DGT

A la hora de cuantificar el elemento tributario “vehículos” se deberán tener en cuenta todos los vehículos de los que dispone el titular de la actividad “Alquiler de automóviles sin conductor” que se encuentran afectos a la misma, ya sean de su propiedad, leasing, renting de larga duración o arrendados para subarrendar en las épocas de más demanda.

La DGT, en su consulta vinculante V0727/2025 afirma que el hecho de que el titular de la actividad “Alquiler de automóviles sin conductor”, no sea el propietario de alguno de los vehículos que alquila no le exime de la obligación de tributar por el mismo en el IAE si por cualquier clase de título, dispone de él y lo afecta a la actividad.

En el cómputo de los vehículos objeto de las actividades de alquiler, hay que tener en cuenta la totalidad de vehículos que estén afectos a la actividad desarrollada por dicho sujeto pasivo, y ello con independencia de que los vehículos sean de su propiedad o tenga cedido su uso por arrendamiento, leasing o cualquier otro tipo de contrato. El hecho de que el titular de la actividad no sea el propietario de alguno de dichos elementos no le exime de la obligación de tributar por el mismo si, por cualquier clase de título, dispone de él y lo afecta a la actividad.

La DGT en tres consultas vinculantes partiendo de la afirmación de que la condición de reutilizable de un envase de plástico no depende de la voluntad o comportamiento del sujeto que se sirve de él, sino de su configuración objetiva, es decir, si ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, o para ser rellenado o reutilizados con el mismo fin para el que fue diseñado, analiza la sujeción al Impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso de distintos productos (bolas de plástico para contener juguetes, “tupperware” o “fiambreras”, jerricanes o envases de plástico para el transporte y almacenamiento de líquidos).

En tres consultas vinculantes del mes de abril la Dirección General de Tributos se pronuncia sobre la condición de “reutilizable” de distintos productos o “envases”. En los tres casos, la DGT parte de la premisa de que para determinar si el producto es reutilizable habrá que verificar si ha sido concebido, diseñado y comercializado para realizar múltiples circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, o para ser rellenado o reutilizados con el mismo fin para el que fue diseñado. Por tanto, el hecho de que un envase sea o no reutilizable no depende de la voluntad o comportamiento del sujeto que se sirve de él, sino de su configuración objetiva. En virtud de esto, los contribuyentes del impuesto podrán acreditar dicha condición con cualquier medio de prueba admisible en derecho, incluido la posibilidad de presentar un «certificado UNE-EN 13429:2005 Envases y Embalaje. Reutilización», emitido por una entidad acreditada para ello y en la medida en que se acredite que los envases son reutilizables, no estará sujeta al impuesto la fabricación de los envases de plástico no reutilizables.

En estas tres consultas se analiza la condición de reutilizable de las bolas de plástico para contener juguetes, los “tupperware” o “fiambreras” utilizados para alimentación y losjerricanes o envases de plástico para el transporte y almacenamiento de líquidos.

El art. 42 bis del RD 1065/2007 (RGAT) establece que debe informarse del saldo medio del último trimestre del año natural respecto a las cuentas bancarias situadas en el extranjero.

El contribuyente de la consulta tributaria V0630/2025, de 8 de abril de 2025, persona física residente en España, plantea una duda relacionada con la obligación de declarar cuentas situadas en el extranjero (modelo 720). Concretamente, desea saber cómo debe calcularse el saldo medio del último trimestre del año cuando la cuenta ha sido abierta después del 1 de octubre.

El art. 42 bis del RD 1065/2007 (RGAT) establece que debe informarse del saldo medio del último trimestre del año natural respecto a las cuentas bancarias situadas en el extranjero de las que el contribuyente sea titular, autorizado, beneficiario o tenga poder de disposición.

El contribuyente, en este caso, ha realizado pagos anticipados a la promotora inmobiliaria.

El contribuyente de la consulta de la DGT V0615/2025, de 1 de abril de 2025, ha realizado en 2024 una serie de pagos anticipados a una promotora inmobiliaria para la adquisición de una vivienda situada en República Dominicana. Este inmueble aún se encuentra en fase de construcción, y su entrega está prevista para el año 2026. Ante esta situación, se plantea si existe obligación de presentar la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720), a pesar de no haberse producido todavía la entrega del inmueble.

La contribuyente de la consulta vinculante V0614/2025, de 1 de abril de 2025, es propietario de varios inmuebles ubicados en Chile. Con motivo del cumplimiento de la obligación de declarar bienes y derechos situados en el extranjero mediante el modelo 720, manifiesta su desconocimiento sobre cómo debe determinarse el valor que debe consignarse en la declaración respecto a dichos inmuebles.

La obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero se encuentra establecida en la disp. adic. decimoctava de la Ley 58/2003 (LGT), que impone a los obligados tributarios el deber de presentar información respecto a:

La DGT analiza cuando se considera que se realiza una actividad económica si un grupo empresarial se dedica al arrendamiento de inmuebles.

En la consulta V0346/2025, de 19 de marzo de 2025, tres sociedades mercantiles -A, B y C-, todas ellas residentes fiscales en España, forman parte de un grupo empresarial multinacional con matriz en el extranjero. Estas entidades poseen y explotan inmuebles (logísticos, comerciales y residenciales) mediante arrendamientos a terceros, obteniendo ingresos recurrentes por esta actividad.

Aunque ninguna de las tres entidades cuenta con empleados contratados directamente a jornada completa, subcontratan de forma permanente la gestión de sus inmuebles a otras sociedades (X, Y y Z), también del grupo o vinculadas, las cuales prestan un conjunto completo de servicios de gestión, administración y comercialización de los activos inmobiliarios.

Las sociedades desean confirmar si, en tales condiciones, puede entenderse que sí desarrollan una actividad económica, conforme a lo establecido en el art. 5.1 de la Ley 27/2014 (Ley IS), a pesar de la ausencia de personal contratado directamente.

La DGT analiza este supuesto en el que un contribuyente sigue percibiendo acciones durante años tras su traslado a España.

El contribuyente de la consulta V0425/2025, de 20 de marzo de 2025, ciudadano español, fue empleado de una sociedad británica desde 2016 hasta abril de 2024. Durante este tiempo, tuvo la consideración de residente fiscal en el Reino Unido.

El 10 de junio de 2024, el contribuyente se trasladó a España para iniciar una nueva relación laboral con una empresa española, fecha en la que fue dado de alta en la Seguridad Social española. Con motivo de este desplazamiento, optó por tributar conforme al régimen fiscal especial para trabajadores desplazados a territorio español, regulado en el art. 93 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF). La Agencia Tributaria ha certificado que la opción por dicho régimen se aplicará en su caso para los ejercicios fiscales comprendidos entre 2024 y 2029.

Planes de retribución en acciones (RSU)

El contribuyente de la consulta V0412/2025, de 20 de marzo de 2025, pregunta a la Dirección General de Tributos (DGT) si puede beneficiarse de la reducción del 50% prevista en el art. 23.2 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) por los rendimientos obtenidos del arrendamiento de habitaciones individuales dentro de una vivienda de su propiedad, que constituye su domicilio habitual.

El arrendador indica que los contratos suscritos con los inquilinos tienen como objeto el uso de dichas habitaciones como vivienda habitual de estos últimos.

La DGT aclara que los ingresos derivados del arrendamiento de habitaciones en una vivienda deben calificarse como rendimientos del capital inmobiliario.

1. Aplicación de la reducción del 50%

El artículo 23.2 de la Ley IRPF establece que, en los supuestos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, se aplicará una reducción del 50% sobre el rendimiento neto positivo, siempre que este se haya calculado correctamente (es decir, declarando íntegramente los ingresos y computando únicamente los gastos deducibles legalmente establecidos).

La DGT analiza los requisitos de la exención del IP del art. 4.Ocho.Dos en tres situaciones diferentes.

El contribuyente de la consulta tributaria V0426/2025, de 20 de marzo de 2025, es una persona física que posee el 70% del capital social de una entidad dedicada a la actividad económica de comercio al por mayor de mobiliario y materiales de construcción. El 30% restante pertenece a sus tres hermanas (cada una con un 10%). Se trata de una sociedad familiar.

Actualmente, el contribuyente ostenta el cargo de Presidente del Consejo de Administración y ejerce efectivamente funciones de dirección, junto con su sobrino, quien también participa en la gestión de la sociedad. El contribuyente percibe una remuneración por su labor directiva, que supera el 50% del total de sus rendimientos del trabajo y actividades económicas.

El contribuyente plantea distintas situaciones para analizar la aplicación de la exención en el IP prevista en el art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 (Ley IP):

La Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio, en su art. 4.Ocho.Uno, establece la exención de los bienes afectos a actividades empresariales o profesionales, siempre que se cumplan determinados requisitos, y ello no ocurre en este caso.

En la consulta tributaria V0326/2025, de 18 de marzo de 2025, una persona física, empresaria individual, desarrolla una actividad de arrendamiento de bienes inmuebles. Para el desarrollo de esta actividad, cuenta con una persona contratada laboralmente a jornada completa, cumpliendo con los requisitos que exige la normativa para que dicha actividad se considere una actividad económica a efectos fiscales.