DGT

La adjudicación de inmuebles como consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales no interrumpe el período de generación del IIVTNU, que debe computarse desde la adquisición originaria del terreno para determinar la base imponible del impuesto.

El contribuyente de la consulta de la DGT V0875-26, de 21 de abril de 2026, adquirió en 2002 el pleno dominio de un piso y de dos plazas de garaje de forma conjunta con su cónyuge. En junio de 2006, con motivo de divorcio, se le adjudicó en escritura de liquidación de la sociedad de gananciales el pleno dominio del piso y de las dos plazas de garaje, compensando el exceso de adjudicación en dinero a su exmujer. En 2026 ha transmitido el pleno dominio del piso y de las dos plazas de garaje. Se plantea si para liquidar el IIVTNU debe determinar la base imponible considerando que adquirió el 50% del piso y de las dos plazas de garaje en el año 2002 y el otro 50% en el año 2006, o si debe seguir un criterio diferente.

De acuerdo con los arts. 104 a 110 TRLRHL, la base imponible del IIVTNU se determina, como regla general, multiplicando el valor catastral del terreno en la fecha de devengo por el coeficiente que corresponda al período de generación del incremento, conforme a lo previsto en el apartado 4 del art. 107 TRLRHL.

Reestructuración de grupo empresarial mediante segregación de ramas de actividad a sociedades de nueva creación y análisis de su posible acogimiento al régimen de neutralidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades.

En la consulta tributaria de la DGT V0868-26, de 21 de abril de 2026, la Sociedad A, cabecera en España de un grupo multinacional cuya matriz última se sitúa en Polonia, actúa como entidad dominante de un grupo en régimen de consolidación fiscal junto con su filial Sociedad C. Actualmente desarrolla diversas líneas de negocio muy diferenciadas.

En este contexto, el grupo plantea una reestructuración interna con el objetivo de racionalizar su organización. La operación consiste en segregar varias de las actividades actualmente integradas en la Sociedad A y trasladarlas a tres sociedades de nueva creación. Así, una entidad asumiría los servicios de ciberseguridad y cloud, otra el desarrollo de software e inteligencia artificial, y una tercera la actividad de comercio de equipos informáticos, mientras que la Sociedad A mantendría exclusivamente las funciones de dirección, gestión y coordinación del grupo. La finalidad declarada de esta reorganización es mejorar la eficiencia operativa, especializar cada línea de negocio, separar riesgos, facilitar la toma de decisiones, mejorar la transparencia financiera y la imagen de cada actividad, así como favorecer la entrada de nuevos inversores en determinadas ramas sin afectar al conjunto del grupo.

La DGT aclara si el gasto de personal correspondiente a la remuneración de los servicios prestados por el equipo directivo, que haya adquirido la condición de beneficiarios del Plan de Incentivos, será fiscalmente deducible en el ejercicio en que se produzca la liquidación del plan por parte de la sociedad concedente.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria V0818-26, de 13 de abril de 2026, el tratamiento fiscal de un plan de incentivos a largo plazo implantado por varias sociedades pertenecientes a un grupo que tributa en régimen de consolidación fiscal. El plan está dirigido a miembros del equipo directivo, incluidos consejeros ejecutivos, y tiene como finalidad reforzar su compromiso y permanencia en el grupo, así como recompensar su contribución a la creación de valor empresarial.

El incentivo se encuentra vinculado a la evolución del valor de la sociedad dominante del grupo y únicamente se hará efectivo cuando se produzca un evento de liquidez consistente en la transmisión total o parcial de las participaciones de los socios de la entidad matriz, siempre que dicha operación implique un cambio de control en favor de un tercero y se cumplan las restantes condiciones previstas en el plan.

Consecuencias tributarias de los acuerdos alcanzados entre herederos para alterar la adjudicación de bienes prevista en el testamento y su consideración como partición hereditaria o negocio jurídico entre vivos.

El contribuyente de la consulta V807-26, de 13 de abril de 2026 es uno de los herederos de una herencia en la que existe un inventario de bienes y varias hijuelas definidas testamentariamente.

Una sentencia judicial ordenó la inclusión en el inventario global de un ajuar familiar y de una finca, a repartir entre los cinco herederos, junto con otras cuatro fincas no recogidas en escrituras previas. Los herederos desean cumplir con la sentencia mediante un acuerdo, planteando la posibilidad de incluir en un único acto notarial de protocolización de operaciones particionales los siguientes acuerdos:

Se aclara que el requisito de que en el país extranjero de destino exista un impuesto equiparable al IRPF, no significa que es necesario e imprescindible que la renta tribute efectivamente. Y si finalmente no tributa, aun así se puede aplicar la exención en España.

Otra nota importante es que el personal enviado al extranjero para la supervisión del trabajo, aunque inicialmente parezca que es en beneficio de la empresa española que los destina al extranjero, puede considerarse cumplido el requisito de que el trabajo se realice en beneficio también de la empresa extranjera.

Además, las asignaciones para gastos de manutención descritas por la entidad pueden calificarse como retribuciones específicas derivadas del desplazamiento beneficiándose de la exención.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria V0911-26, de 24 de abril de 2026, la aplicación de la exención del art. 7 p) de la Ley 35/20006 (Ley del IRPF) en un supuesto en el que una sociedad española desplaza trabajadores al extranjero para prestar servicios vinculados a un contrato suscrito con una empresa residente en Países Bajos.

La Dirección General de Tributos concluye que la condonación de un préstamo participativo entre dos sociedades íntegramente participadas por una misma persona física constituye una operación de aportación patrimonial entre empresas del mismo grupo económico que debe contabilizarse mediante la reducción de reservas en la sociedad acreedora y el incremento de fondos propios en la sociedad beneficiaria, sin generar ingresos ni gastos contables y, por tanto, sin efectos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de ninguna de las entidades, ni producir, con carácter general, rentas sujetas al IRPF de la socia única al tratarse de una operación interna entre sociedades que no implica una ventaja económica directa para la persona física titular de ambas compañías.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria V0784-26, de 8 de abril de 2026, las consecuencias fiscales derivadas de la condonación de un préstamo participativo concedido entre dos sociedades íntegramente participadas por una misma persona física. La operación se plantea en un contexto de dificultades económicas de la sociedad prestataria, que recibió financiación para mantener su equilibrio patrimonial y acometer determinadas inversiones en el extranjero. Como consecuencia de los malos resultados obtenidos y de la evolución negativa de su situación financiera, el importe del préstamo se fue incrementando con el paso de los años, hasta el punto de resultar inviable su devolución en los plazos inicialmente previstos. Ante esta situación, se estudia la posibilidad de que la sociedad acreedora renuncie al cobro de la deuda mediante la condonación del préstamo.

Los beneficios atribuidos por una entidad fiscalmente transparente deben incluirse en el cálculo de los rendimientos del contribuyente para verificar el cumplimiento del requisito de que las retribuciones por funciones directivas superen el 50% del total exigido para la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.

La contribuyente de la consulta V0895-26, de 22 de abril de 2026, es residente en España y posee más del 5% de participaciones de una entidad alemana que desarrolla una actividad económica material (industrial/comercial) y no constituye una entidad de mera tenencia de activos pasivos y/o ni tiene la consideración de entidad patrimonial.

Esta entidad opera como entidad fiscalmente transparente en origen, de forma que sus resultados se atribuyen fiscalmente a los socios con independencia de su distribución efectiva. La contribuyente ejerce funciones de alta dirección en la entidad alemana, percibiendo por ello una remuneración. Simultáneamente, como consecuencia directa de la configuración fiscal de la entidad como entidad transparente en origen y su tratamiento como entidad en régimen de atribución de rentas a efectos españoles, a la contribuyente se le atribuyen los resultados (beneficios) de la entidad en proporción a su participación en la entidad. Los beneficios de la entidad alemana atribuidos son significativamente muy superiores a la remuneración por el ejercicio de funciones directivas que percibe de la entidad.

Además, la Dirección General de Tributos aclara también que es imposible tributar respecto al primer empleo en este régimen especial y respecto al segundo empleo en el régimen general del IRPF, tal como pretende el contribuyente.

El caso analizado por la DGT en la consulta V0466-26, de 27 de febrero de 2026, parte de un contribuyente de nacionalidad alemana que se trasladó a España contratado por una empresa española y que, desde el ejercicio 2022, tributa conforme al régimen especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español, regulado en el art. 93 de la Ley del IRPF, conocido comúnmente como “régimen Beckham”.

A partir de 2026, el contribuyente prevé compatibilizar su empleo principal con un segundo trabajo a tiempo parcial para otra empresa española. Ante esta situación, plantea si sería posible mantener la tributación por el régimen especial respecto del primer empleo y, simultáneamente, tributar conforme al régimen ordinario del IRPF por los rendimientos derivados del segundo trabajo y el resto de sus rentas.

La Dirección General de Tributos concluye que la devolución de aportaciones a socios mediante la amortización de acciones propias no obliga a regularizar la reserva de capitalización cuando no se produce una disminución real de reservas de la sociedad.

La Dirección General de Tributos analiza en esta consulta tributaria V0391-26, de 25 de febrero de 2026, el tratamiento fiscal, a efectos de la reserva de capitalización regulada en el art. 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS), de una operación de reducción de capital llevada a cabo mediante la adquisición de acciones propias para su posterior amortización.

La entidad venía aplicando habitualmente el incentivo fiscal de la reserva de capitalización. Posteriormente, mediante acuerdo de junta general elevado a público, decidió realizar una reducción de capital social mediante la adquisición de acciones propias. La oferta de adquisición se dirigió a todos los accionistas, aunque únicamente uno de ellos aceptó vender la totalidad de sus acciones a la sociedad.

La exención en el IP por participaciones en entidades puede aplicarse a inversiones o participaciones indirectas en Fondos de Capital Riesgo Europeos, aunque su alcance dependerá de la composición de los activos y de la actividad desarrollada por las entidades participadas.

El contribuyente de la consulta V0806-26, de 13 de abril de 2026, sujeto pasivo del IP, va a constituir una sociedad limitada, cumpliéndose los requisitos de participación en el capital, de remuneración y de ejercicio de funciones de dirección previstos en el art. 4. Ocho. Dos de la LIP.

Se plantea que la sociedad realice una inversión suscribiendo acciones que le otorgarán al menos el 5% del capital y de los derechos de voto, en un Fondo de Capital Riesgo Europeo constituido bajo la forma jurídica de sociedad anónima que invierte en participaciones que le otorgan, en todo caso, al menos, un 5% del capital social y los derechos de voto de empresas en cartera admisibles españolas que operan con activos inmobiliarios. El FCRE tiene delegada la gestión de la entidad a una entidad gestora, contando con su propio órgano de administración y con un comité de supervisión. El FCRE mantendrá de acuerdo con el art. 3 del Reglamento (UE) 345/2013, de 17 de abril, sobre fondos de capital-riesgo europeos, un coeficiente obligatorio de inversión de, al menos, el 70% del total agregado de sus aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido en activos que sean inversiones admisibles a los 24 meses desde su inscripción en el correspondiente registro de la CNMV.