Jurisprudencia

La Abogado General Kokott considera que la exclusi贸n de los libros, peri贸dicos y revistas digitales suministrados electr贸nicamente del tipo reducido del IVA es compatible con el principio de igualdad de trato

A este respecto, la Directiva del impuesto sobre el valor a帽adido es v谩lida

De conformidad con la Directiva del impuesto sobre el valor a帽adido (en lo sucesivo, 芦Directiva del IVA禄),1聽 聽los 聽Estados 聽miembros 聽pueden 聽aplicar 聽un 聽tipo 聽reducido 聽del 聽impuesto 聽sobre 聽el 聽valor a帽adido (en lo sucesivo, 芦IVA禄)2 a las publicaciones impresas como libros, peri贸dicos y revistas.3

Por el contrario, las publicaciones digitales deben someterse al tipo impositivo normal, con excepci贸n de los libros digitales, en la medida en que se suministren mediante un soporte f铆sico como, por ejemplo, un CD-ROM.4

Malos tiempos para el IIVTNU

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las diversas cuestiones de constitucionalidad planteadas acerca de este Impuesto [Vid. Auto n.潞 112/2014聽 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n掳 22 de Madrid; Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.潞 3 de Donostia-San Sebasti谩n de 5 de febrero de 2015, recurso n.潞 245/2014聽 y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N潞 1. de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, recurso n.潞 82/2015聽] son muchos los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso Administrativos en los que se anulan las liquidaciones giradas por los Ayuntamientos casi de forma autom谩tica, sin comprobar previamente si se ha producido el hecho imponible del mismo, es decir, si existe un incremento del valor del terreno.

Esta vez es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en una sentencia de 15 de abril de 2016 el que ha anulado una liquidaci贸n聽 ya que la transmisi贸n que origina la liquidaci贸n se ha realizado con p茅rdidas, lo cual queda constatado聽 a la vista de las escrituras que documentaron la compra previa y el transmisi贸n se desprende claramente que no ha existido incremento alguno de valor de las fincas.

Selecci贸n de jurisprudencia. Julio (2.陋 quincena) y agosto 2016

Las actuaciones del contribuyente en aras de conseguir la declaraci贸n de caducidad de un procedimiento no interrumpen su derecho a la prescripci贸n

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de julio de 2016, dicta una sentencia important铆sima en lo que tiene que ver con los derechos del contribuyente, m谩s en concreto, en lo que tiene que ver con su derecho a que los procedimientos caducados por exceder del plazo reglamentario no interrumpan su derecho a la prescripci贸n de la deuda tributaria, incluso cuando 茅l haya interpuesto recursos o reclamaciones con el fin de que se declare esa caducidad.

La norma se帽ala expresamente que los procedimientos caducados no interrumpen la prescripci贸n de la deuda -se trata de una actuaci贸n administrativa bald铆a-, pero 驴qu茅 pasa con las actuaciones del contribuyente tendentes a que se produzca esa declaraci贸n, si es que derivan de su posici贸n?.

Los honorarios del albacea no pueden ser considerados gastos deducibles en el ISD

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu帽a considera en su sentencia de 1 de febrero de 2016, que est谩 excluida expresamente en la normativa tributaria de aplicaci贸n la deducibilidad de los gastos que tengan su causa en la administraci贸n del caudal relicto, equiparando los honorarios del albacea a gastos de administraci贸n del caudal relicto.

En dicha sentencia se incluye un voto particular de una magistrada, que no comparte la equiparaci贸n de los honorarios del albacea con gastos de administraci贸n del caudal relicto, por cuanto el albacea es la persona expresamente designada por el testador para cumplir su 煤ltima voluntad, custodiando sus bienes y d谩ndoles el destino que corresponda seg煤n los t茅rminos de la disposici贸n testamentaria. No desempe帽a su cargo en beneficio de los herederos, a diferencia de lo que ocurre con la administraci贸n del caudal relicto, sino que su cometido es espec铆ficamente asegurarse de que se cumple lo dispuesto por el causante. Estando su funci贸n claramente diferenciada de una mera administraci贸n y viniendo impuesto su nombramiento por el propio testador, considera esta magistrada 聽que la retribuci贸n del cargo es un gasto deducible al no ser en modo alguno equiparable a los gastos de administraci贸n.

El incumplimiento reiterado de la obligaci贸n de aportaci贸n de informaci贸n exime a la Administraci贸n de la concesi贸n del plazo de 10 d铆as

De nuevo se publica una interesant铆sima y a buen seguro pol茅mica sentencia del Tribunal Supremo en materia de dilaciones dentro del procedimiento inspector; esta vez en lo que tiene que ver con la necesidad de otorgar siempre o no 鈥揺sa es la cuesti贸n- el plazo de 10 d铆as se帽alado en el art. 36.4 RD 939/1986 (RGIT) 鈥揺quivalente al actualmente vigente art. 171.3 RD 1065/2007 (Rgto de gesti贸n e inspecci贸n tributaria)- al objeto de que el contribuyente inspeccionado cumpla con su obligaci贸n de aportar la documentaci贸n que se le pueda requerir a lo largo del procedimiento.

El TC estima parcialmente el recurso contra las tasas judiciales a personas jur铆dicas por considerar que su cuant铆a vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicolog铆a y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicci贸n como para la interposici贸n de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Las tasas afectadas son s贸lo las exigidas a las personas jur铆dicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximi贸 del pago del tributo a las personas f铆sicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refer铆a a dichas tasas. Ha sido ponente de la resoluci贸n el Magistrado Santiago Mart铆nez-Vares.

Selecci贸n de jurisprudencia. Julio 2016 (1.陋 quincena)

El TS rechaza que los ayuntamientos cobren una tasa por el uso del espacio a茅reo que hacen los usuarios de telefon铆a m贸vil

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado que los ayuntamientos cobren una tasa a las empresas de telefon铆a por el uso que realizan los usuarios de tel茅fonos m贸viles del espacio a茅reo que se eleva sobre el suelo del municipio.

La sentencia de 5 de julio de 2016, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Gonzalo Mart铆nez Mic贸, rechaza la ordenanza fiscal que en tal sentido aprob贸 en 2013 el Ayuntamiento de San Cebri谩n de Castro (Zamora) y destaca que 鈥渆s como si cada Ayuntamiento aspirara a imponer un canon por la navegaci贸n de aeronaves que circulen por encima del territorio local鈥. El Supremo destaca que la tasa vulnera la Constituci贸n, la Directiva Europea del sector, y la Ley General Tributaria, ya que es 鈥渦na inaceptable invasi贸n de las competencias estatales y una manifiesta duplicidad impositiva鈥.

Seg煤n el TC, Catalu帽a carece actualmente de competencias estatutarias para organizar su Administraci贸n Tributaria

El TC declara inconstitucionales varias disposiciones de la Ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas por invadir competencias del Estado

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno contra varios preceptos y disposiciones de la Ley de Catalu帽a 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. El Tribunal declara la inconstitucionalidad de los preceptos y disposiciones impugnados, a excepci贸n de los relativos a la creaci贸n de una Agencia Catalana de Protecci贸n Social y a la elaboraci贸n de un inventario del patrimonio de las administraciones p煤blicas de Catalu帽a, respecto de los que establece una interpretaci贸n conforme con la Constituci贸n. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago Mart铆nez-Vares.

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