Jurisprudencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 27 de enero de 2022 ha considerado que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión, pues conlleva una restricción a la libre circulación de capitales que resulta desproporcionada a los fines que persigue, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

El fallo de esta sentencia se ha adelantado en un comunicado de prensa disponible en la página web del Tribunal en el que se exponen los detalles de este asunto que se remontan a febrero de 2017 cuando la Comisión declaró la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de determinados aspectos de la obligación de los residentes fiscales en España de declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero 1 por medio de un formulario denominado «modelo 720», pues las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligación son desproporcionadas atendiendo a los objetivos perseguidos por la legislación española, que son garantizar la eficacia de los controles fiscales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

• El TJUE considera sujetas al IVA las tarifas de control percibidas por una sociedad de Derecho privado que explota aparcamientos privados, en caso de incumplimiento por los usuarios de las condiciones generales de uso de dichos aparcamientos
• La dotación de la RIC debe referirse a un ejercicio concreto y con las formalidades que den fijeza y efectos frente a terceros de las dotaciones acordadas por la Junta General, y deben cumplirse en plazo los requisitos para la adopción de acuerdos
• El justiprecio abonado, en el caso de impugnación en vía contenciosa, se imputa en el ejercicio en que adquiere firmeza la sentencia que resuelve definitivamente sobre dicho precio
• La responsabilidad solidaria y la enajenación de bienes sujetos a eventuales subastas judiciales
• La responsabilidad por sucesión de actividad y las sanciones impuestas al deudor principal
• La Administración debe tener en cuenta la situación excepcional de cierre obligado de la actividad por el COVID-19 y reducción proporcionalmente la cuota del IAE a los días en los que no pudo ejercer la actividad
• Inclusión en la base imponible del IP del crédito frente a la sociedad que carece de liquidez y su valor coincidirá con el reclamado por la propia actora ante la Jurisdicción civil
• Incorrecta acreditación de las bases imponibles negativas pendientes de compensar, por no corresponder la imputación de la devolución IVMDH a los ejercicios en que se obtuvieron
• El TSJ de Madrid anula la providencia de apremio girada sobre la liquidación notificada tras el periodo de suspensión de los plazos administrativos por le COVID-19 privando de 4 días de acceso al contenido de la liquidación
• La existencia del Convenio de colaboración entre la empresa promotora de parques eólicos y el Ayuntamiento impide apreciar la culpabilidad de la mercantil que se dio de alta en el IAE en otro municipio donde tributó de forma errónea

El TSJ del País Vasco se aparta del criterio del Tribunal Supremo y resuelve que la compensación de  BINS en el IS responde al ejercicio de una opción que debe ejercitarse con la presentación de la autoliquidación

El TSJ del País Vasco confirmando el criterio de la Administración, considera que estamos ante el ejercicio de una opción que debe ejercitarse con la presentación de la autoliquidación, privando del ejercicio de tales opciones a los contribuyentes que no hubieran presentado autoliquidación dentro de plazo, o una vez producido requerimiento de la Administración Tributaria. Este Tribunal se aparta del se aparta del criterio del Tribunal Supremo que considera que el compensar o no las bases imponibles negativas del IS es un derecho del contribuyente y no una opción tributaria.

El Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, en la sentencia de 05 de julio de 2021, recurso n.º 733/2020 analiza el tema de la compensación de bases imponibles negativas en el marco de la normativa de la Hacienda foral de Alava.

Así pues, en la citada Sentencia la parte recurrente considera la existencia de una extralimitación reglamentaria consiste en que el artículo 128 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades del territorio foral alavés, no excluía la posibilidad de que la opción de compensar BINs de ejercicios anteriores se pudiese realizar ya se presentase la autoliquidación en plazo voluntario o ya fuera de él, limitando tan solo la posibilidad de modificación de la opción fuera de ese plazo, de modo que el reglamento añadiría una nueva limitación al respecto. No obstante, a juicio de la Sala, esa conclusión no se corresponde con lo que las Normas Forales aplicables establecen, que al regular y modular los supuestos en que la modificación de las opciones tributarias se puede producir, ya consagran la regla general de que la opción originaria misma (la que podría luego ser o no ser modificada fuera del período voluntario de declaración) ha debido ser ejercitada por medio de una autoliquidación formulada dentro de dicho plazo.

El TSJ de Castilla-La Mancha aplica la STC 182/2021,de 26 de octubre de 2021, que declara la inconstitucionalidad y nulidad del método de cuantificación de la base imponible de la plusvalía municipal y acuerda la nulidad de la liquidación tributaria impugnada.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en una sentencia de 15 de noviembre de 2021 en aplicación de la STC 182/2021,de 26 de octubre de 2021, cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433/2020 que declara la inconstitucionalidad y nulidad del método de cuantificación de la base imponible de la plusvalía municipal acuerda la nulidad de la liquidación tributaria impugnada.

En este caso la recurrente, una sociedad interpuso recurso de apelación solicitando la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Ciudad Real que confirmó el Acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento desestimando el previo Recurso de Reposición que interpuso contra la liquidación por el IIVTNU girada por el Ayuntamiento a consecuencia de la venta de la planta de la compañía. En primer lugar solicita que se declare la nulidad de pleno Derecho o, subsidiariamente, anule la referida liquidación, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por dicha declaración. Con carácter subsidiario, solicita que se reduzca el importe de la cuota tributaria a lo que resulte de las fechas de adquisición del terreno, pues la hipotética plusvalía gravable que pudiera haber existido que, como máximo, de ser real solo habría ascendido a 214.027,20 €. En este caso el valor de adquisición en el año 1993 fue de 37.490.000 pts. o lo que es lo mismo, 225.319,43 €. La venta del conjunto del terreno y de la nave ha importado 2.066.000 €. La tasación final y del precio del inmueble es de 3.721.744 €, siendo correspondiente 985.972,85 € al solar.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2021, se afirma que no es preciso agotar la vía administrativa para acudir al proceso especial de protección de los derechos fundamentales y que, conforme a la jurisprudencia, en el trámite de admisión previsto en su art. 117.2 LJCA se ha de comprobar si el escrito de interposición invoca uno de los derechos susceptibles de tutela por este cauce y relaciona, en términos que no sean absurdos, su lesión con una actuación, omisión, inactividad o vía de hecho imputable a la Administración, todo ello sin perjuicio de que se puedan suscitar en el mismo trámite las causas de inadmisibilidad.

En este caso, el contribuyente interpuso, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de 29 de noviembre de 2019 de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de La Rioja que resolvió el procedimiento sancionador que se le había incoado y le impuso una sanción de 16.115,52€ a raíz del acuerdo de Liquidación del IRPF de los ejercicios 2014 a 2016. Sostenía el Sr. Norberto que ese acuerdo se había dictado en vulneración de sus derechos fundamentales toda vez que se adoptó en virtud de los datos obtenidos en la inspección realizada tras la entrada en su domicilio gracias a autos judiciales posteriormente declarados nulos. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja inadmitió, el recurso porque no se había agotado la vía administrativa, resolución que ahora debe ser anulada y el procedimiento debe retroatraerse para que por la Sala del TSJ de la Rioja lo tramite y resuelva.

• El TJUE avala la práctica de la autoridad tributaria de un Estado miembro que impugna asientos contables de una sociedad por no respetar los principios de exhaustividad y de independencia de los ejercicios
• El Estado de acogida no puede impedir la exención de impuestos especiales a productos usados en el marco de relaciones diplomáticas o consulares si el pago se hace en efectivo
• El TJUE delimita el concepto de IVA devengado o pagado y considera no deducible el IVA que se considera incluido en el precio comercial de la prestación de servicios postales declarada exenta por error
• Se opone a libre circulación se capitales el que un Estado miembro prohíba circular por él con un vehículo automóvil matriculado en otro Estado miembro a quien lleve residiendo más de sesenta días en ese Estado miembro
• TS: En el cómputo del límite de 10 millones de la cifra neta de negocios máxima para aplicar el régimen especial del IS de empresas de reducida dimensión se incluye la cifra de negocio del empresario individual unida a la del grupo que controla
• El TS aclara que deja de resultar aplicable el régimen especial del IS para las entidades de instituciones de inversión colectiva (ICC) en el ejercicio en que se den las circunstancias que motivan la revocación por la CNMV de su inscripción en el registro
• Para valorar motivadamente un inmueble incluido en el del Catálogo de elementos de interés histórico artístico y ambiental, por su singularidad, es necesario de que el perito realice una visita del inmueble
• Se anula la conversión de una subcategoría de uso del inmueble en uso principal "almacén-estacionamiento" como susceptible de aplicar el tipo incrementado diferenciado en el IBI
• El Ayuntamiento debe devolver los intereses de demora calculados sobre el importe total de las liquidaciones originales y no sobre la diferencia entre estas y las nuevas liquidaciones del IBI
• Si los ingresos de la actividad de restauración auxiliar a la deportiva del club de regatas no superan el 20 por ciento de su facturación resulta aplicable a la exención del IBI

Estas aportaciones provenientes de las Administraciones Públicas consorciadas -Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos- están destinadas a compensar a los operadores de transporte por el establecimiento de tarifas a cargo de los usuarios inferiores al precio de equilibrio, y por ello, deben incluirse en la base imponible.

Cambio de criterio respecto a pronunciamientos anteriores

Son nulas las actuaciones al no haberse seguido el procedimiento adecuado que requiere la emisión de informe favorable de la Comisión consultiva previsto en el art. 159 de la Ley General Tributaria (LGT).

La sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2021, rec. nº. 599/2018, analiza la regularización en el IRPF derivada de la reducción de capital llevada a cabo por una sociedad que a juicio de la Inspección no era en realidad una amortización de acciones propias sino una devolución de aportaciones, considerando por ello que sus socios, quienes habían vendido previamente sus acciones, debían tributar por los rendimientos del capital mobiliario recibidos en vez por una ganancia patrimonial.

• Vulnera la libre circulación de capitales la reducción en los impuestos hipotecarios y catastrales aplicable únicamente a los fondos inmobiliarios de tipo cerrado con exclusión de los de tipo abierto
• A efectos del IRPF, las cantidades que el arrendador perciba en ejecución de la sentencia de desahucio son rendimiento de capital inmobiliario imputables al período en que sean exigibles
• El TS considera que no es admisible que en el IS las bases imponibles negativas se apliquen doblemente cuando se aplican las bases imponibles negativas de la entidad absorbida
• A los efectos de determinar el valor catastral en el IBI el coeficiente de relación al mercado (RM) de 0,5 debe operar sobre el valor que resulte de la aplicación de la ponencia de valores
• El Tribunal Supremo anula parcialmente la valoración catastral de la Torre de Cristal de Madrid al no haber tenido en las diferentes tipologías constructivas del edificio
• Matices sobre el incumplimiento del plazo de un mes para notificar la ejecución de las resoluciones de los órganos económico-administrativos ¿es causa suficiente para anular el acto de ejecución dictado?
• El Tribunal Supremo deberá resolver si es posible trasladar la garantía prestada por el deudor principal a los responsables solidarios
• ¿Las prestaciones por jubilación percibidas por quienes fueron funcionarios de la ONU se incluyen entre los "emolumentos" exentas del IRPF?
• En caso de aplicación del régimen diferido de IVA ¿la omisión en la autoliquidación de IVA de una cuota de IVA a la importación, tras el levante aduanero, puede determinar el inicio del período ejecutivo?
• El Tribunal Supremo determinará el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de ingreso indebido del IVMDH

El Tribunal Supremo fija como doctrina que "Las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social -o entidades gestoras de los seguros sociales- en otro Estado de la Unión Europea, cuando las mismas sean obligatorias para los trabajadores, deben considerarse como gasto deducible de los rendimientos del trabajo en el IRPF" y considera que los rendimientos derivados de la cesión de derechos de imagen deben calificarse en este caso como rendimientos de actividades económicas.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación formulado por un jugador de futbol del Barcelona contra la SAN de 13 de mayo de 2019, recurso n.º 64/2017, que se casa y anula por la STS de 15 de diciembre de 2021 , y que la página web del poder judicial adelantó el fallo y la doctrina fijada, en relación con las dos cuestiones planteadas en el ATS de 11 de junio de 2020. Recurso n.º 7113/2019: