Jurisprudencia

• TJUE: Debido al principio de neutralidad del IVA, esta sujeto el suministro de electricidad por el distribuidor, aunque sea involuntario y fruto de la actuación ilegal de un tercero, pues constituye una entrega de bienes a título onerosa
• El TJUE considera que vulnera la libre circulación de capitales la sujeción de las rentas inmobiliarias percibidas en un Estado miembro por fondos de inversión no residentes, mientras que los residentes están exentos en el Impuesto sobre Sociedades
• A efectos del IVA constituye una única prestación compleja de entrega de bienes la puesta de disposición de equipos de recarga de vehículos eléctricos, el flujo de electricidad y la prestación de asistencia y servicios necesarios para ello
• El Tribunal Supremo reitera que el obligado al pago del IIVTNU (plusvalía) en virtud de pacto o contrato con el sujeto pasivo está legitimado para instar la rectificación y la devolución del eventual ingreso indebido derivado de aquélla en virtud de la STC 182/2021
• ATS: ¿Es posible fundar en pruebas indiciarias la sanción por dejar de ingresar cuando la obtención de la renta se basa previamente en la calificación de la operación como simulada por haberse emitido facturas falsas en virtud de pruebas de indicios?
• ¿Se puede aplicar la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF en ejercicios posteriores a 2013 en el supuesto de que el contribuyente no se haya deducido cantidades por el mismo concepto con anterioridad a ese año, pudiendo así haberlo hecho?
• El TS deberá pronunciarse sobre la deducibilidad en el IS de los gastos de patrocinio incurridos en programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público
• ¿Están sujetos al IRNR la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de los derechos federativos de un jugador por un club no residente en España por la transferencia de ese jugador a otro club residente en España?
• El TSJ de Valencia considera que el certificado bancario aportado por la actora resulta suficiente para acreditar la realidad de la pérdida por transmisión de inversiones financieras entre empresas vinculadas
• Se confirma la utilización de los costes de personal como el indicador del beneficio correcto a computar en el IS, pues es dicho personal el que aporta lo más significativo del valor añadido en el producto final

No puede compartir la Sala el encaje que la Inspección realiza de que la actuación de la entidad recurrente se incardine claramente en el supuesto de simulación, pues la transmisión de las participaciones la han llevado a cabo los socios, personas físicas y las sociedades vinculadas a través de contratos de compraventa que sin duda han existido y por los que se ha fijado un precio cuyo pago se ha aplazado pero que sin duda ha existido, lo que ha motivado, a su vez, la tributación, por parte de los socios de dicha compraventa como, ganancia patrimonial, a partir del precio aplazado que han ido recibiendo.

El TSJ de Valencia, en su Sentencia de 13 de diciembre de 2022, analiza una cuestión de aplicación e interpretación de normas. En concreto, se trata de determinar si es correcta la simulación apreciada por parte de la Inspección o si, por el contrario, se tendría que haber ido por la figura del conflicto en aplicación de la norma tributaria.

En esta primera quincena de abril 2023, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto, de los cuales destacamos los siguientes:

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a seis meses y un día de cárcel y al pago de una multa de 133.798,70 euros a un exjugador del Sevilla Fútbol Club por un delito contra la Hacienda Pública relacionado con el IRPF, aunque suspende la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años con la condición de que no vuelva a delinquir en dicho plazo . 

El poder judicial en su página web ha publicado un comunicado de prensa informando de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de  9 de marzo de 2023  en la que  los magistrados consideran probado que, en el año 2016, el condenado firmó un contrato de trabajo como futbolista profesional con el Sevilla Fútbol Club, un contrato que permaneció vigente durante el año 2017, “viniendo por lo tanto obligado a presentar la correspondiente declaración de IRPF”.

El acusado “no presentó en plazo” la correspondiente declaración del impuesto pese a “conocer su obligación de declarar y de incluir en la misma la totalidad de sus ingresos, del tipo que sean, es decir, por un lado rendimientos del trabajo abonados por el Sevilla en metálico por su trabajo como futbolista o en especie por el pago efectuado por cuenta del acusado a persona que intermedió en su fichaje; por otro, los intereses abonados en las cuentas de las que fuera titular como rendimientos de capital mobiliario, y finalmente los que percibiera procedentes de la explotación de sus derechos de imagen”.

El tribunal añade que, iniciado el procedimiento de verificación de presentación de la declaración el día 4 de enero de 2019, y requerido el acusado para presentar dicha declaración, éste “tampoco lo hizo”, siendo únicamente el día 5 de marzo de 2019, una vez iniciado el procedimiento de comprobación limitada, cuando el condenado presentó una autoliquidación con resultado a ingresar de 225.323,25 euros, una cantidad que efectivamente abonó.

En la declaración prestada, el acusado, “de forma consciente, falseó la misma al no incluir los intereses percibidos como rendimiento” en tres cuentas de las que era titular, y que ascendían a la cantidad total de 1.623,34 euros.

Considera la Sala que aun admitiendo que la recurrente hubiera llegado a modificar o reformular su contabilidad, e incluso que la hubiera depositado en el Registro Mercantil, las reglas de imputación temporal de ingresos y gastos, en este caso coincidentes con las contables, impedirían dar amparo a su solicitud de rectificación, aspecto este que tampoco la recurrente ha puesto en cuestión.

El TSJ de Andalucía (Sede en Sevilla), en su Sentencia de 26 de septiembre de 2022, analiza, en relación con los gastos deducibles, el requisito consistente en el principio de inscripción contable. 

La recurrente presentó solicitud de rectificación de su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2015, en el sentido de sustituir el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio declarado, como consecuencia, según decía, del padecimiento de determinadas omisiones en la contabilización de ciertos gastos del ejercicio, solicitándose asimismo la rectificación del detalle de la compensación de bases imponibles negativas del ejercicio 2015, de acuerdo con la rectificación también solicitada de la autoliquidación correspondiente a dicho ejercicio igualmente solicitada.

La Sala afirma que las liquidaciones tienen fuerza ejecutiva y producen plenos efectos desde la fecha en que se notificaron al obligado tributario, de manera que la declaración de inexistencia de bases imponibles negativas pendientes de aplicación se proyecta sobre el ejercicio 2016, sin perjuicio de las consecuencias que se pudieran derivar en el caso de que las aludidas liquidaciones fuesen anuladas por sentencia firme, cuestión que excede del ámbito de este recurso.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 1 de febrero de 2023, analiza si la compensación de bases imponible negativas, en concreto si se ha producido el efecto preclusivo como consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada anterior.

Comienza la Sala señalando que los datos y circunstancias señalados ponen de manifiesto que la liquidación provisional practicada por el órgano de gestión de la Agencia Tributaria en enero de 2018 se limitó a ajustar el importe de las bases imponibles negativas declaradas por la entidad actora en su autoliquidación del ejercicio 2016 al importe que había consignado en su autoliquidación del ejercicio 2015 como pendiente de aplicación en periodos futuros.

La AEAT no tuvo a su disposición en ese procedimiento de comprobación limitada la liquidación referida a los ejercicios 2011 y 2012 que había eliminado dichas bases imponibles negativas.

• El Tribunal Constitucional avala la modificación operada por el Real Decreto-ley 12/2021 que modifica los límites a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo realizadas en Canarias
• El TS, a falta de una mayor concreción posterior, admite la posible extensión a otros profesionales a los que se le reconozca el secreto profesional en su régimen jurídico de la suspensión art. 45.4.b) RGAT, como asesores fiscales u otros intermediarios
• Aunque la liquidación tributaria haya sido impugnada tempestivamente, no se trata de una situación consolidada que impida la aplicación de los efectos declarados en la STC 182/2021 que declara la inconstitucionalidad del IIVTNU
• Las prestaciones por jubilación, percibidas por un funcionario de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) residente en España no se encuentran exentas en el IRPF y tributas como rendimientos del trabajo
• Debe anularse la liquidación efectuada en el seno del procedimiento de comprobación limitada al haberse efectuado una regularización que exigía el examen de la contabilidad mercantil de la sociedad actora
• Anulación de la liquidación practicada en un procedimiento de Inspección que se sirvió de los mismos datos y pruebas que un procedimiento de comprobación limitada caducado sin declaración expresa de caducidad
• El Tribunal acredita que la prestación de servicios fue simulada para deducir su importe y reducir así la carga fiscal, por lo que la factura controvertida es falsa al reflejar una operación inexistente
• La actuación de la Administración tributaria en ejercicios anteriores permite presumir el desarrollo de la actividad económica de alojamiento turístico extrahotelero a efectos de IRPF, conforme a los principios de confianza legítima y de los actos propios
• No consta que los acuerdos de la junta general de los ejercicios 2012 y 2013 se hubieran declarado nulos, por lo que tienen plena eficacia jurídica y, se admite la deducibilidad de las retribuciones a administradores y consejeros que en ellos se acordaron
• Se anula la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Gijón por omisión de la valoración económica pese a su recoger los impuestos y tasas en relación con los distintos vehículos y el uso de las vías y espacios públicos

El día 11 de abril 2023, da comienzo el plazo para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2022. Las asesorías de España están ya en la línea de salida y, por ello, desde la Editorial CEF-. queremos aportar nuestro grano de arena, por lo que aprovechamos para repasar los pronunciamientos más destacados del año, que les recomendamos tengan presentes en su quehacer diario.

Los títulos más destacados son los siguientes:

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos sentencias de 30 de marzo de 2023 ha concluido que no constituye una entrega de bienes y una prestación de servicios sujetas al IVA las actividades que un municipio encargue a terceros operadores del mercado cuando dichas actividades no tengan por objeto obtener ingresos continuados en el tiempo al estar financiadas las mencionadas operaciones en todo o en parte con fondos públicos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos sentencias de 30 de marzo de 2023 ha concluido que no constituye una entrega de bienes y una prestación de servicios sujetas al IVA el hecho de que un municipio entregue e instale, a través de una empresa, sistemas de energías renovables a aquellos de sus residentes propietarios de inmuebles que hayan manifestado el deseo de equiparse con ellos, (asunto C-612/21) ni tampoco el hecho de que un municipio encargue a una empresa que efectúe operaciones de retirada de amianto y de recogida de productos y residuos de amianto en beneficio de aquellos de sus residentes propietarios de inmuebles que hayan manifestado estar interesados, (asunto C-616/21)  ya que ambas actividades no tienen por objeto obtener ingresos continuados en el tiempo, al estar financiadas las mencionadas operaciones en todo o en parte con  fondos públicos.

Durante esta primera quincena de marzo el Tribunal Supremo, además de haber adelantado los fallos de la sentencia que  permite aplicar el mínimo por discapacidad en el IRPF a los contribuyentes que la acrediten mediante certificados u otros medios y aquella en la que se determina que no se aplica la exención en el IRPF por trabajos realizados en el extranjero a las asignaciones abonadas por el Parlamento Europeo a sus diputados,  ha publicado distintos pronunciamientos. Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• No basta la convocatoria de Junta General para nombrar nuevos administradores para privar de la condición de administrador -de hecho o de derecho-, a efectos de la derivación de responsabilidad subsidiaria
• Debe integrarse en la base imponible del IRPF el 75% de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas, al no haber sido deducibles las aportaciones realizadas desde 1967 a 1978, a la Mutualidad Laboral de Banca
• El plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución del ingreso indebido de las cuotas del IVMDH, soportadas en virtud de una normativa a la que se opone el Derecho de la Unión Europea comienza en la fecha del ingreso de las cuotas
• No procede inadmitir un recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de la vía administrativa previa si el acto impugnado fuera una desestimación presunta, por silencio administrativo

Entre los numerosos autos que también han sido publicados merece la pena destacar aquí el siguiente:

• ¿El aumento del justiprecio tras el fallecimiento del causante está sujeto a ISD o es un incremento patrimonial sujeto al IRPF?