Doctrina Administrativa

La DGT se pronuncia sobre las exenciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica   (IVTM) de los vehículos cuyo permiso de circulación conste a nombre de la Universidad pública y que está afecto al cumplimiento de sus fines y sobre la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  Obras (ICIO) de las obras realizadas en los inmuebles de la Universidad y que estén  afectos al cumplimiento de los fines de estas Universidades Públicas. Además recuerda que contestación a las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos.

En la consulta V2757/2019, la DGT, pone de manifiesto que la exención del art.80.1 de la Ley Orgánica 6/2001 (Universidades), es una exención de carácter mixto, que requiere para su aplicación la concurrencia de un elemento subjetivo (que se trate de una Universidad pública) y de un elemento objetivo (que los bienes estén afectos al cumplimiento de los fines que son propios a una Universidad o que se trate de actos que realicen para el desarrollo inmediato de tales fines).

Las Universidades públicas están exentas, concurriendo los requisitos para ello de los que graven  los bienes afectos al cumplimiento de sus fines (IBI e IVTM) que recaigan sobre inmuebles o vehículos afectos, respectivamente y los actos que para el desarrollo inmediato de tales fines realicen (IAE) en cuanto a la actividad integrada por esos actos, y, cuando proceda, (ICIO e IIVTNU).

Diferencia entre obligaciones de suministro general de información tributaria y obligaciones de información individualizada.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 8 de octubre de 2019, resuelve la cuestión relativa a la competencia de la ONIF de la AEAT para requerir información con trascendencia tributaria a una entidad domiciliada en Navarra, donde quien tiene el poder tributario es la Hacienda Foral.

Así, en el caso que nos ocupa, el supuesto de hecho que determina la incoación del expediente sancionador -y, finalmente, la imposición de la correspondiente pena- es la desatención, por parte de la entidad domiciliada en Navarra, de un requerimiento, sucesivamente reiterado, que, al amparo de lo señalado en los arts. 93 y 94 de la Ley 58/2003 (LGT), le dirigió el Equipo Central de Información de la ONIF, instándole la aportación de determinada información sobre las operaciones comerciales, económicas y/o financieras realizadas con otra entidad entre los años 2003 a 2013.

Las actas de remisión de documentos por correo no incorporan los elementos exigidos a las actas de requerimiento notarial.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 15 de octubre de 2019, resuelve en la cuestión relativa a si es indiferente instar el cobro del crédito mediante requerimiento notarial al deudor o mediante acta notarial de remisión de carta por correo

Al respecto, la Administración tributaria considera que las actas de remisión de documentos por correo no incorporan los elementos exigidos a las actas de requerimiento notarial y, por su parte, la entidad alega que, tanto las actas de remisión de documentos por correo como las actas de requerimiento cumplen las mismas funciones, por lo que el uso de unas u otras debe ser indiferente a efectos del art. 80.Cuatro.A).4.ª de la Ley 37/1992 (Ley IVA).

• Devolución a no establecidos: ¿cómo afecta al plazo para solicitar la devolución de las cuotas soportadas la aportación de facturas rectificativas en vía de revisión?
• Liquidación administrativa de pago fraccionado no deducido por el contribuyente en su autoliquidación anual, en fecha posterior a la presentación de dicha autoliquidación ¿hay devengo de intereses?
• Periodo de generación de la ganancia patrimonial por la venta de una finca adquirida por contrato de arrendamiento financiero: fecha del ejercicio de la opción de compra vs fecha en que se celebró el contrato de leasing
• ¿Puede tomar en consideración el órgano económico-administrativo circunstancias obrantes en el expediente posteriores a la fecha en que se dictó el acto impugnado?
• Solo las uniones de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho son equiparables a la situación conyugal a efectos de poder obtener derechos y beneficios
• La provisión por terminación de obra no es deducible a pesar de ser correcta su dotación desde un punto de vista contable
• Garantías de pago del IBI: Afección de los inmuebles e hipoteca legal tácita
• Devengo del IIVTNU (plusvalía) en caso de ventas de inmuebles con pago aplazado
• Cómputo de la antigüedad del trabajador en el seno de un grupo de empresas a efectos de la exención de la indemnización por despido
• Las obras realizadas en el inmueble en el que se ha realizado la actividad, para su restitución en las mismas condiciones, son deducibles del rendimiento de la actividad

La DGT establece que los intereses atribuibles a un EP ubicado en Reino Unido perteneciente a una entidad bancaria irlandesa, si se produce la separación del Reino Unido de la UE, tributarán en España, conforme el Convenio suscrito con Irlanda, con el límite del 10 por 100 del importe bruto de los intereses.

La Dirección General de Tributos en consulta vinculante V2648/2019 de fecha 05-09-2019, se pronunció indirectamente sobre los efectos del Brexit en la tributación de los intereses por préstamos concedidos a sociedades españolas atribuibles a un establecimiento permanente en el Reino Unido de una entidad bancaria comunitaria.

Para la DGT, en los actuales momentos, los intereses de fuente española obtenidos sin mediación de establecimiento permanente en España por un residente fiscal comunitario, o por un establecimiento permanente de dicho residente sujetos pero exentos del Impuesto sobre la renta de no residentes en España.

Efectivamente, son válidos para acreditar la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos siempre que contengan los datos necesarios requeridos por la normativa reguladora

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 24 de septiembre de 2019, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, la cuestión relativa a si los acuses o avisos de recibo electrónicos, denominados también certificados de entrega o de imposibilidad de entrega, emitidos por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, son válidos para acreditar, respectivamente, la notificación o los intentos de notificación de los actos administrativos.

• Las compensaciones a tanto alzado previstas en el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca sólo podrán deducirse cuando hayan sido pagadas
• Aportación de capital para reducir pérdidas y posterior transmisión de participaciones ¿Puede el nuevo propietario de dichas participaciones aplicar la deducción por doble imposición interna?
• La Administración no puede dictar la providencia de apremio para hacer efectivos los créditos contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso. Cambio de criterio.
• Para declarar la responsabilidad solidaria del administrador tiene que existir dolo además de culpa
• No son deducibles las cuotas soportadas de forma indebida por operaciones inexistentes, siendo irrelevante el grado de conocimiento o sospecha del contribuyente
• Cuando se parta de una calificación jurídica que derive de un acto o sentencia firme, la competencia revisora del TEAC no alcanza la revisión de dicho criterio fuera del procedimiento especial de revisión
• Exigencias y plazo para solicitar devoluciones en IVA
• Donación entre cónyuges sin presentación de declaración
• La venta de un crédito por un valor inferior, no afecta a la deducibilidad de los gastos en el IS
• Los periodos en los que la entidad no tenía consideración de patrimonial permiten aplicar parcialmente la exención a las rentas

• Sólo las uniones de hecho inscritas en el Registro de Uniones de Hecho son equiparables a la situación conyugal a efectos de poder obtener derechos y beneficios
• Deben declararse inaplicables las restricciones contenidas en la normativa interna que discriminen a los residentes en terceros países respecto a bienes o derechos objeto de tributación por el ISD
• No existe ganancia de patrimonio del titular de una administración de lotería tras acogerse al régimen de derecho privado
• Las retribuciones satisfechas por los clubes a los agentes FIFA son mayor renta imputable a los futbolistas
• Tributación de las cantidades percibidas por los eurodiputados tras cesar en sus funciones con origen en el "régimen voluntario de pensión complementaria"
• En el concurso de acreedores, el periodo impositivo concluye con la inscripción en el registro mercantil
• Liquidación final del ICIO en caso de liquidación de empresas
• Los gastos de alquiler de un inmueble sólo pueden deducirse de los rendimientos íntegros de dicho inmueble y no de otros inmuebles que se tengan alquilados
• Aunque se tenga dos viviendas contiguas con accesos independientes y con una única referencia catastral, si una de ellas se queda vacía, se han de imputar rentas inmobiliarias
• Quién pone en contacto al cedente y al cesionario en el alquiler turístico es el obligado a informar

Se abre la puerta a considerar efectivo, el desarrollo de la actividad económica, con anterioridad a la firma de los contratos de arrendamiento.

La cuestión objeto de controversia en el caso que nos ocupa, versa sobre si los activos del inmovilizado material en los que la entidad obligada efectuó la reinversión eran o no aptos a efectos de la deducción, en concreto, atendiendo a si resultaba aplicable y fue cumplido el requisito de entrada en funcionamiento dentro del plazo de reinversión.

Pues bien, por lo que se refiere a la entrada en funcionamiento de los inmuebles en los que se materializó la reinversión, la tesis sostenida por la Inspección es que dicho momento ha de identificarse con el inicio efectivo del alquiler de los inmuebles. Sin embargo, el TEAR consideró probado que los inmuebles estaban afectos y habían entrado en funcionamiento antes del fin del plazo de los tres años, al haberse demostrado que habían estado en disposición de ser alquilados con anterioridad al vencimiento del citado plazo. Atacando estas conclusiones, y a fin de respaldar su postura, la Inspección trae a colación un incentivo fiscal distinto en el ámbito de la Reserva para Inversiones en Canarias -en adelante, RIC-, pero cuya aplicación también exige la entrada en funcionamiento del activo. Y a este respecto, argumenta que "el concepto de puesta en funcionamiento va más allá que la puesta en condiciones de funcionamiento, pues otra postura, llevaría a admitir como materialización de la RIC activos que nunca llegan a utilizarse de facto en la actividad económica o productiva".

• La solicitud de rectificación de autoliquidación presentada por un motivo por el que ya fue previamente desestimada puede ser inadmitida a trámite
• El cónyuge no deudor no está legitimado para interponer reclamación económico-administrativa contra la diligencia de embargo de un bien ganancial
• La solicitud de suspensión de la resolución impugnada que se inste para la interposición del recurso de alzada debe acompañar al escrito de interposición
• La Administración no puede denegar un aplazamiento motivándolo con una afirmación genérica
• Escritura pública en la que se recoge tanto la segregación como la extinción del proindiviso: condición para no gravar ambos conceptos
• Reducción mortis causa de participaciones en entidades: concepto de bienes afectos
• Reducción por donación de empresa: momento en que deben cumplirse los requisitos exigidos para su aplicación
• La cantidad que un autónomo detrae de su actividad en forma de nómina mensual para sí mismo no se puede deducir
• El arrendamiento de vivienda satisfecho por una abogada a su empleado como parte de su retribución salarial es gasto deducible
• Matrimonio en separación de bienes propietario de dos viviendas distintas siendo cada una la residencia habitual de cada cónyuge