Jurisprudencia

No cabe derivar la responsabilidad a todos miembros de Consejo de Administración de una sociedad deudora sólo por el hecho de pertenecer ese órgano colegiado, pues se necesita dar una cierta explicación de la conducta del declarado responsable que haya provocado la inviabilidad del cobro de las deudas tributarias derivadas.

La responsabilidad subsidiaria de los administradores es un tema muy controvertido, pues existe un cierto automatismo de la Administración para derivar la responsabilidad a los administradores en materia de cese de actividad y en materia de no haber realizado los actos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en el que se ha considerado.

El Código Civil entiende que la fianza legal arrendaticia no se considera fianza sino depósito.

En el momento de la formalización del contrato de alquiler es obligatoria la entrega de una fianza legal que está regulada en el art. 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU). Según el citado artículo, si la finca arrendada se destina a vivienda, la fianza legal que se debe entregar es de una mensualidad de renta de alquiler y en caso de que la finca sea destinada a uso distinto de vivienda son dos mensualidades y el arrendador debe depositarla en la oficina que corresponda según cada Comunidad Autónoma. El depósito de la fianza en la Comunidad de Madrid se debe realizar por los arrendadores en la Agencia de Vivienda Social.

Por otra parte, junto con la fianza legal, la LAU contempla la posibilidad de que el arrendador y arrendatario pacten la entrega de garantías adicionales, entre las cuales las más comunes son el aval bancario o un depósito adicional.

Afirma la Sala que, como se argumenta por la Administración, la demandante no prueba que cumpliera el requisito establecido en el art. 5.1 citado consistente en tener una persona empleada con contrato laboral y jornada completa para poder considerar que existe actividad económica de arrendamiento de inmuebles.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 29 de junio de 2023, analiza si procede la aplicación del régimen especial de arrendamiento de viviendas, en concreto si se cumple el requisito de realizar una actividad económica.

• El TJUE confirma la decisión del Tribunal General de que la Comisión no había demostrado la existencia de una ventaja a favor del grupo Amazon en la decisión anticipada (tax rulling)
• El TJUE considera infundada la decisión del Tribunal General de que las decisiones anticipadas (tax rullings) suponían la excepción al marco de tributación de referencia que se traducía en una ayuda de Estado o ventaja selectiva para el grupo Engie
• EL TS resuelve que la base de las sanciones de los arts. 194.1 y 195.1 LGT debe cuantificarse por el importe de la cantidad indebidamente solicitada o improcedentemente determinada o acreditada, independientemente de su devolución
• El TS afirma que la firmeza de la decisión administrativa por no haberse recurrido impide su impugnación (salvo por los cauces especiales) y que su contenido incorporado a una resolución sancionadora se cuestione de nuevo con la impugnación de la sanción
• La Inspección acreditó la existencia de simulación en cuanto que se pretendía encubrir la transferencia de fondos desde un club de fútbol a otra sociedad, que inmediatamente se transmitían a la sociedad vinculada para que ésta afrontase otros pagos
• No se admite la deducibilidad en el IS de determinados gastos de personal porque la sentencia aportada es del ejercicio anterior y no justifica el pago en el ejercicio en cuestión de la indemnización
• La amortización de las viviendas y vehículos propiedad de la entidad pero utilizados por el socio y administrador no es un elemento válido para valorar el precio de mercado de la operación vinculada en el IS de la cesión de uso de dichos bienes
• Separar conceptualmente al socio de la sociedad que le pertenece no es aceptable como premisa para el enjuiciamiento del caso, por lo que procede un ajuste por operaciones vinculadas por los servicios de abogacía prestados
• Se debe agotar la notificación electrónica en los casos que la destinataria esté incluida obligatoriamente en la DEHU, cuando no se le pueda notificar en el domicilio elegido a efectos de notificaciones

Desde que el deudor resultó desconocido en su domicilio fiscal, este lugar pasó a ser de dudosa eficacia a efectos de notificaciones, con independencia de que el obligado no haya comunicado su cambio de domicilio.

La validez o no de los intentos de notificaciones es un elemento muy casuístico que carece de reglas predeterminadas. De hecho, la validez de las notificaciones no depende del cumplimiento de los requisitos formales, sino de la satisfacción del elemento teleológico referido a que el destinatario haya tenido la oportunidad de conocer el acto objeto de la notificación, es decir, ni siquiera se exige la prueba efectiva del conocimiento del acto, sino que sea presumible que el destinatario pudo llegar a conocerlo.

Pese a lo casuístico de la materia y al carácter restrictivo de los motivos de nulidad de las notificaciones, la jurisprudencia ocasionalmente plantea casos interesantes que pueden ser muy útiles para los litigantes.

Tal es el caso analizado por la sentencia de 24 de julio de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se anuló una providencia de apremio debido a que los intentos de notificación, aunque se practicaron en el domicilio fiscal del recurrente, no se consideraron suficientes debido a que previamente se había intentado realizar otra notificación en ese sitio con resultado desconocido.

Mediante dos nuevas sentencias el Pleno del TC ha desestimado por mayoría los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, al igual que ocurrió con el recurso planteado por la Comunidad de Madrid, y con las mismas discrepancias entre sus magistrados.

En un nuevo comunicado de prensa el TC ha adelantado que mediante dos nuevas sentencias el Pleno del Tribunal ha desestimado por mayoría los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto temporal de solidaridad sobre grandes fortunas, al igual que ocurrió con el recurso planteado por la Comunidad de Madrid, en la STC 149/2023, de 7 de noviembre, aún no publicada, aunque la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia no denunciaban la infracción de los principios de no confiscatoriedad y capacidad económica del art. 31.1 CE, como sí hacía la Comunidad de Madrid.

Considera la Sala que lo que no prevé ni dispone la norma, no pudiendo tampoco interpretarse como amparado por la misma, es la traslación de inversiones efectuadas por entidades absorbidas con anterioridad a que se produzca la absorción por fusión, en beneficio de la absorbente, posibilitando con ello la materialización por esta vía de la RIC.

El TSJ de Canarias (Las Palmas), en su Sentencia de 29 de junio de 2023, analiza si procede la aplicación del régimen especial de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el seno de una fusión por absorción.

• El TJUE declara que el art. 53 de la Directiva IVA no se aplica a los servicios prestados por un estudio de grabación de videochats interactivos eróticos al operador de una plataforma para su difusión en Internet
• La multa del 50 % del descubierto por la declaración inexacta del origen de las mercancías pese a la buena fe del operador y que se reduce en determinadas situaciones respeta el principio de proporcionalidad
• El TJUE concluye que vulnera la libertad de establecimiento (art. 63 TFUE) excluir a las empresas establecidas en otro Estado miembro de la ventaja fiscal otorgada a las plusvalías por las transmisiones de participaciones en pequeñas empresas
• No procede la devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos correspondiente al gasóleo consumido en los trayectos realizados para la reparación o el mantenimiento de vehículos destinados al transporte de viajeros
• El art. 25.3 del CDI con Países Bajos permite a la Administración aplicar la exención con progresividad a las pensiones públicas de Países Bajos y se tendrán en cuenta a efectos de calcular el tipo de gravamen aplicable a las restantes rentas gravadas
• EL TS concluye que el dies a quo del plazo de prescripción para imponer sanciones por expedir facturas falsas en distintos periodos impositivos o de liquidación, se sitúa de forma autónoma para cada tributo y periodo impositivo o de liquidación
• Para determinar la base imponible del ITP y AJD, en su modalidad de operaciones societarias en los supuestos de reducción de capital con condonación de dividendos pasivos no exigibles, su valor económico es cero
• El TS reafirma la deducibilidad en el IS de las retribuciones de los directores generales con contrato laboral de alta dirección que formen parte de los consejos de administración siempre y cuando se trate de servicios reales y efectivos
• El TS concluye que superado el plazo de seis meses de la tasación pericial contradictoria (TPC) sin que fuera responsabilidad del contribuyente, la liquidación tomará el valor comprobado de la liquidación original, no pudiéndose promover una nueva TPC
• La admisión a trámite de una reclamación interpuesta contra la desestimación presunta por vía de silencio administrativo no impide que la ampliación del recurso al posterior acto expreso se pueda declarar inadmisible por extemporánea
• El TSJ de Canarias considera que estamos en presencia de un incumplimiento sustancial de los requisitos exigidos por la ley para la aplicación de la Reserva para inversiones en Canarias al estar ante inversiones anticipadas
• Las declaraciones-liquidaciones del IS objeto de regularización, traen causa de magnitudes económicas irreales, fruto de la ocultación de la mayor parte de las ventas

La Sala, en virtud de la nueva regulación del art. 27. 2 LGT, afirma que debe de aplicar los nuevos porcentajes de recargo que se determinan en ese precepto, incluso con carácter retroactivo, tal como alega con carácter subsidiario la entidad actora.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 4 de octubre de 2023, analiza si es correcta la aplicación del recargo por declaración extemporánea aplicado por parte de la Administración.

En primer lugar, analizando la procedencia o no del recargo, considera la Sala que en el presente caso se cumplen todos los requisitos exigibles para que pueda aplicarse por la administración el recargo por declaración extemporánea, ya que se presentó espontáneamente, sin requerimiento previo, una declaración extemporánea, con resultado de una deuda a ingresar, sin que pueda aceptarse que ello únicamente generaría el pago de intereses de demora de la cantidad ingresada.

Sin embargo, la Sala, en virtud de la nueva regulación del art. 27. 2 LGT, afirma que debe de aplicar los nuevos porcentajes de recargo que se determinan en ese precepto, incluso con carácter retroactivo, tal como alega con carácter subsidiario la entidad actora.

Así pues, en la liquidación impugnada se exige por la AEAT un recargo del 5%, como resultado de aplicar la anterior regulación.

El TC desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 38/2022 sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas interpuesto por la Comunidad de Madrid y niega que exista vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, así como otros principios constitucionales, como el principio de seguridad jurídica, aunque tres de sus siete magistrados en un voto particular han suscrito lo contrario por entender que el recurso de la Comunidad de Madrid debió ser estimado, y el impuesto debió declararse inconstitucional y nulo.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 7 de noviembre de 2023 y publicada en el BOE de 18 de diciembre de 2023, rechaza el primero de los recursos de inconstitucionalidad contra el art. 3 de la Ley 38/2022 sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas interpuesto por la Comunidad de Madrid negando así la posible vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, así como otros principios constitucionales, como el principio de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad. Posteriormente la Xunta de Galicia y de la Comunidad andaluza y la Región de Murcia interpusieron sendos recursos en el mismo sentido, y que como apunta el tribunal deberán resolverse aplicando la doctrina sentada en relación con el recurso de la Comunidad de Madrid.

Alegaba la Comunidad de Madrid que esta norma suplantaba sus funciones para la gestión de los tributos cedidos, en concreto anulaba esta función respecto del impuesto sobre el patrimonio, en el que la Comunidad de Madrid tiene establecida una bonificación del 100% de la cuota desde 2008, de forma que al establecer este nuevo gravamen complementario vulneraba la autonomía financiera autonómica al invadiendo la gestión de este tributo, de forma que tal y como alegaba la comunidad madrileña, la norma recurrida perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños (y por extensión a gallegos, andaluces). A lo que el Tribunal estima que la perdida de atractivo fiscal de Madrid para atraer riqueza a su territorio que no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos.

Sin embargo esta decisión cuenta con el voto particular los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño, por entender que el recurso de la Comunidad de Madrid debió ser estimado, declarando inconstitucional y nulo el art. 3 de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre.