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Jurisprudencia

La informaci贸n que est谩 en manos de terceros no aportada o aportada con retraso al procedimiento inspector no supone una dilaci贸n imputable al contribuyente

La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 vuelve a ser un exponente de la jurisprudencia del Tribunal en el sentido de entender pro contribuyente las dilaciones procedidas en el desarrollo del procedimiento de inspecci贸n causadas por una actuaci贸n abusiva de la Administraci贸n.

La cuesti贸n litigiosa en esta ocasi贸n consiste en determinar si cuando un contribuyente manifiesta ante la Inspecci贸n que no dispone de la documentaci贸n que se le solicita y que dicha documentaci贸n se halla en poder de un tercero, a quien le ha solicitado su entrega y al que la Inspecci贸n puede dirigirse directamente para obtenerla mediante la emisi贸n del oportuno requerimiento de obtenci贸n de informaci贸n, el periodo de tiempo transcurrido a partir del momento en que el contribuyente manifiesta que no dispone de la documentaci贸n y acredita que la ha solicitado al tercero se considera o no periodo de dilaci贸n imputable al contribuyente.

Selecci贸n de jurisprudencia. Abril 2016 (1.陋 quincena)

Libertad de establecimiento: que un Estado proteja con el secreto bancario los activos de clientes fallecidos no impide que otro establezca normas que obliguen su informaci贸n

La libertad de establecimiento no obliga a los Estados a dictar sus normas fiscales en funci贸n de las de los otros Estados miembros al objeto de eliminar toda disparidad entre las normas fiscales nacionales. Esta es la conclusi贸n 煤ltima a la que llega la sentencia de 14 de abril de 2016, del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea.

Efectivamente, que un Estado proteja con el secreto bancario los activos de clientes fallecidos no supone que la obligaci贸n de informaci贸n establecida por otro Estado miembro para la misma entidad depositaria coarte su libertad de establecimiento. As铆, la eventual disuasi贸n que ello podr铆a provocar entre sus clientes en el otro Estado miembro -que podr铆an preferir el dep贸sito en otras entidades no sometidas a esas obligaciones-, no es suficiente, a juicio del Tribunal, para limitar su capacidad legislativa.

La caducidad del derecho a la compensaci贸n del IVA soportado no excluye el derecho a solicitar su devoluci贸n, pero no a la inversa

Si ya en su d铆a las sentencias 鈥搇a primera de ellas la de 4 de julio de 2007 del Tribunal Supremo que declararon el car谩cter no excluyente de los medios de recuperaci贸n del IVA soportado -compensaci贸n y devoluci贸n- hicieron correr r铆os de tinta, dado el importante contenido pro contribuyente que llevaban 铆nsito, la sentencia de 17 de marzo de 2016 viene ahora a poner un punto final a esta cuesti贸n de la convivencia entre ambos m茅todos de recuperaci贸n del cr茅dito fiscal, aunque en beneficio en este caso de la Administraci贸n.

La cuesti贸n es si cabe establecer la misma conclusi贸n cuando se solicita la devoluci贸n primero y, denegada 茅sta, y transcurrido el plazo de caducidad de cuatro a帽os establecido en el art. 99.Cinco de la Ley 37/1992 (Ley IVA), se solicita a continuaci贸n la compensaci贸n, que cuando se solicita la devoluci贸n de las cuotas soportadas una vez caducado el derecho a la compensaci贸n.

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2016 (2.陋 quincena)

Acreditaci贸n temporal mediante contrato privado en el IS

La Audiencia Nacional analiza en estas tres sentencias las circunstancias que concurren en cada caso a efectos de tener en cuenta la fecha de los documentos privados para la imputaci贸n temporal de las ventas, as铆 como en la 煤ltima de ellas se analiza la validez de los documentos privados para acreditar la聽 fecha de adquisici贸n de un bien a los efectos de la deducci贸n por reinversi贸n de beneficios.

En su sentencia de 26 de enero de 2016, sostiene que en el caso al que se refieren los autos no concurren las circunstancias necesarias para que se pueda considerar transmitido el bien mediante contrato privado, pues como se dice en la sentencia 鈥溾no hay certeza de que la parte compradora prestara su consentimiento con la firma de los citados documentos privados, dado que en su representaci贸n actu贸 una persona en calidad de mero mandatario verbal鈥 y que en la fijaci贸n del precio se observan diferencias sustanciales entre la forma en que se fija en los contratos privado iniciales y la determinada en la escritura p煤blica posterior鈥 por lo que debe concluirse 鈥la ausencia de transferencia en ese momento de los riesgos y beneficios al comprador, elemento fundamental para entender producido el devengo鈥.

En la deducci贸n del IS por reinversi贸n de beneficios, el requisito de antig眉edad de un a帽o se refiere a la posesi贸n y no a la adquisici贸n del activo transmitido

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 12 de noviembre de 2015, pone de manifiesto que lo que importa a efectos de practicar la deducci贸n por reinversi贸n de beneficios extraordinarios, no es聽 el tiempo que ha transcurrido desde la adquisici贸n, que se produce con la escritura definitiva de compra, sino que la posesi贸n del adquirente pueda ser reconocida por los terceros.

El requisito de antig眉edad de un a帽o se refiere a la posesi贸n, no a la adquisici贸n. En el caso enjuiciado existi贸 una escritura p煤blica de promesa de compraventa de una finca y otra de ejercicio del derecho de compraventa de 2006. La posesi贸n la ten铆a desde la primera escritura, en la que figura que se fij贸 el precio y se entreg贸 parte del mismo, se otorgaron poderes a la compradora para ejercer las acciones oportunas, ella corre con los gastos para defensa del derecho de propiedad y contempla una cl谩usula resolutiva, mientras que en la escritura de 2006 se ratifican en los t茅rminos de lo anterior.

El TSJ del Pa铆s Vasco determina la nulidad de la normativa alavesa de valoraci贸n de las construcciones a efectos de determinaci贸n de la base imponible de AJD en los supuestos de declaraci贸n de obra nueva y constituci贸n en r茅gimen de propiedad horizontal

Conforme a las conclusiones del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia del Pa铆s Vasco, en su sentencia de 25 de marzo de 2015, afirma que la determinaci贸n de la base imponible del IAJD, por declaraci贸n de obra nueva (y por extensi贸n en el supuesto de constituci贸n del r茅gimen de propiedad horizontal) con referencia al valor real o catastral de la construcci贸n no es conforme a tales manifestaciones de la capacidad de pago del sujeto pasivo, lo que comporta la nulidad de los arts 26.3 y 4 del Decreto Foral de Alava聽 66/2003 (Rgto ITP y AJD),聽 y 7.II.Dos del Decreto Foral de Alava 71/2004 (Normas de valoraci贸n de bienes inmuebles de naturaleza r煤stica y urbana), procediendo tomar como valor de la construcci贸n a los efectos su coste de ejecuci贸n material que, en lo que hace al caso, coincide con el declarado y acreditado por la recurrente.

El pasado 11 de marzo de 2016, se public贸 en el Bolet铆n Oficial del Territorio Hist贸rico de Alava el聽DECRETO FORAL 24/2016,聽que incorpor贸 聽a la normativa tributaria alavesa la interpretaci贸n judicial de esta Sentencia, efectuando las modificaciones pertinentes聽a la hora de determinar el valor de las construcciones y la base imponible a efectos del Impuesto de Actos Jur铆dicos Documentados en los supuestos de declaraci贸n de obra nueva y constituci贸n en r茅gimen de propiedad horizontal, teniendo en cuenta para el c谩lculo de dicho valor, y en consecuencia de la base imponible, el valor de ejecuci贸n de la obra, no el valor real de la construcci贸n.

El TS plantea cuesti贸n prejudicial al TJUE sobre el impuesto de grandes superficies de Catalu帽a, Arag贸n y Asturias

La petici贸n hab铆a sido planteada por la Asociaci贸n de Grandes Empresas de Distribuci贸n

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha planteado en varios autos cuesti贸n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea para aclarar las dudas sobre la adecuaci贸n del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales existente en Catalu帽a, Asturias y Arag贸n al Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea.

La petici贸n de elevar cuesti贸n al Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea estaba incluida en los recursos de la Asociaci贸n Nacional de Grandes Empresas de Distribuci贸n (ANGED) contra las sentencias de los tribunales superiores de Justicia de Catalu帽a, Asturias y Arag贸n en relaci贸n a dichos impuestos.

La tramitaci贸n de esos recursos queda suspendida hasta que responda el alto tribunal europeo.

Autor: Comunicaci贸n del Poder Judicial (16/03/2016)

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2016 (1.陋 quincena)

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