Doctrina Administrativa

Análisis del TEAC sobre la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos en el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2017 y 2018, considerando la eficacia interruptiva de las autoliquidaciones complementarias presentadas en 2020 y la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 3/2016, con sus efectos sobre la rectificación de autoliquidaciones y la devolución de importes indebidamente ingresados.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en la resolución RG 5971/2024, de 31 de marzo de 2025, analiza inicialmente la prescripción del derecho de la reclamante a solicitar la devolución de ingresos indebidos correspondientes a las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 2017 y 2018. Conforme a la normativa vigente, el plazo de prescripción de cuatro años comienza a contarse desde la fecha de finalización del plazo de presentación de la autoliquidación. Así, para el IS 2017 el plazo vence el 25 de julio de 2022 y para el IS 2018 el 25 de julio de 2023. Si se considerasen únicamente estas fechas, las solicitudes presentadas por la reclamante el 12 de enero de 2024 habrían caducado.

Con esta resolución, el Tribunal aclara la distinción entre actividades económicas gravadas y no lucrativas, así como la correcta aplicación de las normas del IAE a entidades deportivas sin ánimo de lucro.

En la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 4686/2023, de 25 de abril de 2025, aborda 3 cuestiones que analizamos a continuación.

1. Sujeción al IAE de entidades sin ánimo de lucro

El Tribunal Económico-Administrativo analiza la cuestión de si la entidad, un club deportivo sin ánimo de lucro, debe ser incluida en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La entidad argumenta que su actividad se centra únicamente en la consecución de sus fines deportivos y que carece de ánimo de lucro, por lo que no debería tributar. Señala además que, según sus Estatutos y su régimen fiscal, está acogida al régimen especial de entidades parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, lo que, a su juicio, debería excluirla de la sujeción al IAE.

El régimen jurídico de las bases imponibles negativas pendientes de compensar: límites temporales a la potestad de comprobación de la Administración tributaria, efectos de la prescripción del art. 66 bis de la LGT y obligaciones de conservación y aportación de documentación por parte del contribuyente para acreditar su procedencia.

La normativa tributaria reconoce, con carácter general, la facultad de la Administración tributaria para comprobar e investigar en cualquier momento los hechos, actos y circunstancias determinantes de la obligación tributaria. No obstante, esta potestad presenta una limitación específica en relación con las bases imponibles negativas (BIN), ya que el art. 66 bis de la Ley General Tributaria establece un plazo de diez años para el inicio del procedimiento de comprobación, computado desde el día siguiente a aquel en que finaliza el plazo de presentación de la autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se generó el derecho a su compensación.

Una vez transcurrido dicho plazo de diez años, la Administración pierde la facultad de comprobar e investigar las BIN, lo que implica que no puede modificar el importe de las mismas. Sin embargo, ello no exonera al contribuyente de su obligación de acreditar la procedencia de las BIN cuya compensación pretenda efectuar. A tal efecto, deberá aportar la autoliquidación de la que resulte la base imponible negativa y la contabilidad correspondiente, con acreditación de su depósito en el Registro Mercantil durante el citado plazo. Durante esos diez años, además, el contribuyente debe conservar las autoliquidaciones, los libros contables y los soportes documentales de las operaciones consignadas, siendo insuficiente la mera aportación de datos contables si no se justifican las operaciones subyacentes.

La aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la “teoría del conocimiento” en la denegación del derecho a la deducción y devolución del IVA en supuestos de fraude en la cadena de suministro, y el alcance del deber de diligencia del operador económico.

En cuanto al fondo del asunto de la resolución 9752/2022, de 16 de diciembre de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), la regularización se fundamenta en la existencia de un esquema de fraude en el IVA en la comercialización de plata, articulado a través de una cadena de entidades que responde al patrón clásico del fraude carrusel o fraude intracomunitario.

El Tribunal describe una estructura en la que determinadas sociedades proveedoras, carentes de medios materiales y personales suficientes y con un comportamiento fiscal irregular, no ingresan el IVA repercutido, mientras que las sociedades situadas en fases posteriores de la cadena solicitan la deducción o devolución del impuesto soportado. El resultado final es la ausencia de ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública, pese a haberse producido devoluciones de cuantía significativa.

Por ello, el TEAC anula el acuerdo sancionador pese a la confirmación de la regularización realizada por la Inspección Tributaria por operaciones vinculadas.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución RG 1902/2024, de 22 de mayo de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que analiza una regularización tributaria derivada de la valoración de determinadas operaciones vinculadas entre una persona física -representante y administrador- y sus sociedades, se produce en el análisis del régimen sancionador.

Ver análisis de la regularización por operaciones vinculadas.

El TEAC considera que la retribución regularizada por la Inspección Tributaria no remunera las funciones propias del cargo de administrador de las dos entidades de este caso, sino la prestación de servicios como representante de dichas sociedades.

La resolución RG 1902/2024, de 22 de mayo de 2025, del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) analiza una regularización tributaria derivada de la valoración de determinadas operaciones vinculadas entre una persona física (el obligado tributario) y las sociedades XZ y TW.

La segunda cuestión importante se analiza AQUÍ.

¿Aplicación del tipo impositivo reducido del 10% o del tipo general del 21% en los arrendamientos de viviendas que estén sujetos y no exentos por destinarse al subarrendamiento?

En la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 7484/2022, de 19 de junio de 2025, XZ SA presentó una reclamación contra los acuerdos de rectificación de autoliquidaciones de IVA efectuadas por NP SA y TW SA, argumentando que se aplicó incorrectamente el tipo impositivo general a las cuotas de arrendamiento financiero con opción de compra de un inmueble -edificio- integrado por viviendas y locales. Según XZ SA, correspondía aplicar el tipo reducido del 10% previsto en el art. 91.Uno.2.11.º de la Ley 37/1992, dado que parte del inmueble se destina a vivienda.

En este caso, el TEAC analiza el supuesto de un préstamo hipotecario que se destina a la adquisición de un inmueble situado en España, debiendo comprobar si constituye deuda deducible en el Impuesto sobre Scuesiones y Donaciones.

El texto de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 6868/2024, de 27 de junio de 2025, examina dos cuestiones analizadas a continuación.

Deducibilidad de deuda pendiente de un préstamo hipotecario

Examina la deducibilidad de la deuda pendiente de un préstamo hipotecario en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, partiendo del marco normativo establecido en la Ley 29/1987. Se recuerda que el impuesto puede exigirse por obligación personal, cuando el contribuyente es residente en España, o por obligación real, cuando no lo es, en cuyo caso únicamente se someten a gravamen los bienes y derechos situados en territorio español. Esta distinción resulta esencial para determinar el alcance de la base imponible y la posible deducción de deudas.

Se analizan dos cuestiones por el TEAC: cálculo del importe neto de la cifra de negocios en grupos de sociedades a efectos de la exención en el Impuesto sobre Actividades Económicas y rechazo de la baja retroactiva en el IAE por falta de acreditación de la condición de entidad patrimonial y de la inexistencia de actividad económica.

La cuestión principal analizada en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 8251/2024, de 18 de septiembre de 2025 es si, a efectos de aplicar la exención del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) prevista en el art. 82.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe neto de la cifra de negocios debe calcularse de forma consolidada -eliminando las operaciones intragrupo- o de forma agregada, sumando la cifra de negocios de todas las entidades que integran el grupo.

La reclamante sostiene la primera opción, mientras que la Administración aplica la segunda.

La segunda cuestión analizada por el TEAC en la misma resolución es sobre la competencia de la AEAT para llevar a cabo una derivación de responsabilidad del art. 40.3 de la Ley General de Subvenciones en relación con el reintegro de una subvención concedida por la CCAA.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 7522/2023, de 15 de octubre de 2025, examina un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio interpuesto por la Directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, en relación con la derivación de responsabilidad por el reintegro de una subvención concedida por la Comunidad Autónoma de Aragón. La controversia jurídica se articula en torno a dos cuestiones diferenciadas, que el Tribunal analiza de forma separada.