TJUE

La aplicación de la cláusula antiabuso de la Directiva matriz-filial debe atender al conjunto de las operaciones realizadas dentro de un grupo de sociedades, incluso cuando la sociedad matriz ejerza una actividad económica real y las operaciones que se consideran falseadas se hayan desarrollado fuera del Estado miembro de la filial. El TJUE confirma que la existencia de una estructura artificial puede apreciarse a partir de todas las circunstancias pertinentes, incluidos los importes de los dividendos transferidos, la duración de las operaciones y la obtención de una ventaja fiscal, sin que resulte necesario acreditar que la propia filial conocía o podía conocer la existencia del arreglo abusivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de octubre de 2026, recaída en el asunto C-203/25, interpreta el art. 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, en su versión modificada por la Directiva 2015/121, para determinar si puede denegarse la exención de la retención en la fuente sobre los dividendos cuando estos se integran en una cadena de operaciones que, en parte o en su totalidad, se consideran falseadas y permiten obtener una ventaja fiscal contraria al objeto o a la finalidad de la Directiva.

La aplicación del régimen del margen de beneficio del IVA debe respetar la protección del revendedor que actúa de buena fe, sin imponerle cargas desproporcionadas por incumplimientos atribuibles a su proveedor. El TGUE exige que las normas y los procedimientos nacionales se ajusten al Derecho de la Unión Europea y respeten los principios de efectividad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, evitando que las exigencias probatorias y procesales hagan excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa europea.

El Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 14 de octubre de 2026 recaída en el asunto T-569/25, interpreta el art. 314 de la Directiva del IVA, en relación con el principio de efectividad, para determinar si se opone a una práctica nacional que excluye el examen de la buena fe del revendedor del procedimiento de liquidación del impuesto y lo reserva a un procedimiento separado de equidad. Asimismo, analiza si esta separación procedimental puede dificultar excesivamente el ejercicio del derecho a aplicar el régimen del margen de beneficio cuando el revendedor ha recibido facturas en las que sus proveedores indicaban que las operaciones estaban sujetas a dicho régimen.

Dos cuestiones analizadas: si la norma relativa al domicilio fiscal contemplada en el Protocolo también es aplicable al impuesto sobre donaciones. Y, si un miembro del personal de la Unión que se instala en un Estado miembro para ejercer sus funciones y que posteriormente, por razones personales, traslada su domicilio a otro Estado miembro, conserva su domicilio fiscal en su Estado de origen.

En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha publicado el comunicado de prensa nº 148/26 referente al asunto C-275/25 que recoge lo siguiente.

Un miembro del personal del Banco Europeo de Inversiones (BEI) abandonó en 1995 Austria para instalarse en Luxemburgo y asumir allí sus funciones. Tras su matrimonio en 2010, se trasladó a Alemania. Al mismo tiempo continuó utilizando su vivienda en Luxemburgo. En 2013, su hermano, residente en Austria, hizo una donación dineraria a su favor.

El TGUE establece que la inclusión, años después de las operaciones, de la mención «inversión del sujeto pasivo» en las facturas no permite aplicar el régimen simplificado del IVA en operaciones triangulares ni regularizar el impuesto en el período en curso o en períodos posteriores.

El Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 7 de octubre de 2026, recaída en el asunto T-773/25, analiza si, en el marco de una operación triangular intracomunitaria, el adquirente intermedio puede acogerse al régimen de simplificación cuando la factura con la mención «inversión del sujeto pasivo» se emite varios años después de realizar las operaciones, y si dicha emisión permite aplicar el régimen con efectos ex nunc o, por el contrario, supondría una aplicación retroactiva.

El régimen especial de las agencias de viajes se aplica a las excursiones en las que un sujeto pasivo adquiere de terceros servicios turísticos, como el transporte, y los revende en su propio nombre, aunque el precio cobrado a los participantes no cubra todos sus costes y estos se financien con los beneficios obtenidos de la venta de mercancías durante las excursiones. Si el margen de una prestación única es negativo, el régimen especial no genera un derecho a la devolución del IVA soportado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia recaída en el asunto C-565/24, de 10 de septiembre de 2026, analiza si el régimen especial de tributación de las agencias de viajes previsto en el art. 26 de la Sexta Directiva resulta aplicable a determinadas excursiones organizadas por un sujeto pasivo que, además de ofrecer el servicio de transporte a los participantes, comercializaba durante las mismas distintos productos, obteniendo con su venta los ingresos necesarios para cubrir la parte de los costes de las excursiones que no quedaba cubierta por el precio pagado por los participantes.

Entre los años 1997 y 1999, el sujeto pasivo P organizó en Alemania las conocidas como «Kaffeefahrten» o «viajes-café», consistentes en excursiones en autocar durante las cuales los participantes visitaban determinados lugares de interés, recibían una comida y podían asistir a demostraciones comerciales en las que se les ofrecían diversos productos.

En las entregas sucesivas con un único transporte intracomunitario, dicho transporte solo puede imputarse a una de las entregas, que será la única que pueda quedar exenta del IVA. La imputación del transporte exige una valoración global de las circunstancias del caso, atendiendo especialmente al momento en que se transmite el poder de disposición como propietario, sin que sean decisivos el régimen suspensivo de impuestos especiales, el IVA del adquirente final o la llegada de las mercancías.

El Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia recaída en el asunto T-614/25, de 9 de septiembre de 2026, analiza si en el marco de dos entregas sucesivas de hidrocarburos con un único transporte intracomunitario, puede aplicarse la exención del IVA prevista en el art. 138.1 de la Directiva del IVA.

La transmisión a título gratuito, por mitades, de una empresa a dos personas físicas que tienen la intención de efectuar inmediatamente una aportación en especie de las participaciones recibidas a una sociedad que ejerce una actividad económica, de la que son socias, no constituye transmisión de una universalidad total o parcial de bienes en el sentido del art. 19, párrafo primero, de la Directiva del IVA.

El Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia recaída en el asunto T-366/25, de 9 de septiembre de 2026, analiza si la transmisión a título gratuito, por mitades, de una empresa a dos personas físicas que tienen la intención de efectuar inmediatamente una aportación en especie de las participaciones recibidas a una sociedad que ejerce una actividad económica, de la que son socias, constituye transmisión de una universalidad total o parcial de bienes en el sentido del art. 19, párrafo primero, de la Directiva del IVA.

La regla de la no entrega debe aplicarse a las transmisiones de una universalidad total o parcial de bienes sin que los Estados miembros puedan restringirla fuera de los supuestos permitidos. Además, las aportaciones gratuitas de inmuebles que hayan generado derecho a deducción pueden asimilarse a entregas a título oneroso.

El TGUE, en el asunto T-413/25, de 2 de septiembre de 2026, interpreta el art. 19 de la Directiva del IVA para determinar si los Estados miembros pueden limitar la aplicación de la regla de la no entrega a determinadas transmisiones de una universalidad total o parcial de bienes. Asimismo, analiza si dicha disposición tiene efecto directo y puede ser invocada por los sujetos pasivos frente a la autoridad tributaria. Por último, interpreta los arts. 2 y 16 de la Directiva del IVA para determinar si la aportación de determinados bienes inmuebles a una sociedad de la que el aportante es socio único constituye una entrega de bienes a título oneroso o si debe asimilarse a ella.

El art. 11 de la Directiva del IVA se opone, en principio, a una normativa nacional que supedite la constitución de un grupo IVA a la participación directa o indirecta del 100 % en el capital de las entidades integrantes, por exceder el concepto de vínculo financiero firme, salvo que dicha exigencia sea necesaria y proporcionada para prevenir el fraude o la evasión fiscales.

El TGUE, en el asunto T-268/25, de 15 de julio de 2026, interpreta el art. 11 de la Directiva IVA para determinar si los Estados miembros pueden supeditar la constitución de un grupo IVA a la posesión directa o indirecta del 100 % del capital de las entidades integrantes. Asimismo, analiza si dicho precepto tiene efecto directo y puede ser invocado por los sujetos pasivos frente al Estado.

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el art. 11 de la Directiva del IVA se opone a una normativa nacional que supedita la constitución de un grupo IVA integrado por personas que ejerzan actividades sujetas al IVA y personas que ejerzan actividades exentas o que no desarrollen actividad económica al requisito de que una persona del grupo posea directa o indirectamente el 100 % del capital de las demás.

El TGUE precisa el régimen jurídico del representante fiscal en la Directiva del IVA: admite su designación como deudor del impuesto sin intervención en las operaciones, pero excluye la responsabilidad solidaria automática y la acumulación de ambas figuras.

El Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-356/25, de 8 de julio de 2026, analiza el alcance de la responsabilidad del representante fiscal de un sujeto pasivo no establecido a efectos del IVA, interpretando los artículos 204 y 205 de la Directiva del IVA. En particular, delimita cuándo puede ser considerado deudor del impuesto o responsable solidario y los límites que impone el principio de proporcionalidad.

El litigio tiene su origen en un procedimiento iniciado por la Administración tributaria griega contra AY, comisionista de aduanas y representante fiscal en Grecia de una sociedad italiana dedicada a la comercialización de celulosa. Tras una inspección que reveló una importante deuda de IVA de la sociedad representada, la Administración adoptó medidas cautelares tanto contra esta como contra AY, al considerar que respondía solidariamente de dicha deuda en su condición de representante fiscal. El comisionista impugnó esa decisión alegando que sus funciones se limitaban a la presentación de declaraciones de IVA y al pago del impuesto por cuenta de la sociedad, sin intervenir en su actividad económica, llevar su contabilidad o conocer las operaciones realizadas, lo que llevó al órgano jurisdiccional remitente a plantear diversas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los arts. 204 y 205 de la Directiva del IVA.