Jurisprudencia

Debe integrarse en el expediente de declaración de responsabilidad tributaria los antecedentes de los procedimientos de comprobación, siendo obligación de la Administración suministrar todos los antecedentes esenciales al responsable, garantizando así las plenas facultades de impugnación del responsable y determinando que cualquier defecto en el expediente recae sobre la Administración y no sobre el contribuyente afectado.

La sentencia del Tribunal Supremo n.º 332/2026, de 18 de marzo de 2026, con nº recurso 945/2024 aborda la obligación de la Administración de remitir al órgano jurisdiccional todos los antecedentes de los procedimientos de comprobación que dieron lugar a las liquidaciones cuyas deudas se derivan a un responsable tributario. La cuestión central que motivó la admisión del recurso es determinar si, para garantizar el pleno ejercicio de las facultades de impugnación reconocidas al responsable por el art. 174.5 de la Ley General Tributaria (LGT), es necesario que el expediente administrativo contenga todos los elementos materiales y formales que sustentaron las actuaciones previas, y quién debe asumir las consecuencias derivadas de eventuales defectos en el expediente.

Los contribuyentes pueden instar la rectificación de una autoliquidación del IVA una vez vencido el plazo voluntario de su presentación incluyendo cuotas anteriores no consignadas al no suponer el ejercicio extemporáneo de una opción tributaria

Esto es lo que se establece en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, núm. 105/2026, de 25 de febrero de 2026, rec. núm. 996/2022, en el caso de la sociedad recurrente que erró a la hora de transcribir el modelo de IVA y dejó de consignar en la casilla correcta el importe cuya rectificación solicita. La Administración sostiene que la compensación de cuotas es una opción que no es susceptible de modificación una vez vencido el plazo de presentación de la autoliquidación de ese período. La sociedad habría ejercido su "opción" a no incluir esas cuotas a compensar en su declaración, por lo que, conforme al artículo 119.3 de la Ley 58/2003 (LGT) ya no podía rectificar la autoliquidación, al transcurrir el período reglamentario de declaración.

El ejercicio extemporáneo de la opción a través del modelo 149 o la declaración incorrecta como rendimientos de la actividad económica, de lo que pudieran constituir rentas del trabajo o la no declaración de determinados ingresos, no pueden ser considerados ni como hechos nuevos ni actuaciones distintas que permitan efectuar una nueva regularización a través de un procedimiento inspector posterior

Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, núm. 122/2026, de 19 de febrero de 2026, rec. núm. 15496/2024. En este caso, el recurrente solicita la nulidad del procedimiento inspector por la preclusividad de los ejercicios 2016 a 2018 del IRPF puesto que fueron objeto de un procedimiento de comprobación limitada que finalizó sin regularización, sobre la base del artículo 140.1 de la Ley 58/2003 (LGT), precepto que establece que una vez dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no puede efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución.

Situaciones consolidadas no susceptibles de impugnación con base en la STC 182/2021, de 26 de octubre. Se solicita rectificación de autoliquidación entre el dictado (26 de octubre de 2021) y la publicación (25 de noviembre 2021) de la sentencia del Tribunal Constitucional.

La sentencia del Tribunal Supremo nº 313/2026, de 12 de marzo de 2026, con n.º recurso 4034/2024 trata de determinar el alcance de la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), efectuada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, y su incidencia sobre liquidaciones y autoliquidaciones que no habían adquirido firmeza pero cuya impugnación o solicitud de rectificación se realizó con posterioridad al 26 de octubre de 2021, fecha en que se dictó dicha sentencia, aunque antes de su publicación en el BOE.

El Ayuntamiento afectado sostiene que la cuestión planteada ya ha sido resuelta por reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha interpretado el alcance temporal de la citada sentencia constitucional, especialmente su fundamento jurídico sexto. Según esta doctrina, la declaración de inconstitucionalidad no permite revisar determinadas situaciones calificadas como “consolidadas”, entre las que se incluyen aquellas liquidaciones que no fueron impugnadas antes del dictado de la sentencia y las autoliquidaciones cuya rectificación no se solicitó antes de esa misma fecha.

El TJUE resuelve que el art. 173, apartado 1, de la Directiva IVA no permite considerar como gastos generales, por el mero hecho de su exigencia por una normativa nacional, los gastos relativos a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios sanitarios que no dan derecho a deducción del IVA, aun cuando dichos bienes o servicios se utilicen también para operaciones que sí generan tal derecho. Por tanto, la existencia de una obligación legal de disponer de determinado equipamiento técnico y material no basta, por sí sola, para acreditar un vínculo directo e inmediato con operaciones sujetas al impuesto ni para justificar una deducción a prorrata.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 19 de marzo de 2026, recaída en el asunto C-513/24, declara que corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar, caso por caso, si los bienes y servicios adquiridos presentan un vínculo directo e inmediato con operaciones que dan derecho a deducción o, en su defecto, con el conjunto de la actividad económica del sujeto pasivo como gastos generales. En consecuencia, solo cuando se acredite dicho vínculo —ya sea con operaciones concretas o mediante su integración en los costes generales de la actividad— procederá, en su caso, la aplicación de la prorrata de deducción conforme a los arts. 173 a 175 de la Directiva del IVA.

TJUE

• TJUE: Recargo fiscal a no residentes excesivo y contrario a la libertad de circulación de trabajadores
• Devolución de IVA y fallos técnicos: límites a la denegación y garantía de la tutela judicial
• La entrega gratuita a clientes de bienes sin carácter profesional no determina la deducibilidad del IVA soportado por su adquisición

TS

• Entrada en domicilio de sociedad: los anexos entregados por la AEAT han de mencionar de forma explícita la posibilidad de negarse a la entrada o de revocar el consentimiento
• La exención del art. 7 d) de la Ley IRPF no se aplica a indemnizaciones percibidas por el trabajador si se cuantifican en función de los salarios dejados de percibir por el retraso empresarial de reincorporación tras una excedencia
• El TS sobre la naturaleza jurídica del copago por servicios de atención a la dependencia
• TS y valor en aduana: no siempre se puede tomar el precio de la primera venta, introducción física de las mercancías en la UE, sino que se ha de acreditar la comercialización, teniendo que tomar el precio de la segunda venta

AN

• No se exige animus defraudandi para derivar responsabilidad subsidiaria si existe utilización abusiva de estructuras societarias como medio de elusión fiscal

TSJ

• La indemnización por despido fruto de un acuerdo transaccional entre el empleado y la empresa no está exenta del IRPF
• El TSJ de Madrid niega la aplicación del régimen transitorio de deducción por arrendamiento de vivienda al no existir trazabilidad del dinero con el que se habría producido el pago con anterioridad a 1 de enero de 2015

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El trámite de información pública y alegaciones no es un mero requisito formal, sino una garantía sustancial del procedimiento de elaboración de disposiciones generales. La exposición pública del expediente de una ordenanza fiscal constituye un requisito insubsanable de la legalidad del procedimiento. En el expediente sometido a trámite de información pública relativo a la Ordenanza Fiscal 8/2024, de 23 de diciembre, reguladora de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos, se omitió el anexo 6 donde se recoge el estudio de la generación de residuos por actividades económicas, resultando el informe técnico-económico excesivamente genérico. Esta omisión supone una vulneración de las garantías procedimentales básicas y del derecho de participación ciudadana, constituyendo un vicio de nulidad de pleno derecho de la Ordenanza.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia n.º 197/2026, de 20 de marzo de 2026, recaída en el recurso n.º 245/2025, ha declarado la nulidad de pleno Derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, de 23 de diciembre, reguladora de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal, publicada, inicialmente, en el BOCM del pasado 27 de diciembre de 2024, y su rectificación posterior, en el BOCM de fecha 31 de diciembre de 2024, debido a que, sin el Anexo 6, el informe técnico-económico es excesivamente genérico, al no justificar la metodología, la forma de identificación de zonas homogéneas, determinación  del nivel de generación de residuos, las técnicas empleadas, así como el análisis y los datos obtenidos.

El recurrente sostiene que la indemnización tiene naturaleza indemnizatoria y no salarial, y que no sólo cubre un daño patrimonial, sino también un daño moral. La Administración defiende que la indemnización deriva directamente de la relación laboral previa y sustituye a los salarios que el trabajador habría percibido de haberse producido la reincorporación en tiempo, tratándose de un daño patrimonial.

La sentencia del Tribunal Supremo, nº 291/2026, de 10 de marzo de 2026, con nº de recurso 44/2024 tiene por objeto determinar si resulta aplicable la exención prevista en el art. 7 d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley IRPF) a una indemnización percibida por un trabajador como consecuencia del incumplimiento empresarial de su obligación de reincorporarlo tras una situación de excedencia, indemnización que fue reconocida por sentencia del orden social y cuantificada tomando como referencia los salarios dejados de percibir durante el periodo de demora en la readmisión.

El recurrente percibió una indemnización abonada por su entidad empleadora, en cumplimiento de sentencia que reconoció el derecho del trabajador a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados del retraso en su reincorporación tras una excedencia voluntaria.

En esta sentencia del TS se analiza la validez del consentimiento otorgado por el representante legal de una sociedad para la entrada en su domicilio constitucionalmente protegido en procedimientos de inspección tributaria: análisis detallado de los requisitos de libertad, información y espontaneidad del consentimiento a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina constitucional.

La presente sentencia del Tribunal Supremo, nº 309/2026, de 12 de marzo de 2026, con nº de recurso 8616/2023, tiene como finalidad determinar si el consentimiento otorgado por el representante legal de una sociedad para la entrada en su domicilio, con fines de inspección tributaria, puede considerarse válido, libre e informado, especialmente en relación con la protección constitucional del domicilio y el derecho del titular a negar o revocar el acceso, según lo establecido en el art. 18.2 de la Constitución Española.

El Tribunal Supremo analiza la normativa aplicable y la jurisprudencia previa relevante para determinar los requisitos de validez del consentimiento en inspecciones tributarias que implican domicilios protegidos. Entre las normas citadas destacan:

La sociedad dominante de un grupo empresarial realiza simultáneamente dos tipos de actividades económicas: la prestación de servicios a sus filiales (principalmente apoyo a la gestión y refacturación de costes), y una actividad financiera consistente en la concesión de préstamos y avales, así como la adquisición, tenencia y transmisión de participaciones.

En la sentencia del Tribunal Supremo n.º 308/2026, de 11 de marzo de 2026, con nº de recurso 4660/2023, la AEAT inició actuaciones inspectoras respecto de un grupo, con el objeto de verificar la correcta deducibilidad del IVA soportado durante los periodos comprendidos entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012. La Inspección observó que la entidad estaba deduciendo el 100% de las cuotas soportadas sin aplicar ni la regla de prorrata ni el régimen de sectores diferenciados, pese a desarrollar actividades con distinto tratamiento a efectos del impuesto.

Según la Administración, la sociedad dominante de un grupo empresarial realizaba simultáneamente dos tipos de actividades económicas: por un lado, la prestación de servicios a sus filiales (principalmente apoyo a la gestión y refacturación de costes), y por otro, una actividad financiera consistente en la concesión de préstamos y avales, así como la adquisición, tenencia y transmisión de participaciones. Estas últimas operaciones, en su mayoría exentas, no generaban derecho a deducción del IVA soportado. Dado que ambas actividades tenían naturaleza distinta, no eran accesorias entre sí y presentaban diferencias superiores a 50 puntos porcentuales en sus respectivos porcentajes de deducción, la Inspección concluyó que existían sectores diferenciados de actividad.