Jurisprudencia

Los impuestos húngaros sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones y sobre el volumen de negocios en el sector del comercio al por menor en establecimientos comerciales ni son discriminatorios ni constituyen una ayuda de Estado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en dos sentencias de 3 de marzo de 2020, recaídas en los asuntos C-75/18, relativa al Impuesto sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones y C-323/18relativa al Impuesto sobre el volumen de negocios en el sector del comercio al por menor en establecimientos comerciales, ambos de Hungría, considera que no se oponen a la normativa del Derecho de la UE, a pesar de tratarse de impuestos de carácter progresivo sobre el volumen de negocios cuya carga efectiva recae principalmente en empresas controladas directa o indirectamente por nacionales de otros Estados miembros o por sociedades que tienen su domicilio social en otro Estado miembro debido a que estas empresas realizan los mayores volúmenes de negocios en el mercado de que se trate.

En el caso del Impuesto sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones, el Tribunal concluye además que este impuesto no se encuentra establecido en cada fase del proceso de producción y de distribución y no existe un derecho a deducir el impuesto pagado en la fase anterior de dicho proceso, por lo que no vulnera el art. 401 de la Directiva IVA.

Es incompatible con el art. 56 TFUE, por desproporcionada, una normativa nacional que establece un régimen de multas como el aplicable en el supuesto de incumplimiento de la obligación de información derivada del impuesto sobre la publicidad húngaro, que deben cumplir los prestadores de servicios publicitarios establecidos en otro Estado miembro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de marzo de 2020, recaida en el asunto C-482/18 considera que es contrario al derecho de la UE el sistema de sanciones previsto en el Impuesto húngaro sobre las actividades publicitarias, por no respetar el principio de proporcionalidad. El art. 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que somete a los prestadores de servicios publicitarios establecidos en otro Estado miembro a una obligación de información, a efectos de su sujeción a un impuesto sobre la publicidad, mientras que los prestadores de tales servicios establecidos en el Estado miembro de tributación están exentos de dicha obligación por estar sometidos a obligaciones de información o de registro en virtud de su sujeción a cualquier otro impuesto aplicable en el territorio de dicho Estado miembro. Habida cuenta de la diferencia de trato que crea entre los prestadores de servicios publicitarios en función de si ya están o no registrados fiscalmente en Hungría, el régimen sancionador controvertido en el litigio principal constituye una restricción a la libre prestación de servicios, en principio prohibida en el art. 56 TFUE. Tal restricción puede admitirse, no obstante, si se justifica por razones imperiosas de interés general y siempre que, en ese caso, su aplicación sea adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no exceda de lo necesario para alcanzarlo.
El Gobierno húngaro invoca formalmente la necesidad de preservar la coherencia de su sistema tributario, pero alega esencialmente razones relativas a la garantía de la eficacia de los controles fiscales y del cobro del impuesto. Se confirma la idoneidad de este régimen sancionador, pero también su desproporcionalidad.

• El TJUE confirma la posible exención en el IVA de la prestación de asistencia sanitaria telefónica cuando persiga una finalidad terapéutica
• El TJUE considera no discriminatorio el impuesto único italiano que recae sobre los concursos de pronósticos y las apuestas de cualquier tipo, incluidos los que se desarrollen en el extranjero
• El TJUE admite la restricción de la libre prestación de servicios ocasionada por el impuesto belga sobre las operaciones bursátiles, ya que obedece a razones de interés general
• El TS debe precisar si los intereses de demora por retraso en la fijación del justiprecio han de imputarse al ejercicio del IRPF en que se dicta el auto o a aquel en el que adquiere firmeza
• El TS afirma que decir que el recurrente habría actuado por simple negligencia, cuando se sostiene que ha actuado dolosamente, mediando simulación, contraviene la congruencia en la motivación
• El TS deberá pronunciarse sobre si la inexistencia de motivos económicos válidos conlleva la inaplicación del régimen especial del IS
• El TS deberá pronunciarse sobre el plazo para solicitar la devolución del IVA por no establecidos, en orden a salvaguardar el citado principio de neutralidad y el de confianza legítima
• La ejecución hipotecaria no prueba la inexistencia de plusvalía (IIVTNU)
• ¿Abuso de Derecho? ¿Por qué las fincas se valoran a una cifra descomunal, pero al sacarlas a subasta, se tasan en menos del 10%?

• El TS determinará si el accionista puede recurrir la regularización y sanción tributarias en nombre de la sociedad o en el suyo propio
• El TS resolverá si están sujetos al ITP y AJD los derechos derivados de los contratos para la construcción de inmuebles y los anticipos a cuenta
• El TS debe precisar si los préstamos participativos se encuentran o no exentos del Impuesto sobre el Patrimonio
• El TS debe precisar la posibilidad de extender las actuaciones inspectoras respecto a contratos simulados con efectos en periodos no prescritos
• Cambio de criterio AN respecto a la recuperación del valor de las participaciones transmitidas a una entidad vinculada
• Pérdida del régimen especial de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) por no aprobar y depositar las cuentas
• El grupo petrolífero no puede imputar los gastos de dirección y financieros del establecimiento permanente en función del inmovilizado neto de la entidad
• Anulada la sentencia que negó la capacidad judicial de determinar si existe o no incremento de valor a efectos de plusvalía
• El anuncio en el BOE carece, por sí solo, de eficacia interruptiva de la prescripción
• Diferencias entre actividad empresarial y profesional en el deporte del motociclismo

El TS deberá decidir si es posible solicitar de nuevo la rectificación de la liquidación del IIVTNU y la devolución de ingresos indebidos, una vez firme tal desestimación, dentro del plazo de prescripción, siempre que  la segunda solicitud no sea una mera repetición de la primera.

El Tribunal Supremo, en su auto de 16 de enero de 2020 ha admitido el recurso de casación para la formación de jurisprudencia respecto a la plusvalía municipal o IIVTNU. En concreto el alto Tribunal deberá resolver si el obligado tributario, una vez desestimada en vía administrativa su solicitud de rectificación de autoliquidación del IIVTNU y la devolución de ingresos indebidos y una vez firme tal desestimación, puede, dentro del plazo de prescripción, instar una segunda solicitud fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes de los invocados en la primera solicitud.

La Administración no puede recabar del contribuyente aquellos documentos que acrediten la realidad de los desplazamientos y las dietas exceptuadas del gravamen, pues dichos documentos los debe facilitar el empleador y, la Administración será quien deba probar si deben ser o no excluidos de gravamen.

El Tribunal Supremo en una sentencia de 29 de enero de 2020, afirma que la Administración no puede recabar del contribuyente aquellos documentos y, con ellos, los datos que obraban ya en su poder; y cuando llega a la conclusión de que el contribuyente no ha acreditado la realidad del desplazamiento ni el motivo ni razón del desplazamiento, conculca el art. 9 del Rgto. IRPF, puesto que debió dirigirse al efecto al pagador, pues no corresponde al empleado probar la realidad de los desplazamientos y los motivos o razón de los gastos de manutención. La Administración para su acreditación debió dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar la realidad de que las cantidades abonadas al empleado por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, motivado o por razón del desarrollo de su actividad laboral, sin que la condición de socio-trabajador del contribuyente altere esta decisión, pues la mera condición de cooperativista- trabajador no conlleva la derivación de la carga de la prueba al contribuyente.

Corresponde a la Administración la carga de la prueba dirigida a acreditar la sujeción de dichas asignaciones -siempre que se haya cumplimentado por retenedor y perceptor los deberes formales a los que vienen obligados-; que pasa, entre otras circunstancias, por acreditar la inexistencia del desplazamiento o que este se debió a una razón o motivo ajeno a la actividad económica o trabajo que se presta -lo cual resulta de suma facilidad para la Administración, en tanto que, en su poder deben estar la totalidad de los documentos al efecto, le basta con el simple cotejo de los documentos en su poder con la acreditación que le corresponde al pagador, sin perjuicio de que se pueda valer de cuantos medios de pruebas se autorizan-.

Inadmisión de la deducción de las cuotas del RETA cuando el cargo es gratuito

La sentencia que motiva el presente comentario resuelve el recurso planteado por quien era socia única de una sociedad y su administradora única, desempeñando dicho cargo de manera gratuita, es decir, sin remuneración alguna. Plantea la recurrente que, dado el carácter obligatorio de la inscripción en el régimen especial de trabajadores autónomos, resultarían deducibles las cuotas pagadas a la hora de determinar el rendimiento del trabajo.

• El TJUE admite aplicar un tipo reducido para el gasóleo profesional utilizado para el transporte regular de viajeros que no se aplique al trasporte ocasional
• El TS resolverá cómo probar la proporción del valor del terreno a efectos del IIVTNU, cuando la escritura de adquisición solo indica el valor total del inmueble
• El Estado responde patrimonialmente por las liquidaciones del IIVTNU cobradas indebidamente
• El TS debe precisar el alcance de la derivación de responsabilidad subsidiaria de las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal
• El TS debe aclarar sigue vigente la exención en el ICIO respecto a los inmuebles afectos a los fines de las Universidades
• El TS deberá determinar si la Administración ampliar el alcance de la comprobación limitada con la notificación de la segunda propuesta de liquidación
• El TS debe concretar si el régimen especial de diferimiento sólo se aplica a las deudas contraídas respecto de los elementos que se traspasan con la aportación no dineraria
• El TS deberá dirimir si se puede condicionar la aplicación del régimen especial de arrendamiento financiero a la realización de una verdadera actividad económica
• La Administración puede calificar la diferencia de fusión aunque acaeciera en un periodo prescrito
• No se exige el IIVTNU, pues no hay incremento de valor cuando se ejecuta la opción de compra abonando el valor residual previamente establecido

El Tribunal Supremo deberá determinar si la ausencia de justificación material suficiente del auto judicial que autoriza la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido, atendida la lesión que ocasiona en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio entraña un mero defecto formal susceptible de subsanación o, por el contrario, supone una conculcación material del contenido esencial de tal derecho que lleva consigo su nulidad radical.

La Sala de admisión del recurso de casación del Tribunal Supremo en un auto de 16 de enero de 2020 considera que el TS debe pronunciarse si, en caso de que un auto de autorización de entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido incurra en falta de motivación o en una motivación deficiente, resulta posible, por sentencia dictada en apelación, acordar junto a la nulidad de dicho auto la retroacción de las actuaciones al objeto de que el juzgado que autorizó la entrada dicte un nuevo auto en que se subsane el inicial, todo ello con posterioridad a la realización de la actuación de entrada y registro, al no prever la ley mecanismo cautelar alguno de suspensión y precisar si la ausencia de justificación material suficiente de las razones ofrecidas en el auto judicial que autoriza la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido para la ejecución forzosa de actos de la administración pública de actos de la Administración -concepto que asimismo está necesitado de precisión-, atendida la lesión que ocasiona en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio entraña un mero defecto formal susceptible de subsanación o, por el contrario, supone una conculcación material del contenido esencial de tal derecho que lleva consigo su nulidad radical.

• El TS debe pronunciarse sobre la deducibilidad en el IS de los intereses de demora
• El TS debe aclarar el inicio del plazo prescriptivo del derecho a liquidar el ISD si media un proceso civil entre los herederos
• No son deducibles los gastos financieros derivados de un préstamo simulado cuando en realidad es una aportación a los fondos propios de la participada
• La Administración en el expediente de comprobación debe verificar las discrepancias catastrales alegadas
• Aplicación incongruente de la estimación indirecta en el IS solo a uno de los ejercicios comprobados
• Negar un beneficio fiscal reconocido por la oficina liquidadora tras la comprobación sin aportar el elemento diferencial es contrario a Derecho
• El momento en que el socio adquiere el control de la sociedad, el que determina la base imponible del ITP conforme al art. 108 LMV
• Valor de adquisición en caso de usucapión de una finca a efectos de la tributación en el IRPF de la ganancia patrimonial obtenida en caso de su expropiación
• Los valores a considerar en la comprobación conforme al valor declarado en transmisiones del mismo bien son las declaradas en el año posterior al devengo
• La yincana de obstáculos a la devolución de las cuotas del IVMDH es contraria a la buena fe y la objetividad de la Administración