DGT

En relación a la aplicación de la actualización de balances recogida en el art. 9 de la Ley 16/2012 (Medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica), se ha manifestado la Dirección General de Tributos, en consulta de 11 de marzo, en lo relativo a la aplicación de la misma a los elementos del inmovilizado material en curso.

Recuérdese que según dispone la norma anteriormente citada, serán actualizables los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias situados tanto en España como en el extranjero.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 26 de abril de 2013, señala que dada la ausencia de personalidad jurídica propia de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, que son representadas en juicio y en la defensa de sus intereses por la junta directiva y, en particular, por el presidente de cada comunidad, tendrán que pagar las tasas judiciales reducidas, del 0,1 por ciento, en vez de la del 0,5 por ciento, en todos los procedimientos judiciales que emprendan, al carecer de personalidad jurídica propia.

Así queda puesto de manifiesto en la consulta de 4 de marzo de 2013, recientemente publicada por la Dirección General de Tributos, que aborda la tributación de un contribuyente por el IRPF, que pasa a serlo por el IRNR al perder su residencia fiscal en España por razón de un traslado al extranjero, por lo que tiene que ver con su deducción por inversión en vivienda habitual.

Si bien a principios de año, la Dirección General de Tributos se centró en analizar detalladamente los supuestos de inversión de sujeto pasivo en las ejecuciones de obra, ahora, en consulta de 24 de abril de 2013, se centra en el apartado e) del mismo art. 84.Uno.2º, es decir, en los supuestos de inversión de sujeto pasivo en las entregas de bienes inmuebles.

Entiende que el estudio del mecanismo de inversión del sujeto pasivo previsto en el mencionado artículo de la Ley 37/1992 (Ley IVA) exige una delimitación positiva de las operaciones incluidas y otra negativa de las excluidas y en ese sentido lo analiza.

La Dirección General de Tributos sigue respondiendo a las numerosas cuestiones planteadas por los obligados tributarios en relación con la nueva declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) correspondiente al año 2012, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 30 de abril de 2013

Les ofrecemos un pequeño extracto de los pronunciamientos más interesantes que ha dado hasta el momento aclarando quienes tienen la obligación de presentar la declaración informativa:

El próximo 30 de abril de 2013 finaliza el plazo de presentación de la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero (modelo 720) correspondiente al año 2012 para residentes en territorio español, tanto personas físicas como jurídicas.

Debido a la cantidad de dudas que ha generado la normativa legal y reglamentaria sobre esta nueva obligación de suministro de información, les ofrecemos un pequeño extracto de las contestaciones dadas hasta el momento por la Dirección General de Tributos referidas a esta materia para las diversas categorías de bienes.

La Dirección General de Tributos señala, en Consulta vinculante de 22 de enero de 2013, que en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras la liquidación a practicar, en su caso, tiene carácter provisional y a cuenta, por lo que una vez materializada la construcción y conocido su coste, es cuando procede practicar una liquidación definitiva.

En el caso de que la liquidación provisional exceda del coste de la obras  se prevé el reintegro de la cantidad correspondiente, luego con mayor razón procede la devolución cuando no se ha podido practicar dicha liquidación definitiva por no haber sido iniciadas las obras.  Incluso, en este caso, si no se iniciaron las obras no pudo practicarse una liquidación provisional a cuenta, pues dicha liquidación provisional a cuenta está supeditada al inicio de la construcción.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 18 de diciembre de 2012, cambia el criterio que había mantenido hasta ahora en relación con la deducibilidad de de las cuotas soportadas por la adquisición de combustible y su vinculación con la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición del vehículo.

Ya en sentencia de 8 de marzo de 2001, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la afectación de un bien de inversión determina la aplicación del sistema del IVA al propio bien y no a los bienes y servicios utilizados para su explotación y su mantenimiento. El derecho a deducir el Impuesto que grava dichos bienes y servicios constituye una cuestión aparte que es del ámbito de aplicación del art. 17 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo (Sistema Común del IVA: Base imponible uniforme).

Ante las dudas planteadas respecto a la nueva obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero a través del modelo 720 la Dirección General de Tributos aclara algunas cuestiones en dos consultas tributarias de reciente publicación.

En la primera de ellas, de 5 de marzo de 2013, se establece que si los saldos de las cuentas de su titularidad en el extranjero superan los 50.000 euros, el contribuyente deberá presentar la declaración informativa con independencia del número de titulares al que pertenezca la misma, salvo que concurriesen algún supuesto que lo eximente, aplicándose el mismo criterio en relación con la obligación de informar sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

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La Dirección General de Tributos ha emitido un informe, de 13 de febrero de 2013, en el que señala que están obligadas a presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720), en los términos previstos en la normativa reguladora de la declaración, las personas físicas que tengan la condición de contribuyentes del IRPF conforme al artículo 10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, así como los miembros de organismos que, en virtud de sus estatutos o de las normas que les fueran aplicables, estén obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias de imposición directa en España como contribuyentes del IRPF como es el caso, en particular, de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea que conserven la condición de residentes fiscales en España.

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