Jurisprudencia

Selecci贸n de jurisprudencia. Junio 2016 (2.陋 quincena)

El Tribunal Supremo anula la comprobaci贸n de valores conforme al valor de tasaci贸n hipotecaria previsto en la ley murciana antes de incluirse en la LGT dicho m茅todo

La sentencia del Tribunal Supremo, de de 30 de mayo de 2016, casa y anula la sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de la Regi贸n de Murcia de 17 de febrero de 2012, que ratific贸 en reposici贸n la liquidaci贸n impugnada por el ITP y AJD, tomando como valor comprobado el asignado a las fincas r煤sticas adquiridas el asignado para las subastas en las fincas hipotecadas, de acuerdo con lo establecido en el art. 6.1. de la Ley 15/2002 de la Regi贸n de Murcia (Medidas Tributarias en Materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales), declarado inconstitucional por la STC, n.潞 25/2016, de 15 de febrero de 2016 entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de noviembre de 2006.

El TS plantea cuesti贸n de inconstitucionalidad contra doce art铆culos de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energ茅tica

La Sala Tercera del聽Tribunal Supremo聽ha dictado聽cuatro autos聽en los que plantea cuesti贸n de inconstitucionalidad contra doce art铆culos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energ茅tica, al tener聽dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos聽regulados en dicha norma:聽el Impuesto sobre el Valor de la Producci贸n de Energ铆a El茅ctrica (IVPEE), el Impuesto sobre la Producci贸n de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.

En primer lugar y como bien apunta el Tribunal Supremo, resulta contradictorio que la misma Sala y Secci贸n que ha confirmado la adecuaci贸n a Derecho de las sentencias de la Audiencia Nacional en cuyos fallos se cuestionaban, con la misma raz贸n de decidir que la que ahora se recurren, estimando en el caso presente resulta procedente plantear la cuesti贸n de inconstitucionalidad [Vid., SSTS de 19 de abril de 2016, recurso n.潞 2556/2014 y de 25 de abril de 2016, recurso n.潞 2383/2014].

El Pleno del TC avala un谩nimemente la reforma que le atribuye el control de las normas forales fiscales de los territorios hist贸ricos del Pa铆s Vasco

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado conforme a la Constituci贸n la Ley Org谩nica 1/2010, que modific贸 las leyes reguladoras del Tribunal Constitucional (LOTC), 聽del 聽Poder 聽Judicial 聽(LOPJ) 聽y聽 de 聽la 聽jurisdicci贸n 聽Contencioso-administrativa 聽(LJCA). 聽La reforma cuestionada dise帽贸 un nuevo mecanismo procesal que reserva al Tribunal Constitucional tanto la resoluci贸n de los recursos presentados contra las normas forales fiscales de los Territorios Hist贸ricos de 脕lava, Gipuzkoa y Bizcaia en detrimento de la justicia ordinaria, como la defensa de la autonom铆a foral. El Pleno entiende que el modelo de control de constitucionalidad dise帽ado por la Constituci贸n聽 聽鈥揺n concreto, el recurso聽 聽y聽聽 la聽 聽cuesti贸n聽 聽de inconstitucionalidad-聽 聽no queda desnaturalizado pues, pese a que las normas forales tienen rango reglamentario y no de ley, presentan una singularidad que resulta relevante a estos efectos: est谩n amparadas por la disposici贸n adicional primera de la Constituci贸n y sustituyen a las leyes tributarias estatales en los tres Territorios Hist贸ricos. Ha sido ponente de la sentencia el Presidente del Tribunal, Francisco P茅rez de los Cobos.

El Tribunal Supremo confirma la facultad de repercusi贸n proporcional del IBI al comprador

El Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de junio de 2016, afirma que resulta procedente el prorrateo de la cuota tributaria correspondiente al periodo impositivo en el que se produjo la venta de los inmuebles, ya que la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, ser谩 que el vendedor que abone el IBI podr谩 repercutirlo sobre el comprador, en proporci贸n al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.

El Tribunal Supremo confirma que el TEAC ha eludido su deber de oficio de garantizar la ejecuci贸n de lo definitivamente resuelto en favor de la entidad y de devolver la cantidad reconocida

El Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de junio de 2016, afirma que resulta improcedente considerar que es aplicable el plazo de cuatro a帽os que rige para la prescripci贸n del ejercicio de las potestades de la Administraci贸n o para reclamar frente a 茅sta los derechos econ贸micos a la devoluci贸n de lo indebidamente ingresado. Las resoluciones que resuelven los procedimientos de revisi贸n en materia tributaria son verdaderos actos administrativos, gozando por ello de la presunci贸n de legalidad y predic谩ndose de las mismas la autotutela declarativa (ejecutividad) y la autotutela ejecutiva (ejecutoriedad).

Debe anularse la liquidaci贸n del IIVTNU girada sin haber comprobado previamente si se ha realizado el hecho imponible

En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su Sede de Santa Cruz de Tenerife, en su sentencia de 11 de enero de 2016, anula la liquidaci贸n impugnada puesto que la Administraci贸n tributaria no ha comprobado previamente si se ha producido el hecho imponible y se ha limitado al c谩lculo de la base imponible a partir del procedimiento fijado en el art.107 TRLHL.

El presupuesto de la tributaci贸n del IIVTNU es siempre que se haya producido un incremento real del valor de los bienes. Si el valor de transmisi贸n es inferior al valor de adquisici贸n del bien por el transmitente, no podr谩 entenderse, sin m谩s, realizado el hecho imponible, sino que la Administraci贸n tributaria deber谩 comprobar que los valores declarados no corresponden a los reales y as铆 determinar si el bien ha incrementado durante el per铆odo en el que se encontr贸 dentro del patrimonio del transmitente su valor.

El Impuesto sobre el da帽o medioambiental causado por la emisi贸n de contaminantes a la atm贸sfera de Arag贸n no limita el r茅gimen de asignaci贸n de derechos de emisi贸n

El Tribunal Superior de Justicia de Arag贸n, en dos sentencias de 24 de febrero de 2016, siguiendo lo sostenido en su sentencia de 2 de octubre de 2014, que afirma que no se aprecia la nulidad de la Orden de 12 de mayo de 12 de mayo de 2006 por la que se dictan las disposiciones necesarias para la aplicaci贸n, durante el primer per铆odo impositivo, de los impuestos medioambientales creados por la Ley 13/2005, en cuanto se refiere a las emisiones de CO2, por vulnerar la Ley 1/2005 (R茅gimen para el comercio de derechos de emisi贸n de gases de efecto invernadero), ya que la regulaci贸n del impuesto responde a la finalidad de establecer una protecci贸n del medio ambiente mediante una norma adicional de protecci贸n, amparada por el r茅gimen de competencias, que no persigue establecer una limitaci贸n al r茅gimen de asignaci贸n de derechos de emisi贸n sino configurar unos niveles superiores de protecci贸n medioambiental. No se trata de gravar lo que se atribuye gratuitamente por el Estado dentro del desarrollo de la norma de Derecho comunitario y, en 煤ltimo t茅rmino, de un Tratado internacional sino que, por el contrario, se grava y configura como hecho imponible la acci贸n de contaminar que se produce por la emisi贸n de contaminantes y que, como supuesto de no sujeci贸n, considera la especial situaci贸n de las emisiones realizadas en exceso respecto a las asignadas y sobre las que se hayan adquirido los correspondientes derechos de emisi贸n (Vid., en el mismo sentido STS de 19 de junio de 2014, recurso n.潞 397/2013).

Selecci贸n de jurisprudencia. Junio 2016 (1.陋 quincena)

La falta de tr谩mite de audiencia o alegaciones en un procedimiento tributario -como el de devoluci贸n del IVA a no establecidos- permite la aportaci贸n de pruebas en v铆a de revisi贸n聽

Como suele suceder cada cierto tiempo, la Audiencia Nacional nos regala de nuevo dos pronunciamientos -de igual contenido-, los contenidos en sus sentencias de 3 de marzo y 21 de abril de 2016, con una excelente fundamentaci贸n jur铆dica y en un sentido muy pro contribuyente.

La cuesti贸n que se dirime en esta ocasi贸n tiene que ver con la aportaci贸n de pruebas en el procedimiento de revisi贸n 鈥揺n concreto, en el entorno del recurso de reposici贸n- que no fueron aportadas con anterioridad pero no con car谩cter general, sino en el concreto caso en que el procedimiento en cuesti贸n no estuviera contemplado un tr谩mite de audiencia o se requiriera informaci贸n y no hubiera que dar audiencia al interesado.

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