Doctrina Administrativa

En la consulta de 1 de junio de la DGT, se plantea el caso en el que un contribuyente pretende  transmitir en vida a su hijo la propiedad de un inmueble urbano mediante un pacto sucesorio conocido como "definición", previsto en el Derecho Civil de Baleares. A cambio de la donación de la vivienda por el contribuyente a su hijo, éste renunciaría a la legítima que en su día pudiera corresponderle en la sucesión del contribuyente.

El pacto sucesorio “definición” debe calificarse como negocio jurídico mortis causa, aunque el instituyente o causante no haya fallecido, con aplicación de los beneficios fiscales que las normas tributarias reconocen a este tipo de negocio.

A costa de una consulta planteada respecto de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio, la Dirección General de Tributos, en su contestación de 9 de mayo de 2016, deja claro que la externalización de la gestión de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles tiene diferentes consecuencias para quienes tributan por el IRPF –y por extensión por el Impuesto sobre el Patrimonio- o por el IS.

Efectivamente, según afirma el órgano consultivo, el art. 1.2 RD 1704/1999 (Desarrollo art. 4.º Octavo.Dos Ley IP) remite la calificación como económica de la actividad de arrendamiento de inmuebles al cumplimiento de los requisitos que establezca la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, lo que es lo mismo que remitirse al contenido del art. 27.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF), donde el único requisito que se establece es el de la llevanza de la gestión por una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa, lo que excluye la posibilidad de que en ese Impuesto si una entidad dedicada a esa actividad es la que la gestiona, se pueda mantener el concepto de actividad económica.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 15 de julio de 2016, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio la cuestión consistente en determinar si la Administración Aduanera puede o no extender los resultados de los análisis practicados a determinadas mercancías, despachadas por determinados importadores, a las mercancías despachadas por un tercero, concluyendo que las autoridades aduaneras pueden extender los resultados del análisis de unas mercancías a otras mercancías amparadas por declaraciones aduaneras distintas, si de los datos de unas y otras se deduce su identidad, independientemente de que sus importadores sean diferentes. Evidentemente, lo anterior queda condicionado a que se haya comprobado, caso por caso y con la suficiente fuerza probatoria, la identidad entre la mercancías que hayan sido objeto de análisis y las mercancías no analizadas.

La Dirección General de Tributos ha publicado dos consultas con fecha de 5 y 19 de Abril (consultas nums. V1398/2016 y V1688/2016) en las que aborda el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE), que constituyen uno de los principales regímenes por el que las empresas españolas con participaciones en entidades extranjeras se benefician fiscalmente de las exenciones o deducciones para evitar la doble imposición internacional

En la primera se centra en la figura de las LLP «Limited Liability Partnership», considerando que aquellas constituidas con arreglo a las leyes británicas, tienen una naturaleza análoga o similar a las entidades españolas en régimen de atribución de rentas, por lo que les resultará de aplicación a efectos de su tributación la normativa de los No residentes.

• Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas: concepto de actividad económica
• Retribución satisfecha a administradores cuyo cargo sea gratuito de acuerdo con las disposiciones estatutarias  
• Cambio de criterio en el régimen jurídico de la eliminación de las operaciones intragrupo en el régimen de consolidación fiscal 
• La renuncia del heredero a la herencia no suspende el plazo de presentación de la liquidación de los beneficiados por la misma
• Normas de valoración a efectos de la aplicación del “exit tax”
• Los elementos patrimoniales excluidos del cómputo del activo necesario para saber si hay actividad económica exenta en IP y por tanto reducible en ISD sí dan derecho a beneficio fiscal si realmente están afectos 
• Que un incapaz no acepte ni repudie una herencia le elimina de la cadena de transmisiones entre su causante y sus herederos 
• Si la finalidad del conjunto de operaciones de reestructuración es donar determinados elementos patrimoniales a los socios  con una fiscalidad más ventajosa no será aplicable el régimen especial de escisiones 
• Deducibilidad en el IS de los gastos procedentes de ejercicios prescitos 
• Reglas para la limitación de amortización en los ejercicios 2013 y 2014 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 7 de julio de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que no cabe apreciar que haya una interrupción injustificada de un procedimiento de inspección cuando, pese a haber transcurrido más de seis meses desde la fecha de finalización del plazo de alegaciones contra el acta hasta la fecha en que se notifica el acto de liquidación, durante ese período se han realizado por la Administración uno o más intentos válidos de notificación del acto de liquidación, por cuanto esos mismos intentos están ya acreditando que la Administración no permaneció inactiva durante ese plazo.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de julio de 2016, unifica criterio en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio en relación con la posibilidad o no de incorporar a un procedimiento de comprobación limitada los datos y elementos de prueba obtenidos en un procedimiento de verificación de datos anterior que ha sido declarado nulo de pleno derecho y en relación a si cabe iniciar dicho procedimiento de comprobación limitada sin que las nuevas actuaciones se puedan calificar como mera reiteración de las actuaciones anteriores bajo una distinta denominación.

Ya lo matizó la consulta de la Dirección General de Tributos de 29 de abril de 2014 y ahora lo reitera la de 18 de mayo de 2016, sobre un concreto supuesto de hecho que pretende seguir las directrices de la primera, sobre el cual la DGT termina dando el beneplácito en orden a la aplicación del régimen de diferimiento establecido en el art. 94.1.a).1º Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Siguiendo un orden temporal, la consulta de 29 de abril de 2014, señaló que para poder tener acceso al régimen de diferimiento la intervención de la comercializadora en España debía tener lugar de una forma directa, como intermediario principal, necesario y exclusivo, lo que suponía que las operaciones de disposición no pudieran realizarse jurídica ni materialmente sin su intervención.

• Tratamiento en el balance de la sociedad civil contribuyente del IS del local inscrito a nombre de los socios
• Cada una de las comunidades propietarias en proindiviso de diferentes inmuebles deben cumplir los requisitos de art. 27.2 Ley IRPF para que existan actividad de arrendamiento
• El cónyuge separado que adquiere después del 1 de enero de 2013 la parte de la vivienda habitual del otro no podrá aplicar la deducción correspondiente a las cantidades adicionales a esa parte
• Rectificación sobre la elección del sistema de amortización del inmovilizado
• Contabilización de la depreciación por irreversibilidad de dos fincas rústicas dedicadas a labores extractivas
• Tipo de retención aplicable a los rendimientos que la universidad satisface a su personal, por colaborar en proyectos de investigación o por la impartición de cursos, conferencias o similares
• Aplicación del tipo reducido para entidades de nueva creación respecto de los grupos de sociedades
• Cálculo del pago fraccionado de una entidad excluida de un grupo de sociedades
• La obligación real de contribuir alcanza a los títulos valores y participaciones emitidos por entidades extranjeras que estén depositados en bancos y otras entidades financieras sitas en España
• Aplicación del criterio de devengo a la operación en el cobro de pagarés adquiridos
• Deducibilidad de cuotas de IVA soportadas con posterioridad al cese de la actividad

La DGT, en su consulta vinculante de 20 de abril de 2016, concreta qué debe entenderse por elementos del inmovilizado “nuevos” al objeto de aplicar la deducción por inversión de beneficios, ya que el Texto Refundido de la Ley del IS no contiene una definición del concepto de elementos nuevos. A estos efectos, debe entenderse un elemento como nuevo cuando sea utilizado o puesto en condiciones de funcionamiento por primera vez, siendo imprescindible que los que son objeto de la inversión tengan la consideración de nuevos, debiendo entenderse por nuevos, los que están en disposición de ser utilizados por primera vez.