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El Tribunal Supremo refuerza la libre circulación de capitales y equipara el tratamiento fiscal de los fondos de inversión no residentes comparables a las instituciones de inversión colectiva españolas, precisando los criterios de comparabilidad, la distribución de la carga de la prueba y el alcance de los mecanismos de intercambio internacional de información.

La resolución del Tribunal Supremo nº 713/2026, de 9 de junio de 2026, con nº recurso 3814/2023 aborda la tributación en España de los fondos de inversión no residentes y, en particular, la posibilidad de que estos obtengan el mismo tratamiento fiscal que las instituciones de inversión colectiva (IIC) residentes cuando se encuentren en situaciones comparables.

El recurso de casación fue interpuesto por un fondo de inversión no residente, frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2023. Dicha sentencia había confirmado la legalidad de las liquidaciones practicadas por la Agencia Tributaria y posteriormente avaladas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.

El Alto Tribunal abandona la doctrina de la adquisición directa y aplica la teoría clásica de que los bienes del primer causante se integran en la herencia del transmitente, de tal forma que para calcular la legítima del cónyuge viudo del transmitente debe computarse la herencia del primer causante, y por ello, debe intervenir en su partición.

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 849/2026, de 3 de junio de 2026, rec. núm. 3733/2021 abandona la doctrina moderna establecida en la Sala de lo Civil, sentencia núm. 539/2013, de 11 de septiembre de 2013, rec. núm. 397/2011, que estableció que el transmisario sucede directamente al primer causante en su herencia y, en otra distinta, al transmitente, lo que impide, en coherencia, introducir en la primera herencia a los legitimarios que lo son por razón de la segunda, y solo para la segunda. La Sala de lo Contencioso-administrativo, en su sentencia núm. 936/2018, de 5 de junio de 2018, rec. núm. 1358/2017, asumió esta teoría moderna, de tal forma que, en el caso del ejercicio del ius transmissionis por los herederos del transmitente se produce una sola transmisión y no dos.

La obtención de ingresos por la explotación de activos no vinculados al objeto social permite deducir los gastos asociados cuando existe una efectiva correlación económica entre ambos conceptos.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 639/2026, de 26 de mayo de 2026, con nº recurso 1253/2024 si una sociedad puede deducir en el Impuesto sobre Sociedades los gastos derivados de la titularidad de un bien que no está afecto a su actividad principal cuando los ingresos obtenidos por la explotación de ese mismo bien sí se integran en la base imponible del impuesto.

La controversia surge a raíz de la regularización practicada por la Agencia Tributaria a una sociedad que había declarado los ingresos obtenidos por la cesión de un amarre portuario situado en Formentera y, al mismo tiempo, había deducido los gastos asociados a dicho activo. La Administración rechazó la deducción al considerar que el amarre no guardaba relación con la actividad empresarial principal de la entidad.

El procedimiento de control de presentación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos del art. 153 del RGAP constituye un verdadero procedimiento de gestión tributaria, de modo que, cuando concurra su caducidad, esta debe ser declarada expresamente por la Administración.

Por otro lado, el Tribunal Supremo precisa que la pérdida de eficacia interruptiva derivada de la caducidad de dicho procedimiento no impide que la posterior remisión del tanto de culpa al Ministerio Fiscal produzca un efecto autónomo de interrupción de la prescripción, conforme al art. 68.1.b) de la LGT.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 590/2026, de 12 de mayo de 2026, con nº recurso 6325/2024, dos cuestiones principales:

El Tribunal Supremo confirma que la reducción del 30 % del art. 32.1 de la Ley del IRPF para rendimientos de actividades económicas generados en más de dos años solo resulta aplicable cuando el contribuyente acredita una actividad profesional efectiva y continuada durante dicho período, rechazando su aplicación a los honorarios percibidos por un abogado derivados de procedimientos administrativos cuya duración excedió de dos años pero en los que las actuaciones profesionales se concentraron en un único ejercicio, reiterando además que la habitualidad o regularidad de este tipo de rendimientos debe analizarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada profesional.

La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2026, nº 655/2026, con nº recurso 968/2024 analiza la aplicación de la reducción del 30% prevista en el art. 32.1 de la Ley del IRPF para los rendimientos de actividades económicas generados en un período superior a dos años y percibidos en un único ejercicio. El asunto tiene su origen en la regularización practicada por la Agencia Tributaria a un abogado que había aplicado dicha reducción en su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2017 respecto de unos honorarios obtenidos tras la finalización de varios procedimientos tributarios. El núcleo de la controversia consiste en determinar si los honorarios percibidos por el abogado podían considerarse rendimientos generados en más de dos años y, por tanto, beneficiarse de la reducción legal.

El Tribunal Supremo declara que la sociedad dominante de un grupo que tributa en régimen de consolidación fiscal puede solicitar la rectificación de una autoliquidación tras una inspección finalizada mediante liquidación provisional cuando la comprobación no haya alcanzado a todas las entidades del grupo y la rectificación se refiera a un elemento tributario que no fue expresamente regularizado, rechazando que la Administración pueda atribuir efectos equivalentes a una liquidación definitiva respecto de determinadas sociedades dependientes y reconociendo que los efectos preclusivos de la inspección no impiden corregir errores que afectan a la correcta determinación de la base imponible consolidada del grupo fiscal.

La sentencia nº 638/2026, del Tribunal Supremo, de 26 de mayo de 2026, con nº recurso 5033/2024, aborda la posibilidad de que la sociedad dominante de un grupo fiscal que tributa en régimen de consolidación pueda solicitar la rectificación de una autoliquidación después de haber sido objeto de un procedimiento inspector finalizado mediante liquidación provisional.

El Tribunal Supremo declara que las actuaciones de comprobación tributaria dirigidas a una sociedad absorbente en su condición de sucesora universal de una sociedad absorbida extinguen la prescripción del derecho a obtener devoluciones tributarias de la sociedad absorbente cuando dichas actuaciones se refieren al mismo impuesto y ejercicio objeto de la devolución solicitada.

La sentencia nº 667/2026, de 29 de mayo de 2026, del Tribunal Supremo, con nº recurso 2056/2024 analiza la incidencia que tienen las actuaciones de comprobación tributaria desarrolladas respecto de una sociedad absorbida sobre el plazo de prescripción del derecho de la sociedad absorbente a obtener una devolución tributaria.

El interés casacional del asunto radica en determinar si la tramitación de un procedimiento de comprobación limitada comunicado a la sociedad absorbente, pero referido a obligaciones tributarias de una sociedad absorbida ya extinguida como consecuencia de una fusión por absorción, tiene eficacia interruptiva del plazo de prescripción del derecho a solicitar o exigir una devolución derivada de la normativa tributaria.

En estas situaciones, el excónyuge tiene derecho a aplicar la exención del art. 38 de la Ley del IRPF, aunque no resida físicamente en ella en el momento de la transmisión ni durante los dos años inmediatamente anteriores.

La sentencia nº 646/2026, de 27 de mayo de 2026, con nº recurso 6833/2024, del Tribunal Supremo, resuelve un recurso de casación en materia de IRPF y exención por reinversión en vivienda habitual, abordando una cuestión de gran relevancia práctica en los supuestos de separación o divorcio.

El litigio surge porque la Administración Tributaria consideró improcedente la aplicación de la exención por reinversión al entender que, en el momento de la transmisión del inmueble, este ya no constituía la vivienda habitual del contribuyente, quien había abandonado la residencia familiar varios años antes como consecuencia de su divorcio.

El Tribunal Supremo aclara cuándo es necesario un nuevo trámite de audiencia en los procedimientos sancionadores tributarios abreviados.

La sentencia nº 619/2026, de 18 de mayo de 2026, del Tribunal Supremo, con nº recurso 3213/2024 trata de determinar si, en los procedimientos sancionadores tributarios iniciados antes de que concluya el procedimiento inspector del que derivan, es obligatorio emitir una nueva propuesta de sanción y conceder un nuevo trámite de audiencia una vez dictada la liquidación definitiva.

El Tribunal Supremo confirma que la base imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de declaración de obra nueva debe determinarse por el coste real de ejecución material de la construcción, sin que proceda aplicar coeficientes de actualización monetaria aunque hayan transcurrido décadas entre la finalización de la obra y su formalización en escritura pública.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 617/2026, de 18 de mayo de 2026, con nº recurso 8043/2023, aborda una cuestión de especial interés en materia de Actos Jurídicos Documentados (AJD): determinar si, cuando una escritura de declaración de obra nueva se formaliza muchos años después de haberse ejecutado la construcción, la base imponible del impuesto debe calcularse tomando como referencia el coste histórico de la obra o si, por el contrario, dicho coste puede actualizarse mediante coeficientes monetarios para reflejar su valor en el momento del devengo.