DGT

La comunidad de propietarios regulada por la LPH tiene la consideración de comunidad de bienes y, por tanto, de entidad del art. 35.4 de la LGT. En consecuencia, quien adquiere una participación en ella asume los derechos y las cargas inherentes a su condición de comunero, incluidas las deudas tributarias, por lo que la responsabilidad solidaria del art. 42.1.b) de la LGT se extiende también a las deudas devengadas con anterioridad, sin perjuicio de la acción de regreso prevista en el art. 41.6 de la LGT.

La Dirección General de Tributos analiza en su consulta V0688-26, de 27 de marzo de 2026, si la responsabilidad solidaria prevista en el art. 42.1.b) de la LGT alcanza al adquirente que se incorpora a una comunidad de propietarios respecto de las deudas tributarias de la comunidad devengadas con anterioridad a la adquisición del inmueble.

Además, desde la perspectiva tributaria, no resulta suficiente que el contribuyente efectúe materialmente el pago de las primas o que el importe se cargue en una cuenta bancaria de su titularidad.

La Dirección General de Tributos examina en la consulta tributaria V1178-26, de 20 de mayo de 2026, el tratamiento fiscal de las primas de un seguro de enfermedad en el ámbito del IRPF cuando el contribuyente desarrolla una actividad profesional y determina el rendimiento neto mediante el método de estimación directa.

En concreto, el supuesto planteado se refiere a un profesional que tiene contratado un seguro de enfermedad del que son beneficiarios él mismo y su cónyuge. Sin embargo, la póliza presenta una particularidad relevante: el tomador del seguro no es el propio profesional, sino una sociedad de la que es socio y administrador. A pesar de ello, las primas se satisfacen con cargo a una cuenta bancaria de titularidad del contribuyente, lo que suscita la duda de si dichos importes pueden deducirse como gasto de la actividad económica.

Se anula el acuerdo de derivación de responsabilidad dictado respecto de uno de los responsables solidarios (responsable A) que había procedido al ingreso de la deuda en periodo voluntario, y aun así resulta procedente la exigencia al otro responsable (responsable B) de los intereses de demora devengados desde el fin del periodo de ingreso en voluntaria original, hasta la fecha en que procede a su ingreso.

El Tribunal Económico-Administrativo Central en la resolución RG 9078/2022, de 14 de abril de 2026, delimita el objeto del procedimiento, que consiste en determinar si es conforme a Derecho la resolución impugnada y, en particular, si resulta procedente exigir intereses de demora a un responsable solidario cuando otro responsable había ingresado previamente la deuda, pero el acuerdo de derivación que motivó dicho ingreso fue posteriormente anulado.

• La Administración tributaria había declarado responsables solidarios de una misma deuda a dos entidades.
• Uno de los responsables pagó íntegramente la deuda tras recibir el acuerdo de derivación de responsabilidad. Sin embargo, ese acuerdo fue posteriormente anulado, por lo que la Administración devolvió el importe ingresado.
• La cuestión consiste en determinar si ese ingreso, posteriormente anulado, impide exigir intereses de demora al otro responsable solidario.

La Dirección General de Tributos analiza los requisitos para aplicar el régimen especial de reestructuraciones a la aportación de inmuebles explotados por una comunidad de bienes y su clasificación, no aportación de rama de actividad, pero sí aportaciones no dinerarias especiales.

La consulta tributaria V1075-25, de 14 de mayo de 2026, de la Dirección General de Tributos analiza la situación de un matrimonio jubilado propietario de doce inmuebles arrendados, cuya gestión se realiza a través de una comunidad de bienes. Con el objetivo de profesionalizar la actividad, la comunidad de bienes cuenta con un trabajador contratado a jornada completa y lleva su contabilidad conforme al Código de Comercio, legalizando anualmente los libros contables en el Registro Mercantil.

Los comuneros pretenden aportar los inmuebles a una sociedad de nueva creación, de la que ambos serían socios con una participación superior al 5%. Tras la operación, la sociedad continuaría desarrollando la actividad de arrendamiento y asumiría la contratación del empleado.

El valor de referencia del Catastro no puede sustituir automáticamente al precio o valor de transmisión declarado en la escritura a efectos del IIVTNU. Su utilización por el Ayuntamiento exige la tramitación de un procedimiento de comprobación de valores, debidamente motivado, al tratarse únicamente de un medio de comprobación previsto en la Ley General Tributaria y no del valor de transmisión aplicable por sí mismo.

La DGT, en su consulta V0792-26, de 9 de abril de 2026, analiza si, a efectos del IIVTNU, el Ayuntamiento puede sustituir el valor de transmisión consignado en la escritura de compraventa por el valor de referencia del Catastro cuando este sea superior, especialmente en los supuestos en los que se pretende acreditar la inexistencia de incremento de valor. La consulta aclara que el valor de referencia no opera automáticamente como valor de transmisión en este impuesto y que su utilización exige el ejercicio de las facultades de comprobación de la Administración, con la correspondiente motivación y respeto a las garantías procedimentales del contribuyente.

El contribuyente de la consulta va a transmitir un bien inmueble mediante compraventa por un precio cierto y pactado, el cual será inferior al valor de referencia fijado por la Dirección General del Catastro. El valor de adquisición del inmueble es superior al precio pactado en la compraventa, pero inferior al valor de referencia fijado por el Catastro Inmobiliario.

Los honorarios abonados a un bróker hipotecario por la contratación de un préstamo para adquirir una vivienda destinada al alquiler no son gastos deducibles en el rendimiento del capital inmobiliario, al no estar directamente vinculados a la obtención de los ingresos del arrendamiento.

La Dirección General de Tributos en su contestación a la consulta V1141/2026, de 20 de mayo de 2026, analiza si los honorarios satisfechos a un bróker hipotecario por la gestión y formalización de un préstamo destinado a la adquisición de una vivienda posteriormente arrendada pueden considerarse gasto deducible en el cálculo del rendimiento neto del capital inmobiliario en el IRPF. En concreto, la DGT examina el alcance del art. 23.1 LIRPF y determina si dichos gastos guardan la necesaria vinculación con la obtención de los rendimientos derivados del arrendamiento del inmueble.

La Dirección General de Tributos aclara que los programas de facturación sujetos al Reglamento Veri*factu no pueden incorporar sociedades ficticias en entornos de producción, aunque se utilicen exclusivamente para pruebas internas y no generen operaciones con trascendencia fiscal.

La Dirección General de Tributos analiza en la consulta tributaria V1042-26, de 13 de mayo de 2026, si un software de facturación que incorpora sociedades o entidades ficticias para realizar pruebas internas puede cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1007/2023, que regula los sistemas informáticos de facturación (Veri*factu).

La consulta es planteada por una empresa desarrolladora de un sistema ERP que integra módulos de facturación, contabilidad y gestión empresarial. El programa permite crear sociedades ficticias destinadas exclusivamente a pruebas técnicas, formación de usuarios, validaciones y controles de calidad. Estas entidades no desarrollan actividad económica, no emiten facturas con efectos fiscales, no realizan operaciones sujetas a tributación y la información generada nunca se comunica a la Agencia Tributaria.

En la medida en que, según manifiesta la entidad contribuyente, la transmisión del inmueble se realizará sin que el procedimiento concursal se encuentre finalizado definitivamente, al no haberse dictado el correspondiente auto de conclusión, será de aplicación el referido supuesto de inversión del sujeto pasivo.

La Dirección General de Tributos en su consulta V0846/2026, de 20 de abril de 2026, analiza si procede la inversión del sujeto pasivo en la entrega de un inmueble en el contexto de un procedimiento concursal cuyo convenio ha sido cumplido, pero no se ha dictado aun el correspondiente auto de conclusión del concurso.

La contribuyente de la consulta es una entidad mercantil que desarrolla una actividad hotelera y que es titular de un inmueble que se encuentra afecto a dicha actividad que se plantea transmitir a otra entidad mercantil que lo destinará a su rehabilitación integral. Desde 2015 la contribuyente se encuentra incursa en un procedimiento concursal de carácter voluntario existiendo un convenio concursal aprobado judicialmente en 2023 en virtud del cual la contribuyente ha ido satisfaciendo la mayoría de los créditos concursales, pero siguen existiendo algunos pendientes de pago en los que no se ha podido localizar a los acreedores y se ha depositado el importe de estos ante notario. La contribuyente ha solicitado judicialmente la declaración de cumplimiento del convenio, pero en el momento de la transmisión del inmueble objeto de consulta no se habrá dictado el correspondiente auto de conclusión del concurso.

La Dirección General de Tributos aclara que la variación de las entidades depositarias vinculadas a una cuenta en el extranjero no obliga a presentar una nueva declaración informativa cuando el titular mantiene la misma cuenta y el saldo conjunto no ha experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de la última declaración presentada.

La consulta tributaria V0971-26, de 29 de abril de 2026, de la Dirección General de Tributos analiza el alcance de la obligación de presentar el modelo 720, declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero, regulada por la Orden HAP/72/2013 y desarrollada en el art. 42 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RGAT). En concreto, se examina cuándo resulta obligatorio presentar una nueva declaración una vez que ya se ha presentado el modelo en ejercicios anteriores.