Jurisprudencia

Es necesario el examen personal del bien a valorar por parte del perito para entender correctamente realizada la valoraci贸n

La cuesti贸n relativa a la necesidad de efectuar una visita al inmueble ha sido analizada con detalle por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en m煤ltiples sentencias como la de 8 de marzo de 2016, recurso n.潞 聽151/2014, dictadas a la vista de la STS de 26 de noviembre de 2015, recurso n.潞 3369/2014. En estas sentencias se expone que la nueva sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a la Sala a reformular su criterio sobre el requisito de la visita personal del perito y la justificaci贸n de la adecuaci贸n de los testigos empleados en el m茅todo de comparaci贸n. 聽En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de聽24 de noviembre de 2016, adem谩s de seguir este nuevo criterio se incluye un voto particular de uno de sus magistrados.

Ganancias patrimoniales derivadas de indemnizaciones de seguro: el valor de reparaci贸n del da帽o no equivale necesariamente al valor de adquisici贸n

Pocos pronunciamientos podemos encontrar sobre la cuesti贸n de la tributaci贸n de las indemnizaciones obtenidas de las compa帽铆as aseguradoras en supuestos de siniestros contra bienes patrimoniales. Por ello, es de inter茅s la recientemente dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con fecha 21 de diciembre de 2016.

Selecci贸n de jurisprudencia. Enero 2017 (2陋 quincena)

En efecto, seg煤n el TJUE, cuando en el seno de una persona jur铆dica, uno de sus empleados, que no es su representante legal, ocasiona la introducci贸n irregular de una mercanc铆a en el territorio aduanero de la Uni贸n, puede ser considerada deudora de la deuda aduanera generada por dicha introducci贸n cuando dicho empleado introdujera la mercanc铆a de que se trata respetando el marco de la misi贸n que su empresario le confi贸 y ejecutando las 贸rdenes que le dio a tal fin otro empleado de 茅ste, facultado al efecto en el ejercicio de sus propias funciones, actuando as铆 dentro de sus atribuciones, en nombre y por cuenta de su empresario. Asimismo, entiende que, para caracterizar respecto de un empresario, persona jur铆dica, una maniobra fraudulenta, no hay que atenderse exclusivamente al propio empresario, sino que procede imputar tambi茅n a 茅ste el comportamiento del empleado o empleados que, respetando el marco de la misi贸n que su empresario les confi贸, causaron la introducci贸n irregular de mercanc铆as.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 25 de enero de 2017, asunto n潞 C-679/15)

Si bien es cierto que el art. 241 del C贸digo Aduanero Comunitario se帽ala que la devoluci贸n por parte de las autoridades aduaneras de derechos de importaci贸n no da lugar al pago de intereses, el Tribunal -asumiendo los postulados del Abogado General-, se帽ala que ese art铆culo debe ser entendido como aplicable al supuesto en que una vez que la autoridad aduanera ha concedido el levante de las mercanc铆as de que se trate, posteriormente se ponga de manifiesto que debe reducirse el importe de la liquidaci贸n inicial de los derechos de importaci贸n. Sin embargo, esa norma no resulta aplicable, y por tanto s铆 hay derecho al inter茅s, en el caso en que la devoluci贸n deriva de una exacci贸n realizada con infracci贸n del Derecho de la Uni贸n, como es el caso, en que se recauda con fundamento en una norma posteriormente declarada contraria a la ley.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 18 de enero de 2017, asunto n潞 C-365/15)

El Supremo reprocha a la Audiencia Nacional su desatenci贸n al car谩cter y naturaleza jur铆dica del art. 174.5 Ley 58/2003 (LGT) como norma declarativa de derechos y no procedimental. Se trata de una norma sobre el derecho de los declarados responsables a solicitar la revisi贸n de las liquidaciones de las que trae origen su declaraci贸n de responsabilidad que, en su redacci贸n original, reconoci贸 a los responsables solidarios, pero que les fue privada a ra铆z de la reforma operada en el citado art铆culo por la Ley 36/2006. Pues bien, se帽ala el Supremo que estamos ante un derecho adquirido, que no pierden los responsables con la reforma, al tratarse 茅sta de una norma declarativa de derechos que, por definici贸n, s贸lo puede producir efectos hacia el futuro, a partir de su entrada en vigor.

(Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, recurso n潞 2629/2015)

No es la primera vez que lo dice el Tribunal Supremo, aunque bien es cierto que en esta sentencia lo hace de un modo m谩s rotundo y teniendo en cuenta un comportamiento m谩s reprochable tanto en sede de la Administraci贸n como del Tribunal de instancia a ra铆z de la falta de consignaci贸n en su declaraci贸n del Impuesto sobre el Patrimonio de la existencia de un pr茅stamo, no concedido a t铆tulo personal para el sujeto pasivo, sino para que se constituyera una fianza por responsabilidades civiles de las sociedades.

(Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, recurso n潞 348/2016)

El Tribunal estima el recurso contra la denegaci贸n de la aplicaci贸n de la Reserva para Inversiones en聽 Canarias (RIC) a una entidad que aport贸 fincas r煤sticas a una junta de compensaci贸n sin haber iniciado aun las obras de urbanizaci贸n. Mientras el TEAC consider贸 que al no haberse llevado a cabo obras de urbanizaci贸n en las parcelas transmitidas no pod铆an considerarse afectas a una actividad econ贸mica y, en consecuencia, los rendimientos obtenidos en la transmisi贸n no se inclu铆an en la base de la RIC, la Audiencia Nacional, aplicando doctrina consolidad del Tribunal Supremo, entiende que no se precisa el inicio de la ejecuci贸n material de la urbanizaci贸n para que pueda hablarse de actividad de promoci贸n inmobiliaria, pues la aportaci贸n de las fincas a la junta entra帽a la realizaci贸n de una actividad de promoci贸n. Sin embargo, en la sentencia se rechaza que los dividendos percibidos por la participaci贸n en el capital de una entidad puedan incluirse en la base de la RIC, dado que la inversi贸n no proced铆a de la gesti贸n ordinaria de excedentes de tesorer铆a.

(Audiencia Nacional, de 27 de octubre de 2016, recurso n潞 534/2015)

Nos encontramos con una sola licencia que afecta a todos los adosados, pero lo esencial no radica en la t茅cnicamente posible fragmentaci贸n de la edificaci贸n, sino que juntamente con la construcci贸n se exig铆a a la actora la realizaci贸n de una obra urbanizadora, que afectaba necesariamente a todo el conjunto por lo que, la terminaci贸n del mismo, no puede entenderse materialmente realizada hasta tanto y cuanto la obra urbanizadora est茅 terminada y aceptada de forma expresa o t谩cita por la Administraci贸n. La obra urbanizadora, formada por el alcantarillado, la red de agua potable, la electrificaci贸n, el alumbrado y la telefon铆a y comunicaci贸n, esta Sala entiende que estaba integrada en la licencia, en la medida en que condicionaba la edificaci贸n, que no pod铆a jur铆dicamente ser ocupada hasta que esa obra estuviera concluida. Por otra parte, la obra urbanizadora no es separable de la edificaci贸n de los adosados; forman un todo, hasta el punto de que la edificaci贸n carece de sentido si la obra urbanizadora no est谩 hecha y tiene una manifiesta vocaci贸n de permanencia como el edificio mismo. Por la Sala entiende que el importe de la obra urbanizadora si debe formar parte de la base imponible. Por otro lado,聽 deben ser excluidos de la base imponible los siguientes conceptos: beneficio empresarial del contratista, gastos generales, seguridad y salud, control de calidad, muebles de ba帽o,聽 de cocina y electrodom茅sticos, termos el茅ctricos y cajas fuertes.

(Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de octubre de 2016, recurso n潞 1224/2011)

El tributo sobre el juego debe excluirse para el c贸mputo de la cifra neta de negocios, dado que se ha de considerar que es un impuesto directamente relacionado con 茅sta ya聽 que en el juego del bingo la base imponible estar谩 constituida por el importe del valor facial de los cartones adquiridos descontada la cantidad destinada a premios. En la modalidad de juego del bingo electr贸nico, la base imponible estar谩 constituida por el importe jugado descontada la cantidad destinada a premios. Por tanto estamos ante un impuesto directamente relacionado con dicha cifra, que viene a su vez a ratificar la consideraci贸n de que la cifra neta ha de computarse atendiendo al valor facial de los cartones descontada la cantidad destinada a premios, por todo lo cual se ha de concluir, que procede declarar la exenci贸n de la recurrente del IAE para los ejercicios 2006 a 2009, si bien respecto a la procedencia de la devoluci贸n de los ingresos indebidos correspondientes a los dos ejercicios reclamados, la competencia para la devoluci贸n, en virtud de la declaraci贸n de aplicaci贸n de exenci贸n declarada en esta sentencia, corresponde al Ayuntamiento.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Burgos), de 16 de septiembre de 2016, recurso n潞 215/2015)

Los gastos fiscalmente deducibles, la existencia de actividad econ贸mica en el arrendamiento de inmuebles y la valoraci贸n de operaciones vinculadas pueden ser objeto de impugnaci贸n, aunque la regularizaci贸n se hubiere efectuado mediante acta de conformidad. El Tribunal contencioso corrige el criterio del tribunal econ贸mico-administrativo que no admiti贸 que se impugnasen esas cuestiones porque al no haberse acreditado que se hubiera incurrido en error de hecho, los hechos a los que se prest贸 conformidad deben darse por ciertos. El TSJ considera, en cambio, que las cuestiones anteriores (gastos deducibles, existencia de actividad econ贸mica y valoraci贸n de operaciones vinculadas) constituyen operaciones netamente jur铆dicas en cuanto comportan la subsunci贸n del hecho de la realidad en el presupuesto de hecho de la norma. En relaci贸n con la valoraci贸n de las operaciones vinculadas, el tribunal acepta la alegaci贸n de la entidad de que no se advirti贸 de su derecho a plantear la tasaci贸n pericial contradictoria, 煤nicamente se le inform贸 de su derecho a presentar los recursos de reposici贸n y reclamaci贸n econ贸mico-administrativa, por lo que se estim贸 el recurso.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Santa Cruz de Tenerife), de 22 de julio de 2016, recurso n潞 185/2015)

La actividad de producci贸n de energ铆a el茅ctrica fotovoltaica desarrollada a trav茅s de planta solar cuya gesti贸n y explotaci贸n se realiza mediante una Agrupaci贸n de Inter茅s Econ贸mico (AIE), se considera ejercida individualmente por los socios de la AIE, como actividad de naturaleza econ贸mica, pues supone la ordenaci贸n por cuenta propia de los medios de producci贸n, sin que sea 贸bice la ausencia de desplazamiento f铆sico de los socios al lugar de explotaci贸n, a tenor del hecho de que el proceso se fundamenta en un sistema de telemetr铆a incorporado en el proyecto del parque solar. La sentencia se aparta del criterio de la DGT que en consulta vinculante hab铆a calificado los rendimientos obtenidos como del capital mobiliario.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas), de 7 de junio de 2016, recurso n潞 107/2015)

La nueva Ley de procedimiento administrativo eleva a la categor铆a de norma la jurisprudencia sobre el c贸mputo de los plazos en meses-a帽os

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 9 de noviembre de 2016 destaca, no por su previsible conclusi贸n jur铆dica, pero s铆 por la fundamentaci贸n que conduce a la misma.

El tema a debate es el del c贸mputo de los plazos fijados en meses o en a帽os, del que destaca que ha generado una abundante jurisprudencia que naci贸 del Tribunal Supremo y que ha sido aceptada un谩nimemente por los tribunales, en el sentido de que el c贸mputo de esos plazos termina el mismo d铆a h谩bil del mes/a帽o siguiente al que se ha recogido la notificaci贸n.

El car谩cter reparador del canon digital le sit煤a fuera del hecho imponible del IVA

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 18 de enero de 2017, recoge la visi贸n del tribunal europeo sobre la tributaci贸n de uno de los instrumentos 鈥渞ecaudatorios鈥 m谩s pol茅micos de los 煤ltimos a帽os, el canon digital.

Como bien es conocido, el concepto de canon digital responde a un gravamen sobre la producci贸n e importaci贸n de soportes v铆rgenes y de aparatos de grabaci贸n y de reproducci贸n, que ser谩 posteriormente distribuido entre los autores, productores o editores de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, al objeto de compensarles por la p茅rdida de ingresos potenciales que sufrir谩n por la reproducci贸n no controlada de sus obras a trav茅s de esos soportes o aparatos.

Tras una sucesi贸n de errores, un ayuntamiento gira 87 liquidaciones por el IIVTNU por la permuta de una finca

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas) en su sentencia de 聽9 de mayo de 2016, anula las ochenta y siete liquidaciones que se giraron al transmitente de una finca que fue objeto de permuta, por el Ayuntamiento, el que probablemente suponiendo que hab铆a prescrito su derecho a liquidar, no se limit贸 a sustituir las liquidaciones previamente anuladas por otra/s referida a los mismos terrenos, sino que gir贸 ochenta y siete en las que da la impresi贸n,聽 pues nada se explica, est谩n referidas a cada uno de los inmuebles construidos en la finca permutada, lo cual poco tiene que ver con el hecho imponible del IIVTNU. Con independencia del grado de nulidad de las liquidaciones declaradas nulas, lo decisivo en el caso es que estamos ante una sucesi贸n de errores - dif铆cilmente imaginable-- que entran en abierta contradicci贸n con los elementales principios de buena administraci贸n, que no debe soportar el obligado tributario y que rompen el principio de proporcionalidad que debe presidir la aplicaci贸n del sistema tributario.

Reducci贸n respecto de la empresa agr铆cola familiar en el ISD cuando en el momento del devengo los rendimientos de la actividad eran negativos

El Magistrado D. Joaqu铆n Herrero Mu帽oz Cobo formula un voto particular, discrepando del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de octubre de 2016, en la que la Sala estim贸 que no procede la aplicaci贸n de la reducci贸n, de acuerdo con la STS, de 16 de diciembre de 2013, recurso n.潞 28/2010, ya que no se puede afirmar que haya quedado acreditado que la explotaci贸n constituyera, a fecha de devengo del impuesto liquidado, la principal fuente de renta de la causante. Entiende el Magistrado discrepante que efectuando el computo de rentas en periodo de un a帽o finalizando con la fecha de fallecimiento del causante, para supuestos en los que se acredita cumplidamente, como es el caso, que el ingreso de aquellas rentas no se produce hasta un determinado momento del a帽o, a煤n no alcanzado no obstante a fecha de fallecimiento, la rigurosa doctrina jurisprudencial debe modularse.

Selecci贸n de jurisprudencia. Enero 2017 (1陋 quincena)聽

En efecto, los t茅rminos en que est谩 redactada la responsabilidad del transportista, limitan su responsabilidad a partir del dep贸sito de las mercanc铆as en la aduana, quedando eximido de la misma por los acontecimientos que tengan lugar a continuaci贸n, incluso en el caso de que vuelva a hacerse cargo de la misma mercanc铆a salvo, claro est谩, que se demuestre su implicaci贸n en el il铆cito. La responsabilidad deriva, por tanto, de la operaci贸n y no de la mercanc铆a.

(Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea, de 21 de diciembre de 2016, asunto n潞 C-547/15)

La buena聽fe de los importadores de mercanc铆as, a los efectos de disfrutar del r茅gimen de preferencias generalizadas, no puede ponerse en entredicho a ra铆z de la publicaci贸n de un aviso dirigido por la Comisi贸n con redacci贸n poco clara, el cual deber铆a haber servido, precisamente, para guiar sus actividades Y es que el aviso no puede interpretarse en el sentido de que se refiere tambi茅n a las importaciones procedentes de Estados de la zona, no nombrados expresamente en el mismo, no pudiendo exig铆rseles que modifiquen sus actuaciones tras la publicaci贸n de dicho aviso. Un enfoque diferente reducir铆a la seguridad jur铆dica de los operadores econ贸micos, ya que, en caso de dudas sobre el alcance de un aviso a los importadores, se ver铆an forzados a aplicar siempre, por precauci贸n, medidas de protecci贸n adicionales, incluso en relaci贸n con importaciones procedentes de pa铆ses no identificados claramente como aquellos sobre los que recaen las dudas de la Comisi贸n.

(Tribunal de General de la Uni贸n Europea, de 15 de diciembre de 2016, asunto n潞 T鈥548/14)

Efectivamente, el Alto Tribunal considera que la cabecera del grupo no se comporta como una 芦holding聽pura禄, es decir, como una entidad que limite su actividad a la mera adquisici贸n y tenencia de participaciones sociales, realizando actividades econ贸micas -consistentes en la tenencia, adquisici贸n y venta de participaciones en las filiales, financiaci贸n de sus operaciones mediante la concesi贸n de pr茅stamos y mediaci贸n en nombre propio en operaciones de seguro para las filiales- que le otorgan la condici贸n de sujeto pasivo del IVA, en tanto que son actividades empresariales a efectos del IVA con sustantividad propia y no meras operaciones accesorias.

(Tribunal Supremo, de 1 de diciembre de 2016, recurso n.潞 3810/2015)

Efectivamente, el Tribunal Supremo, se ve obligado 鈥揹adas las limitaciones del recurso de casaci贸n respecto de los hechos declarados probados- a asumir lo se帽alado en su d铆a por la AP de Gipuzkoa en la sentencia de instancia, en el sentido de que si de acuerdo con la regla de inversi贸n del sujeto pasivo del IVA, el adquirente 鈥揺n este caso de chatarra- se ve obligado a declarar tanto el IVA repercutido como el soportado, no puede considerarse defraudador del mismo por mucho que ese IVA soportado est茅 sustentado en facturas falsas. Y es que, al ser para 茅l una operaci贸n neutra, no cabe cuant铆a sobre la que tipificar el delito contra la Hacienda p煤blica. Asumen por tanto, ambos tribunales, un criterio patrimonialista de la conceptuaci贸n de este delito.

(Tribunal Supremo, de 2 de junio de 2016, recurso n.潞 437/2016)

Se trata de un beneficio fiscal que se otorga a las personas f铆sicas y no a las familias, por cuanto se concede a las personas f铆sicas que ostentan la titularidad de una vivienda que constituye su domicilio habitual y eso se cumple si ambos c贸nyuges, a pesar de serlo, viven en viviendas diferentes. La deducci贸n m煤ltiple es posible incluso en caso de declaraci贸n conjunta.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de diciembre de 2016, recurso n.潞 462/2015)

El cuadro de agitaci贸n psicomotriz con s铆ntomas psic贸ticos y afectivos presentado por la actora, que fue diagnosticado de trastorno bipolar adem谩s de disfunci贸n tiroidea y epilepsia, y malformaci贸n de Dandy-Walker fue el motivo de su hospitalizaci贸n. Asimismo qued贸 demostrado a trav茅s de los informes m茅dicos obrantes en el expediente administrativo, que la actora desde el mes de julio de 2009 hasta el mes de marzo de 2011 atraves贸 por varios episodios de confinamiento en su domicilio con falta de atenci贸n personal que particularmente incidieron en su actividad social y profesional, situaci贸n que llev贸 incluso a la Agencia Tributaria archivase un expediente sancionador iniciado contra la interesada por dejar de ingresar dentro del plazo establecido la autoliquidaci贸n del IRPF correspondiente al ejercicio 2010. Todos estos datos permiten entender acreditado que la factura-liquidaci贸n de gastos sanitarios a que se refiere esta litis, no lleg贸 a conocimiento de la interesada, y que este desconocimiento no se puede anudar a una falta de diligencia por su parte, o al menos a una mala fe en su actuaci贸n. Y permiten entender acreditado que pese a que la Administraci贸n ha intentado notificar la liquidaci贸n cumpliendo las formalidades legales, no lo ha hecho en cambio con la diligencia debida, pues siendo conocedora de los problemas psiqui谩tricos por los que atravesaba la interesada, y por los que hab铆a sido asistida en uno de sus centros hospitalarios, deber铆a de haber agotado todas las posibilidades que el propio expediente administrativo le ofrec铆a, a la hora de notificar la factura-liquidaci贸n, intent谩ndolo no solo en el domicilio de Ribadeo, sino tambi茅n en el Navia, que tambi茅n hab铆a sido facilitado por la actora,聽 tratando con ello de garantizar una notificaci贸n personal real y efectiva. No habi茅ndolo hecho de tal manera, procede estimar el recurso, anulando la providencia de apremio aqu铆 impugnada, y dem谩s actuaciones que trajeron causa en dicho acto administrativo, con devoluci贸n a la interesada de las cantidades que haya abonado en su ejecuci贸n.

(Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de octubre de 2016, recurso n.潞 15445/2015)

La Sala se inclina por declarar que la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el 1 de enero de 1995, no afecta a la aplicabilidad del coeficiente reductor del 0,70 por ciento previsto en la disp trans. 煤nica del RD 1020/1993 (Normas T茅cnicas de Valoraci贸n), pues con independencia de la cuesti贸n sobre la naturaleza de la Ley de Arrendamientos Urbanos, y sobre si la misma era suficiente para arbitrar los mecanismos compensatorios, para sustituir dicho coeficiente reductor hay que reconocer que la repercusi贸n del IBI nada tiene que ver con las finalidades que pretendi贸 dicha disp trans. 煤nica, al no representar una reducci贸n de la carga tributaria, sino la posibilidad de trasladar la cuota del IBI del arrendador al arrendatario, debiendo significarse que incluso con anterioridad la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ya contempl贸 la posibilidad de elevar la renta por la creaci贸n o elevaci贸n de impuestos o arbitrios por el Estado, Provincia o Municipio que gravasen directamente la propiedad urbana. Por ello procede anular las resoluciones impugnadas (Vid., en sentido contrario, STSJ de Catalu帽a, de 4 de julio de 2013, recurso n.潞 750/2010, casada y anulada por la STS de聽 14 de septiembre de 2015, recurso n.潞 10/2014 y, en el mismo sentido, SSTS, de 18 de julio de 2013, recurso n.潞 427/2010聽y, de 8 de junio de 2004, recurso n.潞 5458/1999).

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de septiembre de 2016, recurso n.潞 740/2014)

El Tribunal confirma la sentencia dictada por el juez de instancia que entiende infringido el principio de reserva de ley tributaria por parte de la ordenanza fiscal del Ayuntamiento, reguladora de la tasa por la prestaci贸n del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes, por extender el hecho imponible a la gesti贸n de cualquier clase de residuos industriales inertes, incluyendo lodos y fangos. La sentencia de instancia considera no controvertido el hecho de que los residuos consistentes en escorias, cascarillas y lodos generados en la factor铆a de la mercantil como consecuencia del proceso de fabricaci贸n industrial del acero, son residuos industriales no asimilables a urbanos, cuya gesti贸n adem谩s la realiza una empresa privada y no la entidad que gestiona los residuos urbanos y municipales del Ayuntamiento. La sentencia de instancia fundamenta la estimaci贸n del recurso en la infracci贸n del principio de reserva de ley y del principio de jerarqu铆a normativa, y ello lo hace partiendo del hecho probado de que los residuos que genera la factor铆a de la mercantil son catalogados como residuos industriales no peligrosos, no asimilables a urbanos; asimismo tiene como probado, y tal valoraci贸n es compartida por la Sala que la gesti贸n material de estos residuos era llevada a cabo por una empresa privada, sin que por el contrario, el Ayuntamiento haya acreditado la intervenci贸n municipal mediante encomienda de gesti贸n en relaci贸n a la gesti贸n de los citados residuos. Por tanto, entiende la Sala que el Ayuntamiento no puede exigir a la empresa apelada el pago de la tasa girada por la prestaci贸n del servicio de retirada, transporte, tratamiento y destino final de residuos inertes.

(Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a (Sede en Sevilla), de 10 de marzo de 2016, recurso n.潞 583/2015)

Una vez corregido por la Administraci贸n el precio de una operaci贸n vinculada, debe mantenerlo en cuantas liquidaciones procedan por la misma operaci贸n

Aun no siendo invocado expresamente en la sentencia de la Audiencia Nacional, de 13 de octubre de 2016, el principio de unicidad es de hecho aplicado en ese pronunciamiento procurando, en esta ocasi贸n, la equivalencia de valoraciones a que someter una misma operaci贸n, tanto en su tributaci贸n por el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

La realizaci贸n de las actividades preparatorias necesarias para destinar un bien de forma duradera a la actividad empresarial determina su calificaci贸n como inmovilizado en el IS

La Audiencia Nacional en una sentencia de 29 de septiembre de 2016 resuelve a favor de la entidad recurrente que basta la realizaci贸n de las actividades preparatorias necesarias para destinar un bien de forma duradera a la actividad empresarial para que pueda ser calificado como inmovilizado, aunque finalmente no pueda llevarse a cabo por problemas urban铆sticos ajenos a la voluntad de la entidad.

Procede la deducci贸n por reinversi贸n de beneficios extraordinarios respecto de las parcelas a las que se refiere esta litis, ya que se produjo聽 la "afectaci贸n", de dichas parcelas aunque fueran finalmente enajenadas. La entidad ten铆a la intenci贸n de construir en las mismas su sede y centro productivo, y por tanto tienen el car谩cter de inmovilizado, como sostiene la recurrente y no se trata de meras existencias como por el contrario entendi贸 la Administraci贸n.

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