Doctrina Administrativa

Análisis de la tributación aplicable a un socio no residente en Suecia por la distribución de la cuota de liquidación de una sociedad limitada española cuyo único activo es la tesorería, considerando la normativa interna española y el Convenio para evitar la doble imposición entre España y Suecia.

El contribuyente de la consulta tributaria V1398-25, de 22 de julio de 2025, es residente fiscal en Suecia y titular del 50% de las participaciones de una sociedad limitada con domicilio social en España. La sociedad fue disuelta y liquidada en marzo de 2023, tras un acuerdo de junta de socios. En el balance final de liquidación, el único activo de la sociedad consiste en tesorería, que se distribuirá entre los socios de manera proporcional a sus participaciones.

La DGT analiza la sujeción o no sujeción a IVA, y en su caso la posible exención.

La contribuyente de la consulta tributaria V1352-25, de 17 de julio de 2025, es una asociación sin ánimo de lucro, reconocida como entidad de utilidad pública, cuya actividad principal consiste en la edición y publicación de artículos divulgativos en internet, elaborados por profesores universitarios e investigadores de centros de investigación. La asociación recibe ingresos a través de acuerdos o convenios con distintas entidades colaboradoras, y plantea si dichos ingresos deben estar sujetos a repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

De acuerdo con la Ley 37/1992, el IVA se aplica a las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a título oneroso por empresarios o profesionales, de manera habitual u ocasional, y esto se mantiene independientemente de los fines perseguidos por la actividad. La asociación puede considerarse “empresaria” a efectos del IVA si organiza de manera independiente y bajo su responsabilidad los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su actividad, asumiendo el riesgo económico de la misma. Bajo estas condiciones, los servicios de edición y publicación de artículos realizados a cambio de contraprestación estarían sujetos al IVA.

Exención del Impuesto sobre el Valor Añadido en la actividad de intermediación financiera realizada por concesionarios de vehículos en colaboración con entidades de crédito: criterios de mediación y valoración de funciones según la Ley 37/1992 y la jurisprudencia europea y española.

El contribuyente de la consulta tributaria V1351-25, de 17 de julio de 2025, es la sucursal española de una entidad de crédito alemana vinculada a un grupo de automoción, cuya actividad principal consiste en ofrecer servicios de financiación de vehículos del grupo. Para ello, firma acuerdos de colaboración con concesionarios independientes, que actúan como intermediarios financieros ofreciendo los productos de financiación a los clientes compradores de vehículos. Los concesionarios reciben comisiones vinculadas al éxito de la financiación y al volumen de operaciones realizadas. La cuestión planteada consiste en determinar si esta actividad de intermediación se encuentra sujeta a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) prevista en el art. 20.Uno.18º.m) de la Ley 37/1992.

El caso de la consulta tributaria V1744-25, de 24 de septiembre de 2025, examina la situación de un heredero único que, ante la falta de liquidez para afrontar el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), decide no aceptar la herencia, ni de forma expresa ni tácita. Mientras se mantiene esta decisión, la herencia queda en situación de herencia yacente, dotándose del correspondiente NIF y limitando su actuación a actos de mera administración y conservación del caudal relicto.

Análisis de la consideración como pérdida patrimonial en el IRPF de los pagos realizados por un responsable subsidiario frente a deudas tributarias derivadas de la declaración de responsabilidad, incluyendo su imputación temporal y efectos sobre la base imponible general conforme a la normativa vigente.

El contribuyente de la consulta tributaria V1231-25, de 4 de julio de 2025, ha afrontado el pago de diversas deudas tributarias en calidad de responsable subsidiario de una entidad, en virtud de la derivación de responsabilidad establecida por la Administración Tributaria. Previamente, presentó una reclamación económico-administrativa contra el acuerdo de derivación de responsabilidad, la cual fue desestimada a la fecha de presentación de la consulta (08/04/2025), permaneciendo en estudio la posibilidad de interponer recurso. Posteriormente, el 24/03/2025, el contribuyente recibió un acuerdo adicional que amplía el importe de la deuda, la cual aún no había sido ingresada al momento de la consulta, dado que no había finalizado el plazo de pago.

La resolución examina una reclamación económico-administrativa interpuesta frente a un acuerdo de liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2015 a 2017, dictado tras un procedimiento de comprobación e investigación desarrollado por la AEAT, en el que se practicaron diversos ajustes en materia de precios de transferencia.

La resolución del TEAC RG 4821/2022, de 20 de octubre de 2025, analiza una reclamación económico-administrativa interpuesta contra un acuerdo de liquidación dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 a 2017, tras un procedimiento de comprobación e investigación iniciado en diciembre de 2019 por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Durante dicho procedimiento se autoriza la intervención de funcionarios de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y se formalizan diversas actas, tanto de conformidad como de disconformidad, así como la ejecución de una resolución previa del Tribunal Económico-Administrativo Central relativa a ejercicios anteriores, que resulta relevante para la determinación de créditos fiscales al inicio del período comprobado.

En el régimen especial de trabajadores desplazados del art. 93 de la Ley IRPF incumplir con algunos de los requisitos supondría la pérdida de la posibilidad de seguir aplicando el régimen, sin embargo, un breve período de desempleo o inactividad transitoria no determina la exclusión, siempre que sea seguido por una nueva relación laboral o de administración que cumpla con los requisitos establecidos, no afectaría. Y en este supuesto concreto, de solapamiento, tampoco.

El contribuyente de la consulta tributaria V1208-25, de 3 de julio de 2025, y nacional de Irlanda, se desplazó a España el 14 de septiembre de 2023 para desempeñar un empleo en la sociedad A y optó por acogerse al régimen especial de tributación aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. Este régimen es aplicable en su caso para los períodos impositivos 2024 a 2029, salvo renuncia o exclusión, y su objetivo es facilitar la atracción de trabajadores cualificados a España mediante condiciones fiscales favorables. El contribuyente trabajó para la sociedad A hasta el 31 de diciembre de 2024, momento en el cual finalizó su relación laboral.

Paralelamente, el contribuyente fue nombrado administrador mancomunado de otra sociedad española, la sociedad B, el 23 de diciembre de 2024, aunque su inscripción en el Registro Mercantil se efectuó el 17 de enero de 2025.

De acuerdo con la doctrina del TJUE una mera prestación administrativa o técnica, que no implique cambios jurídicos ni financieros, no entra dentro de la exención prevista para operaciones financieras.

El contribuyente de la consulta tributaria V1314-25, de 11 de julio de 2025, es titular de una cuenta de valores en una entidad bancaria, la cual le cobra una comisión por los derechos de custodia de esos valores. La cuestión planteada consiste en determinar si dicha comisión está sujeta, pero exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Según el art. 4 de la Ley 37/1992 del IVA, estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales, de manera habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad económica, incluso si se prestan a socios o miembros de la entidad.

Calificación a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas de la actividad desarrollada mediante corners en grandes almacenes: análisis de la naturaleza económica de la operativa contractual, del destinatario real de las ventas y de la doctrina administrativa y jurisprudencial aplicable para determinar su encuadramiento como comercio al por mayor frente al comercio al por menor.

La entidad recurrente (QR) en la resolución del TEAC RG 441/2025 de 27 de octubre de 2025, sostiene, en primer lugar, que la actividad desarrollada en el corner (o stand de venta) ubicado en un centro comercial de NH no puede calificarse como comercio al por mayor a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas, sino como comercio al por menor. Argumenta que no existe una transmisión de los productos al centro comercial para su reventa bajo cuenta y riesgo de esta última, sino un mero contrato de cesión o arrendamiento de espacio. Aduce, además, que es la propia entidad recurrente quien organiza y gestiona íntegramente la actividad comercial: contrata al personal, atiende al cliente final, fija la imagen del punto de venta y mantiene la propiedad de los productos hasta su entrega al consumidor, asumiendo igualmente la responsabilidad por devoluciones.

Además de la sentencia del Tribunal Supremo, la consulta tributaria analizada expone 2 de las resoluciones dictadas por la Dirección General de Tributos para aclarar este tema.

El contribuyente de la consulta tributaria V1308-25, de 11 de julio de 2025, plantea la cuestión sobre el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicable a la venta de harina para pizza, considerando la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2024.

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que regula el IVA, establece en su art. 91 que determinados productos alimenticios se benefician del tipo reducido del 4%. Entre estos productos se encuentran el pan común, la masa de pan común congelada, el pan congelado destinado exclusivamente a la elaboración de pan y las harinas panificables. Asimismo, el art. 91 dispone que los alimentos susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente para la nutrición humana o animal pueden aplicar este tipo reducido, tomando en consideración sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, conforme al Código Alimentario y la normativa complementaria.