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Gu铆a Fiscal 2016 - CEF.-

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Jurisprudencia

Selecci贸n de jurisprudencia. Marzo 2016 (1.陋 quincena)

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz eleva una nueva聽cuesti贸n de inconstitucionalidad de la norma foral alavesa y de la ley estatal sobre la plusval铆a

Como ya hiciera el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.潞 3 de Donostia- San Sebasti谩n de 5 de febrero de 2015, recurso n.潞 245/2014, en la que se plante贸 la cuesti贸n de inconstitucionalidad en relaci贸n con los 4 y 7.4 de la Norma Foral 46/1989 de Gipuzkoa (IIVTNU) y de los arts. 107 y 110.4 del RDLeg. 2/2004 (TR LHL), ahora, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.潞 1 de Vitoria-Gasteiz eleva una nueva聽cuesti贸n de inconstitucionalidad sobre la norma hom贸nima foral alavesa y los mismos preceptos de la regulaci贸n estatal del Impuesto sobre el聽 Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Nuestra regulaci贸n de la deducci贸n por doble imposici贸n de dividendos es discriminatoria y anticomunitaria

As铆 se deduce de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 3 de diciembre de 2015, que considera que la regulaci贸n de la eliminaci贸n de la doble imposici贸n de dividendos que se contiene en el RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) rompe la equivalencia en el tratamiento fiscal de esa cuesti贸n que deber铆a existir, ya sea el dividendo de fuente interna (deducci贸n 50 o 100% -luego exenci贸n- en funci贸n del porcentaje de participaci贸n), o de fuente internacional europea (deducci贸n por imputaci贸n).

La compraventa apalancada (LBO) de participaciones sociales y posterior recap raya en la simulaci贸n tributaria si encubre un fuerte reparto de dividendos

La Sala III confirma que Dorna Sports y dos de sus directivos simularon en 2003 y 2004 una compraventa de acciones para obtener ventajas fiscales y un reparto de dividendos encubierto, por lo que, aparte de tener que hacer frente a las liquidaciones del impuesto de sociedades e IRPF correspondientes (Hacienda calcul贸 inicialmente una cuant铆a de 25,5 millones de euros con intereses de demora, que tendr谩 que ser corregida ligeramente a la baja) cometieron una infracci贸n grave a la Ley General Tributaria al mediar ocultaci贸n, por lo que tendr谩n que pagar una sanci贸n econ贸mica.

Selecci贸n de jurisprudencia. Febrero 2016 (2.陋 quincena)

La plusval铆a del muerto tampoco se grava en caso de pacto sucesorio

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016, somete a an谩lisis, m谩s all谩 del caso concreto de los autos 鈥搎ue tiene que ver con la instituci贸n de Derecho Civil Foral de Galicia denominada apartaci贸n- la naturaleza jur铆dico-tributaria de los pactos sucesorios para, en consecuencia, determinar cu谩l es su tributaci贸n no s贸lo en lo que tiene que ver con el Impuesto sobre Sucesiones sino, en especial, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas por la coloquialmente conocida como 鈥減lusval铆a del muerto鈥.

Los pactos sucesorios son acuerdos hechos en vida del futuro causante que suponen actos de disposici贸n sobre sus bienes, con cargo y en adelanto de la que ser谩 su herencia. En nuestro territorio nacional convive la aplicaci贸n de diferentes tipos de Derecho Civil: el com煤n, el especial y el foral. Por ello, instituciones como el pacto sucesorio, prohibido en Derecho Civil Com煤n, no est谩 en contradicci贸n con la permisibilidad de esta figura en las otras categor铆as del Derecho Civil.

La falta reiterada de beneficios no lleva aparejada necesariamente la consideraci贸n de la inexistencia de actividad econ贸mica

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, a pesar de su concisi贸n, encierra una serie de consideraciones interesant铆simas en lo que tiene que ver con el ejercicio de actividades econ贸micas. Adem谩s, el hecho de haber sido dictada en recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, le da un valor a帽adido.

La primera y gran aportaci贸n tiene que ver con si las p茅rdidas econ贸micas reiteradas en el desarrollo de una concreta actividad econ贸mica pueden hacer perder a 茅sta su objeto, al considerarse no rentable.

ICIO: Instalaci贸n de planta fotovoltaica (ampliaci贸n o reducci贸n del Proyecto inicial)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Tenerife) en su Sentencia de 20 de noviembre de 2015 entendi贸 que se hab铆a producido la prescripci贸n del derecho del Ayuntamiento a liquidar la obra correspondiente a la primera fase del proyecto ya que pudo girar la correspondiente liquidaci贸n desde que tuvo constancia de la terminaci贸n de esas obras que es el hecho que determina el inicio del plazo de la prescripci贸n. En el caso de autos, la liquidaci贸n impugnada se refiere a un聽 Proyecto de instalaci贸n de planta fotovoltaica ejecutado en dos fases.

La licencia inicial autoriz贸 un proyecto de 2.5 MW y se gir贸 liquidaci贸n provisional. El聽 18 de septiembre de 2008 se solicit贸 licencia de ocupaci贸n respecto de la fase 1陋 que es la parte de la obra que se hallaba terminada aportando el certificado final de obras, que fue otorgada posteriormente sin objeci贸n alguna y el 1 de octubre de 2008 se autoriz贸 la licencia de actividad. El 1 de diciembre de 2008 la entidad solicit贸 una modificaci贸n del proyecto para su ejecuci贸n en dos fases: una primera de 1.2 MW que ya se hab铆a terminado; y la segunda de 1.3 MW correspondiente al resto de las instalaciones previstas en el proyecto inicial. La ejecuci贸n en dos fases obtuvo autorizaci贸n municipal el 5 de marzo de 2009.

El TSJ de La Rioja confirma sanci贸n por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en su sentencia de 3 de diciembre de 2015 confirma la sanci贸n que se impone al reclamante por el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo que impone la Ley 7/2012 (Modificaci贸n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci贸n de la normativa financiera para la intensificaci贸n de las actuaciones en la prevenci贸n y lucha contra el fraude), por importe de 13.249,50 euros.

La Universidad termina en el Supremo la batalla legal contra la Administraci贸n por la deducibilidad del IVA soportado en la actividad de investigaci贸n b谩sica

La confrontaci贸n a la que pone fin (al menos principio del fin, puesto que estamos ante un primer pronunciamiento del Tribunal Supremo en la materia) la sentencia de 16 de febrero de 2016, anunciada ayer, pero a煤n no publicada, por el propio Consejo General del Poder Judicial- viene de muy atr谩s y enfrenta a Administraci贸n tributaria y la Universidad, entendida 茅sta como colectivo.

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