Jurisprudencia

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 16 de febrero de 2015,  anula la modificación en el la ordenanza fiscal del IBI de Oviedo, mediante al cual se establece un recargo del 50% del IBI a los pisos vacíos, ya que es ilegal la exigencia de este recargo en tanto no se desarrollen las condiciones para aplicarlo por el Ayuntamiento. Contando con los posibles efectos perjudiciales y de aquellos otros que no coincidan con la finalidad extrafiscal perseguida con la creación del recargo se ha pospuesto en el tiempo el desarrollo reglamentario de las condiciones para su aplicación por la Administración del Estado. 

Por el contrario, en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 26 de noviembre de 2014, confirma la modificación de la ordenanza fiscal impugnada mediante la cual el Ayuntamiento de Ondarribia imponía un recargo sobre las viviendas no destinadas a la residencia habitual de sus propietarios o terceros. El establecimiento de este recargo es conforme al art. 14.5 de la Norma Foral 12/1989 de Gipuzkoa (IBI),  que establece que “tratándose de bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de terceros por arrendamiento o cesión de su uso los Ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 150 por 100 de la cuota líquida del Impuesto” y  por tanto, los Ayuntamientos, dentro de los límites marcados pueden establecerlo.

• Los abusos de Derecho en el IVA se pueden dirimir por los mismos procedimientos administrativos que el resto de los tributos
• El Tribunal Supremo se fricciona en lo que tiene que ver con la deducibilidad de las retribuciones de los administradores
• La mera publicación de una norma no permite a los administrados conocer si tienen acción para exigir responsabilidad a la Administración
• Cálculo de la provisión de depreciación de las participaciones en una entidad en pérdidas y radicada en un país con acusada inflación
• La toma de decisiones antieconómicas de las personas físicas no permite imputarles per se ganancias patrimoniales no justificadas

Como funcionario público que es, y por el acervo jurídico que se le supone –forma parte de una de las más altas instancias entre los aplicadores del Derecho-, la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, de 13 de noviembre de 2014, entiende que la Administración queda vinculada por la consignación, errónea o no, del plazo para la presentación de liquidaciones ante el órgano administrativo correspondiente en las escrituras públicas, cual si se tratara de un acto administrativo con una indicación equivocada del plazo para recurrir.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2015, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, es el exponente que da lugar a tan contundente titular.

Los hechos: se trata en esta ocasión de calificar, desde el punto de vista jurídico-tributario, la situación creada a un contribuyente que ve cómo ante una determinada operación de compraventa se le incrementan los valores declarados (en ITP y AJD y en IRPF) y cuando esa operación se repite, un año más tarde, actuando él en esta ocasión en el otro lado de la operación, la Administración, obrando interesadamente a su favor, no utiliza para calcular la correspondiente ganancia patrimonial su valor comprobado sino el inicialmente declarado por el contribuyente.

• El Constitucional ampara a quien salió al paso del nuevo criterio del TS para la admisión de la casación y se le negó el derecho al recurso
• Si hay obligación civil, se puede reclamar al comprador el IVA de una operación más allá del plazo del año para la repercusión
• El Tribunal Supremo pone orden en el TSJ de Madrid en lo que a la tributación de los pactos anticréticos se refiere
• Anular una sanción con el único fin de que se dicte otra adecuada a la nueva liquidación que también se ordena no vulnera el principio de ne bis in idem
• La desaparición de una sociedad a costa del atosigamiento que supone una liquidación y sanción tributarias  finalmente anuladas, supone responsabilidad de la Administración
• La competencia de la DG de Seguros sobre las entidades aseguradoras no alcanza al ámbito fiscal
• La lista de paraísos fiscales contenida en el RD 1080/1991 está vigente y debe ser aplicada por las autoridades españolas
• Hay motivo económico válido en una escisión parcial aunque después se venda la sociedad a la que se aportan los activos y pasivos
• Sujeción al ICIO de las distintas obras independientes realizadas para la reestructuración de un edificio
• Las fotocopias pueden tener valor como prueba en el procedimiento económico-administrativo
• Las deudas aceptadas por un heredero en un arbitraje de equidad no se extienden al resto

 La sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de enero de 2015, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, contiene un capítulo más en lo que tiene que ver con la renuncia al IVA en determinadas operaciones inmobiliarias.

Los hechos en esta ocasión tienen que ver con que en la escritura de compraventa de un inmueble, las partes declaran la operación sujeta al IVA –y constatan la repercusión y el pago del impuesto en la propia escritura- y la acompañan de una liquidación por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Posteriormente, la Administración, entendiendo que la operación está sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, gira una liquidación, a la que se responde con una rectificación de la escritura original en la que la parte vendedora renunciaba a la exención del IVA, renuncia que no fue aceptada por la Administración tributaria argumentando que no era válida por haberse realizado con posterioridad a la realización del hecho imponible.

En el Reino Unido, el régimen de consolidación fiscal de grupo permite a las sociedades de un grupo compensar entre ellas los beneficios y las pérdidas. Sin embargo, el régimen vigente hasta 2006 no permitía tener en cuenta las pérdidas de las sociedades no residentes.

En 2006, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia «Marks & Spencer», la normativa británica fue modificada con el fin de permitir la consolidación fiscal de los grupos transfronterizos en determinadas circunstancias. Estas disposiciones, que a día de hoy se recogen en la Ley de 2010 del impuesto sobre sociedades [Corporation Tax Act 2010 (CTA 2010)], exigen que la sociedad no residente haya agotado las posibilidades de que se tomen en consideración las pérdidas en el ejercicio fiscal en el que se hayan originado y en los ejercicios fiscales anteriores y que estas pérdidas no puedan tenerse en cuenta en ejercicios fiscales futuros. La CTA 2010 prevé que para determinar si las pérdidas podrán tenerse en cuenta en ejercicios fiscales futuros debe tomarse como referencia la situación inmediatamente posterior al cierre del ejercicio fiscal en el que se hayan sufrido dichas pérdidas.

• La compensación económica por trabajar para la casa o para el otro cónyuge percibida con ocasión del divorcio es un rendimiento del trabajo reducible
• El carácter personal del IRPF impide que una pensión compensatoria abonada a través de una sociedad del contribuyente le dé derecho a la reducción
• La aportación de pruebas en el recurso de reposición no está limitada a las aportadas en el procedimiento de gestión
• Las adopciones internacionales surten efectos con la inscripción en nuestros registros y desde entonces dan derecho a los beneficios fiscales
• La reducción por arrendamiento de viviendas se aplica aunque el contribuyente no haya declarado el rendimiento
• El que un bien inmueble no genere ingresos hasta el fallecimiento del causante no significa que haya sido desafectado de la actividad
• Las ofertas unilaterales de venta no pueden utilizarse por el perito de la Administración como muestras en su dictamen para justificar el incremento de la base imponible
• Se aprecia inmediatez en la reinversión de la nueva vivienda aunque se supere en nueve días el término del año
• No procede la exención en el IP de las participaciones sociales si por problemas de liquidez la administradora no percibió las retribuciones estipuladas
• Potenciar la economía municipal dada la caótica situación de las arcas municipales no justifica el incremento de los coeficientes de situación en el IAE

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de octubre de 2014, analiza las consecuencias fiscales, tanto en orden a la liquidación de la correspondiente ganancia de patrimonio como en orden a la imposición de la correspondiente sanción, derivadas de un supuesto de hecho en el que el contribuyente, aceptando el consejo de su asesor de banca –al menos según él defiende-, fingió la realización de un préstamo al objeto de obtener una garantía a su favor, al haber avalado diferentes operaciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2015, representa un nuevo capítulo en lo que a la legitimación de los partidos políticos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se refiere.

Realmente, los razonamientos jurídicos en los que se ampara el Tribunal a la hora de juzgar no son novedosos, aunque sí lo son, e incluso curiosos, los planteamientos de parte, que intenta abrir la puerta de la legitimación que cree le asiste como partido político para la impugnación directa de las normas, tal vez impulsado por los votos particulares de una sentencia anterior –STS, de 5 de marzo de 2014-, en que ese mismo partido recurría contra otras normas, que criticaban la falta de reconocimiento de su legitimación.