,017 a las cantidades exigibles en 2017, destacamos las reformas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Los intereses de demora liquidados tras un procedimiento de comprobación tienen el carácter de no deducibles en el IS

Los intereses de demora derivados del pago de un acta de inspección no son un gasto necesario para la obtención de los ingresos.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 4 de diciembre de 2017, resuelve que los intereses de demora liquidados tras un acta de Inspección -criterio extensible a los intereses de demora derivados de cualquier procedimiento de comprobación: sea verificación de datos, comprobación limitada o inspección- tienen el carácter de no deducibles a la hora de tributar por el Impuesto sobre Sociedades. Criterio que se ha sostenido porque considera el Tribunal, que esos intereses de demora no son un gasto necesario para la obtención de los ingresos.

Es válida la notificación simultánea de la declaración de caducidad y de inicio de un nuevo procedimiento dentro del plazo de prescripción con determinados requisitos

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 16 de noviembre de 2017, concluye que no es compatible la notificación en un solo documento de la declaración de caducidad y del inicio del nuevo procedimiento, salvo que se incluyese de forma expresa en ese único acto con claridad el diferente régimen de impugnación de la declaración de caducidad y sus efectos.

Como es sabido, una vez producida la caducidad, la Administración puede volver a iniciar el mismo procedimiento u otro de diferente naturaleza, con el mismo o con otro alcance distinto, si no ha mediado prescripción. Así lo prevé el art. 104. 5 de la Ley 58/2003 (LGT), indicando expresamente que las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la oportuna liquidación, advirtiendo a continuación el mismo precepto que, las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento que caducó, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad.

Ventajas fiscales que no impiden que determinadas operaciones de reestructuración empresarial puedan acogerse al régimen especial en el IS

El que comporte ventajas fiscales no es obstáculo para que una operación de reestructuración empresarial (escisión) pueda acogerse al régimen especial. El propio diferimiento en la tributación que supone el régimen  de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores puede constituir una ventaja fiscal a efectos de considerar la existencia de motivo económico válido en la operación.

La Audiencia Nacional en dos recientes sentencias admite la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores en los supuestos analizados a pesar de que dichas operaciones comporten ventajas fiscales. 

Posibilidad de regularización administrativa pese a sentencia penal absolutoria

El principio non bis in ídem impide dos sanciones, pero no dos pronunciamientos sobre los mismos hechos, por lo que  cabe la posibilidad de regularización administrativa pese a sentencia penal absolutoria.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sentencia de 13 de julio de 2017 afirma que la prejudicialidad penal afecta a los hechos declarados probados por el tribunal penal. No obstante, en el supuesto de que respecto a la deducción por servicios no reales, el tribunal penal hubiese absuelto al administrador por no haberse acreditado la falsedad de las facturas, ello no implica que no pueda regularizarse en vía administrativa, en la medida que existan indicios suficientes de que los servicios no eran reales. Los testimonios de los trabajadores que sirvieron para declarar no acreditada la falsedad de las facturas no son suficientes para que en vía administrativa, dada la rotundidad de los indicios existentes en contra, se den por reales los servicios prestados. El principio de non bis in ídem impide dos sanciones, pero no dos pronunciamientos sobre los mismos hechos.

Las reformas tributarias contenidas en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018

Plan anual normativo 2018

El Consejo de Ministros aprobó,  por primera vez el pasado jueves día 7 de diciembre, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018, que persigue racionalizar la actividad de producción normativa, mejorar la calidad de las normas y permitir su evaluación periódica, en consonancia con las exigencias internacionales y el informe CORA.

Las funciones principales que cumple el plan son:

  1. Reforzar la seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento jurídico.
  2. Incrementar la transparencia., dando a conocer  cuáles son las normas previstas para cada año natural,
  3. Racionalizar la actividad normativa., a través de la reflexión que impone la articulación en un calendario del programa legislativo

Inseguridad jurídica ante la inconstitucionalidad del IIVTNU o plusvalía

Ni la Administración ni el juez pueden reconstruir la regulación del IIVTNU declarada inconstitucional

Siguen repitiéndose los casos en los que los Tribunales anulan  las liquidaciones que por el IIVTNU giran los Ayuntamientos  a los contribuyentes  en un clima de gran inseguridad jurídica ante el retraso por parte del estado en ultimar la reforma de este impuesto una vez que el Tribunal Constitucional declaró su inconstitucionalidad y  un Juzgado gallego pone sobre la mesa, a mi juicio,  el detonante de esta situación que no es otro que la habitual falta de correspondencia del valor catastral con el valor real de las viviendas, especialmente tras el desplome acaecido tras la burbuja inmobiliaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia de 22 de septiembre de 2017, se une a la denuncia que ya expresase el TSJ de Madrid en su sentencia de 19 de julio de 2017 que anula la liquidación del IIVTNU que había sido girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, pues el Tribunal Constitucional rechaza  "dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento", determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada.