Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de julio de 2015, aclara que considerar los costes laborales del personal que asiste a cursos como gastos de formación deducibles, sería considerar como un gasto de formación lo que, en términos económicos, se denomina coste de oportunidad, es decir, lo que el empleado deja de producir por asistir al mismo, o visto de otro modo, la “pérdida” en que incurre la empresa pagando el sueldo de un trabajador en formación. En ningún caso, estamos ante un gasto en sentido propio, y en consecuencia, no debe formar parte de la base de deducción.

• Cesión y/o transmisión de derechos de pago único
• Adjudicación de locales: diferencia entre las figuras de la comunidad de bienes y de la sociedad civil 
• La aportación  a la sociedad de gananciales con carácter oneroso de la vivienda habitual, conlleva la pérdida del derecho a la deducción  establecida en el régimen transitorio de la Ley 16/2012
• Las entidades de análogo carácter a una Comunidad Autónoma, exentas de tributación por el IS
• Cálculo de la base imponible de la constitución de un derecho de superficie sobre un solar urbano a efectos del IIVTNU
• El titular de un plan de pensiones en el extranjero ya declarado no deberá incluirlo en el Modelo 720 si no ha incrementado su valor más de 20.000 euros salvo que pueda rescatarlo en los términos propios de un seguro de vida
• El apoderado de cuentas corrientes y de valores situadas en el extranjero está obligado a declararlas en el Modelo 720

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de julio de 2015, se pronuncia en relación a la validez de la notificación de un acuerdo sancionador efectuada a una entidad que reúne los requisitos establecidos en el RD 1363/2010 (Notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos) para su inclusión obligatoria en el sistema de dirección electrónica habilitada, con anterioridad a que le fuese notificada su inclusión obligatoria en el sistema de dirección electrónica habilitada (DEH).

La Dirección General de Tributos, en una consulta de 17 de junio de 2015, analiza  el tratamiento tributario de la devolución  a varios socios de cooperativas agrarias y cooperativas agrarias que han soportado la repercusión del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) en las adquisiciones de combustible como consumidores finales en el ámbito del IRPF, IS e IVA, tras la declaración del TJUE sobre su disconformidad con el Derecho Comunitario.

En el IRPF, el agricultor deberá considerar como ingreso a los efectos del cálculo del rendimiento neto de su actividad el importe de la devolución del IVMDH en el ejercicio en que se haya acordado su devolución, sin que proceda efectuar declaraciones complementarias por los ejercicios en que se pagaron los importes objeto de devolución.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 22 de junio de 2015, aborda como afecta al devengo del IIVTNU devengado como consecuencia de una transmisión sucesoria en al que exista  la figura del  alkar poderoso, que es una figura sucesoria propia y singular del Derecho foral del País Vasco, mediante la cual el causante concede a su cónyuge la condición de comisario, encomendándole así, la designación de los sucesores, la administración y representación de la herencia en tanto no ejerza el poder testatorio, así como la distribución de los bienes entre los herederos y legatarios conforme a sus instrucciones.

El alkar poderoso puede hacer uso de sus facultades de forma total o parcial, y aun en tiempos distintos, salvo que el causante hubiera dispuesto otra cosa. Esta tarea no está sujeta a plazo legal, salvo excepciones,  y mientras no ejecute su cometido y adjudique los bienes de la herencia, no se conoce quiénes van a heredar entre el círculo de personas designado por el causante y en qué proporción, momento en el que se entiende producida la delación de la herencia y, mientras ese acontecimiento no se produce, se considera que la herencia se encuentra en situación yacente.

• La presentación a la prensa de vehículos debe calificarse como “servicios de publicidad”: cambio de criterio del TEAC
• La solicitud pretemporánea de devolución de cuotas satisfechas por el IEDMT no constituye fundamento suficiente para denegar dicha devolución
• La inscripción de una planta solar termoeléctrica en el Registro Territorial de Impuestos Especiales es un requisito de carácter sustantivo y esencial para adquirir la consideración de fábrica
• Incongruencia omisiva
• Ante una retroacción de actuaciones por defectos de forma  no cabe pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto
• Interés de demora: Dies ad quem en los casos en que un recurso se estima en parte por razones de fondo
• Normativa de aplicación, frente a modificaciones futuras, a los beneficios fiscales vinculados a requisitos posteriores al de su devengo

La cuestión aquí planteada consiste en determinar si para declarar la responsabilidad subsidiaria de los administradores de entidades que, de hecho, hayan cesado en el ejercicio de su actividad, regulada en el art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT), resulta exigible o no el requisito de que haya transcurrido el periodo de inactividad establecido en la normativa reguladora de las sociedades mercantiles como causa de disolución.

Pues bien, en orden a declarar la responsabilidad subsidiaria del art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT), la Administración tributaria no tiene que acudir al Tribunal correspondiente de lo Mercantil en demanda de su derecho de cobro ni le corresponde instar la disolución de la deudora, sino que ha de limitarse a constatar y a acreditar que la actividad ha cesado de facto y que se han cumplido el resto de los requisitos exigibles establecidos en ese mismo artículo.

• Base imponible correspondiente a las entregas de bienes que constituyen retribución en especie de operaciones de pasivo
• A efectos de valoración catastral, no cabe aplicar los criterios generales de subparcelación a los recintos constructivos
• En el supuesto de concurrencia de zonas de valor sobre la misma parcela debe optarse por aquella en la que se sitúa el acceso o fachada principal del inmueble
• Suelo urbanizable sectorizado o delimitado según el planeamiento urbanístico: clasificación de bienes inmuebles como urbanos
• Procedimiento inspector: retroacción de actuaciones por ignorar totalmente alegaciones presentadas en tiempo y forma
• Materialización de la RIC en inmuebles y afectación de los mismos a una actividad económica
• Novedades en la tributación de las operaciones relativas a participaciones preferentes derivadas de la Disposición Adicional Cuadragésima Cuarta Ley 35/2006 (Ley IRPF)
• Si la organización del aparcamiento por parte del empresario se efectúa para fines que no son ajenos a la empresa no se restringe el derecho a la deducción en IVA
• Cuentas indistintas: fallecido un titular, el cotitular pierde la facultad de disposición sobre su saldo
• Las rentas derivadas de un pacto de no competencia tributan en el Estado donde se desarrolló el trabajo al que se refieren, no donde reside el trabajador

Siendo la obligatoriedad la clave para acceder a la exención en el IRPF de las indemnizaciones laborales, en general, y en concreto en lo que tiene que ver con las indemnizaciones del personal de alta dirección por desistimiento unilateral del empresario, que es el supuesto concreto que se analiza en la consulta de la Dirección General de Tributos, de 23 de junio de 2015, el máximo interpretador administrativo –y a pesar de lo decidido en la STS, de 22 de abril de 2014, de la Sala de lo Social– niega una vez más su ausencia en este tipo de supuestos, lo que a la postre trae como consecuencia la negación de la exención.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 18 de junio de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, para acreditar la lícita tenencia e importación de determinados productos, cuya tenencia en el establecimiento comercial del propietario ha sido constatada mediante los controles de la Administración y por las fuerzas de seguridad, el modo idóneo es, según el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 de la Comisión (Aplicación del Código Aduanero Comunitario), la aportación de la factura completa. En virtud del principio de facilidad probatoria, es el poseedor de las mercancías quien puede aportar los documentos comerciales que acrediten el estatuto aduanero de mercancías comunitarias.