Jurisprudencia

Los actos preparatorios de promoción inmobiliaria no acreditan el ejercicio efectivo de una actividad económica a efectos de la reducción por empresa familiar en el ISD

La promoción inmobiliaria exige acreditar una actividad económica efectiva para aplicar la reducción por empresa familiar en el ISD

La sentencia distingue entre los actos preparatorios y el ejercicio efectivo de la actividad promotora, y considera que la mera obtención de una licencia de parcelación de terrenos no acredita el desarrollo de una actividad de promoción inmobiliaria.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón núm. 464/2026, de 25 de septiembre de 2026, rec. núm. 786/2021, resulta de interés en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) porque delimita los requisitos para aplicar la reducción por adquisición mortis causa de participaciones en una empresa familiar, prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD). En particular, precisa que la mera intención de desarrollar una actividad de promoción inmobiliaria, la realización de estudios urbanísticos o la obtención de una licencia de parcelación no acreditan, por sí solas, el ejercicio efectivo de una actividad económica a efectos de la exención de empresa familiar en el Impuesto sobre el Patrimonio y, por remisión, de la reducción en el ISD.

Los intereses de demora suspensivos derivados de la deuda tributaria del causante son una obligación personal del sucesor y no quedan limitados por el beneficio de inventario

Los intereses de demora suspensivos derivados de la deuda tributaria del causante son una obligación personal del sucesor y no quedan limitados por el beneficio de inventario. Imagne de un reloj de arena sobre billetes y monedas de una mesa

Esta conclusión del Tribunal Supremo es aplicable tanto al heredero como al legatario de parte alícuota que haya aceptado a beneficio de inventario. Lo determinante no es la condición sucesoria del obligado, sino la naturaleza y el origen de la obligación. El criterio es extensible a ambas figuras, aunque la doctrina jurisprudencial se formula específicamente para el legatario de parte alícuota que ha aceptado a beneficio de inventario.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 1159/2026, de 15 de octubre de 2026, con nº recurso 6565/2024, si los intereses de demora suspensivos derivados de la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria del causante deben considerarse una deuda o carga de la herencia, sometida al límite de responsabilidad propio de la aceptación a beneficio de inventario, o si, por el contrario, constituyen una obligación personal del sucesor que debe satisfacerse con su propio patrimonio.

El Tribunal Supremo flexibiliza la exigencia formal de ampliación del recurso contencioso-administrativo cuando la demanda solicita la anulación de dos resoluciones administrativas conexas

El Tribunal Supremo flexibiliza la exigencia formal de ampliación del recurso contencioso-administrativo cuando la demanda solicita la anulación de dos resoluciones administrativas conexas. Imagen de unas manos con mazas sobre una mesa de madera

El Tribunal Supremo admite excepcionalmente la incorporación de una resolución administrativa posterior al recurso contencioso-administrativo sin necesidad de solicitar formalmente su ampliación cuando existe una conexión directa entre ambos actos, la demanda impugna expresamente las dos resoluciones y las circunstancias del procedimiento permiten descartar la indefensión de la Administración.

El Tribunal Supremo en la sentencia nº 1138/2026, de 13 de octubre de 2026, con nº recurso 9036/2023 examina si, en determinadas circunstancias, es necesario solicitar expresamente la ampliación del recurso contencioso-administrativo prevista en el art. 36 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) para impugnar un acto administrativo dictado de forma extemporánea, o si puede entenderse que dicha ampliación ha sido solicitada cuando el demandante incluye en la demanda la petición de anulación tanto de ese acto como del inicialmente identificado en el escrito de interposición. La controversia se origina en un procedimiento relativo al IRPF del ejercicio 2016, en el que el contribuyente impugnó una liquidación tributaria y la providencia de apremio derivada de su falta de pago. Ambas pretensiones se formularon en una misma reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, pero fueron tramitadas separadamente y dieron lugar a dos resoluciones distintas.

El TS amplía su doctrina sobre la suspensión cautelar de los actos tributarios: se extiende el deber de ponderar la suficiencia de las garantías también a las sanciones tributarias

El TS amplía su doctrina sobre la suspensión cautelar de los actos tributarios: se extiende el deber de ponderar la suficiencia de las garantías también a las sanciones tributarias. Imagen de un mazo de juez sobre una pila de documentos

Mientras que la garantía previamente aceptada por la Administración constituye un indicio especialmente relevante para mantener la suspensión de una liquidación en el procedimiento contencioso-administrativo, en el caso de las sanciones la suspensión automática administrativa no se prolonga por sí misma en vía judicial, aunque el ofrecimiento de una garantía suficiente obliga al tribunal a justificar de forma específica cualquier decisión denegatoria.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 1091/2026, de 30 de septiembre de 2026, dictada en el recurso de casación 7960/2024, analiza las condiciones en las que los órganos jurisdiccionales deben resolver las solicitudes de suspensión cautelar de liquidaciones y sanciones tributarias cuando estas medidas ya se habían acordado en vía económico-administrativa o cuando el contribuyente ofrece garantías suficientes para asegurar el cobro de las cantidades reclamadas.

Error informático en la consignación de BINS en el IS: falta de culpabilidad y ausencia de perjuicio para la Hacienda Pública

Error informático en la consignación de BINS en el IS: falta de culpabilidad y ausencia de perjuicio para la Hacienda Pública

La imposición de una sanción tributaria por la incorrecta declaración de bases imponibles negativas no puede fundamentarse exclusivamente en la existencia de un error en la autoliquidación ni en la falta de diligencia exigible al obligado tributario. Para aplicar el régimen sancionador, la Administración debe acreditar de forma suficiente la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, sin que proceda sancionar una conducta que responde a un descuido inmediatamente corregido y que no ha ocasionado perjuicio alguno a la Hacienda Pública.

La Audiencia Nacional, en su sentencia n.º 698/2026, de 31 de julio de 2026, recaída en el recurso n.º 877/2020, analiza la conformidad a Derecho de la sanción impuesta a una entidad por la incorrecta declaración de bases imponibles negativas (BINS) en el IS, al amparo del art. 195.1 de la LGT.

La responsabilidad subsidiaria por levantamiento del velo no puede fundamentarse únicamente en indicios de vinculación empresarial, exige acreditar la utilización abusiva o fraudulenta de la sociedad

La responsabilidad subsidiaria por levantamiento del velo no puede fundamentarse únicamente en indicios de vinculación empresarial

La existencia de vínculos personales, familiares o societarios entre dos entidades no basta por sí sola para justificar la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.h) de la Ley General Tributaria. Para aplicar esta modalidad de responsabilidad, la Administración debe acreditar de forma suficiente la utilización abusiva o fraudulenta de la sociedad declarada responsable con la finalidad de eludir el pago de las deudas tributarias de la deudora principal, así como la concurrencia de los restantes presupuestos exigidos legalmente.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 532/2026, de 17 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 2944/2021, analiza la conformidad a Derecho de la resolución del TEAC, de 19 de julio de 2021, por la que se confirmó el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria adoptado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña al amparo del art. 43.1.h) de la LGT.

La AEAT no puede denegar la deducción de las retenciones soportadas en México por considerar que fueron inferiores a las debidas, debe aplicar el convenio de doble imposición, no defender los intereses recaudatorios de otro Estado

La AEAT no puede denegar la deducción de las retenciones soportadas en México por considerar que fueron inferiores a las debidas

La Administración tributaria no puede revisar deducciones por doble imposición internacional procedentes de ejercicios prescritos cuando la normativa aplicable no lo permite, ni denegar la deducción de los impuestos efectivamente soportados en el extranjero por la mera discrepancia sobre el tipo de retención aplicado, debiendo respetarse los límites de las facultades de comprobación y las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 703/2026, de 10 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 232/2013, analiza la conformidad a Derecho de una regularización del IS correspondiente a varios ejercicios, derivada de la denegación de determinadas deducciones por doble imposición internacional.

Selección de jurisprudencia. Octubre 2026 (1.ª quincena)

Selección de jurisprudencia. Octubre 2026 (1.ª quincena). Imagen de un libro abierto sobre un escritorio

TJUE

TGUE

TS

AN

TSJ

Aplicación del tipo medio del ISD en la donación conjunta de inmuebles situados en distintas comunidades autónomas

Aplicación del tipo medio del ISD en la donación conjunta de inmuebles situados en distintas comunidades autónomas

Cuando una misma escritura documenta una donación de varios bienes situados en distintas comunidades autónomas, cada Administración debe aplicar a los bienes de su competencia el tipo medio que corresponda al valor de la totalidad de los bienes transmitidos, conforme a sus propias normas

La cuestión que se plantea en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, núm. 452/2026, de 21 de julio de 2026, rec. núm. 496/2023, consiste en determinar cómo debe calcularse el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando en una misma escritura se recoge una donación a favor de un mismo donatario de bienes inmuebles situados en varias comunidades autónomas, concretamente, la nuda propiedad de una parte de varios inmuebles situados en las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia.

Acreditación de pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de criptomonedas en el IRPF sin certificado formal de la plataforma

Acreditación de pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de criptomonedas en el IRPF sin certificado formal de la plataforma

En la fiscalidad de las criptomonedas, la dificultad de obtener una certificación formal de la plataforma, no supone rechazar automáticamente una pérdida patrimonial cuando el conjunto de evidencias permite identificar las operaciones y determinar sus importes

Esto es lo que concluye la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 465/2026, de 29 de julio de 2026, rec. núm. 62/2024, que trata la solicitud de rectificación de una autoliquidación del IRPF correspondiente al ejercicio 2020, porque la contribuyente no había incluido determinadas operaciones de transmisión de criptomonedas realizadas a través de la plataforma Coinbase. Se trataba de Bitcoin y Ether adquiridos el 23 de julio de 2018 y vendidos el 12 de marzo de 2020, que habían generado pérdidas patrimoniales de 3.597,93 euros y 17.343,97 euros, respectivamente, correspondiendo a la contribuyente el 50 % de dichas pérdidas por el carácter ganancial de las criptomonedas. La AEAT rechazó la solicitud al considerar que no se encontraban suficientemente acreditados el momento de las transacciones ni los valores de adquisición y transmisión de las criptomonedas.

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