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Aunque la falta de devolución de una cantidad solicitada a la Administración tributaria pueda ocasionar perjuicios económicos al contribuyente, la responsabilidad patrimonial exige acreditar la antijuridicidad del daño, la relación causal con la actuación administrativa y la realidad de los perjuicios reclamados.

La mera falta de devolución del IVA no permite, por sí sola, obtener una indemnización cuando la Administración ha iniciado actuaciones de comprobación dentro del plazo legal y no se demuestra que su actuación fuera irrazonable ni que el daño alegado resulte directamente imputable a ella.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 532/2026, de 7 de octubre de 2026, con n.º de recurso 1460/2023, examina si procedía reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración tributaria por la falta de devolución de cuotas soportadas del IVA, cuya falta de percepción habría impedido a una sociedad hacer frente a sus obligaciones financieras y evitar la ejecución hipotecaria de determinados inmuebles.

La utilización de referencias étnicas, religiosas y personales ajenas al obligado tributario como fundamento de una liquidación tributaria vulnera los derechos fundamentales cuando introduce elementos discriminatorios que carecen de relación con la realidad jurídico-económica regularizada, sin que la existencia de otros indicios permita mantener un acto cuya motivación resulta contraria a Derecho.

La Administración tributaria debe justificar sus regularizaciones mediante elementos pertinentes, objetivos y jurídicamente admisibles, respetando en todo momento los derechos fundamentales del contribuyente. La utilización de circunstancias personales especialmente protegidas, sin conexión con los hechos determinantes de la obligación tributaria, puede determinar la anulación de la liquidación por falta de una motivación ajustada a Derecho.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 370/2026, de 23 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 1/2026, analiza si resultaba conforme a Derecho la resolución del TEAC, de 25 de marzo de 2026, que confirmó una regularización tributaria en la que se apreciaba la existencia de una simulación relativa por la interposición de una sociedad para la obtención de determinados rendimientos de actividades económicas.

La asignación del uso principal de un inmueble a efectos catastrales debe atender a la tipología constructiva y a la superficie de los distintos locales que lo integran, sin que la denominación urbanística del conjunto resulte suficiente para justificar un uso diferente del que corresponde conforme a la normativa catastral. Cuando el local de mayor superficie está clasificado como obras de urbanización interior dentro de la categoría de edificio singular, no procede atribuir al inmueble el uso principal deportivo por el mero hecho de que el planeamiento urbanístico lo describa como puerto deportivo.

La Audiencia Nacional, en su sentencia n.º 470/2026, de 18 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 715/2024, analiza la conformidad a Derecho de la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que confirmó la calificación de uso deportivo de un inmueble destinado a la explotación de un puerto deportivo.

La aplicación del régimen de estimación indirecta de bases imponibles resulta procedente cuando el incumplimiento sustancial de las obligaciones contables y la falta de conservación y presentación de facturas impiden a la Administración determinar con la necesaria precisión la base imponible, sin que ello obste a que la sanción por defraudación deba adecuarse a la real entidad de los hechos y a su proporcionalidad.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 49/1995, de 31 de enero de 1995, dictada en el recurso n.º 1284/1991, con fecha de entrada en el CENDOJ de 14 de octubre de 2026, analiza la procedencia de aplicar el régimen de estimación indirecta de bases imponibles en el IRPF del ejercicio 1979, ante el incumplimiento de determinadas obligaciones contables por parte de un contribuyente que desarrollaba una actividad agrícola de cultivo de flores.

La imposición de una sanción tributaria por la incorrecta declaración de bases imponibles negativas no puede fundamentarse exclusivamente en la existencia de un error en la autoliquidación ni en la falta de diligencia exigible al obligado tributario. Para aplicar el régimen sancionador, la Administración debe acreditar de forma suficiente la concurrencia del elemento subjetivo de la culpabilidad, sin que proceda sancionar una conducta que responde a un descuido inmediatamente corregido y que no ha ocasionado perjuicio alguno a la Hacienda Pública.

La Audiencia Nacional, en su sentencia n.º 698/2026, de 31 de julio de 2026, recaída en el recurso n.º 877/2020, analiza la conformidad a Derecho de la sanción impuesta a una entidad por la incorrecta declaración de bases imponibles negativas (BINS) en el IS, al amparo del art. 195.1 de la LGT.

La existencia de vínculos personales, familiares o societarios entre dos entidades no basta por sí sola para justificar la derivación de responsabilidad subsidiaria prevista en el art. 43.1.h) de la Ley General Tributaria. Para aplicar esta modalidad de responsabilidad, la Administración debe acreditar de forma suficiente la utilización abusiva o fraudulenta de la sociedad declarada responsable con la finalidad de eludir el pago de las deudas tributarias de la deudora principal, así como la concurrencia de los restantes presupuestos exigidos legalmente.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 532/2026, de 17 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 2944/2021, analiza la conformidad a Derecho de la resolución del TEAC, de 19 de julio de 2021, por la que se confirmó el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria adoptado por la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de Cataluña al amparo del art. 43.1.h) de la LGT.

La Administración tributaria no puede revisar deducciones por doble imposición internacional procedentes de ejercicios prescritos cuando la normativa aplicable no lo permite, ni denegar la deducción de los impuestos efectivamente soportados en el extranjero por la mera discrepancia sobre el tipo de retención aplicado, debiendo respetarse los límites de las facultades de comprobación y las disposiciones de los convenios para evitar la doble imposición.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 703/2026, de 10 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 232/2013, analiza la conformidad a Derecho de una regularización del IS correspondiente a varios ejercicios, derivada de la denegación de determinadas deducciones por doble imposición internacional.

La devolución de ingresos indebidos derivados del ingreso erróneo del IVA a favor de una Administración tributaria que carecía de competencia para recaudarlo no puede denegarse al sujeto pasivo que repercutió el impuesto cuando se acredita que ha soportado efectivamente la carga fiscal y ha sufrido un perjuicio patrimonial real, pues ello puede generar un enriquecimiento injusto y vulnerar el principio de neutralidad del IVA.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 487/2026, de 16 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 531/2022, analiza si resulta conforme a Derecho la denegación de la devolución de ingresos indebidos correspondientes a cuotas del IVA ingresadas por error en España cuando debían haberse satisfecho a la Administración tributaria de otro Estado miembro de la Unión Europea.

La falta de acceso a los requerimientos tributarios practicados mediante el sistema de notificación electrónica obligatoria no puede justificar una sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria cuando no se acredita una conducta voluntaria y culpable del obligado tributario, especialmente cuando la Administración conocía que el contribuyente no había visualizado las comunicaciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 706/2026, de 10 de septiembre de 2026, con n.º de recurso 1000/2020, analiza si resultaba conforme a Derecho la sanción tributaria impuesta a una sociedad domiciliada en Vizcaya por no atender tres requerimientos de información efectuados por la Administración tributaria mediante el sistema de notificación electrónica obligatoria (NEO).