AN

La AN basándose en el criterio del TS anula la derivación de responsabilidad cuando se había sancionado por el uso de facturas falsas entendiendo que el art. 180.2 LGT no permite confirmar tanto las sanciones como la propia derivación conforme al principio non bis in idem, pues la naturaleza sancionadora de la responsabilidad que se examina permite equiparar "derivar" y "sancionar".

La Audiencia Nacional, en la sentencia de 18 de septiembre de 2025, recurso n.º 1584/2020, acudiendo al criterio sentado en la STS de 6 de julio de 2015, recurso n.º 3418/2013, anula la derivación de responsabilidad cuando se había sancionado por el uso de facturas falsas entendiendo que el art. 180.2 LGT no permite confirmar tanto las sanciones como la propia derivación conforme al principio non bis in idem, pues la naturaleza sancionadora de la responsabilidad que se examina permite equiparar "derivar" y "sancionar".

La STS de 6 de julio de 2015, concluyó que la derivación de responsabilidad solidaria en el pago de la sanción impuesta por una infracción consistente en la emisión de una factura falsa o con datos falseados a quien colaboró activamente en su realización cuando dicho colaborador ha sido también sancionado, como autor de una infracción muy grave, por haber utilizado esa factura en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias dando lugar a que deje de ingresar, en todo o en parte, la deuda tributaria o a que obtenga indebidamente devoluciones, desconoce el art. 180.2 LGT que establece el principio de no concurrencia de sanciones tributarias al sancionar -la naturaleza sancionadora de la responsabilidad que se examina permite equiparar "derivar" y "sancionar", a estos efectos- separadamente una conducta que ha servido para graduar otra o para calificarla como grave o muy grave.

La AN estima que lo acontecido es que el acuerdo efectivamente se ha utilizado para una finalidad distinta y elusiva de la tributación en la renta personal del demandante. La ventaja fiscal lograda está en el impuesto personal del actor, eludiendo la tributación de lo que en realidad fueron rendimientos del trabajo y no ganancias patrimoniales que pudieran beneficiarse de la deducción por doble imposición internacional.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 24 de septiembre de 2025, recaida en el recurso n.º 846/2020 estima que los hechos que la Administración ha considerado no son reveladores de la existencia de una simulación negocial, sino de un conflicto en la aplicación de la ley al perseguir la minoración de la tributación mediante un negocio jurídico real pero artificioso a la vista de las cláusulas que lo regulan y que no responde a su finalidad propia, sino a lograr una menor tributación en el impuesto personal del demandante. La Administración debió seguir el procedimiento específico con audiencia del interesado en el que la Comisión consultiva emite un dictamen vinculante sobre la declaración o no de conflicto en la aplicación de la norma. La liquidación ha sido dictada sin observar el procedimiento previsto en el art. 159 LGT, lo que determina la invalidez de la liquidación y de la subsiguiente sanción que toma soporte en ella, así como de la resolución del TEAC.

Lo acontecido es que el acuerdo efectivamente celebrado por el demandante (y no simulado ni absoluta ni relativamente), se ha utilizado para una finalidad distinta y elusiva de la tributación en la renta personal del demandante. La pretendida menor tributación que aduce se construye con la atinente al impuesto de sociedades y al IRPF, siendo así que lo relevante es la ventaja fiscal lograda en el impuesto personal del actor, eludiendo la tributación de lo que en realidad fueron rendimientos del trabajo y no ganancias patrimoniales que pudieran beneficiarse de la deducción por doble imposición internacional.

La AN confirma la no aplicación de la reducción de la base imponible por los rendimiento derivados de los contratos de servicios de ingeniería. Nos hallamos ante un contrato de prestación de servicios de ingeniería de aplicaciones y no tanto de transmisión de tecnología, lo que nos sitúa fuera del know-how objeto de deducción, siendo relevante que no se utilice un término igual o equivalente en los mencionados contrato.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 6 de octubre de 2025, recaída en el recurso n.º 662/2020, confirma el criterio de la Inspección y considera no aplicable la reducción de la base imponible del IS respecto a los rendimientos derivados de los activos intangibles correspondientes a los contratos de servicios de ingeniería celebrados por la recurrente con la filial portuguesa, ya que esta reducción se refiere a una cesión de know-how, como transmisión de tecnología y en este caso, visto el contenido de los contratos celebrados nos hallamos ante un contrato de prestación de servicios (de ingeniería de aplicaciones, de fabricación, de control de calidad y cualesquiera otros servicios..) y no tanto de transmisión de tecnología, lo que nos sitúa fuera del know-how objeto de deducción, siendo relevante que no se utilice un término igual o equivalente en los mencionados contrato , como también que no aparezca cláusula de confidencialidad alguna, característica de los contratos de cesión de know-how, por lo que no procede la reducción invocada. Por otro lado, aunque se considere que existe motivación en el elemento subjetivo de la culpabilidad, es evidente la complejidad fáctica y jurídica de la interpretación de los contratos de ingeniería, lo que implica la razonabilidad de la interpretación hecha por la recurrente a la hora de aplicar la reducción del art. 23 TRLIS y debe entenderse que no es sancionable la mencionada conducta.

La actividad de publicación, impresión y venta de libros de enseñanza del idioma inglés es la única actividad económica realizada por la sucursal española, de manera que no puede ser considerada como una actividad de interés general, sin que el reconocimiento de la Universidad de Cambridge en Reino Unido como entidad exenta, ni la calificación de la delegación en España como fundación cultural privada con el carácter de benéfica se cuestione,. Lo discutido es la forma en que debe tributar en el ejercicio en cuestión por determinadas actividades económicas y el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la exención pretendida y en este caso al no cumplir los requisitos para acogerse al régimen fiscal previsto en el Título II de la Ley 49/2002, la sucursal española debe tributar en el IS con arreglo al régimen de entidades parcialmente exentas.

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 20 de junio de 2025, recaida en el recurso n.º 694/2020, confirma que la entidad incumple los requisitos para acogerse al régimen fiscal previsto en el Título II de la Ley 49/2002, y debe tributar con arreglo al régimen de entidades parcialmente exentas y que los traspasos efectuados por la sucursal a la matriz no constituyen gasto deducible. La actividad de publicación, impresión y venta de libros de enseñanza del idioma inglés es la única actividad económica realizada por la sucursal española, de manera que no puede ser considerada como una actividad de interés general, sin que el reconocimiento de la Universidad de Cambridge en Reino Unido como entidad exenta, ni la calificación de la delegación en España como fundación cultural privada con el carácter de benéfica se cuestione. Por otro lado al no haber presentado memoria económica por ninguno de los ejercicios objeto de comprobación en el plazo de los siete meses siguientes al cierre de su ejercicio, entiende la Sala que existe culpabilidad, ya que el obligado tributario ha evitado el control sobre el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse del régimen fiscal y el cumplimiento de los requisitos de su actividad para tener la consideración jurídica de fundación, que, por ende, también determina la aplicabilidad del régimen fiscal de la Ley 49/2002.

La Audiencia Nacional plantea la cuestión de inconstitucionalidad del art. 3 Segundo.siete del RDLey 3/2016, pues de acuerdo con la STC 11/2024 el decreto-ley "no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria" y en este caso al impedir integrar en la base imponible del IS las rentas negativas derivadas de la transmisión de valores de entidades participadas se incide en la determinación de dicha carga tributaria ya que el IS es uno de los pilares de la tributación directa en España, de acuerdo con la STC 78/2020.

La Audiencia Nacional en el auto de 14 de julio de 2025, recurso n.º 1506/2023 plantea la cuestión de inconstitucionalidad del art. 3 Segundo.siete del RDLey 3/2016, pues de acuerdo con la STC 11/2024 el decreto-ley "no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo".

Esta solicitud viene anudada de la nulidad solicitada de la Orden HAC/565/2020, en concreto, de las casillas del modelo del IS que recogieron la medida introducida por el RDLey 3/2016 relativa a la no integración en la base imponible de las rentas negativas originadas con la transmisión de valores de entidades participadas, así como la devolución de ingresos indebidos generados por los ajustes fiscales en relación con la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que habían resultado fiscalmente deducibles y se ha visto privada de su legítimo derecho a integrar en base las rentas negativas afloradas con la transmisión de participaciones de sus filiales. Los razonamientos de la demanda, para justificar su petición de nulidad de la Orden Ministerial y de devolución de ingresos indebidos se fundan en la inconstitucionalidad del repetido Real Decreto Ley, presupuesto lógico-jurídico para obtener la nulidad de pleno Derecho de una disposición reglamentaria que, por conexión lógica con el Real Decreto-ley que desarrolla, está viciada de inconstitucionalidad.

La posición de la recurrente va en contra de los propios actos del contribuyente, pues pretende aplicar la no sujeción del artículo 33.3.c) Ley IRFP a una operación onerosa, al margen de que la transmisión careciera de todo ánimo oneroso o el importe convenido en la operación fuera un mero valor nominal de las participaciones

Esto es lo que concluye la Audiencia Nacional, en su sentencia de 30 de abril de 2025, recurso. n.º 1303/2020, al encontrarnos ante una compraventa de participaciones sociales, documentada en escritura pública con fecha de 23 de mayo de 2013, en la que se hizo constar que el transmitente, con consentimiento de su esposa, vende y transmite 15.007 participaciones sociales de una sociedad limitada a sus dos hijos, por 15.007 euros cada uno, operación a la que aplicó la no sujeción de la ganancia patrimonial en su declaración de IRPF de 2013.

El 10 de julio de 2018 se notifica al cónyuge resolución con liquidación provisional en relación con el IRPF del esposo ya fallecido del ejercicio 2013, de la que se derivaba un tota la ingresar de 179.921,79 euros (de los cuales, 24.359,83 euros eran por intereses de demora y 155.561,96 euros de cuota). El motivo de la regularización consistió en someter a tributación por el IRPF la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de la totalidad de las acciones de la compañía en favor de sus hijos, que el contribuyente había considerado una operación como no sujeta por aplicación de la delimitación negativa a la que alude el artículo 33.3.c) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), para la transmisión lucrativa de la empresa familiar. La reclamación ante el TEAC fue desestimada, contra la que se dirige el presente recurso.

El art. 33.3.c) de la Ley IRPF, en la redacción aplicable ratione temporis, establecía que: "Se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos: (…) c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a las que se refiere el apartado6 del artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión".

La Audiencia Nacional considera aplicable la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en el IS, ya que no se cumple el requisito de que la parcela transmitida tuviese carácter de inmovilizado, calificándola como existencia.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 30de junio de 2025, recurso n.º 855/2020 estima que no procede la deducción por reinversión, ya que no se cumple el requisito de que la parcela transmitida tuviese carácter de inmovilizado, calificándola como existencia, ya que es indiferente lo que hiciese la anterior titular para proceder a su venta. Para la Sala, aunque la parcela tenía la condición de inmovilizado para el anterior titular que desarrolló la actividad de camping durante más de 20 años, para la hoy recurrente, cuya intención y destino de la finca era claramente la venta -para eso participa en el proceso de desarrollo urbanístico- sólo podía tener la condición de existencia, y no de inmovilizado, y ello con independencia también de la vinculación entre los dos titulares de la parcela -el existente hasta 2002 y el posterior a esa fecha- a través del socio mayoritario, y con la sociedad que explotaba el negocio.

El art. 13 TR Ley IS en su redacción vigente no incluye entre las provisiones deducibles la provisión por responsabilidades derivadas de litigios, pero tampoco se encuentra entre las provisiones que expresamente se mencionan como no deducibles, por lo que debemos entender que dicha provisión sigue siendo deducible.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de junio de 2025, recurso n.º 440/2020 estima que el art. 13 TR Ley IS en su redacción vigente no incluye entre las provisiones que no son deducibles la provisión por responsabilidades derivadas de litigios, pero antes comprendía expresamente las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios en curso como deducibles. Esta previsión quedó eliminada con la reforma llevada a cabo por la disp. adic. 8.1.3 de la Ley 16/2007, de 4 de julio, y aunque tampoco se contempla como deducible en la vigente redacción de dicho precepto, no se encuentra entre las provisiones que expresamente se mencionan como no deducibles, por lo que debemos entender que dicha provisión sigue siendo deducible.

No cabe aplicar la exención por reinversión de la vivienda habitual en el IRNR si el sujeto pasivo en el plazo reglamentariamente establecido (dos años anteriores a la enajenación) la vivienda enajenada no constituyó la habitual del sujeto pasivo que dejó de tener su residencia en España y la estableció en Holanda

La Audiencia Nacional en su sentencia de 19 de junio de 2025, recurso n.º 606/2021 estima que no cabe aplicar la exención por reinversión de ganancia derivada de la vivienda habitual en el IRNR si en los dos años anteriores a su transmisión el sujeto pasivo cambió su residencia a Holanda puesto que la edificación enajenada, no constituía su vivienda habitual, ya que la posibilidad de la exención de la ganancia patrimonial por la reinversión solo es aplicable cuando dicha edificación constituya su vivienda habitual en ese momento o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de la transmisión, siendo irrelevante el tiempo transcurrido desde que dejó de tener su residencia fiscal en España, aunque la Ley del IRNR no establece ninguna limitación sobre el plazo que puede transcurrir desde que el contribuyente pierde la residencia fiscal en España.

La Audiencia Nacional considera que no existe actividad económica de arrendamiento, ya que nos encontramos ante el alquiler de un único local comercial que prácticamente consistía en el cobro, facturación y actualización anual de la renta, como se recoge en el acuerdo de liquidación y para llevar a la a cabo no resultaba justificada una infraestructura empresarial.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 27 de junio de 2025, recurso n.º 58/2020 estima que el arrendamiento de un solo local comercial, con las características detalladas por la Inspección, no justifica el despliegue y mantenimiento de la infraestructura que la recurrente dedicaba a esta actividad, ante la comprobación efectiva de la falta de uso del local y de que la persona contratada no realizaba una actividad acorde a lo manifestado por el recurrente.  Además toda la actividad a la que se refiere el recurrente no tuvo su adecuado reflejo en los gastos soportados por la entidad para su efectiva realización, por tanto, al no existir actividad económica, no procede la aplicación del incentivo fiscal de libertad de amortización previsto en la disp. adic 11ª del TRLIS. No se ha acreditado que la comunidad de bienes realizara una actividad económica de arrendamiento de inmuebles a los efectos del art. 27 Ley IRPF y en esto consiste el fundamento de la regularización y no, como se sugiere en la demanda, en la falta de éxito empresarial.