Jurisprudencia

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia de 20 de julio de 2016, al contrario de lo sostenido por el TEAC, estima que no solo son deducibles los intereses liquidados por la Administración estando vigente la actual Ley del IS, sino también los de la Ley 43/1995 y el Texto Refundido de 2004.

Según se afirma en la sentencia, el Tribunal Supremo (Vid. STS de 25 de febrero de 2010, recurso n.º 10396/2004), en relación con el IS regulado en la Ley 61/1978, declaró que los intereses de demora no son gastos necesarios para obtener los rendimientos íntegros, interés que no figura entre las particas que se reflejen como deducibles. 

Hace unos meses referenciamos en esta web (Véase el comentario Las hojas en blanco que rompen el formato habitual de una notificación electrónica pueden hacerla nula) la publicación de una importantísima sentencia de la Audiencia Nacional, de 7 de julio de 2016 , que declaraba que las hojas en blanco que contenían las notificaciones electrónicas y que alteraban su formato habitual podían, si generaban indefensión, hacer incluso nula la liquidación que contenían.

Pues bien, esa sentencia no tenía contenido propio, sino por remisión, a otra anterior de 28 de mayo de 2015. Ahora es esa sentencia, la pionera, la que se analiza en recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que acaba de publicar su pronunciamiento el 16 de noviembre de 2016.

• El TSJ de Madrid provoca una debacle con su segundo pronunciamiento sobre la exención en el IRPF de la prestación de maternidad
• Declarada la prescripción de una deuda tributaria, procede la devolución del coste de los avales prestados desde el inicio 
• El plazo de 10 días para subsanar el defecto de representación en la interposición de una reclamación puede incumplirse, con licencias 
• Las discrepancias entre los importes del modelo 190 y el gasto de personal deducido en el IS no es motivo suficiente para corregir la deducción del gasto en el IS
• El TSJ de Madrid modifica su criterio sobre los beneficios fiscales de las parejas de hecho en el ISD  

La Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 1 de junio de 2016, dictó una curiosa e interesante sentencia en materia de responsabilidad en el entorno, pero más allá, del contrato de trabajo.

Los hechos de los autos se resumen en que el trabajador aceptó una oferta de empleo en la que se le ofrecía un contrato de trabajo español, bajo la legislación laboral española, especificando el salario que obtendría, e incluyendo "Asesoramiento sobre temas impositivos por parte de …(una de las grandes consultoras con oficina en España)".

El trabajador, con carácter previo a aceptar la referida oferta, se interesó por el tipo impositivo correspondiente a sus ingresos, aplicándole en su nómina, desde el inicio de la relación laboral -1 de marzo de 2008- el tipo correspondiente a su condición de no residente o expatriado. Más de un año después de haber comenzado la prestación de servicios -8 de julio de 2009-, la asesoría comunica a la Directora de recursos humanos de la empresa que, para solicitar la aplicación del régimen especial para expatriados "la normativa establece que el ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial deberá realizarse mediante una comunicación dirigida a la Administración tributaria, en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta en la Seguridad Social en España". Posteriormente -el 3 de agosto de 2009-, el trabajador recibe un correo electrónico comunicándole que se comienza a corregir su porcentaje de IRPF, "de tal forma que la tributación sea como residente".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha publicado recientemente un conjunto de sentencias que dirimen una serie de conflictos entre fondos de inversión residentes en EE.UU. y la Administración tributaria española en lo que tiene que ver con su tipo efectivo de gravamen sobre las rentas que obtienen en territorio español, que pretenden -los primeros-, sea equiparado al de los fondos de inversión residentes  -el 1% conforme al art. 28 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS)-, y niegan -la segunda- argumentando que el art. 27 del Convenio para evitar la doble imposición no regula la asistencia mutua entre los dos Estados de manera tal que pueda entenderse que exista un intercambio de información pleno y efectivo, si no que más bien los términos del art. 27 del Convenio responden a una mera declaración de intenciones que vacía las obligaciones reales de colaboración entre los dos Estados.

• Incluso en la simplicidad del procedimiento abreviado, el juez sigue estando obligado a promover la subsanación de los defectos de representación de las partes
• No se puede privar a los establecimientos permanentes del beneficio a la amortización del fondo de comercio
• Declarada nula la última disposición reglamentaria del IRPF que vinculaba la reducción de los rendimientos del trabajo por la concesión de opciones sobre acciones a su no concesión anual
• Que no concurran todos los requisitos doctrinales para poder hablar de fraude carrusel no evita la concurrencia de delito contra la Hacienda pública si hay defraudación
• Las dificultades para la reinversión reconocidas en un plan especial no amparan una prórroga posterior del plazo concedido
• Al buque inmovilizado cautelarmente por orden judicial se le debe aplicar la tasa reducida prevista para buques en depósito judicial
• Un ayuntamiento no puede dotar un fondo social a costa de incrementar las tarifas de una tasa
• Los gastos generales del contratista no pueden incluirse en la base imponible del ICIO
• En un supuesto de segregación no es admisible que la Administración prorratee el valor de la finca en función de los metros segregados
• Dudas sobre la naturaleza jurídica de los rendimientos derivados de las labores de docencia de un religioso sin relación contractual laboral recibidos por la orden a que pertenece

El  Sr. Timothy  Martin  Hemming  y  otras  personas  son  titulares  de  autorizaciones  para  la explotación de sex-shops en Westminster. En esta localidad, la Junta Municipal de Westminster (Westminster City Council) es la autoridad que expide las autorizaciones para tales establecimientos.

Según la Ley británica, toda persona que solicite la concesión o renovación de una autorización debe abonar una tasa razonable fijada por la autoridad competente. Esta tasa está constituida por dos partes, una correspondiente a la tramitación de la solicitud (no reembolsable en caso de denegación de la solicitud), y la otra (de una cuantía muy superior), relativa a la gestión del régimen de autorización  (reembolsable en caso de denegación de la solicitud). Para el año 2011/2012, el importe total de la tasa era de 29 102 libras (aproximadamente 37 700 euros), de las cuales 2 667 libras (alrededor de 3 455 euros) correspondían a la tramitación de la solicitud, mientras que las 26 435 libras restantes (aproximadamente 34 245 euros)¹  correspondían a la gestión del régimen de autorización (y reembolsables en caso de denegación de la solicitud).

El Pleno del Tribunal Constitucional en su sentencia 74/2016, de 14 de abril de 2016, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 1.1 c) y 21 a 30 de la LEY 12/2014, de 10 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, correspondientes al Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia de 4 de julio de 2016, cuyo fallo ha sido publicado mediante edicto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de octubre de 2016 ha acordado estimar el recurso interpuesto por la ASOCIACION ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA ELECTRICA (UNESA),contra la Orden ECO/375/2014 de 18 de diciembre por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 970 del Impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, que se ANULA por ser contraria a derecho. La Sala Segunda del Tribunal entiende que la Orden aquí impugnada carece de soporte legal alguno, dada la inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional delos preceptos de la Ley 12/2014 que servían de referente a la propia creación del impuesto así como la integridad de todos los aspectos del referido impuesto entre los que se encontraba la autoliquidación y pago fraccionado, lo que priva de soporte legal alguno a la Orden aquí recurrida que aprueba dicho modelo de autoliquidación, por lo que debe anularse, al ser contraria a Derecho.

• Que el NIF sea un instrumento de control en un sistema masivo de operaciones no puede transformarle en un requisito tal que niegue la exención a operaciones que materialmente no deben tributar 
• Las incomplitudes del auto de admisión de querella se suplen con su entorno procesal, interrumpiendo la prescripción incluso “lo no dicho” expresamente
• El conocimiento penal de los mismos hechos que en vía administrativa, si bien respecto de otro impuesto, también supone prejudicialidad
• Un pantallazo de ordenador que muestra el intento fallido de presentación de un recurso por vía electrónica no sirve para acreditar su presentación en plazo 
• Llevar a cabo operaciones que supongan el reflote de la empresa no evita la responsabilidad solidaria si para ello se sustraen bienes al control de la Administración
• Licitud de la cesión de los derechos de los jugadores de fútbol a una sociedad que no es club o sociedad anónima deportiva.
• El titular de la finca a efectos de IBI sigue siendo el expropiado hasta que no se pague el justiprecio y se ocupe posteriormente la finca.
• Legitimación de la viuda usufructuaria para impugnar la liquidación de la herencia de su viudo.
• Cómputo de familiares de socios y administradores como trabajadores a efectos de la aplicación del tipo reducido en el IS para las pequeñas empresas con creación o mantenimiento de empleo. 
• Licitud de los datos bancarios sustraídos por un empleado de la entidad bancaria y entregados a las autoridades fiscales francesas  

Ante la falta de respuesta del Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto al IIVTNU planteada por diversos Juzgados de lo Contencioso Administrativo, tanto en el ámbito estatal como en los respectivos territorios forales [Vid, Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 22 de Madrid de 15 de diciembre de 2015, recurso n.º 112/2014 en el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 107 y 110.4 RDLeg. 2/2004 (TRLHL), por posible infracción del principio de capacidad contributiva del art. 31 CE e igualdad del art. 14 CE;  Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Donostia-San Sebastián de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014  en el que se planteó la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Gipuzkoa (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TRLHL) y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 1 de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, recurso n.º 82/2015  en el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Álava (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TRLHL)], están apareciendo distintas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia referidas a este impuesto, en las que se cuestionan sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en ocasiones  no demasiado afortunadas.

En concreto veremos aquí una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y otras seis más del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en las que se abordan distintas actuaciones ocurridas durante el proceso en los Juzgados, así como los planteamientos que las defensas de los sujetos pasivos pretenden hacer valer frente a dichas liquidaciones.