Jurisprudencia

Durante la primera quincena de junio 2025 el Tribunal Supremo, ha estimado en distintos autos determinadas cuestiones fiscales que aunque no son totalmente nuevos se hace aconsejable un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que la esclarezca para, en su caso, reafirmar, reforzar o completar su jurisprudencia. Entre ellas que destacamos las siguientes:

• En ejecución de una sentencia firme del TS, ¿puede el tribunal de instancia acordar la práctica de diligencias probatorias finales para incorporar documentación adicional remitida por la Administración demandada?
• El TS debe reafirmar, reforzar o completar su jurisprudencia sobre la aplicación del art. 7 p) Ley IRPF a los rendimientos percibidos por los empleados del Banco de España destinados en comisión en el Banco Central Europeo
• Estimado el incidente de nulidad, el TS deberá pronunciarse sobre la sanción de la incorrecta determinación de la base imponible en el IS por una UTE

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo la redacción original del art. 175.2 de la Ley Foral 2/1995, que establece el método de cálculo del incremento de valor del terreno urbano transmitido, dado su contenido similar al art. 107.4 TRLHL que fue declarado nulo e inconstitucional por la STC 182/2021, por vulnerar el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE), razones que fundamentan esta decisión, aunque el legislador foral se apresuró a cambiar su regulación del IIVTNU tan pronto se promulgó la STC 72/2017. La sentencia contiene un voto particular, al igual que la STC 182/2021, en el que dos de los magistrados del Tribunal discrepan sobre la modulación de los efectos de la nulidad del precepto legal cuestionado que, como regla, sigue a un pronunciamiento de declaración de inconstitucionalidad de ese precepto.

El Tribunal Constitucional, en la STC 98/2025 de 28 de abril de 2025, publicada en el BOE de 5 de junio de 2025, declara inconstitucional y nulo el art. 175.2 de la Ley Foral 2/1995, en su redacción original, por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de imposición, dada la sustancial identidad entre el precepto foral cuestionado y los preceptos estatales declarados inconstitucionales por la STC 182/2021 por las mismas razones expuestas entonces. En concreto, en aquella sentencia se concluyó que el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición.

En cuanto a los efectos de esta sentencia, concreta el Tribunal que no pueden ser revisadas con fundamento en esta sentencia, aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto, que a la fecha de dictarse la misma hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Este mismo criterio se mantiene en esta sentencia, y por ello se incluyen tambien el voto particular de los magistrados don Enrique Arnaldo Alcubilla y don César Tolosa Tribiño, que discrepan sobre la modulación de los efectos de la nulidad del precepto legal cuestionado que, como regla, sigue a un pronunciamiento de declaración de inconstitucionalidad de ese precepto, y advierten que aunque no tiene por qué ser absoluta la vinculación entre inconstitucionalidad y nulidad, tampoco se justifica que esa regla general pueda ceder en el caso de las normas tributarias declaradas inconstitucionales mediante la genérica y solitaria invocación del principio de seguridad jurídica, que es exactamente lo que hace la sentencia para decretar la inamovilidad de las situaciones administrativas «consolidadas», siguiendo la pauta de interpretación extensiva que de sus facultades viene realizando el Tribunal Constitucional desde la STC 45/1989, de 20 de febrero (aunque no sin excepciones), y que se ha convertido en una suerte de cláusula de estilo en las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de disposiciones tributarias, como la que ahora nos ocupa.

En aquellos inmuebles en estado ruinoso el coeficiente es 0,00, por lo que al carecer de valor de referencia, el precio establecido deberá tenerse en cuenta a efectos de determinar la base imponible del ITP.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sentencia número 29/2025, de 10 de febrero de 2025, rec. n.º 55/2024 ha emitido un importante fallo relativo a la correcta determinación del valor de referencia catastral de los inmuebles a efectos del ITP y AJD. Como sabemos, este valor se determina anualmente por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las características catastrales de cada inmueble.

El valor de referencia tiene como límite el valor de mercado, y se determina por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas inmobiliarias efectuadas. Para que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de mercado, la Orden HFP/1104/2021, de 7 de octubre, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles, fijó este factor en el 0,9. Además, con periodicidad anual, la Dirección General del Catastro aprueba mediante resolución, los elementos precisos para la determinación del valor de referencia de cada inmueble por aplicación de los citados módulos de valor medio y de los factores de minoración correspondientes.

La ausencia de regulación específica para los casos en los que se ostenta la guardia y custodia compartida de los hijos menores y se satisface una pensión alimenticia en su favor fijada judicialmente, hace que en aras de justicia material, deba aceptarse la compatibilidad con el mínimo por descendientes

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en su sentencia número 149/2025, de 9 de abril de 2025, rec. 528/2024, se suma a la posición mantenida por el de Madrid -sentencia número 21/2025, de 13 de enero de 2025, rec. n.º 1244/2021, que sigue lo ya manifestado en sendas sentencias de 20 de noviembre de 2023, dictadas en los recursos 212/2021 y 816/2021, que son firmes-, y que a su vez, reflejan lo resuelto por el de la Comunidad Valenciana –sentencias de 18 de octubre de 2022 (Rec. n.º 1533/2021) y de 12 de julio de 2023 (Rec. n.º 1263/2022)-, sobre la no incompatibilidad entre el mínimo por descendientes y la aplicación de la regla de anualidades por alimentos en favor de hijos cuando el contribuyente ostenta además la guardia y custodia compartida

El recurrente disponía de la custodia compartida sobre sus hijos, pero también abonaba en concepto de alimentos 200 euros por cada hijo en virtud de sentencia judicial. A su juicio, tendría derecho al 50% del mínimo por descendientes, así como a las especialidades de anualidades por alimentos, ya que lo contrario supondría una discriminación respecto de los progenitores que no están divorciados.

Conforme a lo previsto en el art. 16. A) 1º.a) del Concierto Económico, las entregas de bienes, transformados por quien realiza la entrega, se entienden efectuadas en el territorio en el que se produce el último proceso de transformación de los mismos, por tanto en este caso en el que en virtud de un contrato de maquila, las bolas de acero se fabrican en Sevilla corresponde a la AEAT la competencia de exacción del IS.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de mayo de 2025, confirma la resolución 76/2023, de 23 de junio, de la Junta Arbitral que acordó que se localiza en territorio común las ventas de bolas de acero por una sociedad de Bizkaia, fabricadas por una entidad sevillana en su factoría de Sevilla, lo cual tiene su reflejo en la tributación en proporción de volumen de operaciones del grupo del que la sociedad vasca es dominante, correspondiendo la competencia para la exacción del IS a la AEAT, ya que no cabe entender que las operaciones se localizan en Bizkaia

La cuestión objeto de debate consiste en determinar el territorio en el que deben localizarse las entregas que realiza la entidad recurrente domiciliada en Bizkaia, de los productos que elabora utilizando los servicios de maquila (de arrendamiento de obra sin aportación de materiales) que le presta otra sociedad domiciliada en territorio común (en Sevilla) teniendo en cuenta que dichos productos son transportados, con destino a los clientes, directamente desde las instalaciones de esta última (desde Sevilla).

Tanto la Junta Arbitral como esta Sala consideran que debe entenderse que las entregas controvertidas han de localizarse en territorio común (en las instalaciones de la entidad sevillana y desde donde se expiden directamente los productos acabados, con destino a los clientes de esta última).

Durante la primera segunda de mayo de 2025 el Tribunal Supremo, ha estimado en distintos autos determinadas cuestiones fiscales que aunque no son totalmente nuevos se hace aconsejable un pronunciamiento de este Tribunal Supremo que la esclarezca para, en su caso, reafirmar, reforzar o completar su jurisprudencia. Entre ellas que destacamos las siguientes:

• ¿Si se anula la liquidación tributaria con base a uno de los motivos de impugnación, en el posterior proceso contencioso-administrativo se deberán resolver los motivos rechazados si son alegados por el obligado tributario?
• Las autoliquidaciones ¿son actos de colaboración de los obligados tributarios y solo cabe la rectificación del art. 120 LGT como vía de recurso? ¿pueden considerarse actos administrativos presuntos y ser susceptibles de declaración de nulidad?
• ¿En el procedimiento sancionador abreviado, al dictar la liquidación que ponga fin al expediente es necesario que se emita en todo caso una propuesta de sanción y se otorgue un nuevo trámite de audiencia y se ofrezca un nuevo plazo de alegaciones?
• ¿Cuándo se emita una nueva propuesta de sanción debe otorgarse un nuevo trámite de audiencia y ofrecer un nuevo plazo de alegaciones?
• ¿Despliega algún efecto el principio de íntegra regularización sobre las bases de las sanciones asociadas en un caso de deducción indebida de cuotas de IVA?
• Anulados la liquidación y acuerdo sancionador al emitirse la nueva liquidación de la sanción ¿debe concederse al contribuyente el plazo del art. 62.2 LGT al objeto de obtener la reducción por pago de la sanción prevista en el art.188 LGT?
• A los efectos de computar las rentas por actividad económica o profesional para determinar si es la principal fuente de renta ¿hay que tener en cuenta los rendimientos netos o a los brutos?
• Cálculo de la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de un inmueble en el IRPF: exclusión del valor del suelo de la aplicación de las amortizaciones fiscalmente deducibles
• ¿Debe aplicar la Administración en la liquidación del IRPF que dicte en un procedimiento de inspección la deducción por las retenciones que se debieron practicar, pero no se practicaron, por parte el pagador?
• A efectos de la aplicación de la exención del IP, para determinar si una actividad constituye la principal fuente de renta del sujeto pasivo ¿debe acudirse a la base imponible o la base liquidable del IRPF?
• ¿Puede la sociedad matriz instar la rectificación de la autoliquidación del IS de un ejercicio inspeccionado, pero sobre un elemento tributario no regularizado?
• La minoración en el IS del valor fiscal de adquisición de las participaciones con las cantidades deducidas en periodos impositivos anteriores ¿se refiere exclusivamente a las cantidades efectivamente deducidas?
• Conformidad al Derecho de la UE de condicionar la aplicación del régimen de neutralidad fiscal del IS (FEAC) a que los patrimonios adquiridos constituyan ramas de actividad diferenciadas en los casos de escisión total y no proporcional
• Régimen especial del IS de las cooperativas: Compensación de pérdidas en función de su origen o naturaleza, cooperativa y extra cooperativa
• ¿Procede la devolución del ITP y AJD cuando las partes acuerdan dejar ineficaz el contrato al advertir sobrevenidamente que la cabida del inmueble era inferior a la que se había determinado en la escritura?
• Cuando se declaran en el IVA las cantidades devengadas por entregas relativas a un bien no afecto a la actividad principal del contribuyente ¿son deducibles las cantidades soportadas derivadas de la titularidad?
• Anulada en sentencia judicial firme una ponencia de valores de un BICE, ¿puede la Administración aprobar una nueva ponencia y notificar nuevos valores individualizados con efectos retroactivos?
• ¿La tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local, debida al uso por empresas de comercialización de la energía eléctrica sin ser titular de las redes de distribución vulnera el Derecho de la UE?