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La AEDAF recurrió ante el Tribunal Supremo el RD 117/2024 y solicitó la anulación de la regulación de las autoliquidaciones rectificativas en el IVA, IRPF, IS, IIEE e Impuesto sobre los Gases Fluorados

AEDAF recurre ante el Tribunal Supremo el RD 117/2024 y solicita la anulación de la regulación de las autoliquidaciones rectificativas en el IVA, IRPF, IS, IIEE e Impuesto sobre los Gases Fluorados. Imagen de una maza de juez con esculturas rotas a su alrededor

El Tribunal Supremo examina los límites de la regulación reglamentaria de las autoliquidaciones rectificativas y las garantías de los contribuyentes frente a este nuevo sistema de corrección de declaraciones tributarias.

En la sentencia del Tribunal Supremo nº 1192/2026, de 27 de octubre de 2026, con nº recurso 260/2024, se expone como la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) interpone recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, por el que se desarrollan las normas y los procedimientos de diligencia debida en el ámbito del intercambio automático obligatorio de información comunicada por los operadores de plataformas y se modifican diversos reglamentos tributarios para adaptar su regulación a la Directiva (UE) 2021/514, conocida como DAC 7.

La impugnación se dirige específicamente contra las disposiciones finales tercera a séptima del Real Decreto, que introducen el régimen de autoliquidaciones rectificativas en los reglamentos del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuestos Especiales e Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. En concreto, se cuestiona la incorporación de los arts. 74 bis del Reglamento del IVA, 67 bis del Reglamento del IRPF, 59 bis del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 44 bis del Reglamento de los Impuestos Especiales y 3 bis del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

La AEDAF solicita la anulación de esta regulación por considerar que altera sustancialmente el procedimiento tradicional de rectificación de autoliquidaciones y reduce las garantías de los contribuyentes.

La BI de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público debe determinarse atendiendo a la utilidad que reporta, sin utilizar los criterios de valoración de la utilización privativa basados en el valor del suelo y las construcciones

La BI de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público debe determinarse atendiendo a la utilidad que reporta, sin utilizar los criterios de valoración de la utilización privativa basados en el valor del suelo y las construcciones. Imagen de un sobre con monedas y una lupa a su lado

El Tribunal Supremo analiza la legalidad de la regulación de una tasa municipal por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local derivado de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos. La Sala precisa que la base imponible del aprovechamiento especial debe calcularse atendiendo a la utilidad que reporta dicho aprovechamiento y no mediante los mismos parámetros de valoración del uso privativo, basados en el valor del suelo y de las construcciones. Asimismo, exige que los criterios de graduación aplicados para determinar la cuota tributaria estén debidamente justificados y publicados junto con la ordenanza fiscal.

El Tribunal Supremo, en su sentencia nº 1176/2026, de 21 de octubre de 2026, con nº recurso 1412/2025, resuelve el recurso de casación interpuesto por Red Eléctrica de España, S.A.U., contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que había desestimado su impugnación de una ordenanza fiscal, reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

Interpretación del concepto de «actividad industrial» a efectos de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad

Interpretación del concepto de «actividad industrial» a efectos de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad. Imagen de un chico joven trabajando de electricista

El Tribunal Supremo establece que el concepto de «actividad industrial» a efectos de aplicar la reducción del 85 % de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad debe interpretarse conforme a la normativa comunitaria y a la definición general de la Ley de Industria, sin que resulte determinante la clasificación de actividades del IAE, reconociendo el derecho de una empresa dedicada al tratamiento y depuración de aguas residuales a inscribir sus instalaciones en el Registro Territorial de Impuestos Especiales y acogerse al beneficio fiscal.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 1209/2026 de 29 de octubre de 2026, con nº recurso 2250/2025, analiza cómo debe interpretarse el concepto de «actividad industrial» recogido en el art. 98.1.f) de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, para determinar si una empresa dedicada al tratamiento y depuración de aguas residuales puede beneficiarse de la reducción del 85% de la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad.

El Tribunal Supremo confirma la improcedencia de incrementar en un 100% las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de facturación cuando las facturas falsas derivan de la simulación de actividades económicas ya anuladas tras la regularización

El Tribunal Supremo confirma la improcedencia de incrementar en un 100% las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de facturación cuando las facturas falsas derivan de la simulación de actividades económicas ya anuladas tras la regularización. Imagen de las manos de una mujer en una calculadora junto a un cheque, dinero y unas gafas negras

El Tribunal Supremo delimita la aplicación del criterio de graduación de sanciones tributarias por incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación, previsto en los arts. 201.5 y 187.1.c) de la Ley General Tributaria.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1166/2026, de 20 de octubre de 2026, con nº recurso 7008/2022, analiza la aplicación del criterio de graduación de sanciones previsto en el art. 201.5 de la Ley General Tributaria, que permite incrementar en un 100% la cuantía de la sanción cuando se produce un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación o documentación, en relación con el art. 187.1.c) LGT.

El supuesto tiene su origen en la emisión de facturas con datos falsos o falseados por parte de varios socios de una sociedad dedicada al transporte de mercancías por carretera, que se habían dado de alta individualmente en el régimen de estimación objetiva del IRPF para aparentar el ejercicio de actividades económicas independientes. En realidad, la actividad se encontraba centralizada en la sociedad Cargel 98, S.L., que utilizaba las facturas emitidas por los socios para deducirse cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades que no respondían a operaciones económicas reales. Por su parte, los socios tributaban conforme a los módulos, sin declarar como ingresos las cantidades facturadas ni repercutir el IVA correspondiente.

Como consecuencia de esta operativa, la Administración tributaria apreció la existencia de una simulación relativa derivada de la fragmentación artificial de una única actividad económica entre varios contribuyentes, procediendo a regularizar la situación tributaria del interesado en el IRPF y el IVA. Asimismo, le impuso una sanción por la comisión de la infracción muy grave tipificada en el art. 201.3 LGT, consistente en la expedición de facturas con datos falsos o falseados, cuya cuantía fue incrementada en un 100% al considerar que concurría un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

Es deber de la AEAT de remitir un expediente administrativo completo y la falta de solicitud del complemento del expediente por el contribuyente no la exime de su obligación

Es deber de la AEAT de remitir un expediente administrativo completo y la falta de solicitud del complemento del expediente por el contribuyente no la exime de su obligación. Imagen de  una mujer colocando ficheros por colores de separación

El Tribunal Supremo reafirma y completa su doctrina sobre las consecuencias de la remisión de expedientes administrativos incompletos en los procedimientos tributarios, precisando que la solicitud de complemento prevista en la normativa de revisión constituye un derecho del contribuyente y no una obligación cuyo incumplimiento pueda perjudicarle.

La Administración debe incorporar de oficio todos los documentos y elementos probatorios que fundamenten la regularización, sin que pueda trasladar al obligado tributario las consecuencias de su omisión. No obstante, para apreciar la indefensión resulta necesario identificar los documentos ausentes y acreditar su relevancia en la liquidación impugnada.

El Tribunal Supremo analiza en su sentencia nº 1187/2026, de 23 de octubre de 2026, con nº recurso 74/2024 las consecuencias jurídicas derivadas de la remisión de un expediente administrativo incompleto cuando el obligado tributario no ha solicitado su complemento, ni durante el procedimiento de aplicación de los tributos, ni en la vía económico-administrativa o jurisdiccional.

La inadmisión de la revisión de oficio por existencia de solicitudes sustancialmente iguales exige una previa desestimación sobre el fondo, sin que sea suficiente la inadmisión por extemporaneidad de un recurso de reposición

La inadmisión de la revisión de oficio por existencia de solicitudes sustancialmente iguales exige una previa desestimación sobre el fondo, sin que sea suficiente la inadmisión por extemporaneidad de un recurso de reposición. Imagen de un hombre trabajando mientras está hablando por telefono

El Tribunal Supremo delimita el alcance de la causa de inadmisión de la solicitud de revisión de oficio por existencia de otras solicitudes sustancialmente iguales, precisando que no basta con que se haya inadmitido por extemporáneo un recurso de reposición anterior, sino que es necesario que exista una resolución previa desestimatoria sobre el fondo de una solicitud de nulidad de pleno derecho.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1189/2026, de 26 de octubre de 2026, con nº recurso 2441/2024 el alcance de la causa de inadmisión de las solicitudes de inicio del procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho prevista en el último inciso del art. 217.3 de la Ley General Tributaria (LGT).

En particular, debe determinar si esta causa de inadmisión puede aplicarse cuando el mismo obligado tributario ha presentado anteriormente un recurso ordinario que ha sido inadmitido por extemporáneo, sin que la Administración haya llegado a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, o si, por el contrario, es necesario que existan solicitudes anteriores sustancialmente iguales que hayan sido expresamente desestimadas mediante un pronunciamiento sobre el fondo.

El Tribunal Supremo reconoce al sustituto del contribuyente el derecho a solicitar la devolución del ICIO cuando las obras no llegan a iniciarse, aunque la licencia urbanística siga vigente

El Tribunal Supremo reconoce al sustituto del contribuyente el derecho a solicitar la devolución del ICIO cuando las obras no llegan a iniciarse, aunque la licencia urbanística siga vigente. Imagen de dos cascos de trabajo amarillos sobre documentos de planos

El Tribunal Supremo reconoce que el sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de la liquidación provisional del ICIO cuando las obras no han llegado a iniciarse y se ha rescindido el contrato que habilitaba su ejecución, sin que la vigencia de la licencia urbanística impida considerar que no se ha producido el hecho imponible y que el ingreso inicialmente realizado se ha convertido en indebido.

El Tribunal Supremo en su sentencia nº 1128/2026, de 7 de octubre de 2026, con nº recurso 2111/2024, analiza si una empresa que ha satisfecho una liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en calidad de sustituto del contribuyente puede solicitar y obtener la devolución de las cantidades ingresadas cuando las obras para las que se concedió la licencia urbanística no llegan a iniciarse y se rescinde el contrato que habilitaba su ejecución, aunque dicha licencia permanezca formalmente vigente.

Hecho imponible y el devengo del ICIO

Para resolver la controversia, el Tribunal Supremo parte de la regulación del ICIO contenida en los arts. 100, 102 y 103 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).

Exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por el alquiler de embarcaciones y motos náuticas: cesión de uso o servicio más amplio con prestación de servicios

Exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte por el alquiler de embarcaciones y motos náuticas: cesión de uso o servicio más amplio con prestación de servicios

El Tribunal Supremo delimita la aplicación de la exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte a las embarcaciones y motos náuticas destinadas al alquiler, precisando que el beneficio fiscal exige su afectación exclusiva al arrendamiento de la embarcación como tal y no resulta aplicable cuando su utilización se integra en la prestación de servicios recreativos o deportivos en los que la embarcación constituye únicamente un medio para desarrollar la actividad.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1170/2026, de 20 de octubre de 2026, con nº recurso 7631/2024, si resulta aplicable la exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), prevista en el art. 66.1.g) de la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, a las embarcaciones y motos náuticas que se destinan a actividades en las que, junto con la cesión de su uso, se prestan servicios adicionales vinculados a la práctica deportiva o recreativa.

Los intereses de demora suspensivos derivados de la deuda tributaria del causante son una obligación personal del sucesor y no quedan limitados por el beneficio de inventario

Los intereses de demora suspensivos derivados de la deuda tributaria del causante son una obligación personal del sucesor y no quedan limitados por el beneficio de inventario. Imagne de un reloj de arena sobre billetes y monedas de una mesa

Esta conclusión del Tribunal Supremo es aplicable tanto al heredero como al legatario de parte alícuota que haya aceptado a beneficio de inventario. Lo determinante no es la condición sucesoria del obligado, sino la naturaleza y el origen de la obligación. El criterio es extensible a ambas figuras, aunque la doctrina jurisprudencial se formula específicamente para el legatario de parte alícuota que ha aceptado a beneficio de inventario.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1159/2026, de 15 de octubre de 2026, con nº recurso 6565/2024, si los intereses de demora suspensivos derivados de la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria del causante deben considerarse una deuda o carga de la herencia, sometida al límite de responsabilidad propio de la aceptación a beneficio de inventario, o si, por el contrario, constituyen una obligación personal del sucesor que debe satisfacerse con su propio patrimonio.

El Tribunal Supremo flexibiliza la exigencia formal de ampliación del recurso contencioso-administrativo cuando la demanda solicita la anulación de dos resoluciones administrativas conexas

El Tribunal Supremo flexibiliza la exigencia formal de ampliación del recurso contencioso-administrativo cuando la demanda solicita la anulación de dos resoluciones administrativas conexas. Imagen de unas manos con mazas sobre una mesa de madera

El Tribunal Supremo admite excepcionalmente la incorporación de una resolución administrativa posterior al recurso contencioso-administrativo sin necesidad de solicitar formalmente su ampliación cuando existe una conexión directa entre ambos actos, la demanda impugna expresamente las dos resoluciones y las circunstancias del procedimiento permiten descartar la indefensión de la Administración.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1138/2026, de 13 de octubre de 2026, con nº recurso 9036/2023 examina si, en determinadas circunstancias, es necesario solicitar expresamente la ampliación del recurso contencioso-administrativo prevista en el art. 36 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para impugnar un acto administrativo dictado de forma extemporánea, o si puede entenderse que dicha ampliación ha sido solicitada cuando el demandante incluye en la demanda la petición de anulación tanto de ese acto como del inicialmente identificado en el escrito de interposición. La controversia se origina en un procedimiento relativo al IRPF del ejercicio 2016, en el que el contribuyente impugnó una liquidación tributaria y la providencia de apremio derivada de su falta de pago. Ambas pretensiones se formularon en una misma reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, pero fueron tramitadas separadamente y dieron lugar a dos resoluciones distintas.

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