Jurisprudencia

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 3 de noviembre de 2015, afirma que los gastos de asesoramiento en una venta de acciones a una entidad que lanzó una OPA, aunque hayan beneficiado a los socios, también benefician a la actividad económica general de la empresa, por lo que se consideran deducibles.

Para que un gasto sea deducible es preciso que esté justificado, contabilizado, que sea imputable al correspondiente ejercicio y que, por último, sea necesario

En el caso que enjuiciamos no se discute la concurrencia de las tres primeras notas, ciñéndose el debate a la última de ellas: la necesidad.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 26 de octubre de 2015, afirma que la provisión dotada por un distribuidor de prensa por los ejemplares no vendidos que son devueltos por los distribuidores locales no es deducible ya que cubre un riesgo de devoluciones de ventas no admitida por la Ley IS.

La entidad sostiene que la denominada "provisión por invendidos" no es en realidad una provisión contable, sino que se trata de un apunte que tiene por objeto adecuar la cifra de ventas registrada al criterio de imputación temporal del devengo. La sociedad va reflejando como ventas las entregas de publicaciones que efectúa a los quioscos o subdistríbuidores aunque estos no hayan vendido las mercancías a los clientes finales, por lo que considera que está anticipando un ingreso por cuanto realmente solo debería reconocer el ingreso cuando se produce la venta a terceros por parte del quiosco. Por ello, al final del ejercicio es necesario efectuar una regularización, minorando la cifra de los aprovisionamientos y el importe neto de la cifra de negocios que figuran en las cuentas anuales formuladas por la compañía.

La norma fiscal no permite al obligado tributario deducir el gasto que pueda suponer el riesgo de devoluciones de ventas que asume en el ejercicio de su actividad, cualquiera que sea la denominación contable que le asigne.

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015 vuelve a desempolvar la cuestión de si la Administración debe -o más bien está obligada- a respetar los valores que previamente ha aceptado, otorgando así confianza y seguridad jurídica al administrado que de nuevo vuelve a realizar operaciones con los mismos bienes, o no está vinculada por lo que ella misma ha aceptado con anterioridad.

Y, como se ha anticipado, el Tribunal se muestra claro y contundente en cuanto a lo que tiene que decidir, señalando que la doctrina correcta es la de que la valoración previa de un bien realizada por una Administración tributaria vincula a todos los efectos a las demás Administraciones competentes, máxime si se trata de impuestos estatales, aunque el segundo esté cedido a las Comunidades Autónomas.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2015 encierra un interesante juego jurídico en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas que, a la postre, supone el reconocimiento de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del pago de las operaciones de expropiación.

En efecto, la sentencia, como ya apuntó en día la sentencia de instancia -STSJ de Canarias, de 10 de julio de 2013-, reconoce de partida que la exención de las operaciones de expropiación no está reconocida en el RDLeg. 1/1993 (TR ITP y AJD), como tampoco lo estuvo en la norma anterior -RDLeg. 3050/1980-.

• La constitución e inmediata disolución de la sociedad de gananciales encubre una donación
• La exención en el IBI de los inmuebles de las fundaciones solo se pierde si ellas ejercen una actividad económica no exenta del IS, no si un tercero arrendatario lo hace 
• La comunicación -por el interesado, al órgano encargado de la ejecución- de la firmeza de la sentencia que ordena la retroacción, no marca el comienzo del plazo de las actuaciones inspectoras 
• La naturaleza jurídica del tributo que debe gravar la prestación de los servicios públicos obligatorios tras la reforma operada por la Ley de Economía divide al Tribunal Supremo
•  El obiter dicta de una sentencia penal no puede servir de fundamento para una declaración de responsabilidad tributaria 
• Los factores futuros, lejos de no constituir motivo económico válido para una reestructuración societaria, son su prueba más fiable
• A efectos del  artículo 108 LMV una finca con especies vegetales es un inmueble
• La cancelación del derecho de superficie constituye hecho imponible del IIVTNU
• No se aplica al procedimiento de tasación pericial contradictoria el instituto de la caducidad

• Los billetes emitidos y no utilizados por el pasajero no dejan de tributar por IVA
• La desimposición de los beneficios del establecimiento permanente en el Estado en que reside la sociedad a que pertenece impide la imputación de sus pérdidas
• Gravar en frontera vehículos que finalmente son reexportados sin entrar en el territorio de un Estado miembro con el impuesto de matriculación es una exacción de efecto equivalente 
• El acuerdo de devolución de un IVA de una Administración incompetente para ello no puede interrumpir la prescripción del derecho de la Administración competente a reclamárselo
• El cambio de domicilio fiscal a territorio foral o común entre la repercusión y la solicitud de la devolución del IVA no altera la Administración competente para devolver
• El Supremo se suma al recelo de los tribunales respecto de la hipoteca condicional
• No son válidas las inversiones de la absorbente anteriores a la fusión, en el diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios por la absorbida en el IS
• Parte especial de la base imponible del IS de las sociedades patrimoniales
• Los ingresos del arrendamiento integran la cifra de negocios a efectos de aplicar el régimen de reducida dimensión
• Los ingresos financieros obtenidos por una entidad de tenencia de participaciones integran la cifra de negocios a efectos de aplicar el régimen de reducida dimensión
• No hay culpabilidad en la deducción del IVA por adquisición de un inmueble puesto que se desconocía que la vendedora no ingresaba el IVA retenido en las rentas por el arrendamiento

A juicio de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2015, que reitera lo ya señalado en otra anterior de 11 de noviembre -luego podemos hablar de jurisprudencia en la materia-, en el supuesto en que una comprobación de valores inmotivada vaya seguida de un procedimiento de verificación de datos que también lo es, concurre identidad de razón para aplicar la jurisprudencia sobre la reiteración en la comprobación.

Pues bien, esa jurisprudencia puede resumirse en que si la Administración tributaria yerra al llevar a cabo una primera comprobación, que resulta inmotivada, anulada ésta, puede de nuevo proceder a realizar una segunda comprobación. Si bien esa potestad no es ilimitada, no siendo lícita una tercera comprobación en caso de ser anulada la segunda por igual motivo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2015 sale al paso de otra de la Audiencia Nacional en la que se falló señalando que los rendimientos de actividades económicas se imputan en el IRPF conforme a las reglas establecidas para ello en las normas reguladoras del Impuesto sobre Sociedades. Según el Tribunal Supremo eso es así con carácter general, pero no cuando concurre una regla especial de imputación –como era el caso de autos, en que la renta en cuestión estaba pendiente de resolución judicial-, en cuyo caso se debe aplicar antes ésta que la establecida para el IS.

El 17 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una sentencia en resolución a una cuestión prejudicial cuyo fallo está orientado en ese sentido.

Se pregunta al Tribunal sobre la situación de una sociedad de asesoría fiscal, constituida conforme a la legislación de un Estado miembro -Países Bajos-, que elabora en el Estado miembro en el que tiene su establecimiento y donde no está regulada la actividad de asesoría fiscal una declaración fiscal para un destinatario en otro Estado miembro -Alemania- y presenta esa declaración a la autoridad fiscal de este último, en el que rigen disposiciones nacionales reguladoras de esa actividad.

Las medidas que integran ese sistema no constituyen una ventaja selectiva

A partir de mayo de 2006, la Comisión Europea recibió varias denuncias contra el «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF»), que procedían principalmente del sector de la construcción naval de otros Estados miembros. En esas denuncias se afirmaba que el SEAF permitía que las empresas navieras adquirieran buques construidos por astilleros españoles con descuentos de entre un 20 % y un 30 %, provocando así la pérdida de contratos de construcción naval para los denunciantes.