Jurisprudencia

Interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración Tributaria a exigir el pago de deudas tributarias liquidadas en procedimientos de apremio cuando se interponen recursos contencioso-administrativos sin solicitud ni acuerdo de suspensión de la ejecutividad, alcance del art. 68 de la Ley General Tributaria, diferenciación entre actuaciones interruptivas en vía administrativa, económico-administrativa y jurisdiccional, y determinación de la imposibilidad de atribuir efectos interruptivos al dictado de sentencias en el proceso judicial en ausencia de medidas cautelares de suspensión y de actuaciones recaudatorias efectivas por la Administración.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia n.º 349/2026, de 20 de marzo de 2026, con nº recurso 8308/2023, la interpretación del art. 68 de la Ley General Tributaria en relación con la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración a exigir el pago de deudas tributarias cuando se interpone un recurso contencioso-administrativo sin haberse acordado la suspensión de la ejecutividad.

Determinación del dies ad quem del devengo de los intereses de demora en liquidaciones derivadas de actas de inspección suscritas en disconformidad: el Tribunal Supremo fija doctrina y establece que los intereses se devengan hasta la fecha del acuerdo de liquidación dictado dentro del plazo máximo del procedimiento inspector, interpretando de forma sistemática la normativa reglamentaria conforme a la Ley General Tributaria y anulando el criterio que limitaba su cómputo al plazo de alegaciones al acta.

La sentencia del Tribunal Supremo con n.º 318/2026, de 13 de marzo de 2026, con nº recurso 7772/2023 tiene por objeto determinar el momento final del devengo de los intereses de demora en las liquidaciones derivadas de actas de inspección suscritas en disconformidad, cuestión que surge a raíz del procedimiento seguido frente a una sociedad cooperativa en relación con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

En el marco de dicho procedimiento, la Inspección Tributaria inició actuaciones para comprobar la situación tributaria de la entidad. Como resultado de estas actuaciones, el 15 de diciembre de 2020 se levantó un acta en disconformidad. En el acta se concedía a la entidad un plazo de 15 días para formular alegaciones.

Análisis jurisprudencial de la UE sobre la aplicación del tipo reducido del 10% del IVA a cursos deportivos dirigidos a menores de 25 años: es necesaria la vinculación a programas específicos para personas vulnerables.

La sentencia del Tribunal Supremo n.º 343/2026, de 19 de marzo de 2026, con nº recurso 6701/2023 tiene por objeto establecer, con interés casacional objetivo, la correcta interpretación del art. 91.Uno.2.7º de la Ley del IVA (LIVA) en relación con el art. 20.Uno.8º.a) de la misma ley, específicamente para determinar si los cursos deportivos impartidos a menores de 25 años por entidades privadas pueden acogerse al tipo reducido del 10% del impuesto. La controversia surge en torno a la actividad de la sociedad recurrente, que ofrece cursos de natación para bebés y niños, así como cursos de pádel y tenis para jóvenes, pretendiendo aplicar el tipo reducido frente al tipo general del 21%.

El conocimiento por parte de un asesor fiscal de la discordancia entre la realidad económica de un cliente y la configuración formal declarada, así como la voluntad de colaborar en la obtención de un beneficio fiscal indebido, permiten declarar su responsabilidad solidaria, a pesar de la absolución en vía penal o de la prestación de los servicios de asesoramiento a través de una persona jurídica instrumental.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 4 de febrero de 2026, recaída en el recurso n.º 2950/2021, se pronuncia sobre la derivación de responsabilidad solidaria a una profesional, asesora fiscal, por participación activa en la fijación y simulación de un domicilio fiscal ficticio en Canarias para una entidad cliente, con el objetivo de eludir la tributación por el IVA.

La sentencia examina la conformidad a Derecho de un acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria dictado al amparo del art. 42.1.a) LGT en relación con deudas tributarias y sanciones derivadas del IVA del ejercicio 2011, correspondientes a la entidad deudora principal.

El Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia de 25 de marzo de 2026, recaída en el asunto T-221/25, manifiesta que la supresión de una disposición expresa que excluía la exención del IVA, sustituida por una regulación de la que se deduce implícitamente la sujeción al impuesto, no implica la adopción de una normativa distinta a la anterior ni basada en una lógica diferente a efectos de la aplicación de la cláusula de standstill. En particular, considera que la reforma del Código del IVA, consistente en eliminar la presunción de actuación en nombre ajeno de las agencias de viajes, afirmar su actuación en nombre propio y suprimir la excepción expresa a la exención, no alteró el resultado material del sistema ni introdujo un régimen nuevo, sino que constituyó una adaptación técnica que mantiene la sujeción al IVA en términos sustancialmente equivalentes a los existentes con anterioridad.

Debe integrarse en el expediente de declaración de responsabilidad tributaria los antecedentes de los procedimientos de comprobación, siendo obligación de la Administración suministrar todos los antecedentes esenciales al responsable, garantizando así las plenas facultades de impugnación del responsable y determinando que cualquier defecto en el expediente recae sobre la Administración y no sobre el contribuyente afectado.

La sentencia del Tribunal Supremo n.º 332/2026, de 18 de marzo de 2026, con nº recurso 945/2024 aborda la obligación de la Administración de remitir al órgano jurisdiccional todos los antecedentes de los procedimientos de comprobación que dieron lugar a las liquidaciones cuyas deudas se derivan a un responsable tributario. La cuestión central que motivó la admisión del recurso es determinar si, para garantizar el pleno ejercicio de las facultades de impugnación reconocidas al responsable por el art. 174.5 de la Ley General Tributaria (LGT), es necesario que el expediente administrativo contenga todos los elementos materiales y formales que sustentaron las actuaciones previas, y quién debe asumir las consecuencias derivadas de eventuales defectos en el expediente.

Los contribuyentes pueden instar la rectificación de una autoliquidación del IVA una vez vencido el plazo voluntario de su presentación incluyendo cuotas anteriores no consignadas al no suponer el ejercicio extemporáneo de una opción tributaria

Esto es lo que se establece en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 105/2026, de 25 de febrero de 2026, rec. núm. 996/2022, en el caso de la sociedad recurrente que erró a la hora de transcribir el modelo de IVA y dejó de consignar en la casilla correcta el importe cuya rectificación solicita. La Administración sostiene que la compensación de cuotas es una opción que no es susceptible de modificación una vez vencido el plazo de presentación de la autoliquidación de ese período. La sociedad habría ejercido su "opción" a no incluir esas cuotas a compensar en su declaración, por lo que, conforme al artículo 119.3 de la Ley 58/2003 (LGT) ya no podía rectificar la autoliquidación, al transcurrir el período reglamentario de declaración.

El ejercicio extemporáneo de la opción a través del modelo 149 o la declaración incorrecta como rendimientos de la actividad económica, de lo que pudieran constituir rentas del trabajo o la no declaración de determinados ingresos, no pueden ser considerados ni como hechos nuevos ni actuaciones distintas que permitan efectuar una nueva regularización a través de un procedimiento inspector posterior

Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 122/2026, de 19 de febrero de 2026, rec. núm. 15496/2024. En este caso, el recurrente solicita la nulidad del procedimiento inspector por la preclusividad de los ejercicios 2016 a 2018 del IRPF puesto que fueron objeto de un procedimiento de comprobación limitada que finalizó sin regularización, sobre la base del artículo 140.1 de la Ley 58/2003 (LGT), precepto que establece que una vez dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no puede efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

Situaciones consolidadas no susceptibles de impugnación con base en la STC 182/2021, de 26 de octubre. Se solicita rectificación de autoliquidación entre el dictado (26 de octubre de 2021) y la publicación (25 de noviembre 2021) de la sentencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 313/2026, de 12 de marzo de 2026, con n.º recurso 4034/2024 trata de determinar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), efectuada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, y su incidencia sobre liquidaciones y autoliquidaciones que no habían adquirido firmeza pero cuya impugnación o solicitud de rectificación se realizó con posterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha en que se dictó dicha sentencia, aunque antes de su publicación en el BOE.

El Ayuntamiento afectado sostiene que la cuestión planteada ya ha sido resuelta por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha interpretado el alcance temporal de la citada sentencia constitucional, especialmente su fundamento jurídico sexto. Según esta doctrina, la declaración de inconstitucionalidad no permite revisar determinadas situaciones calificadas como “consolidadas”, entre las que se incluyen aquellas liquidaciones que no fueron impugnadas antes del dictado de la sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no se solicitó antes de esa misma fecha.

El TJUE resuelve que el art. 173, apartado 1, de la Directiva IVA no permite considerar como gastos generales, por el mero hecho de su exigencia por una normativa nacional, los gastos relativos a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios sanitarios que no dan derecho a deducción del IVA, aun cuando dichos bienes o servicios se utilicen también para operaciones que sí generan tal derecho. Por tanto, la existencia de una obligación legal de disponer de determinado equipamiento técnico y material no basta, por sí sola, para acreditar un vínculo directo e inmediato con operaciones sujetas al impuesto ni para justificar una deducción a prorrata.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-513/24, declara que corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar, caso por caso, si los bienes y servicios adquiridos presentan un vínculo directo e inmediato con operaciones que dan derecho a deducción o, en su defecto, con el conjunto de la actividad económica del sujeto pasivo como gastos generales. En consecuencia, solo cuando se acredite dicho vínculo —ya sea con operaciones concretas o mediante su integración en los costes generales de la actividad— procederá, en su caso, la aplicación de la prorrata de deducción conforme a los arts. 173 a 175 de la Directiva del IVA.