Doctrina Administrativa

• Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento en período voluntario que da lugar a un requerimiento administrativo frente al solicitante: la normativa tributaria es la única aplicable
• El obligado al pago de un crédito titularidad de otro deudor, está legitimado para solicitar la devolución de los ingresos indebidos que entiende ha podido realizar
• En la cuantificación del ajuar doméstico no puede mantenerse de forma automática la presunción legal del 3% del importe del caudal relicto del causante
• Ejercicio a tener en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos legales para disfrutar de la reducción por transmisión mortis causa de empresa individual
• Los fines de interés general que debe perseguir una fundación pueden ser ejecutados tanto de manera directa como indirecta
• La mera interposición del recurso de alzada frente a una resolución dictada en primera instancia no supone automáticamente su suspensión
• La DGT se suma al TS en lo que tiene que ver con las consecuencias que para la interrupción de la prescripción supone la anulación de un acto administrativo
• El Banco intermediario entre el titular de unas inversiones y el Banco depositario establecido en el extranjero no puede suplir al obligado a presentar el modelo 720
• El pagador de rentas del trabajo no puede exigir al trabajador que le acredite las circunstancias contenidas en la comunicación de datos -modelo 145-
• Las operaciones societarias realizadas con el fin último de preparar la venta de una línea de negocio hacen perder el derecho a disfrutar del régimen especial de fusiones

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2016, examina si la presentación de la declaración-resumen anual del IVA interrumpe, en este caso, la prescripción de todos los periodos del año 2004 o no, concluyendo que el modelo de declaración-resumen anual presentado por la entidad en enero de 2005 no interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración para comprobar y liquidar todos los periodos de liquidación de IVA del ejercicio 2004, sino que habrá que estar al plazo de presentación de la declaración-liquidación de cada periodo, y su correspondiente plazo de prescripción.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si la infracción consistente en la no presentación en plazo del modelo 340 -Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro-,  se debe sancionar con la sanción prevista con carácter general -multa pecuniaria fija de 200 euros- o si, por el contrario, debe sancionarse con la sanción de 20 euros por dato, con los límites máximo y mínimo legalmente previstos.

Para determinar la sanción que procede aplicar en el supuesto aquí debatido, debe determinarse, en los términos que dispone el art. 198 de la Ley 58/2003 (LGT), la naturaleza de dicha declaración, para lo cual procede analizar la normativa. En concreto, el modelo 340 está previsto en el art. 36 del RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria) que regula la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro.

• Cuantificación de la base sobre la que ha de calcularse la sanción en el caso de la conducta prevista en el artículo 191.6 de la Ley 58/2003 (LGT)
• La valoración por sociedades de tasación privadas en virtud de convenio de colaboración con la AEAT, no necesita la firma posterior de un perito de la Administración
• Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una operación vinculada
• Extensión al responsable, declarado o no, de la interrupción del plazo de prescripción para el deudor principal
• Los desarrolladores de aplicaciones móviles pueden deducirse los descuentos que asuman para fomentar el uso de su plataforma
• La pérdida de la residencia habitual por presunción familiar se recupera al recobrar la dependencia económica del cónyuge que la genera
• El divorcio de mutuo acuerdo formulado en convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante notario se equipara al decreto judicial de divorcio. Mínimo por descendientes
• La libre imputación de bases imponibles negativas de las sociedades en liquidación es aplicable a todo el proceso, no sólo al ejercicio en que se extinguen
• Exclusión o no del método de estimación objetiva y del régimen especial simplificado del IVA  en caso de comercialización de  tarjetas prepago para realizar apuestas online
• Las normas que rigen el embargo de los sueldos y salarios son aplicables por equiparación a los trabajadores autónomos dependientes

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de septiembre de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión consiste en determinar si el contribuyente por IRPF arrendador de un inmueble susceptible de ser utilizado como vivienda, tiene derecho o no a aplicar la reducción prevista en el apartado segundo del art. 23 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), cuando siendo el arrendatario una persona jurídica, quede acreditado que el inmueble se destina a la vivienda de determinadas personas físicas. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de septiembre de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión consiste en determinar si a los efectos de la exención por reinversión en vivienda habitual, en el plazo de los dos años anteriores o posteriores a la transmisión, los importes obtenidos en la trasmisión pueden destinarse sólo a la adquisición o rehabilitación de la nueva vivienda habitual o si resulta conforme a Derecho que también se destinen a la construcción de dicha vivienda, en los términos que la “construcción” está regulada en la normativa del Impuesto -que, entre otros extremos, contempla un plazo de cuatro años para la finalización de las obras desde el inicio de la inversión-, fijando como criterio que a efectos de la exención en el Impuesto de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, la adquisición de la nueva vivienda habitual debe entenderse como adquisición jurídica, entendiendo por tal la que se produzca en la fecha en que, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, concurran el título o contrato y la entrega o tradición de la nueva vivienda, siendo asimilable a la adquisición únicamente la rehabilitación de la vivienda, y no otras situaciones como serían la construcción o la ampliación, que sí están previstas para la deducción en cuota pero no para la exención por reinversión.

La Dirección General de Tributos, acaba de publicar dos consultas de enorme interés, ambas de 7 de julio de 2016 -consultas V2469/2016 y V2484/2016-, por cuanto contienen una interpretación muy pro contribuyente -e incluso contraria a lo dicho hasta la fecha por ella misma- de los términos con que se halla delimitada la aplicación temporal de la Disposición Transitoria Decimoquinta de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la deducción por alquiler ante ciertas vicisitudes contractuales que se pueden dar en la vida práctica.

• Cabe contracción a posteriori ante el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el Código Aduanero Comunitario
• Aparato emisor de radiodifusión o televisión: clasificación arancelaria  
• El sujeto infractor en el régimen especial del grupo de entidades
• Nada impide la estimación indirecta de únicamente un elemento de la base imponible 
• La mera continuación de las actuaciones realizadas con posterioridad a la superación del plazo máximo de duración del procedimiento inspector no supone interrupción de la prescripción 
• Efectos en el IS del cumplimiento de una condición resolutoria prevista en un contrato de compraventa cuyo resultado se había incluido en la liquidación de un ejercicio anterior  
• La reactivación de una sociedad disuelta pero no liquidada no tributa por el ITP y AJD
• Las operaciones cuyo sujeto pasivo es la SAREB exentas conforme al RDLeg. 1/1993 tienen vigencia indefinida 
• Tramitar mediante expediente de dominio más de un título inscribible no supone realizar más de un hecho imponible por el ITP
• El gasto registrado en el patrimonio neto a nivel de grupo mercantil no forma parte de la base imponible del grupo fiscal

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 22 de junio de 2016, contiene un nuevo ejemplo de interpretación del órgano consultivo en lo que tiene que ver con los motivos económicos que podrían entenderse como válidos para mantener la exención en la distribución de los dividendos de las sociedades filiales a sus matrices residentes en otros Estados de la UE o del EEE -regulada en el art. 14.1.h) RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR)- cuando el titular último de las participaciones se ha establecido fuera de esos territorios.

Recordemos que el citado artículo establece que la exención se pierde cuando la titularidad de la participación se desplaza fuera del territorio europeo, salvo que la operativa a la que responda la estructura y localización del entramado social responda a motivos económicos válidos y razones empresariales sustantivas.

La transmisión de terrenos de naturaleza urbana que se efectúe como consecuencia de operaciones distributivas de beneficios y cargas ejecutadas en virtud de un procedimiento de expropiación no se encontrará sujeta al IIVTNU, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.7 del RDLeg 7/2015 (TR Ley del Suelo).

Sin embargo, el procedimiento de expropiación al que hace referencia el caso planteado en la consulta de la DGT de 23 de junio de 2016, no puede encuadrarse dentro del art. 23.7 del RDLeg 7/2015 (TR Ley del Suelo), ya que no tiene por objeto la distribución de beneficios y cargas, sino evitar la indefensión de los propietarios que, como consecuencia del planeamiento urbanístico, quedan sin aprovechamiento alguno, facultándoles para forzar a la Administración a que les expropie, impidiendo así que su derecho de propiedad quede vacío de contenido económico, con lo que, en este caso, no resultaría de aplicación la no sujeción del IIVTNU.