TS

Durante esta primera quincena de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributaria si el obligado tributario se encuentre ya incurso en el procedimiento inspector?
• ¿Las actuaciones de comprobación efectuadas por una Administración tributaria, incompetente en función del domicilio fiscal pueden interrumpir la prescripción de las deudas tributarias?
• ¿Existe simulación en el ejercicio de una actividad profesional de administrador concursal por parte de la persona física, designada intuitu personae a tal efecto, a través de una sociedad constituida para facturar los servicios prestados?
• ¿Están exentas en el IRPF las prestaciones por jubilación percibidas por los funcionarios de la OTAN?
• ¿En la exención por reinversión en la vivienda habitual del IRPF, la cantidad reinvertida es únicamente la desembolsada de forma efectiva en el plazo de dos años o puede extenderse a las amortizadas con posterioridad?
• El TS deberá pronunciarse sobre la conformidad a los principios de reserva de ley y legalidad del Modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y relacionadas con paraísos fiscales
• Compensación de bases imponibles negativas en el IS ¿el ejercicio de la opción es un mero requisito formal?

La Administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos cuando sea relevante para ello y además debe ajustarse a la previsión de los art 66bis y 115 LGT. Esta previsión no ampara la posibilidad de investigar sobre el IVA ya prescrito fuera de los supuestos de compensación o de devolución, motivo por el cual se absuelve a las personas condenadas del delito fiscal.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 586/2020, de 5 de noviembre (rec. núm. 4535/2019), a la que se refiere una nota de prensa adelantada en la página web del Consejo General del Poder Judicial, ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a anualidades prescritas del IVA. Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011.

Durante esta primera quincena de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La Administración no puede declarar fraude de ley por operaciones de periodos prescritos, previos a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 (LGT), aunque afecten a ejercicios no prescritos
• La petición de informes de valoración a una dependencia del mismo órgano administrativo no interrumpe actuaciones inspectoras de comprobación e investigación
• Los efectos preclusivos del procedimiento de comprobación limitada se extiende a cualquier elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna documentación justificativa, pero no regularizado
• Cabe deducir en el IRPF la amortización que resulte del número de años de duración de la concesión de los rendimientos derivados de inmuebles arrendados
• El TS niega el derecho al ejercicio de las opciones configuradas en el régimen sustantivo del IS aplicado, al haberse cometido infracción tributaria muy grave
• La adquisición de un inmueble por usucapión reconocida en sentencia judicial, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Procede dictar providencia de apremio contra un Ayuntamiento para después proceder a la compensación de oficio?
• Órganos legitimados y dies a quo para interponer el recurso de alzada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio y el recurso extraordinario para la unificación de doctrina
• ¿Puede atribuirse al modelo 390 foral efectos interruptivos de la prescripción del IVA a la luz de la Ley del Concierto Económico?
• ¿El procedimiento de regularización catastral interrumpe la prescripción del Derecho de la Administración a liquidar el IBI?

Durante esta segunda quincena de octubre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia referida al Impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente, en la que ha resuelto que esta figura tributaria no vulnera los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni el derecho de la UE, pues aprecia la existencia de una finalidad ambiental.

El Tribunal Supremo resuelve que indica que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni vulnera el derecho de la Unión Europea

El Tribunal Supremo, en un comunicado de prensa que ha publicado en su página web, adelanta el fallo de su sentencia, de 15 de octubre de 2020, en la que resuelve que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

Asimismo, considera que este tributo autonómico no incurre en la prohibición establecida en el art. 6.2 y 3 de la LOFCA, ya que se pone en duda si esta impuesto posee una verdadera finalidad ambiental, respeta los límites competenciales del Estado establecidos en la CE, no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición y no vulnera la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Señala, a su vez, que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica del art. 31 CE.

Durante esta primera quincena de octubre de 2020,  el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia referida a la Imposibilidad de justificar la entrada y registro de la AEAT en el domicilio social basada en una rentabilidad inferior a la media nacional y la corazonada o mera sospecha de ventas ocultas.

Se han planteado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales y en diversas sentencias se ha dado respuesta a las cuestiones ya planteadas.

Entre las últimas sentencias destacamos las siguientes:

El Tribunal Supremo considera que del hecho de que el contribuyente, titular de un establecimiento de hostelería, haya tributado con base en sus datos declarados que reflejan una rentabilidad inferior a la media a nivel nacional no puede inferirse que haya ocultado ventas y por tanto no justifica la entrada y registro de la AEAT en su domicilio social. No cabe autorización “para ver qué se encuentra” ni basada en corazonadas.

El TS, en su sentencia de 1 de octubre de 2020, respecto de la cual se ha emitido un comunicado de prensa, da respuesta a la cuestión planteada en el ATS de 3 de octubre de 2019 en el que se pedía al alto tribunal que determinarse el grado de concreción de la información que deben contener las solicitudes de autorización de entrada en domicilio -o en la sede social de una empresa- formuladas por la Administración Tributaria, así como el alcance y extensión del control judicial de tales peticiones de autorización. Igualmente, el Tribunal supremo debía precisar los requisitos para que la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido, a efectos tributarios, pueda reputarse necesaria y proporcionada, a la vista de la solicitud formulada por la AEAT y matizar si, la atención y el cumplimiento de requerimientos previos por parte de un obligado tributario en actuaciones anteriores al inicio de un procedimiento de inspección tributaria, justifican la no autorización de entrada y registro.

En el caso concreto era necesario que se determinase si la entrada en el domicilio puede justificarse exclusivamente en el hecho de que el contribuyente, titular de un establecimiento de hostelería, haya tributado, con base en sus datos declarados, de los que resulta que la media de rentabilidad es inferior a la media a nivel nacional y si, consecuentemente, puede inferirse de ese solo dato que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas, cuestión que esclarece ahora el Tribunal en el sentido de que la autorización de la entrada no puede venir justificada por meros datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos, pues con tales indicios, vestigios o datos generales y relativos deben existir otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración, que hagan rigurosamente necesaria la entrada.

Durante el mes de agosto y la primera quincena de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo ha publicado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto.

Destacamos los siguientes:

• Cómputo de la prescripción en el procedimiento reiniciado tras el sobreseimiento provisional por la Jurisdicción Penal, seguida del incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones
• Representación de la UTE para el ejercicio de acciones judiciales, cuando una de las entidades es declarada en concurso
• La presunción de inocencia ante los datos tributarios cedidos como única prueba de cargo de una sanción
• ¿Pueden deducirse en el IRPF los gastos de los inmuebles correspondientes al periodo en el que no estuvieron alquilados, pero sí en disposición de poder arrendarse?
• ¿Puede solicitarse la rectificación del IS de un ejercicio no prescrito pero en relación con ejercicios prescritos, a fin de permitir aflorar bases imponibles negativas que resultarían compensables en el ejercicio no prescrito?
• Si se produce la recuperación de provisiones y pérdidas tras la transmisión de la participación dónde se debe practicar el ajuste de la base imponible del IS ¿en sede de la transmitente o de la adquirente?
• Magnitud sobre la que se ha de aplicar la reducción por vivienda habitual del ISD, ¿el valor íntegro del bien, sin tener en cuenta las deudas y gastos deducibles pertinentes o, sobre el valor neto, fruto de aplicar al valor íntegro las deducciones del art. 13 Ley ISD?
• ¿Las operaciones de segregación de fincas integran el hecho imponible del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados?
• ¿El alquiler de una casa rural, se debe entender exento o no exento del IVA?
• ¿Desde qué momento procede reconocer intereses de demora al sujeto pasivo del IVA que no ha podido hacer efectivas las deducciones que ha estado incurso en un procedimiento penal que concluye con sentencia absolutoria firme a su favor?
• ¿Puede el órgano judicial acordar la revocación de la liquidación del ICIO ante la anulación judicial de la orden que amparaba la sujeción?
• ¿Puede considerarse informe técnico-económico para la aprobación de una tasa el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público?
• ¿Con ocasión de la impugnación indirecta de una ordenanza fiscal cabe alegar la omisión o la insuficiencia de los informes técnico económicos?

La doctrina derivada de la STJUE de 3 de septiembre de 2014, no constituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualesquiera actos, pero sí obliga, incluso en presencia de actos firmes, a considerar la petición sin que haya de invocarse para ello una causa de nulidad de pleno derecho, única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad.

En la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 2020, se aborda la cuestión de si la incompatibilidad con el Derecho Comunitario, constatada en STJUE de 3 de septiembre de 2014, C-127/12, es en sí misma motivo suficiente para declarar, al amparo del art. 217 LGT, la nulidad de pleno derecho de las liquidaciones tributarias firmes, dictadas con anterioridad al amparo de la normativa interna considerada luego contraria a aquel derecho.

Al respecto, el Tribunal considera que dicha doctrina no constituye, por sí misma, motivo suficiente para declarar la nulidad de cualesquiera actos, pero sí obliga, incluso en presencia de actos firmes, a considerar la petición sin que haya de invocarse para ello una causa de nulidad de pleno derecho, única posibilidad de satisfacer el principio de efectividad, y ello porque la nulidad de pleno derecho de una liquidación girada a un sujeto pasivo no residente en España, por el Impuesto sobre sucesiones, en aplicación de una ley declarada no conforme al Derecho de la Unión Europea, que es firme por haber sido consentida por éste antes de haberse dictado aquella sentencia.

Además, el principio de buena administración, así como los del art. 103 CE, pueden imponer a la Administración el deber de anular de oficio una liquidación nula que se sabe, cuando se dictó, amparada en una norma que se sospecha, en un proceso judicial comunitario, contraria al Derecho de la UE.