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Jurisprudencia

La interceptaci贸n de comunicaciones y correos electr贸nicos sin conocimiento del interesado en un proceso penal puede ser prueba en el procedimiento administrativo de lucha contra el fraude fiscal

El Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, en su sentencia de 17 de diciembre de 2015, , abre la mano en cuanto a la licitud de la utilizaci贸n, en los procedimientos administrativos de lucha contra el fraude, de pruebas obtenidas en la v铆a jurisdiccional penal, en actuaciones en las que el obligado tributario ni siquiera ha tenido conocimiento.

Sin embargo, esa 鈥減ermisibilidad鈥 no es tan contundente como puede parecer, por cuanto el Tribunal no se muestra reacio a la utilizaci贸n de esas pruebas, pero siempre y cuando queden a salvo los derechos fundamentales de los administrados en lo que tiene que ver con su derecho a la intimidad, a la leg铆tima defensa y, por extensi贸n, a la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales, todos ellos, garantizados y de obligatorio respeto por parte de los 贸rganos p煤blicos de los Estados miembros a costa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la聽Uni贸n聽Europea y del Convenio Europeo para la Protecci贸n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Si no existe incremento del valor no se produce el hecho imponible del IIVTNU

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a reconocer en su sentencia de 8 de octubre de 2015, que habi茅ndose acreditado debidamente que el valor de la finca no ha experimentado ning煤n incremento, antes al contrario, se ha producido una disminuci贸n de su valor desde el momento de la adquisici贸n, no se habr谩 producido el hecho imponible y, la sociedad no ten铆a obligaci贸n de tributar por el mencionado impuesto.

La ausencia objetiva de incremento del valor dar谩 lugar a la no sujeci贸n al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realizaci贸n del hecho imponible, pues la contradicci贸n legal no puede ni debe resolverse a favor del 芦m茅todo de c谩lculo禄 y en detrimento de la realidad econ贸mica, pues ello supondr铆a desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad econ贸mica [Vid. SSTSJ de Madrid de 24 de abril de 2015, recurso n.潞 283/2014, TSJ de Catalu帽a, de 21 de marzo de 2012, recurso n.潞 432/2010聽y de 22 de marzo de 2012, recurso n.潞 511/201, y sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, de 13 de julio de 2015, recurso n.潞 123/2015聽y Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid de 31 de julio de 2015, recurso n.潞 17/2015.

Ni la solicitud de recepci贸n de obras ni el inicio de un expediente sancionador urban铆stico interrumpe la prescripci贸n para la liquidaci贸n del ICIO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de 6 de noviembre de 2015, ha resuelto que el escrito por el cual la sociedad solicita al Ayuntamiento la recepci贸n de las obras ejecutadas en el aparcamiento p煤blico y complejo dotacional deportivo, no es un acto del recurrente tendente a la liquidaci贸n del tributo, por lo que no tiene efectos para interrumpir la prescripci贸n. La fecha de finalizaci贸n de las obras es una cuesti贸n de hecho, y si estimaba que las obras hab铆an finalizado en otro momento distinto, al que figura en la certificaci贸n de obras debi贸 aportar la prueba para desvirtuar lo manifestado en la certificaci贸n final de obra.

Tampoco la interrumpe, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Sevilla)聽 de聽 18 de junio de 2015, el inicio por parte del Ayuntamiento de un expediente de naturaleza sancionadora, concretamente de disciplina urban铆stica, que no tiene virtualidad alguna para interrumpir la prescripci贸n de la acci贸n para liquidar el ICIO, dada la evidente naturaleza distinta de uno y otro, y por no ser la resoluci贸n del expediente sancionador presupuesto alguno de la liquidaci贸n del ICIO.

En ambos casos, el ICIO debi贸 ser liquidado por la Administraci贸n local tan pronto finalizaron las obras, momento este que debemos situar, coincidiendo con el juez a quo, el inicio del plazo de prescripci贸n.

Son deducibles en el IS los gastos de asesoramiento de una OPA

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 3 de noviembre de 2015, afirma que los gastos de asesoramiento en una venta de acciones a una entidad que lanz贸 una OPA, aunque hayan beneficiado a los socios, tambi茅n benefician a la actividad econ贸mica general de la empresa, por lo que se consideran deducibles.

Para que un gasto sea deducible es preciso que est茅 justificado, contabilizado, que sea imputable al correspondiente ejercicio y que, por 煤ltimo, sea necesario

En el caso que enjuiciamos no se discute la concurrencia de las tres primeras notas, ci帽茅ndose el debate a la 煤ltima de ellas: la necesidad.

No es deducible en el IS la provisi贸n por ejemplares invendidos por los subdistribuidores de prensa

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 26 de octubre de 2015, afirma que la provisi贸n dotada por un distribuidor de prensa por los ejemplares no vendidos que son devueltos por los distribuidores locales no es deducible ya que cubre un riesgo de devoluciones de ventas no admitida por la Ley IS.

La entidad sostiene que la denominada "provisi贸n por invendidos" no es en realidad una provisi贸n contable, sino que se trata de un apunte que tiene por objeto adecuar la cifra de ventas registrada al criterio de imputaci贸n temporal del devengo. La sociedad va reflejando como ventas las entregas de publicaciones que efect煤a a los quioscos o subdistr铆buidores aunque estos no hayan vendido las mercanc铆as a los clientes finales, por lo que considera que est谩 anticipando un ingreso por cuanto realmente solo deber铆a reconocer el ingreso cuando se produce la venta a terceros por parte del quiosco. Por ello, al final del ejercicio es necesario efectuar una regularizaci贸n, minorando la cifra de los aprovisionamientos y el importe neto de la cifra de negocios que figuran en las cuentas anuales formuladas por la compa帽铆a.

La norma fiscal no permite al obligado tributario deducir el gasto que pueda suponer el riesgo de devoluciones de ventas que asume en el ejercicio de su actividad, cualquiera que sea la denominaci贸n contable que le asigne.

Valoraciones administrativas: el Tribunal Supremo considera estar en lo correcto respecto del principio de unicidad de la Administraci贸n

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015 vuelve a desempolvar la cuesti贸n de si la Administraci贸n debe -o m谩s bien est谩 obligada- a respetar los valores que previamente ha aceptado, otorgando as铆 confianza y seguridad jur铆dica al administrado que de nuevo vuelve a realizar operaciones con los mismos bienes, o no est谩 vinculada por lo que ella misma ha aceptado con anterioridad.

Y, como se ha anticipado, el Tribunal se muestra claro y contundente en cuanto a lo que tiene que decidir, se帽alando que la doctrina correcta es la de que la valoraci贸n previa de un bien realizada por una Administraci贸n tributaria vincula a todos los efectos a las dem谩s Administraciones competentes, m谩xime si se trata de impuestos estatales, aunque el segundo est茅 cedido a las Comunidades Aut贸nomas.

La especialidad de la norma sobre expropiaci贸n ampara la exenci贸n del pago del justiprecio en el ITP no establecida expresamente para ella

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 encierra un interesante juego jur铆dico en lo que tiene que ver con la interpretaci贸n de las normas que, a la postre, supone el reconocimiento de la exenci贸n en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del pago de las operaciones de expropiaci贸n.

En efecto, la sentencia, como ya apunt贸 en d铆a la sentencia de instancia -STSJ de Canarias, de 10 de julio de 2013-, reconoce de partida que la exenci贸n de las operaciones de expropiaci贸n no est谩 reconocida en el RDLeg. 1/1993 (TR ITP y AJD), como tampoco lo estuvo en la norma anterior -RDLeg. 3050/1980-.

Selecci贸n de jurisprudencia. Enero 2016 (1.陋 quincena)聽

Selecci贸n de jurisprudencia. Diciembre 2015 (2.陋 quincena)

La jurisprudencia sobre la reiteraci贸n en la comprobaci贸n es aplicable a una comprobaci贸n seguida de una verificaci贸n de datos inmotivadas

A juicio de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2015, que reitera lo ya se帽alado en otra anterior de 11 de noviembre -luego podemos hablar de jurisprudencia en la materia-, en el supuesto en que una comprobaci贸n de valores inmotivada vaya seguida de un procedimiento de verificaci贸n de datos que tambi茅n lo es, concurre identidad de raz贸n para aplicar la jurisprudencia sobre la reiteraci贸n en la comprobaci贸n.

Pues bien, esa jurisprudencia puede resumirse en que si la Administraci贸n tributaria yerra al llevar a cabo una primera comprobaci贸n, que resulta inmotivada, anulada 茅sta, puede de nuevo proceder a realizar una segunda comprobaci贸n. Si bien esa potestad no es ilimitada, no siendo l铆cita una tercera comprobaci贸n en caso de ser anulada la segunda por igual motivo.

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